Decisión nº 370 de Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de Barinas, de 15 de Julio de 2009

Fecha de Resolución15 de Julio de 2009
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario
PonenteJosé Gregorio Andrade
ProcedimientoMedida Cautelar Agraria

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.

Barinas, 15 de Julio de 2.009

199° y 150°

Visto el anterior escrito presentado en fecha 09-07-2009, contentivo de la SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA, por el ciudadano: M.J.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 13.592.230, Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 12.076 y 88.546, actuando con el carácter de representante judicial de la “AGROPECUARIA AMANACU C.A.”, debidamente inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, bajo el N° 280, Folios 53 al 60, del Tomo III, en fecha 11 de Agosto de 1977, actualmente llevado por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, siendo la última modificación de sus Estatutos Sociales, la contenida en acta de Asamblea General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 02 de Noviembre del año 2000, la cual fue debidamente inscrita ante esa misma Oficina de Registro en fecha 14 de Diciembre del año 2000, bajo el N° 35, del Tomo 22-A, mediante el cual solicita de este Tribunal del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el Decreto de una MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA, sobre el Predio Finca “LA PORFIA”, motivo por el cual, a los fines de proveer sobre la misma, este Juzgado se trasladó en fecha 14-07-09, a fin de realizar una inspección Judicial en el mencionado predio, en compañía del experto designado, ciudadano Ingeniero I.D.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 3.917.129.

Ahora bien, de la lectura de la solicitud de medida cautelar, se observa que señala el solicitante, que en fecha 24 de abril de 2009, el INTI inició Procedimiento Administrativo tendiente a la Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas sobre el predio objeto de la presente solicitud, realizando el informe técnico a tenor de lo pautado en el Artículo 36 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Con referencia a lo anterior, resulta oportuno para éste Tribunal transcribir los artículos 167 y 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establecen lo siguiente:

Artículo 167: Son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:

  1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

  2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia.

    Artículo 168: Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.

    De los artículos anteriormente descritos, emana la competencia de la jurisdicción agraria para conocer el Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario cuando las demandas sean contra los Entes Estatales Agrarios; igualmente se desprende de los mismos, la atribución de competencia de esta jurisdicción al conocimiento de todas las acciones que por cualquier motivo sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria; e igualmente que los Tribunales Superiores Regionales Agrarios por la ubicación del inmueble son competentes para conocer de las demandas contra los entes agrarios como Tribunales de Primera Instancia.

    Por su parte, la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, en cuanto a este punto, en fecha 09-05-2006, expediente Nº 05-1416, con ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa estableció:

    De la norma transcrita, esta Sala infiere que la competencia atribuida en el primer grado de jurisdicción a los tribunales superiores regionales agrarios, es para el conocimiento de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios emanados de un ente agrario.

    Por su parte, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su artículo 7, estatuye: “Se entiende por acto administrativo, (…), toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los órganos de la Administración Pública”. Utilizando este concepto en la esfera agraria se define el acto administrativo agrario como toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley Agraria por los entes agrarios.

    Omisis…

    (…) la relación existente entre las partes en el caso que se examina, surge de un contrato de arrendamiento en el que la parte demandante (LA CASA S.A.) da en arrendamiento a la parte demandada (BLOGUAMA), las instalaciones que conforman la Planta de Silos “Turén I” ubicada en el Estado Portuguesa para el acondicionamiento, almacenaje y procesamiento de productos agrícolas, según se desprende del folio siete del expediente. Por lo que el contrato in commento no se enmarca dentro de la definición de lo que es un acto administrativo agrario, sino como una relación contractual entre un ente agrario y un particular, donde el ente en cuestión no ha emitido declaración alguna que se pueda calificar como un acto administrativo agrario. En consecuencia, la causa deberá regirse por el procedimiento ordinario agrario, pautado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide. (Negrillas de la Sala)”.

    Ahora bien, el presente caso lo constituye una solicitud de medida cautelar, en la cual el solicitante manifestó “que en fecha 24 de abril de 2009, el INTI inició Procedimiento Administrativo tendiente a la Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas sobre el referido predio, realizando el informe técnico a tenor de lo pautado en el Artículo 36 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”; es decir solo existe el inicio del procedimiento administrativo, más no existe una declaración de carácter general o particular emitida por el INTI de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley Agraria, por lo tanto es este Juzgado el competente para conocer de la presente solicitud.

