Decisión nº 1630 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Octubre de 2009

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 8 de Octubre de 2009

199º y 150º

ASUNTO: AF45-U-1992-000003

ASUNTO ANTIGUO: 694 Sentencia No. 1630

Vistos

. Con Informes de la Representación Fiscal.

Corresponde a este Tribunal Quinto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, conocer y decidir el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en forma subsidiaria con Recurso Jerárquico por el ciudadano R.U.D., venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad No. 1.666.786, actuando como apoderado legal de la empresa AGENCIA MARITIMA DE REPRESENTACIONES, C.A. (AGEMAR), sociedad inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el No. J-070060840, carácter que se evidencia de poder que fuera otorgado por ante la Notaría Pública Tercera de Maracaibo el día 04 de diciembre de 1980, anotado bajo el No. 176, Tomo 10, folios 224-228 de los libros respectivos; de conformidad con los artículos 174 y siguientes del Código Orgánico Tributario, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución No. HJI-100-001067 de fecha 14 de agosto de 1991, emitido por la Dirección Jurídica Impositiva adscrita al Ministerio de Hacienda, mediante la cual se decidió el Recurso Jerárquico y se confirman las Resoluciones No. HRZ-500-00209, 00210, y 00211 todas de fecha 21 de septiembre de 1990, así como sus correspondientes planillas de liquidación de fecha 21 de septiembre de 1990, y sus planillas para pagar por los siguientes conceptos:

No. Planilla Concepto Monto Bs.

04-10-65-000064 Multa 55.080,00

04-10-65-000065 Multa 64.260,00

04-10-65-000066 Multa 101.137,98

Para un total de DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 220.477,98) lo que equivale actualmente a DOSCIENTOS VEINTE BOLÍVARES FUERTES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. F. 220,45), correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 84, 85 y 86, en materia de Impuesto sobre la Renta.

CAPITULO I

NARRATIVA

A.- Iter Procesal.-

El presente Recurso Contencioso Tributario subsidiario al recurso jerárquico, constante de ciento cincuenta y cinco (155) folios útiles, fue interpuesto por ante los Tribunales Superiores Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 2 junio de 1992, siendo remitido a este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario.

Mediante auto de fecha 3 de junio de 1992, este Juzgado Superior especial le dio entrada asignándole la nomenclatura 694. En dicha oportunidad, se ordenaron las notificaciones conforme lo estipulado en los artículos 180 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente.

En fecha 5 de octubre de 1992, este órgano jurisdiccional, encontrando satisfecho los extremos procesales de la acción según lo tipificado en el Código Orgánico Tributario vigente para ese momento, admitió el Recurso en cuanto ha lugar en derecho.

Así mediante auto de fecha 28 de octubre de 1992, se dio apertura de la causa a pruebas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 182 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente para ese momento. Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente a la promoción de pruebas, ninguna de las partes hizo uso de su derecho.

Vencido el lapso probatorio, mediante auto del 19 de enero de 1993, se fijó el décimo quinto día de despacho siguiente para que tenga lugar el acto de informes. Llegada la oportunidad legal para su presentación, únicamente la ciudadana R.V.E.C. en su carácter de representante del Fisco Nacional, consignó su escrito de informes constante de cuatro (4) folios útiles, en fecha 1 de marzo de 1993.

En virtud de que la recurrente no compareció a este acto, no se dio lugar a los ocho (8) días consecutivos de despacho, y en consecuencia se dijo Vistos mediante auto de fecha 1 de marzo de 1993. Posteriormente en fecha 3 de mayo de 1993 por ocupaciones preferentes de este Tribunal, se difirió por 30 días continuos el acto de publicar sentencia.

B.- Del Acto Administrativo.-

Resolución No. HJI-100-001067 de fecha 14 de agosto de 1991, emitido por la Dirección Jurídica Impositiva adscrita al Ministerio de Hacienda, mediante la cual se decidió el Recurso Jerárquico, y procedió a anular las Resoluciones No. HRZ-500-00207 y 00208 y sus planillas de liquidación, y confirmar el contenido de las Resoluciones No. HRZ-500-00209, 00210, y 00211 todas de fecha 21 de septiembre de 1990, así como sus correspondientes planillas de liquidación de fecha 21 de septiembre de 1990, mediante la cual se determinan diferencia de impuestos, multas e intereses moratorios, a cargo de la contribuyente, y se envía el expediente junto con la resolución a los fines de que se tramite el recurso contencioso tributario que fuera interpuesto subsidiariamente.

