Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Julio de 2010

En fecha 4 de noviembre de 2008 se le dio entrada al presente asunto penal por ante el Tribunal Primero de Control de la Extensión San A.d.C.J.P.d.E.T..

En fecha 5 de noviembre de 2008, se realizó la audiencia de calificación de flagrancia e imposición de medida de coerción, en donde se resolvió lo siguiente: 1.- CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de los ciudadanos J.A.G.G. y C.C.S., por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley. 2.- SE DECRETA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO conforme al articulo 373 Ejusdem. 3.- Se decreta Medida Cautelar Sustitutiva conforme al articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, presentaciones cada ocho (8) días y presentación de un custodio.

En fecha 17 de septiembre de 2009, el Tribunal de Primero de Control resolvió lo siguiente: En esta misma fecha se da inicio a la audiencia especial de 313 solicitada por la defensora pública, decretando el tribunal: PRIMERO: SE FIJA COMO PLAZO AL FISCAL VIGESIMO CUARTO DEL MINISTERIO PUBLICO PARA CONLUSION DE LA INVESTIGACION, EL DE 60 DIAS CONSECUTIVOS, contados a partir del día siguiente a la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Con la lectura de la presente acta quedaron notificadas las partes y se ordena la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público.

En fecha 18 de febrero de 2010, se realizó la Audiencia Preliminar en la presente causa en donde el Tribunal Primero de Control resolvió lo siguiente: PUNTO PREVIO: DECLARA SIN LUGAR, la solicitud de nulidad y desestimación de la acusación efectuada por la defensa. 1.- ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN contra J.A.G.G. y C.C.S., por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, 2.- ADMITE TOTALMENTE las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, 3.- DECRETA LA APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO, 4.- Amplia las presentaciones a cada 45 días a los acusados y en cuanto al lugar de las presentaciones, el Tribunal acuerda resolver por auto separado lo conducente.

En fecha 4 de marzo de 2010, se le dio entrada a la presente causa por ante este Tribunal Primero de Juicio.

En fecha 11 de marzo de 2010, se resolvió lo siguiente: En audiencia de la misma fecha, se trasladó y constituyó este Tribunal en la Oficina de Participación Ciudadana, ubicada en la misma sede de esta Extensión Judicial Penal; a los fines de dar inicio al acto de Sorteo de Escabinos. Seguidamente se verifica la presencia de las partes, presentes la T. S. U. A.N., encargada de la Oficina de Participación Ciudadana, de la representante del Ministerio Público Abg. Y.E.P.A., más no así de los acusados y de la Defensora, no obstante de librarse la respectiva boleta, cuyas resultas a la fecha no cursan en autos. Consta en el Acta de Sorteo N° 467 en este mismo acto se fija Audiencia de Depuración y Constitución de Tribunal Mixto para el día 17/03/2010 A LAS 10:00 AM.

En fecha 25 de marzo de 2010, en audiencia de la misma fecha, en la Sala número 01 de esta Extensión Judicial, se procede a llevar a cabo la audiencia para la constitución y depuración del Tribunal Mixto en el presente asunto, dejándose constancia de la no comparecencia de la defensa, ni del Fiscal del Ministerio Público, ni los imputados; así mismo se deja constancia de la comparecencia de la candidata a escabino S.D.D.M., Venezolana, mayor de edad titular de la cedula de identidad N° V-12.518.529; quien no reúne los requisitos como escabino, conforme al articulo 151 ordinal 3° del Código orgánico Procesal Penal, el Juez decide: 1. Declarar desierto el acto de constitución de escabinos en el presente acto. 2. Solicitar a la oficina de participación Ciudadana de esta Extensión Judicial del Circuito nueva lista de escabinos. 3.- Se fija para el Tercer día hábil, sorteo de escabinos.

