Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Protección del Niño y el Adolescente de Yaracuy, de 14 de Enero de 2011

Que promueve Contrato de Arrendamiento suscrito entre su representado y el ciudadano E.L..

Que promueve planilla sucesoral emanada por el departamento de sucesiones del Estado Yaracuy, expediente Nro 006.

Que promueve marcado “A” bauche Nro 0011912515, (folio 56) de Cheque de Gerencia a favor de la ciudadana H.M.A., copropietaria o heredera del inmueble.

Que promueve siete (07) Bauche marcado “A”, “B”, “C” (folio 57); “D”, “E” y “F” (folio 58); y “G” (folio 59) de la entidad bancaria Banco de Venezuela correspondiente a depósitos realizados a cuenta de ahorro, al pago de canon de arrendamiento.

Que promueve tres (3) recibos de pagos, (folios 59 y 60) marcados “A”, “B” y “C”, por concepto de canon de arrendamiento por locales comerciales arrendados de mutuo acuerdo a los ciudadanos : M.Á.R. y A.I.M..

CAPITULO SEGUNDO.

Que promueve la testimonial del ciudadano J.A.M.A., copropietario del inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

Que solicita que las pruebas sean admitidas y declaradas con todo su valor probatorio en la definitiva y se declare Sin Lugar la presente demanda.

De la sentencia apelada.

El cual se escribe textualmente:

CAPITULO PRIMERO

NARRATIVA

La presente acción fue incoada por la ciudadana: M.A., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.026.053, asistida por la abogada: J.P., titular de la cédula de identidad Nº V- 11.646.568, respectivamente, de este domicilio, exponiendo que es co-propietaria, según se desprende de planilla sucesoral que acompaña marcada “A”, de un inmueble ubicado en la avenida 8 entre calles diez (10) y avenida Bolívar, frente al hotel y pensión “D.I.”, sector “El Mamón”, del municipio Nirgua, estado Yaracuy, conjuntamente con los ciudadanos: M.H.A., V.A.M.A. Y J.A.M.A., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V- 5.378.741, V- 15.457.026 y 15.722.489 respectivamente, con domicilio la primera en Valencia, estado Carabobo y los restantes en este municipio. Que es el caso que mediante documento público otorgado, en fecha 18 de agosto de 2009, por ante la Notaría Pública de este Municipio, bajo el N° 25, tomo 11 de los Libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, V.A.M.A., antes identificado, actuando como “Arrendador”, suscribió contrato de arrendamiento, con el ciudadano: E.R.L.N., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.368.656 y de este domicilio, sobre el inmueble antes referido. Que en la primera cláusula del referido contrato, el referido Arrendador se subrogó un derecho inexistente como propietario absoluto del inmueble, lo que acarrea nulidad absoluta de dicho contrato, por no tener éste la cualidad que se atribuye. Que el uso y destino dado al inmueble es tan amplio y ambiguo que el arrendatario lo destinó para establecer un prostíbulo, uso bochornoso con el cual no está de acuerdo porque atenta contra la moral y las buenas costumbres, porque en ningún momento autorizó la celebración de dicho contrato, ni mucho menos el destino que se le está dando al inmueble objeto del contrato y concluye demandando la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento referido, la desocupación del inmueble, medida de secuestro y condenatoria en costas procesales. Pidió la citación del demandado ciudadano: V.A.M.A., antes identificado.

No indicó los fundamentos legales de la acción ni las pertinentes conclusiones.

Estimó la acción en la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000), equivalente a 461.538462 U.T.

Dada la cuantía de la acción y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo dos (2) de la Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 2009- 0006, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.952 de fecha dos (2) de Abril de 2009, se admitida la presente demanda (folio 14), por el procedimiento breve, previsto en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se ordenó la comparecencia del demandado para que compareciera al segundo (2°) día de despacho siguiente a su citación a dar contestación a la demanda. Corre del folio 18 al 36 actuaciones realizadas por el tribunal y la parte actora tendentes a la citación del demandado.