C.- Fundamentos del Recurso Contencioso Tributario.-

El recurrente arguyó en su tres escritos de recurso jerárquico interpuestos subsidiariamente con Recurso Contencioso Tributario, los mismos argumentos, que se resumen, en lo siguiente:

1. Prescripción (ejercicio económico 1 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1982)

   Al respecto manifiesta que “para el momento en que la contribuyente fue notificada del Acta de Reparo No. 0657, ya habían trascurrido más de 4 años, y en consecuencia, prescritos los derechos que pudieran corresponderle al Fisco Nacional para el presente ejercicio (…)”.

2. Prescripción de la sanción (ejercicio económico 1 de enero de 1983 al 31 de diciembre de 1983)

   Sobre este punto señala que “desde el 18 de mayo de 1988 fecha en la que se inició de nuevo la prescripción, hasta el 10 de octubre de 1990, oportunidad en la cual mi representada fue notificada de la resolución contenida de la multa, han transcurrido más de los 2 años previstos en el numeral segundo del artículo 77 del Código Orgánico Tributario, (…)”.

   Que “mal puede considerarse la existencia de reiteración toda vez que tal como se señala en la Resolución impugnada la infracción se origina por la no retención en la fuente sobre los pagos efectuados a T & G International S.A., por concepto de honorarios profesionales, circunstancia esta que igualmente dio origen a la sanción aplicada para el año 1982, lo que evidencia a la luz del derecho, que estamos en presencia de una infracción continuada surgida a través de una investigación fiscal (…)”.

3. Inconformidad con los porcentajes de las sanciones aplicadas (ejercicios económicos 1 de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1984, 1 de enero de 1985 al 31 de diciembre de 1985, 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1986)

   Expone que “es evidente que la infracción cometida por mi representada no puede haber reiteración, pues en ella no se dan los supuestos del artículo 75 (…) y debe aplicarse el término medio en atención a las circunstancias atenuantes que le asisten (…)”.

   D.- Antecedentes.-

   Resoluciones No. HRZ-500-00209, 00210, y 00211 todas de fecha 21 de septiembre de 1990, así como sus correspondientes planillas de liquidación de fecha 21 de septiembre de 1990, emitidas por el Ministerio de Hacienda, mediante las cuales se ratifica el contenido de las Actas fiscales No. 00437, 00438, 00439 todas de fecha 29 de julio de 1988 emitidas por el administrador de hacienda adscrito al Ministerio de Hacienda.

   E.-De las Pruebas existentes en autos.-

1. - Expediente Administrativo, en el cual constan las siguientes copias certificadas:

   • Resolución No. HJI-100-001067 de fecha 14 de agosto de 1991, emitido por la Dirección Jurídica Impositiva adscrita al Ministerio de Hacienda.

   • Resoluciones No. HRZ-500-00209, 00210, y 00211 todas de fecha 21 de septiembre de 1990, así como sus correspondientes planillas de liquidación de fecha 21 de septiembre de 1990, emitidas por el Ministerio de Hacienda.

   • Actas fiscales No. 00437, 00438, 00439 todas de fecha 29 de julio de 1988 emitidas por el administrador de hacienda adscrito al Ministerio de Hacienda.

   • Forma H-81 contentiva de la Declaración definitiva de rentas No. 251429 para el ejercicio fiscal desde el 01 de enero de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1986, y sus correspondientes anexos y planilla para pagar.

   • Forma H-81 contentiva de la Declaración definitiva de Rentas No. 222496 para el ejercicio fiscal desde el 01 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1985, y sus correspondientes anexos y planilla para pagar.

   • Forma H-81 contentiva de la Declaración Definitiva de Rentas No. 120074 para el ejercicio fiscal desde el 01 de enero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1984, y sus correspondientes anexos y planilla para pagar.

   • Forma H-81 contentiva de la Declaración Definitiva de Rentas No. 120072 para el ejercicio fiscal desde el 01 de enero de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1983, y sus correspondientes anexos y planilla para pagar.

