Decisión de Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Mayo de 2012
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia |
| Ponente | Luis E Castillo |
| Procedimiento | Inspección Judicial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, dieciséis (16) de Mayo de dos mil doce (2012)
202° y 153°
-I-
IDENTIFICACIÒN DE LA PARTE SOLICITANTE
PARTE SOLICITANTE: La Agropecuaria PUERTO RICO, sociedad debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 20 de Abril de 1982, quedando anotada con el Nro. 42, Tomo 46-A SGDO, cuya última acta de asamblea fue debidamente registrada por ante el mismo Registro Mercantil, representada en este acto por su presidente el ciudadano L.A.G.C., venezolano, mayor de edad, titular de a cédula de identidad Nro. 2.916.924, domiciliado en el Municipio Sucre del estado Zulia.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE SOLICITANTE: J.S.I.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.708.574, e inscrito en el Inpreabogado con el Nro. 78.399, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia.
MOTIVO: Medida Autónoma de Protección a la Producción Agroalimentaria y al Trabajo.
-II-
NARRATIVA
En fecha nueve (09) de Mayo de 2012, se introdujo solicitud de Inspección ocular extra-litem, por el ciudadano L.G.A., identificado en actas, asistido en ese acto por el abogado J.S.I., en la cual luego de ser evacuada la misma y corroborados todos los particulares solicitados decrete Medida Cautelar de Amparo y Protección a la Producción; siendo esta admitida en la misma fecha y fijada para el día once (11) de Mayo de 2012, a las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am), ordenándose oficiar a la Guardia Nacional con sede en el Batey en Jurisdicción del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y a la Policía Regional con Sede en Caja Seca en Jurisdicción del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, la cual se expidió con los Nros 254 y 255-2012.
En fecha Once (11) de Mayo de 2012, por solicitud e indicación del ciudadano L.A.G. anteriormente identificado, este Tribunal se Trasladó y se constituyó sobre del fundo agropecuario “PUERTO NUEVO”, con una superficie aproximada de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO HECTAREAS CON SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (255has con 74 mts2), ubicado en el Municipio Sucre, parroquia Gibraltar, del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos, NORTE: Fundo las Delicias, SUR: Finca San Simón, ESTE: Finca actualmente del Central Venezuela, y OESTE: Hacienda S.r.; a los efectos de dejar constancia de los particulares solicitados.
Fín de las actuaciones.
-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305 impone la obligación del Estado de proteger y tutelar la Producción Agroalimentaria de nación y lo hace de la siguiente manera:
“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaría se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
Aunado a esto, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 196 encuadra de forma legal la necesidad de protección por parte del Estado para evitar que la producción Agroalimentaria se desmejore y lo expresa de la siguiente manera:
El Juez o Jueza Agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el Juez o Jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.
En razón de lo anteriormente reseñado, se evidencia la amplia facultad del Juez Agrario, para dictar a solicitud de parte o de oficio, medidas cautelares provisionales o Autónomas en protección de los derechos del productor rural, los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, el interés general de esa actividad, el proceso agro alimentario y los recursos naturales renovables. Asimismo, se interpreta que el legislador le otorgó bastas facultades, con el propósito de garantizar la seguridad agroalimentaria, de la biodiversidad y la protección ambiental, pudiendo dictar medidas cautelares nominadas e innominadas, y decretar Medidas Autónomas o Autosatisfactivas, pero en el caso de Marras el abogado asistente J.S.I., de la parte solicitante, en su escrito solicita a este despacho que se decrete Medida Cautelar de Amparo y Protección a la Producción, siendo un requisito sine qua nom para el decreto de las Medidas Cautelares estar ceñidas a lo estatuido en el Articulo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil; es decir, cumplir cabalmente con los requisitos de procedibilidad para el decreto de cualquier Medida Cautelar, por lo que seria imposible decretarla de la forma solicitada en virtud que en el presente caso se esta evacuando un solicitud no contenciosa en donde no existe una litis y por consiguiente la misma es improcedente, y ASI SE DECLARA, en virtud que lo procedente seria el Decreto de una Medida Autónoma de Producción a la Producción Agroalimentaria de la Nación y al Trabajo..