Al folio 37, compareció el demandado y otorgó poder apud acta a los Abogados: R.O. Y D.Z., titulares de las cédulas de identidad N° V-7.594.245 y V-8.515.472, I.P.S.A. N° 55.140 y N° 56.264 respectivamente, ambos de este domicilio.

Del folio 38 al 44 corre manuscrito de contestación presentado por la apoderada judicial del demandado abogada: R.O., en el cual expone: Que es cierto que su representado suscribió el contrato de arrendamiento referido. Que es cierto que la demandante, su representado y los ciudadanos M.H.A. Y J.A.M.A., son copropietarios del inmueble objeto del contrato de arrendamiento referido.

Que no es cierto que su mandante se haya subrogado un derecho inexistente de propietario absoluto del inmueble pues en el contrato de arrendamiento referido se le menciona como arrendador. Que su representado arrendó el inmueble de marras con el consentimiento verbal de todos sus copropietarios. Que las copropietarias M.A. y M.H.A., reciben o recibieron a través de depósitos bancarios que les hizo su representado, lo correspondiente por depósito y cánones de arrendamiento. Que el contrato de arrendamiento al cual se refiere la demanda expiró el día 15 de agosto del año en curso y que el arrendatario le hizo, a su patrocinado, la entrega del inmueble y que por tanto no hay contrato que anular, por lo que pide se declare sin lugar la demanda. Quedando así trabada la litis.

CAPITULO SEGUNDO

MOTIVACIÓN

La presente acción persigue el interés de la demandante de que se declare la NULIDAD del contrato de arrendamiento suscrito entre V.A.M.A. y E.R.L.N., antes identificados, por ante la Notaría Pública de este Municipio, en fecha 18 de agosto de 2009, bajo el N° 25, tomo 11 de los Libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, bajo el argumento de que el mismo se celebró, diciendo obrar el demandado como propietario, sin el consentimiento de la demandante y para un objeto ambiguo que permite que el arrendatario lo utilice para usos deshonestos.

Por su parte el demandado se excepcionó alegando que reconoce que la actora y la ciudadana: M.H.A., junto con él son los copropietarios del inmueble objeto del contrato cuya nulidad se pretende. Que celebró el contrato de arrendamiento referido con consentimiento de las demás copropietarias. Que éstas han recibido depósito y cánones de arrendamiento. Que el contrato ya feneció y le fue entregada la casa por el arrendatario y que por tanto no hay contrato que anular.

Al respecto se observa que la acción se centra en la petición de nulidad de un documento público, que lo es el contrato de arrendamiento suscrito por los ciudadanos: V.A.M.A. y E.R.L.N., en fecha 18 de agosto de 2009, por ante la Notaría Pública de este Municipio, quedando anotado bajo el N°25, tomo 11 de los Libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, actuando el primero de los nombrados como “Arrendador” y el segundo como arrendatario, por alegar la demandante que siendo ella copropietaria del inmueble no consintió en ello y que el arrendatario destina el inmueble objeto del contrato para usos deshonestos por lo ambiguo de la cláusula de uso, y que para ello el ordenamiento jurídico venezolano vigente tiene previsto sólo la acción de tacha instrumental, la cual puede ejercerse por vía principal o reargüirse incidentalmente como falso, tal como lo contempla el artículo 1.380 del Código Civil establece: “…El instrumento Público o que tenga las apariencias de tal puede tacharse con acción principal o reargüirse incidentalmente como falso, cuando se alegare cualquiera de las siguientes causales: 1.- Que no ha habido intervención del funcionario público que aparezca autorizándolo, sino que la firma de éste fue falsificada. 2.- Que aún cuando sea auténtica la firma del funcionario público, la del que apareciere como otorgante del acto fue falsificada. 3.- Que es falsa la comparecencia del otorgante ante el funcionario, certificada por éste, sea que el funcionario haya procedido maliciosamente o que se le haya sorprendido en cuanto a la identidad del otorgante. 4.- Que aún siendo auténtica la firma del funcionario público y cierta la comparecencia del otorgante ante aquél, el primero atribuya al segundo declaraciones que éste no ha hecho; pero esta causal no podrá alegarse por el otorgante que haya firmado el acta, ni respecto de él. 5.- Que aún siendo ciertas las firmas del funcionario y del otorgante, se hubiesen hecho con posterioridad al otorgamiento, alteraciones materiales en el cuerpo de la escritura capaces de modificar su sentido o alcance.