   F.-Informes de la Representación del T.N..-

   En la oportunidad legal para consignar Informes, la ciudadana L.B.V., en representación de la República, consignó su respectivo escrito, en cuya oportunidad, adujo en defensa de la actuación administrativa, en resumen, lo siguiente:

1. - Respecto a la Prescripción (ejercicio económico 1 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1982 y ejercicio económico 1 de enero de 1983 al 31 de diciembre de 1983)

   Que “la dirección jurídico impositiva mediante Resolución No. HJI-100-001067 de 14 de agosto de 1991, decidió que la prescripción solicitada por la contribuyente (…), es procedente y así consta en autos. En consecuencia, esta representación fiscal, nada tiene que alegar, por cuanto queda firme la decisión de la Dirección Jurídico Impositiva (…)”.

2. - Respecto a la Inconformidad con los porcentajes de las sanciones aplicadas (ejercicios económicos 1 de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1984, 1 de enero de 1985 al 31 de diciembre de 1985, 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1986)

   Expone que “la contribuyente en su carácter de agente de retención no retuvo el impuesto que grava los honorarios profesionales, pagados a T & G International s.a. según consta de las actas de reparo No. 00437, 00438 y 00439 todas de fecha 29 de julio de 1988, incumpliendo así a la obligación prevista en el artículo 88 de la ley de impuesto sobre la renta (…) .”

   CAPITULO II

   MOTIVA

   Delimitación de la Controversia.-

   La controversia planteada en el caso de marras, se circunscribe a que el Contribuyente de autos ejerció el presente recurso contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución No. HJI-100-001067 de fecha 14 de agosto de 1991, emitido por la Dirección Jurídica Impositiva adscrita al Ministerio de Hacienda, mediante la cual se decidió el Recurso Jerárquico y se confirman las Resoluciones No. HRZ-500-00209, 00210, y 00211 todas de fecha 21 de septiembre de 1990, así como sus correspondientes planillas de liquidación de fecha 21 de septiembre de 1990, y sus planillas para pagar por concepto de impuesto, multas e intereses moratorios, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1984, 1985 y 1986, en materia de Impuesto sobre la Renta.

   No obstante, como punto previo, debe esta Juzgadora, determinar, en primer lugar, la posible prescripción de la obligación tributaria, debido al transcurso del tiempo observado en el caso sub judice.

   La prescripción, es una vieja institución heredada, desde tiempos inmemorables, por el Derecho Civil, es propia del denominado Derecho Común que, consiste en adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el paso de determinado tiempo y dada, ciertas circunstancias estipuladas por la Ley.

   La prescripción tiene, a juicio de quien decide, una génesis muy sencilla, cual es, la contrariedad a las leyes de la lógica y de los derechos elementales y fundamentales del hombre, del subyugamiento indefinido a nuestras obligaciones, consecuencias ellas, de nuestras acciones, sean estas -clásica diferenciación- de hacer, dar, no hacer o abstenerse. Es por ello que, incluso, prescriben las acciones del Estado para perseguir un hecho punible, tal como el homicidio.

   La prescripción, es pues un medio de extinción de las obligaciones así como un medio para adquirir un derecho, lo que ha llevado a la doctrina especializada en la materia, a clasificar esta institución, según el derecho que se adquiere o la obligación que se extingue, en prescripción extintiva y adquisitiva. Quiere decir, entonces, que la prescripción denominada adquisitiva se origina al hacer propio un derecho del que antes no se disponía -clásico ejemplo es el poseedor del bien que teniendo el uso y goce de la cosa, adquiere la disposición del bien, obteniendo la plena propiedad de esta. Por su parte, la prescripción extintiva consiste en la emancipación de la obligación debida al acreedor, sea cualquiera su naturaleza, trayendo como consecuencia, el impedimento del acreedor para constreñir al deudor al cumplimiento de su obligación.

   Es importante hacer observar que, esta institución se refiere a las acciones, por ello el deudor puede cumplir con una obligación prescrita y le esta vedado pedir repetición sobre ello, dando paso al campo de las denominadas obligaciones naturales. A mayor abundamiento, el Código Civil prohíbe a los órganos correspondientes, declarar la prescripción de oficio, pues esta es una excepción que debe oponer aquél que pretende beneficiarse de ella, contra el ejercicio de la acción del acreedor. Pero puede, sin embargo el Juez, reconocer el paso del tiempo en la causa que se analiza, por la evidencia de la superación de más del tiempo que se necesita para que prescriba la obligación, y obsérvese que ya no se trata de la prescripción de la acción del acreedor para constreñir al deudor al cumplimiento de la obligación, pues la acción ya fue ejercida, si no de la obligación en sí misma.

