Decisión nº 1496 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Javier Sanchez Aullon |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 13 de octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO N° AF41-U-1994-000027.- SENTENCIA 1496.-
ASUNTO ANTIGUO N° 796.-
VISTOS
sólo con informes de la representación del Fisco Nacional.
Mediante Oficio Nº HJI-320-000249 de fecha 09 de marzo de 1994, emanado de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del Ministerio de Hacienda, actual Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), fue remitido recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 15 de diciembre de 1993, ante la Dirección General Sectorial de Rentas, Oficina de Registro de Presentación de Documentos del extinto Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, ejercido por el ciudadano G.M.B., titular de la cédula de identidad Nº 3.838.254 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 15.186, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “AGROPECUARIA EL LAUREL, C.A.”, en contra de la Resolución (Sumario Administrativo) Nº HCF-SA-PEFC-987, de fecha 08 de septiembre de 1993, emanada de la Dirección de Control Fiscal, de la mencionada Dirección General Sectorial de Rentas, mediante la cual se resolvió dicho recurso interpuesto en contra del Acta Fiscal Nº HCF-PEFC-02-01-01 de fecha 30 de octubre de 1992, levantada para el ejercicio fiscal 01-01-88 al 31-12-88, notificada en fecha 30 de octubre de 1992, confirmando en todas y cada una de sus partes el contenido del Acta Fiscal supra mencionada, y ordenándose expedir a cargo de la contribuyente Planilla de Liquidación N° 01-1-1-1-64-0001542, de fecha 20 de octubre de 1993, por montos de Bs. 330.217,19 en concepto de impuesto, Bs. 346.728,05 en concepto de multa y 212.824,98 en concepto de intereses moratorios, las cuales suman una cantidad total de Bs. 889.770,22 equivalente actualmente a Bs.F. 889,77 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 06 de marzo de 2007.
Por auto de fecha 21 de marzo de 1994, se le dio entrada a dicho recurso contencioso tributario, ordenándose formar expediente bajo el Nº 796, actual Asunto Nº AF41-U-1994-000027, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República y al representante legal de la contribuyente “AGROPECUARIA EL LAUREL, C.A.” y/o a su apoderado judicial.
Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 79, 80 y 82 del expediente, se admitió dicho recurso mediante auto de fecha 08 de julio de 1994, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
El 21 de julio de 1992, se abrió la causa a pruebas.
En fecha 04 de junio de 1992, se dio inicio a la relación de la causa, suspendiéndose dicha relación para continuarla en el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente; lo cual se reiteró en fechas 29 de junio, 20 de julio, 12 de agosto, 05 de octubre, 28 de octubre y 18 de noviembre de 1992.
Por auto de fecha 14 de noviembre de 1994, se ordenó la continuación de la causa que se encontraba paralizada desde el 14 de octubre de 1994, oportunidad procesal en que venció el lapso de evacuación de pruebas e igualmente se ordenó notificar a los ciudadano Procurador General de la República, Contralor General de la República y Apoderado Judicial de la contribuyente; en virtud de la diligencia presentada en fecha 24 de octubre de 1995, suscrita por la ciudadana R.D.D.A., actuando en su carácter de Apoderada Judicial del Fisco Nacional.
En fecha 14 de noviembre de 1994, se dictó auto ordenado la reconstrucción del expediente y oficiar al ciudadano Superintendente Nacional Tributario, hoy Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT, a los fines de solicitarle el envió a este Órgano Jurisdiccional copias certificadas del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado; con motivo al Acta N° 201, levantada en fecha 31 de octubre de 1994, donde se dejó constancia del extravió de la pieza única del presente expediente. Siendo librado al efecto el Oficio N° 4.140 en esa misma fecha, y ratificado mediante Oficio N° 4.179 de fecha 16 de enero de 1994.
Se consignó a los autos, en fecha 31 de mayo de 1995, copia certificada del expediente administrativo, remitido mediante Oficio N° HGJT-3-320-290, de fecha 01 de febrero de 1995.