Esta causal puede alegarse aún respecto de los instrumentos que sólo aparezcan suscrito por el funcionario público que tenga la facultad de autorizarlos. 6.- Que aún siendo ciertas las firmas del funcionario y los otorgantes, el primero hubiese hecho constar falsamente y en fraude de la Ley o perjuicios de terceros, que el acto se efectúo en fecha o lugar diferentes de los de su verdadera realización.

Por lo que al no haber fundado la actora su acción en alguna de las causales previstas en el referido artículo, resulta inoficioso para el tribunal proceder a valorar las pruebas promovidas y evacuadas por las partes, por lo que la presente acción no puede prosperar y así se decidirá en la definitiva de este fallo.

CAPITULO TERCERO DISPOSITIVA

En fuerza de las anteriores consideraciones este Juzgado del Municipio Autónomo Nirgua, Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la presente acción de nulidad de documento público por no haberse interpuesto la acción por alguna de las causales previstas en el artículo 1.380 del Código Civil

Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida totalmente.

Publíquese, Regístrese y Déjese copia.

De los razonamientos de este Juzgador Superior:

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo del veintinueve (29) de junio de 2.006, Sentencia N° 01691, con ponencia de la Magistrada Doctora Y.J.G., ratifica el contenido de la Sentencia N° 00365, de fecha veintiuno (21) de abril de 2.004, dictada por esa misma Sala, en la que sostiene la tesis, de que la cualidad de las partes reviste un carácter de eminente orden público, cuyo examen deben realizarlo de oficio los Jueces, y en tal sentido reitera que:

… Visto lo anterior, es importante clarificar que a pesar que lo concerniente a la falta de cualidad es una defensa de fondo a ser esgrimida por el demandado (supuesto que no ocurrió en el asunto tratado), no es menos cierto, que ha sido criterio de esta Sala (entre otras la sentencia N° 336 de fecha seis (06) de marzo de 2.003, caso: E.L.), que la materia de la cualidad reviste un carácter de eminente orden público, lo que evidentemente hace indispensable su examen por parte de los jueces en aras de garantizar una sana y correcta administración de justicia. Sumado a esto se deben recordar las amplias facultadas inquisitivas del Juez Contencioso Administrativo, quien sustituir los alegatos de las partes, debe velar por la legalidad de las actuaciones de las distintas autoridades públicas, de allí que resulta ineludible para esta Sala observar la omisión en que incurrió el accionante al no demandar conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela, a la empresa Group Img Lider, 3801 C.A Administradora De Sistema De Salud, lo que es causa suficiente, para que dada las apreciaciones realizadas precedentemente, sin conocer el mérito de la causa, se declare improcedente la demanda interpuesta. Así se decide. (…)

Jurisprudencia Ramírez & Garay, pagina 555 y 556”

En ese sentido, este Juzgador debe precisar si los ciudadanos V.A.M.A., demandado de auto y E.R.L.N., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero 10.368.656, se encuentran vinculados por una relación sustancial única, es decir, el hecho de ser partes vinculadas en el contrato de arrendamiento que suscribieron en fecha 15 de agosto del 2009 hasta el 15 de agosto de 2010 tal y como lo establecieron en la cláusula numero segunda de dicho contrato y que demandaron su nulidad, de modo que cualquier modificación sustancial al estado de arrendatario y arrendador de dichos ciudadanos debe operar frente a ambos, por cuanto mal podría pretenderse la ejecución de una sentencia sobre una persona que no es parte, ya que de prosperar la acción de nulidad de contrato de arrendamiento y aun mas cuando la parte actora pidió la desocupación del inmueble lo cual iría en contravención del principio del derecho a la defensa del arrendatario contra quien obraría dicha ejecución indirectamente porque sería desalojado sin defenderse.