    En razón de lo anteriormente expuesto, este Tribunal para decidir en cuanto a la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCION AGROALIMENTARIA, previamente hace las siguientes consideraciones:

    Sobre la base de las palabras del maestro A.C., quien señala sobre el derecho Agrario:

    "Que la gestión de la agricultura vaya urgentemente regulada con una modalidad tal de convertirla en sostenible o compatible es una cosa; otra es creer que el derecho de la agricultura no sea más, principalmente, el derecho de la producción de seres vivientes vegetales o animales y que se haya convertido en un extraño derecho exclusivamente destinado a la protección de la integridad y sanidad ambiental"

    En razón de esta consideración, es de traer a colación y sobre las palabras del maestro A.C., que resulta para este tribunal un hecho notorio que sobre el predio en cuestión existe una producción A.V., proyectada a la satisfacción de la producción agroalimentaria por cuanto en fecha 30/07/2009, se trasladó al inmueble denominado Finca “LA PORFIA”, ubicado en el sector El Toreño, Parroquia Alto Barinas, Municipio Barinas, del Estado Barinas, constante aproximadamente de CIENTO OCHENTA Y DOS HECTAREAS CON CINCO MIL CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS (182 has con 5180 M2), alinderadas de la forma siguiente: NORTE: Hotel P.P. y Carretera Barinas-san Silvestre; SUR: Agropecuaria Chaparral; ESTE: Aserradero San Pedro, UNEFA y carretera Barinas-el Toreño; y OESTE: Agropecuaria La Chicharra y cuyas coordenadas en el sitio donde se constituyó son las siguientes: N: 947971, E: 366636, a objeto de dejar constancia sobre los particulares contenidos en la solicitud, se pudo constatar que el tipo de explotación del predio, es A.V., desarrollando el rubro maíz en aproximadamente ciento veinte hectáreas (120 has), que corresponden a la totalidad de las partes altas que tiene la finca, ya que aproximadamente unas sesenta y ocho hectáreas (68 has), corresponden a las partes bajas del predio (bajíos y esteros), y a los bosques de galería de ambas márgenes del c.E.B.. El cultivo de maíz se encuentra sembrado en varios lotes, encontrándose el lote de menor data en la etapa de espiga y el de mayor data en la etapa de polinización, es decir que tiene una edad que oscila entre cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) días de sembrado. Esta siembras de maíz se alterna en sus respectivos ciclos con la siembra de sorgo y una vez cosechado cada rubro, se les facilita a las fincas vecinas el pastoreo para que sus ganados consuman los residuos post-cosecha, actividad esta que en este periodo deja de hacerse por cuanto estos residuos van a ser transformados por la empresa alba, para la preparación de bolos alimenticios suministrados por estas a ganados tabulados; igualmente se observó que el predio no tiene actividad agrícola animal alguna, aun cuando cuenta con instalaciones para el aprovechamiento ganadero.

    También considera conveniente esta Juzgador señalar el criterio doctrinario, según el cual las Medidas Cautelares tiene su razón de ser puesto que;…..

    Son un instrumento que sirve para evitar ese PELIGRO de que la Justicia pierda o deje en el camino su eficacia, sin la cual, por supuesto, deja de ser justicia….

    C.C.M..

    Ante la inexistencia de una mensura exacta de la reserva necesaria de cultivo en el Estado Barinas, que sea considerada como una limitante al sector productivo, y cumpliendo con el deber patriótico establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el sustento de la Nación, por cuanto la conservación y uso sustentable de la biodiversidad es una necesidad impostergable, pero a qué costo se estaría violentando o vulnerando los derechos de la Nación, si estas áreas en pleno desarrollo energético y de seguridad nacional son usadas u ocupadas por manos o personas sin conocimiento alguno, poniendo así en riesgo no solo sus vidas sino la de toda la colectividad.