En fechas 08 de enero y 01 de febrero de 1996, fueron consignadas a los autos debidamente cumplidas las notificaciones dirigidas a los ciudadanos Procurador y Contralor General de la República, respectivamente.
Fue consignada a los autos, por el alguacil de esta Jurisdicción Especial en fecha 31 de julio de 1996, la boleta de notificación de ley librada al Apoderado Judicial de la recurrente, sin firmar ni sellar.
En fecha 13 de noviembre de 1996, la ciudadana R.D.D.A., plenamente identificada, solicitó de este Órgano Jurisdiccional, fuera librada cartel de notificación por prensa dirigido al apoderado judicial de la contribuyente. En virtud de lo anterior, el Tribunal ordenó mediante auto de fecha 28 de enero de 1997, librar el referido cartel de notificación.
El 17 de abril de 1997, la ciudadana R.D.D.A., consignó el original de la página 4-3 del Diario El Universal, de fecha 28 de febrero de 1997, en la cual fue publicado el cartel de notificación por prensa dirigido al apoderado judicial de la recurrente.
El 06 de mayo de 1997, el Tribunal fijó el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes.
El 04 de junio de 1997, oportunidad fijada por el Tribunal para que tuviera lugar el acto de informes, compareció únicamente la ciudadana B.L.C., actuando en su carácter de representante judicial del Fisco Nacional, quien presentó diligencia a los fines de consignar su correspondiente escrito de informes constante de ocho (08) folios útiles. Seguidamente el Tribunal dijo “VISTOS” y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia en la presente causa.
Mediante auto de fecha 22 de octubre de 1997, se prorrogó por treinta (30) días de despacho la oportunidad para dictar el fallo correspondiente.
No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.
En fecha 24 de septiembre de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
-I-
ÚNICO
De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que el apoderado judicial de la contribuyente “AGROPECUARIA EL LAUREL, C.A.”, ha instado el proceso en una sola ocasión, a saber, cuando en fecha 15 de diciembre de 1993 interpuso recurso contencioso tributario ante la Dirección General Sectorial de Rentas, Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Dirección Jurídico Impositiva hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.
En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.
En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…
(Resaltado del Tribunal).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido
. (Destacado de este Juzgado Superior).
Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 04 de junio de 1997; y la única actuación de la parte recurrente se produjo el 15 de diciembre de 1993, cuando su apoderado judicial presentó escrito contentivo del recurso contencioso tributario.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-
-II-
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente “AGROPECUARIA EL LAUREL, C.A.”, en contra de la Resolución (Sumario Administrativo) Nº HCF-SA-PEFC-987, de fecha 08 de septiembre de 1993, emanada de la Dirección de Control Fiscal, de la mencionada Dirección General Sectorial de Rentas, mediante la cual se resolvió dicho recurso interpuesto en contra del Acta Fiscal Nº HCF-PEFC-02-01-01 de fecha 30 de octubre de 1992, levantada para el ejercicio fiscal 01-01-88 al 31-12-88, notificada en fecha 30 de octubre de 1992, confirmando en todas y cada una de sus partes el contenido del Acta Fiscal supra mencionada, y ordenándose expedir a cargo de la contribuyente Planilla de Liquidación N° 01-1-1-1-64-0001542, de fecha 20 de octubre de 1993, por montos de Bs. 330.217,19 en concepto de impuesto, Bs. 346.728,05 en concepto de multa y 212.824,98 en concepto de intereses moratorios, las cuales suman una cantidad total de Bs. 889.770,22 equivalente actualmente a Bs.F. 889,77 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 06 de marzo de 2007.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. J.S.A..- El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las once y cinco minutos de la mañana (11:05 a.m.).-------------------------------------------El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
ASUNTO N° AF41-U-1994-000027.-
ASUNTO ANTIGUO N° 796.-
JSA/fjeg/dgo.-