La Sala constitucional en la decisión de fecha 14 de abril de 2003 expediente 02-1597 estableció lo siguiente:

….El juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.-….

.omissis….”La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella, le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas en las cuales ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial…..”

Ahora bien, veamos si estamos en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario. Este concepto se alude a la existencia de una pluralidad de partes en el proceso, bien en la posición de demandante, bien en la de demandado, pero existiendo una única pretensión lo que diferencia a este concepto de los supuestos de acumulación de procesos.

Conforme a reiterados criterios jurisprudenciales el litisconsorcio se da cuando la sentencia que recaiga en el pleito afectará inexcusablemente a personas no llamadas al mismo como seria en este caso al ciudadano E.R.L.N. quien suscribió de buena fe el contrato de arrendamiento objeto de este juicio, de tal suerte que cuando, dada la naturaleza de la relación jurídico material controvertida, la resolución pueda afectar a aquéllos, su presencia en la litis será necesaria.

En la práctica, la mayoría de supuestos atañen al litisconsorcio pasivo, pero puede ser también activo, que se producirá cuando la legitimación para el ejercicio de la pretensión corresponda, conjuntamente, a varias personas. Veamos un ejemplo; cuando se reclama por un tercero la nulidad de una compraventa, sin demandarse a la persona que aparece como vendedor, o como comprador no obstante darse la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, no puede dictarse sentencia que declarare la nulidad, porque no han sido llamados a juicio todos los que tienen interés en el mismo, ya que las partes vendedora y compradora, se encuentran vinculadas en la relación jurídica que generó el contrato y su protocolización, por lo que no sería posible decretar la nulidad únicamente respecto de la compradora, única llamada a juicio, debiéndose, por ende, dar oportunidad de intervenir a todos en juicio, para que así puedan hacer valer las defensas pertinentes y puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que sobre el particular llegara a dictarse, porque si se pronunciara sentencia con relación a una sola persona, no tendría por sí misma ningún valor, ni podría resolver legalmente la litis. Estas circunstancias llevan a considerar que el tribunal de alzada puede de oficio analizar si se llamó a juicio a los integrantes del litisconsorcio pasivo necesario, a fin de resolver lo conducente, aun cuando nada se alegue sobre el particular.

Como acabamos de indicar normalmente la necesidad del litisconsorcio viene dada por la indivisibilidad de la relación jurídico material debatida en el proceso, pero en ocasiones viene exigida por una norma positiva, como ocurre en los supuestos de obligaciones indivisibles o en las tercerías. La falta de litisconsorcio pasivo necesario puede ser excepcionada por los demandados, pero puede ser también apreciada de oficio por el Tribunal. En nuestro ordenamiento jurídico específicamente en las normas adjetivas en los artículos 146….” Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a. Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b. Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetos a una obligación que derive del mismo título; c: 1°2°3° del artículo 52….” (Negritas del Tribunal)

Articulo 148 se establece lo siguiente: “Cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, o cuando el litisconsorcio sea necesario por cualquier otra causa, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún termino o que hayan dejado transcurrir algún plazo” (Negritas del Tribunal).

Con relación al tema debemos citar la jurisprudencia producida por la Sala de Casación Civil de fecha 30 de abril de 2002 en el expediente 01-145 sentencia 223.