Pero es el caso que quien aquí juzga observa que de conformidad al artículo 196 de la Ley de Tierras anteriormente transcrito, El Juez Agrario tiene el deber constitucional y legal de tutelar la Producción agroalimentaria, exista juicio o no, como se estableció anteriormente, aun cuando el solicitante haya realizado su petición de manera errada, no se debe de sacrificar la Justicia por formalidades no esenciales, y más sabiendo que dicho error puede conllevar a disminuir o desmejorar la producción Agroalimentaria del sector, es por ello, el Juez haciendo uso de sus facultades tiene el deber de proteger esa producción haciendo uso de sus facultades y decretar las medidas que protejan esa producción es por lo cual el y solo el debe motivar y razonar su fallo, lo que corresponde a la definición nominal de este novísimo instituto procesal que empieza a dar sus pasos dentro de las normativa legal venezolana, así como los requisitos esenciales para la procedibilidad del decreto de medidas autónoma, de acuerdo a la Doctrina Argentina, utilizando para el caso en concreto el derecho comparado por no existir un Iter procesal existente en nuestra legislación, señalados de la siguiente manera:
Para el autor A.O.O., en su obra “La Obligación Legal del Artículo 68º de la Ley Nº 24.449 y las Medidas Autosatisfactivas. (2002)”, afirma que:
Las medidas autosatisfactivas, también llamadas medidas de efectividad inmediata, se podrían definir como aquellas soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables, in audita altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteamientos formulados sean atendibles. Constituyen un requerimiento urgente que se agota con su despacho favorable, siendo innecesario iniciar una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Estas medidas provocan la satisfacción definitiva del interés del actor.”
El mismo autor agrega que a diferencia de una medida cautelar, no son accesorias a un proceso principal, ni están orientadas a resguardar la efectividad de una sentencia futura, Se persigue que el juez o tribunal expida, casi siempre, in ilimine sobre el fondo de la pretensión hecha valer, cuando por la singularidad del objeto litigioso resulte la necesidad inminente de satisfacer al pretensor y así evitar la frustración definitiva de su derecho.
De un análisis en concreto de lo establecido anteriormente, se puede inferir que las Medidas Autónomas son de requerimiento urgente, formulado al Órgano Jurisdiccional por los justiciables. Dicha medida se agota con su despacho favorable, no siendo necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Se trata de medidas que se determinan, al margen de la tutela judicial clásica, por la satisfacción definitiva y única de la pretensión.
Ahora bien, haciendo un análisis de la doctrina Argentina, utilizando el derecho comparado en virtud de no existir un iter procesal existente en nuestra legislación venezolana se observó que las Medida Autónomas poseen los siguientes requisitos de procedibilidad, que a continuación se discriminan:
(a) Situación de Urgencia. Para el autor R.M. (2004) en su obra Tutela Cautelar y medidas Autosatisfactivas en el p.C.. Lima: Palestra Editores. p. 34. Señala que este presupuesto está referido a una situación urgente que exige tutela inmediata e imprescindible de parte del Órgano Jurisdiccional del Estado, a través de una decisión que satisfaga la pretensión, pero en un lapso oportuno, es decir, en forma inmediata, porque de no decretarse y ejecutarse la medida daría lugar a la frustración del derecho que el actor quiere proteger, o se le produciría un daño que sería de muy difícil o imposible reparación.
De lo anterior se puede observar que puede confundirse este requisito de procedibilidad con el clásico peligro de la demora (periculum in mora), que es un presupuesto de las medidas cautelares, que consiste en el peligro del retardo de la providencia definitiva, pero en este caso no es así, la situación de urgencia es la posibilidad de que en el periodo necesario para la realización de los intereses tutelados por el derecho mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, se verifique un evento, natural o voluntario, que suprima o restrinja tales intereses, haciendo imposible o limitando su realización por medio de los Órganos Jurisdiccionales.
(b) Fuerte Probabilidad del Derecho. Para el autor R.M. (2004) en su obra Tutela Cautelar y medidas Autosatisfactivas en el p.C.. Lima: Palestra Editores. p. 38. Indica que este presupuesto referido a la alta probabilidad que el derecho invocado sea atendible o amparado, debiendo el actor convencer al juez que le asiste la razón, en el derecho pretendido. Para decretar favorablemente la medida Autósatisfactiva se debe estar ante un interés cierto y manifiesto, frente a una evidencia de derecho, que debe aparecer muy clara, sin ambigüedades de ninguna índole, a fin de que el juzgador no tenga duda alguna acerca de la procedencia del derecho pretendido por el actor.