    En tal virtud y por las razones expuestas este Tribunal del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, considera necesario transcribir parcialmente, los Artículos 163 y 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en concordancia con el Artículo 305 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que establece:

    Artículo 163. En todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:

  3. La continuidad de la producción agroalimentaria.

  4. (…)

  5. La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

    A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento contenida en el presente Decreto Ley, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda. (Negritas del Tribunal)

    Artículo 207. El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional

    .

    Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, (AMV Venezuela Legal) pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiera, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola

    .

    De conformidad con los artículos anteriormente transcritos y en uso a la facultad protectora del Interés Público que el Estado ha confiado a los operadores de Justicia, este Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA, en favor del predio rústico denominado “LA PORFIA”, ya que en dicho predio existe una producción A.V., desarrollando el rubro maíz en aproximadamente ciento veinte hectáreas (120 has), que corresponden a la totalidad de las partes altas que tiene la finca, ya que aproximadamente unas sesenta y ocho hectáreas (68 has), corresponden a las partes bajas del predio (bajíos y esteros), y a los bosques de galería de ambas márgenes del c.E.B.. El cultivo de maíz se encuentra sembrado en varios lotes, encontrándose el lote de menor data en la etapa de espiga y el de mayor data en la etapa de polinización, es decir que tiene una edad que oscila entre cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) días de sembrado. Esta siembras de maíz se alterna en sus respectivos ciclos con la siembra de sorgo y una vez cosechado cada rubro, se les facilita a las fincas vecinas el pastoreo para que sus ganados consuman los residuos post-cosecha, actividad esta que en este periodo deja de hacerse por cuanto estos residuos van a ser transformados por la empresa alba, para la preparación de bolos alimenticios suministrados por estas a ganados tabulados; igualmente se observó que el predio no tiene actividad agrícola animal alguna, aun cuando cuenta con instalaciones para el aprovechamiento ganadero.

    Así por ello este Tribunal manifiesta conforme a lo señalado en el Articulo 254 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que se encuentra ampliamente facultado para dictar las medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo.

    Ya que señala que:

    El Juez Agrario podrá dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo, las cuales tendrán por finalidad la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, las utilidad pública de las materias agrarias, así como también la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables

    .

    Prescindiendo de cualquier otra consideración en cuanto a la solicitud planteada se puede inferir el cumplimiento de los dos extremos que concurrente y obligatoriamente se imponen, como son:

    1. El denominado FUMUS B.I. o presunción y apariencia de buen derecho, que se manifiesta en acreditar por parte de los actores de los elementos que permitan deducir su titularidad legitima para el cual invoca protección agroalimentaria;

    2. El denominado PERICULUM IN MORA, es decir, el peligro de que quede ilusoria o de imposible reparación, así mismo aunado a esto se observa el denominado PERICULUM IN DAMNI, es decir, el fundado temor de daño inminente, o de continuidad de la lesión de no lograrse la extracción de la producción agrícola.

    En razón de lo dispuesto y a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agroalimentaria desarrollada en el predio anteriormente descrito:

    A los fines de que se dé cumplimiento ESTRICTO a la medida cautelar acordada en pro de la protección agroalimentaria, en el predio rustico denominado “LA PORFIA”, ubicado en el sector El Toreño, Parroquia Alto Barinas, Municipio Barinas, del Estado Barinas, constante aproximadamente de CIENTO OCHENTA Y DOS HECTAREAS CON CINCO MIL CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS (182 has con 5180 M2), alinderadas de la forma siguiente: NORTE: Hotel P.P. y Carretera Barinas-san Silvestre; SUR: Agropecuaria Chaparral; ESTE: Aserradero San Pedro, UNEFA y carretera Barinas-el Toreño; y OESTE: Agropecuaria La Chicharra, se ordena librar los oficios que a continuación se indican:

  6. AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS y AL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL DE TIERRAS DEL ESTADO BARINAS, participándole de la medida decretada y solicitando su colaboración en el sentido de velar por la producción agroalimentaria del predio rústico conocido como “LA PORFIA”, Igualmente, resulta propicia la ocasión, en aras de la colaboración solicitada, hacerle saber que los ciudadanos: EBERTHS CARABALLO Y ALELANDRO GOMEZ, en su carácter de Coordinador Nacional de Asuntos Judiciales del INTI y Consultor Jurídico Nacional (adj) INTI, mediante oficio sin número y sin fecha, recibido en este tribunal en fecha 08-03-2007, en el expediente N° 4815, del juicio de Interdicto de Amparo, intentado por el ciudadano R.B., en contra de A.M., nos participaron: “……me permito recordarle que cualquier acción y/o omisión que conlleve posibles paralizaciones del mantenimiento de la seguridad agroalimentaria, partiendo del hecho cierto que dicha actividad debe de entenderse como materia de soberanía nacional, y privarán sobre cualquier disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre el ámbito agrario; sin perjuicio que en los actuales momentos existe emergencia a nivel nacional de alimentos provenientes de actividad pecuaria.

    Por otra parte (…) el Juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, debiendo actuar dirigido a la NO interrupción de la producción agraria, cesando cualquier amenaza de paralización de la misma”

  7. AL COMANDANTE DEL DESTACAMENTO N° 14 DE LA GUARDIA NACIONAL, con sede en esta ciudad de Barinas, participándoles la medida acordada sobre el predio rústico conocido como “LA PORFIA” y solicitando su colaboración a objeto de no poner en riesgo la producción del predio antes mencionado, en el sentido de velar por la protección agroalimentaria que allí se desarrolla, e igualmente, de ser necesario, intervengan de manera inmediata a través de sus efectivos militares a objeto de cumplir con la medida aquí decretada, en caso de que se presente una amenaza o situación de invasión en los potreros de la mencionada finca, para que las personas sean conminadas a desocupar el predio, todo ello con el propósito de no poner en riesgo la producción del predio.

  8. A LA DEFENSORÍA PUBLICA AGRARIA DEL ESTADO BARINAS, participándole de la medida decretada y solicitando su colaboración en el sentido de velar por la producción agroalimentaria del predio rústico conocido como “LA PORFIA”. Igualmente, resulta propicia la ocasión, en aras de la colaboración solicitada, hacerle saber que los ciudadanos: EBERTHS CARABALLO Y ALELANDRO GOMEZ, en su carácter de Coordinador Nacional de Asuntos Judiciales del INTI y Consultor Jurídico Nacional (adj) INTI, mediante oficio sin número y sin fecha, recibido en este tribunal en fecha 08-03-2007, en el expediente N° 4815, del juicio de Interdicto de Amparo, intentado por el ciudadano R.B., en contra de A.M., nos participaron: “……me permito recordarle que cualquier acción y/o omisión que conlleve posibles paralizaciones del mantenimiento de la seguridad agroalimentaria, partiendo del hecho cierto que dicha actividad debe de entenderse como materia de soberanía nacional, y privarán sobre cualquier disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre el ámbito agrario; sin perjuicio que en los actuales momentos existe emergencia a nivel nacional de alimentos provenientes de actividad pecuaria.

    Por otra parte (…) el Juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, debiendo actuar dirigido a la NO interrupción de la producción agraria, cesando cualquier amenaza de paralización de la misma”

  9. A LA GOBERNACION DEL ESTADO BARINAS, participándole la medida acordada sobre el fundo denominado “LA PORFIA” y solicitando su colaboración en el sentido de que gire instrucciones a la SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO para que colabore en la protección agroalimentaria que se desarrolla en el predio, e igualmente, de ser necesario, intervengan de manera inmediata a través de sus funcionarios a objeto de cumplir con la medida aquí decretada, en caso de que se presente una amenaza o situación de invasión en los potreros de la mencionada finca, para que las personas sean conminadas a desocupar el predio, todo ello con el propósito de no poner en riesgo la producción del mismo.

    PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJENSE LAS COPIAS DE LEY.

    Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los Quince (15) días del mes de J.d.A.D.M.N. (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

    Abg. J.G.A.P.

    JUEZ.

    Abg. J.W.S.P.

    SECRETARIA.

    En la misma fecha se libraron oficios Nros: 723 al 727. Se publicó la anterior Sentencia, siendo las 12:50 p.m., y se ordenó el correspondiente registro del mismo. Conste.

    Scría.

    JGAP/JWSP/nh.

    Exp. N° 5.183.

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