La Sala para resolver, observa:

Del estudio detenido que se ha efectuado de la denuncia planteada la Sala, estima pertinente citar su propia doctrina sobre la materia de litis consorcio. En este sentido, en la decisión N°.132 de fecha 26 de abril de 2000 en el expediente N°99-418, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, en el juicio de G.L. contra L.P.M. y Otros, se expresó:

...Se acusa la infracción de los artículos 146, 147 y 148 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación.

La delación de los citados artículos, contiene la figura procesal de litisconsorcio, sobre esta materia la Sala ha dejado establecido:

‘Llámese al litisconsorcio necesario cuando una sola causa o relación sustancial con varias partes sustanciales activas o pasivas, que deben ser llamadas todas a juicio para integrar debidamente el contradictorio, pues las cualidades activas o pasiva, no reside plenamente en cada una de ellas…..

Entonces tenemos que el contrato de arrendamiento fue suscrito entre V.A.M.A., demandado de auto y E.R.L.N., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero 10.368.656, tal como lo manifestó el actor sin su consentimiento y que dicho contrato fue agregado a los folios 7al 9 y sus vueltos, y consta en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica del Municipio Nirgua del Estado Yaracuy de fecha dieciocho (18) de Agosto de 2009 quedando inscrito bajo el numero 25, tomo 11, documento este que no fue tachado en su oportunidad por lo tanto se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del código de procedimiento civil en concordancia con el artículo 1359 del cogido civil, ahora bien es evidente que ambas partes del contrato de arrendamiento están unidas por un litis consorcio pasivo necesario de conformidad con los artículos 146 y 148 del código de procedimiento civil ya que como se dijo anteriormente la sentencia va a recaer sobre todos los litisconsortes y se hace indispensable que cualquier acción que haya en contra o a favor tiene que ser por las dos personas.

Ahora bien la parte actora la ciudadana M.A., venezolana, mayor de edad, domiciliada en v.E.C. y aquí de transito, titular de la cédula de identidad número 7.026.053, asistida por la abogada J.P., con I.P.S.A N°86.292, demandó por nulidad de contrato de arrendamiento al ciudadano V.A.M.A. y no demando como consta en auto al ciudadano E.R.L.N., venezolano, titular de la cedula de identidad numero 10.368.656, produciéndose una ilegitimacion ad causam del demandado por cuanto ambos ciudadanos conforman un litisconsorcio pasivo necesario ya que la pretensión del actor es la nulidad del contrato de arrendamiento suscrito por ambas partes y la posterior desocupación del inmueble y por lógica razón la sentencia que pudiera recaer en este caso sin ser llamado el arrendador pudiera constituir una violación flagrantemente del derecho a la defensa y a la tutela judicial por lo que forzosamente debe ser sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e inadmisible la pretensión por nulidad de contrato de arrendamiento como será decidido en la parte dispositiva de esta sentencia y así se decide.

Finalmente como ha prosperado la falta de cualidad pasiva por no conformarse el litis consorcio pasivo necesario y la misma lleva como consecuencia la inadmisibilidad de la pretensión del actor considera y así se decide que es innecesario el estudio del fondo de la causa.

Decisión.

En mérito de las razones expuestas este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de noviembre del 2010, por la abogado J.P., apoderada judicial de la ciudadana M.A., parte actora contra la sentencia dictada en fecha 25 de noviembre de 2010, por el Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, que declaró sin lugar el juicio de Nulidad de contrato de arrendamiento.

Como consecuencia se declara inadmisible la pretensión por nulidad de contrato de arrendamiento por falta legitimación ad-causam pasiva por no haberse conformado un litis consorcio pasivo necesario.

Se condena en costas procesales de acuerdo al artículo 281 del código de procedimiento civil a la parte apelante.

Queda modificada la sentencia del a-quo en los términos aquí expuestos.

Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los catorce (14) días del mes de Enero del año dos mil once. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

El Juez Superior,

Abg. E.J.C.C..

La Secretaria,

Abg. L.V.M.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las tres y veinticinco de la tarde (3:25 pm).

La Secretaria,

Abg. L.V.M.