   Las bases generales de la institución de la prescripción, antes delineadas muy delimitadamente, han sido transportadas a otras ramas del derecho, no siendo excepción el Derecho Tributario. Así observamos, la institución de la referencia, en nuestro Código Orgánico Tributario, desde 1982 con entrada en vigencia en 1983 hasta la actualidad.

   En el Código Orgánico Tributario de 1982 con vigencia desde 1983 establecía los términos de la prescripción en los artículos 52 al 57, ambos inclusive. En el Código Orgánico Tributario de 1992, los términos de la institución bajo estudio estaban estipulados en los artículos 52 al 57, ambos inclusive. En el Código Orgánico Tributario de 1994 fue determinada en los artículos 51 al 56, ambos inclusive. Y en el vigente Código Orgánico Tributario la encontramos en los artículos 55 al 65, también ambos inclusive. Han sido poco los cambios que ha sufrido, desde su incorporación a la relación jurídica tributaria, pero tales sutilezas no pueden calificarse de intrascendentes, pues aún la doctrina y la jurisprudencia dedican, no menor tiempo a su análisis.

   Necesario es entonces, vista la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1992 en fecha 11 de diciembre de 1992, el cual es aplicable para el caso de autos, remontarnos a sus estipulaciones. Así tenemos que los artículos 52, 54, y 56, tipifican lo siguiente:

   Artículo 52.- “La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.

   Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.”

   Artículo 54.- “El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.

   Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.

   El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectúo el pago indebido.”

   Artículo 56.- “El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la Administración Tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.

   Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que sí cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir (...)”

   De lo anterior se observa que la prescripción en la relación jurídica tributaria tiene un lapso de tiempo distinto al de otras obligaciones, pues esta es de cuatro y seis años, según la conducta desplegada por el contribuyente. Así la prescripción de la obligación tributaria, o más propiamente dicho, del derecho a ejercer la acción para constreñir a su cumplimiento, aumenta a seis años cuando el contribuyente no se inscribe en los registros pertinentes; no declara el hecho imponible o no presenta tales declaraciones a que esté obligado y, por último, cuando, tratándose de la determinación de oficio, la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho imponible.

   Por otra parte, el término para comenzar a correr la prescripción, se debe esperar el primero de enero del año siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible o se realizó el pago de lo indebido, y en los tributos que se liquiden por periodos, la prescripción comienza al finalizar el periodo respectivo.

   Igualmente, se puede detallar que en las obligaciones tributarias, como en las obligaciones de derecho común, una vez realizado el pago de una obligación prescrita le está impedido al deudor pedir repetición sobre lo pagado, pero en materia tributaria existe una excepción, cual es que el pago se haya realizado con reserva expresa de hacer valer el derecho.

   Ahora bien, esta institución- la prescripción- lleva implícito dos conceptos, cuales son: la interrupción y la suspensión. La interrupción se diferencia de la suspensión en que una vez realizado el hecho que le dio origen, el lapso prescriptivo comienza de nuevo, es decir, se computa el lapso desde su inicio. En tanto la suspensión, tal como la adelanta su nombre, detiene el lapso de prescripción, reanudándose este una vez que cesa la causa de su génesis. Determinadas están, las causas que interrumpen la prescripción en el artículo 55, antes citado. También el legislador determinó cuales causan suspenden su curso, ello en el artículo 56, también citado antes.

   El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido opinión sobre la institución de la prescripción en Sentencia No. 1215 de fecha 26 de junio de 2001, en cuya oportunidad estableció:

   En atención a la controversia de autos, debe esta sala analizar en primer orden la figura jurídica de la prescripción como una de las formas de extinción de la obligación tributaria, por tener aquellas características heterogéneas según los parámetros y construcciones doctrinarias, y muy especialmente lo relativo a los actos con virtualidad interruptiva de la misma, debido sin duda a la enorme trascendencia que implica la permanencia de las obligaciones prescriptibles.

   Cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho. Así mismo, ha de atenderse a la importancia de los supuestos de interrupción y e suspensión, cuyo efecto jurídico común es la dilación de los plazos de prescripción antes de su consumación definitiva.

   (Cursivas de este Despacho).