Realizando un análisis del anterior postulado, se puede observar que este presupuesto puede confundirse con el fumus bonis juris (humo bueno de derecho) o verosimilitud del derecho, que es uno de los presupuestos de la medida cautelar, y que el solicitante de esta debe acreditar, teniendo en cuenta que la certeza jurídica plena exigida al juez para la resolución de un conflicto de intereses e incertidumbre jurídica, y en consecuencia la atribución de un derecho controvertido a cualquiera de las partes, podrá adquirirse después la tramitación de un proceso en el cual se pueda contar con amplias posibilidades de debate y respetando el principio del contradictorio, que se conoce como principio de bilateralidad. Esto no ocurre ni en las medidas autosatisfactivas ni en las precautelares, debido a que ambas se tramitan sin conocimiento del emplazado o con un contradictorio muy reducido.
En las medidas cautelares, como en las medidas autosatisfactivas, dicho autor antes señalado acota que el juez tiene un conocimiento periférico o reducido de la cuestión, compatible con la urgencia del despacho de dichas medidas. Esto en doctrina se denomina summaria cognitio propia del proceso cautelar que impide un análisis profundo de las múltiples circunstancias de hecho y de derecho que rodean las relaciones jurídicas.
En definitiva, en las medidas cautelares como en las autosatisfactivas, el juicio del juzgador es un juicio de probabilidades sobre la fundabilidad del derecho alegado, pero no será nunca un juicio de certeza plena, y si bien puede haber una diferencia cuantitativa en la probabilidad de la verosimilitud del derecho, esa diferencia no será de ninguna manera esencial o cualitativa porque nunca podrá llegarse a la certeza exigida constitucionalmente al juzgador para emitir un juicio definitivo sobre el derecho en cuestionamiento.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ. Se pronunció y es necesario traer a colación extractos de la sentencia que recayó en el expediente número 203-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), cuando declaró que es constitucional el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, hoy 196 de la Ley anteriormente indicada la cual fue reformada en Julio de 2010, en donde textualmente estableció que:
A su vez se desprende que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario incrementa el poder cautelar general del juez. Así, como se ha señalado el artículo 198, el cual le establece al juzgador una serie de principios y objetivos que deben dirigir su conducta en el proceso, a los fines de proteger el interés colectivo, cuando advierta que está amenazada la continuidad del proceso agroalimentario o se ponen en peligro los recursos naturales renovables, sin que el operador de justicia deba ceñirse a requisitos fundamentales para el ejercicio de la potestad cautelar, sino que es el análisis del juez el que le permite determinar, dentro del proceso, que puede decretar medidas preventivas, tomando en consideración la situación fáctica concreta para dictaminarlas, todo ello orientado a proteger los derechos del productor, los bienes agropecuarios, y en fin, el interés general de la actividad agraria. Con fundamento a lo mencionado y a las precitadas normas y dado que este operador de justicia debe velar por el interés general de la actividad agraria, resulta para este tribunal un hecho notorio que sobre el predio en cuestión existe una producción agrícola sustentada y proyectada a la satisfacción de la producción agroalimentaria…
Se puede concluir de las precitadas máximas, y de lo arrojado por la Inspección Ocular, que es evidente la producción inherente en el fundo PUERTO RICO, suficientemente identificado, por lo cual es primordial que sea tutelado por este Organismo de Justicia, ya que, se dejo constancia a través de los sentidos, la presencia de treinta hectáreas (30 has), cultivadas del rubro agrícola denominado maíz que se utiliza para suplementar la alimentación del ganado vacuno, con árboles frutales tales como aguacate, limón, guanábana, naranja y un pequeño cultivo de plátano, esto de conformidad con el particular Primero; así mismo, se deja constancia de la presencia de varios lotes de ganado vacuno mestizo, clasificados de las siguientes maneras: doscientas cuarenta (240) vacas de ordeño, con una producción de mil quinientos litros de leche diario, ciento diecisiete (117) becerros machos, y ciento veintitrés (123) becerras hembras, noventa (90) vacas escoteras, diez (10) vacas próximas, quince (15) vacas recién paridas, seis (06) becerros machos del recién paridos, nueve (09) becerras hembras de recién paridos, diez (10) novillas preñadas, treinta (30) mautas y cuarenta (40) mautes, dos (02) toros de raza GIR, todo alcanza un toral de seiscientas noventa (690) cabezas de ganado, todas identificadas con el siguiente hierro ; esto según lo establecido en el particular Tercero.