   De las reflexiones enunciadas por nuestro m.T., se evidencian claramente los efectos jurídicos de esta particular institución jurídica, es decir, la prescripción, y como antes se indicó, su génesis deviene de la seguridad jurídica que debe imperar en todo estado de derecho. Por ello, el legislador estableció, muy especialmente, en el antes citado artículo 56 que el curso de los procedimientos establecidos en el Título V de sus disposiciones suspenden el curso de la prescripción, pero la paralización de tales procedimientos -entre los cuales se encuentra el recurso contencioso tributario- hace cesar la suspensión en cuyo caso se reanuda la prescripción. Igualmente, si el proceso se reanuda antes de que prescriba la obligación, esta se suspende nuevamente, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa.

   De lo anterior, este Tribunal advierte que habiendo expirado el lapso legal para sentenciar así como sus prorrogas, el Tribunal no se pronuncia sobre la controversia planteada, razón por la cual corre el lapso de prescripción. Lo que revela, la obligación de las partes de impulsar el proceso, aún cuando ha entrado en etapa de sentencia, después de que el Tribunal haya dicho “Vistos”, pues aunque también es un deber de los Tribunales de la República, procurar sentenciar dentro del lapso que al efecto establece la Ley, no es menos cierto que las partes han ocurrido a la sede jurisdiccional con el fin de resolver una controversia, bien sea porque se exige el cumplimiento de una obligación o bien porque se opone una excepción, cualquiera que ella sea, a su cumplimiento, con miras a un fin específico y, en principio, con elementos que sustenten sus posiciones, y, por ello tienen el deber de instar a los órganos competentes a su pronunciamiento, especialmente, cuando, en la generalidad de los casos, es la única actuación que les queda por realizar para conseguir su cometido.

   Ello, también ha sido objeto de pronunciamiento por parte de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, el cual en Sentencia No. 1557 de fecha 19 de junio de 2006, estableció:

   (…) en el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.

   Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice (…)

   . (Cursivas de esta Juzgadora).

   Asimismo, en Sentencia No. 1058 de fecha 19 de junio de 2007, nuestro M.T., en Sala Político Administrativa, estableció:

   (…) Resuelto lo anterior, pasa la Sala decidir, de oficio, la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, para lo cual se observa lo siguiente:

   Dentro de las modalidades de la extinción de la obligación tributaria, se encuentra la prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período de tiempo.

   Así las cosas, la Sala debe determinar previamente la normativa aplicable, a efectos de computar el lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.

   (Omissis)

   Ahora bien, en principio, resultaría aplicable las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha que se produjo la paralización de la causa…”.

   En tal sentido, se observa que luego de haberse dicho “Vistos” en la presente causa (8 de agosto de 1996) y pasado un lapso de sesenta 60 días continuos, de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ratione temporis, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 8 de octubre de 1996.” (Cursivas de este Tribunal).

   Más recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, hace pronunciamiento en cuanto a la figura jurídica de la prescripción de la obligación tributaria, en Sentencia No. 01399, de fecha 7 de agosto de 2007, Caso: O.I., C.A, la cual establece que:

   (…) Sin embargo, previamente pasa esta alzada a decidir de oficio la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.

   Tal y como fue sostenido en sentencia No. 01058 de fecha 20 de junio de 2007, caso: Las Llaves, S.A., Vs. Municipio Autónomo de Puerto Cabello del Estado Carabobo, habrá de partir del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.

   Vale destacar, que en principio resultarían aplicables las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la normativa vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha en que se produjo la paralización de la causa…”.

   (Omissis)

   Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta M.I. que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 12 de diciembre de 1980, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 20 de marzo de 1994, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste.

   Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de seis (6) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (20 de marzo de 1994) hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), a la sociedad mercantil O.I., C.A. Así se decide. (…).

   De lo precedentemente a.y.t.s. observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de cuatro (4) años, en virtud de que el caso de marras surge por diferencia de impuestos efectuados a la Declaración Definitiva de Rentas correspondiente a los ejercicios 01 de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1984, del 01 de enero de 1985 al 31 de diciembre de 1985, y 01 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1986, y visto que el presente reparo es relacionado a la materia de Impuesto sobre la Renta, dicho impuesto es liquidable anualmente, por lo que la prescripción comenzaría a contarse cada año.