Lo antes mencionado, tiene un aporte significativo a la alimentación de la nación, mediante una producción lechera y carníca como se estableció anteriormente, aunado a esto, se pudo constatar el peligro latente que la producción sea desmejorada u arruinada por personas ajenas fundo pudiendo traer esto como consecuencia un eventual desmejoramiento intrínseco en la producción, ya que se dejó constancia de conformidad con el particular cuarto que en el fundo agropecuario “PUERTO NUEVO”, se pudo constatar la presencia de varias personas ajenas al propietario ocupando la entrada principal del fundo.
Ahora bien, en virtud de lo expuesto y haciendo uso de las facultades oficiosas y asegurativas que le concede el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en concordancia con el artículo 305 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y vista la inspección realizada en la cual se constató la producción que se ejerce en el fundo Agropecuario PUERTO NUEVO este Juzgador observa que se encuentran llenos los extremos legales, y por consiguiente decreta, MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA A LA BIODIVERSIDAD Y AL TRABAJO, a los efectos de salvaguardar la producción de los rubros agrícola antes identificados y la producción lechera y carníca y así evitar que se arruine o se deterioré, protegiendo así mismo la biodiversidad, el ambiente y el trabajo que se despliega. ASI SE DECIDE.
-IV-
DISPOSITIVO
En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, este JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA:
MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, A LA BIODIVERSIDAD Y AL AMBIENTE; sobre los predios del fundo agropecuario “PUERTO NUEVO”, con una superficie aproximada de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO HECTAREAS CON SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (255has con 74 mts2), ubicado en el Municipio Sucre, parroquia Gibraltar, del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos, NORTE: Fundo las Delicias, SUR: Finca San Simón, ESTE: Finca actualmente del Central Venezuela, y OESTE: Hacienda S.r.., en favor de la Agropecuaria PUERTO RICO, sociedad debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 20 de Abril de 1982, quedando anotada con el Nro. 42, Tomo 46-A SGDO, cuya última acta de asamblea fue debidamente registrada por ante el mismo Registro Mercantil; en contra de cualquier acto perturbatorio destinado a desmejorar o destruir la producción agrícola, la biodiversidad, el ambiente, y el Trabajo desplegada en la unidad de Producción por terceras personas.
La vigencia de la medida ut supra decretada será de dos (02) años, contados a partir de la publicación de la presente providencia autónoma, esto en virtud a la producción que se ejerce en el Fundo. ASÍ SE DECIDE.
Se ordena la Notificación del ciudadano L.A.G.C., venezolano, mayor de edad, titular de a cédula de identidad Nro. 2.916.924, domiciliado en el Municipio Sucre del estado Zulia, esto de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.
De conformidad con el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, se ordena aperturar cuaderno de Medida, para ser tramitada la presente resolución. Así se decide.
Se Ordena notificar mediante oficio al Coordinador de Asuntos Judiciales del Instituto Nacional de Tierras; así mismo, se ordena notificar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas esto es, a la Guarnición Militar del estado Zulia, Guardia Nacional Bolivariana CORE 3, a la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el Municipio Sucre del estado Zulia y a las Fuerzas Policiales del estado Zulia (Policía Regional con sede en el municipio sucre del estado Zulia y La policía del Municipio Sucre del estado Zulia), dicha medida es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado, Así mismo se Ordena reproducir seis (06) ejemplares del presente decreto cautelar a los efectos de remitirlos con la notificación a los organismos de seguridad del Estado. ASÍ SE DECIDE.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de Mayo de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.-
EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,
DR. L.E.C.S.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL
ABG .M.B.M.M..
En la misma fecha, siendo las once y veinte minutos de la mañana (11:20 am), previo el anuncio de Ley a las puertas del Despacho, se dictó y publicó el fallo que antecede. Se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de la sentencia de este Juzgado.- Asimismo se libraron los oficios signados con los números 270, 271, 272, 273, 274, 275-2012.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL
ABG .M.B.M.M..
LECS/mbmm/josé.-
Exp.:928