   Ahora bien, en el caso de autos esta Juzgadora advierte, que el curso de la prescripción fue suspendido en fecha 2 de junio de 1992, mediante la interposición del Recurso Contencioso Tributario, y habiéndose dicho “Vistos” en fecha 1 de marzo de 1993, la causa entró en estado de sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, según lo establecido en el artículo 515 del mismo Código, por mandato expreso del artículo 194 del Código Orgánico Tributario de 1992, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de sesenta (60) días hábiles siguientes, más la prórroga de treinta (30) días que fuere dispuesta por auto de este Tribunal en fecha 3 de mayo de 1993. Luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación.

   En caso bajo estudio, en fecha 22 de abril de 1994 la ciudadana R.V.E.C., en su carácter de abogado fiscal, adscrita a la Dirección jurídica impositiva de la dirección general sectorial de rentas, del Ministerio de Hacienda solicitó al Tribunal se dictará el pronunciamiento del fallo, quedando este nuevamente suspendido; posteriormente lo hizo el 8 de febrero de 1995. No siendo sino hasta el 19 de noviembre de 2007 cuando fue suspendido nuevamente el curso de la prescripción por parte del ciudadano M.M.M., en su carácter de abogada sustituta de la Procuraduría General de la República, quedando este proceso nuevamente suspendido hasta tanto una de las partes volviera a impulsar otra vez el proceso y se reactivase éste.

   En fecha 27 de Julio de 2007 este Tribunal dictó auto por medio del cual hizo saber sobre la posesión de la nueva Juez Suplente, incorporándose a esta causa vencido el lapso natural de sentencia y su prórroga, ordenándose en consecuencia librar boletas de notificación a la parte recurrente, a los fines establecidos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, habiendo sido estas practicada por cartel y consignada según se evidencia del expediente en fecha 9 de mayo de 2008.

   Sin embargo, en el presente caso se observó la falta de impulso procesal tanto de la representación del Fisco Nacional, como de la representación judicial de la contribuyente recurrente, desde la fecha en que quedó paralizada la presente causa, el 8 de febrero de 1995, hasta la fecha 19 de noviembre de 2007, fecha en la cual se presentó actuación tendente a activarlo nuevamente; evidenciándose así el trascurso de más de cuatro (4) años, término éste legalmente establecido en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario de 1992, aplicado a razón de la paralización de la causa, produciendo en esta causa los efectos jurídicos de la denominada prescripción.

   Así, en virtud del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho, este Tribunal declara la prescripción extintiva de la obligación tributaria reclamada por el Fisco Nacional a la sociedad mercantil recurrente. Y ASÍ SE DECLARA.

   Este Tribunal, considera inoficioso entrar a conocer el fondo del presente recurso contencioso tributario, planteado por la contribuyente AGENCIA MARITIMA DE REPRESENTACIONES, C.A. (AGEMAR). Y ASÍ SE DECLARA.

   CAPITULO III

   DISPOSITIVA

   Con fundamento en la motivación anterior, este TRIBUNAL SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

1. - LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en forma subsidiaria con Recurso Jerárquico por el ciudadano R.U.D., venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad No. 1.666.786, actuando como apoderado legal de la empresa AGENCIA MARITIMA DE REPRESENTACIONES, C.A. (AGEMAR), contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución No. HJI-100-001067 de fecha 14 de agosto de 1991, emitido por la Dirección Jurídica Impositiva adscrita al Ministerio de Hacienda, mediante la cual se decidió el Recurso Jerárquico y se confirman las Resoluciones No. HRZ-500-00209, 00210, y 00211 todas de fecha 21 de septiembre de 1990, así como sus correspondientes planillas de liquidación de fecha 21 de septiembre de 1990, y sus planillas para pagar por concepto de impuesto, multas e intereses moratorios, respectivamente, para un total de DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 220.477,98) lo que equivale actualmente a DOSCIENTOS VEINTE BOLÍVARES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 220,45), correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 84, 85 y 86, en materia de Impuesto sobre la Renta.

2. - Se ordena la notificación de la Ciudadana Procuradora General de la República, del Ciudadano Fiscal del Ministerio Público con Competencia en Materia Tributaria y de las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario. Líbrense las correspondientes boletas.

   REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE

   Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 AM) a ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

   LA JUEZ SUPLENTE

   Abg. B.E.O.H.

   LA SECRETARIA TITULAR

   Abg. A.G.S.

   La anterior sentencia se público en la presente fecha a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 AM)

   LA SECRETARIA TITULAR

   Abg. A.G.S.

   Asunto: AF45-U-1992-00003

   Asunto Antiguo: 694

   BEOH/AG/MGR