En fecha 06 de Abril de 2010, siendo las 12:00 horas de la mañana, trasladado y constituido este Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Extensión San Antonio, a cargo del Abg. H.E.C.G.; la Secretaria, Abg. C.B. y el Alguacil de Sala, en la Oficina de Participación Ciudadana, ubicada en la misma sede de esta Extensión Judicial Penal; a los fines de dar inicio al acto de Sorteo de Escabinos a la que se refiere el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal. Previa verificación de la notificación a las partes, se realizó el Sorteo de los candidatos que han ser Escabinos en la presente causa, en Sesión Pública tal y como consta en el Acta de Sorteo N° 475 de esta misma fecha, realizado según Manual de SORCIR WEB, en donde se hace referencia de los nombres y direcciones de la lista que se refiere al artículo 155 ejusdem, encontrando el Tribunal pertinente reservar dicha información en carpeta aparte, con el objeto de preservar la incolumidad de la misma, procediendo en este mismo acto a fijar Audiencia de Depuración y Constitución de Tribunal Mixto para el día 20 DE ABRIL DE 2010 A LAS 9:00 HORAS DE LA MAÑANA.

En fecha 20 de abril de 2010, se acordó designar como escabino principal a la ciudadana IXARIERY G.V., titular de la cédula de identidad N° V-14.984.644, cumplen con lo requisitos exigidos por el código Orgánico Procesal Penal. Designar como escabino principal al ciudadano G.G.H., titular de la Cédula de identidad N° V-9.189.724 quien cumple con lo requisitos exigidos por el código Orgánico Procesal Penal. Designar como escabino suplente al ciudadano C.A.C., titular de la cédula de identidad N° V-3.064.008 quien cumple con lo requisitos exigidos por el código Orgánico Procesal Penal. Constituido como se encuentra el tribunal mixto Se fija Juicio oral y público para el día VIERNES 07 DE MAYO DE 2010 A LAS 09:00 DE LA MAÑANA.

Se dio comienzo a la audiencia de juicio oral y público en fecha 17 de junio de 2010, continuándose en fecha 1 de julio de 2010, 12 de julio de 2010 y 16 de julio de 2010.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Previamente, es necesario establecer que este Tribunal somete su actividad al ejercicio jurisdiccional dentro del marco de la ley y el derecho, con el respeto debido a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, y en acatamiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a las sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a lo dispuesto en los artículos 7 y 335 del texto constitucional.

Dentro de este marco, es necesario considerar la función del Tribunal de Juicio, como garante de la constitucionalidad y de la ley en la fase juicio oral del proceso penal establecido en Venezuela, debiendo acreditar ante todo la fiel observancia de los principios pro humanitas que infunden el paradigma del Estado Social, democrático, de derecho y de justicia, en la visión moderna de la aplicación de la justicia, mediante la tutela real y efectiva de los derechos de todos, sin privilegios y en igualdad de condiciones.

Esto significa que el Juez debe sopesar el delicado balance entre la aplicación de la ley por parte del Estado, y el mantenimiento necesario de los derechos que son inherentes a los ciudadanos, en cuanto seres humanos, socialmente activos.

Tal labor debe realizarla en la praxis del quehacer cotidiano, inmerso en la diatriba rápida de un proceso penal dinámico, en donde confluyen diversidad de intereses, pero donde debe privar el interés supremo del descubrimiento de la verdad, a través de las vías jurídicas y la aplicación de la justicia, en franco cumplimiento a las disposiciones de los artículos 257 de la Constitución y 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

Esto lo hace dentro del principio del debido proceso, conocido por la doctrina internacional como juicio justo, rector principal de la conducta de las partes y del apego a la legalidad y a la legitimidad del proceso en cuanto tal. Y es, en el debido proceso, en donde el Juez puede regular la conducta de las partes para impedir un desapego a la viabilidad práctica del proceso, evitando las dilaciones inútiles en sus actuaciones, evitando así la incidencia de la mala fe, así como también velando porque los procesos cumplan a cabalidad con todas las condiciones necesarias para que se pueda estimar cómo válido dentro del derecho y la justicia, apartándose del positivismo a ultranza, propio de etapas del derecho ya superadas. Ello a tenor de lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cumplimiento de los f.d.E.S..

En este sentido, el apego al debido proceso implica no sólo el cumplimiento de la forma, sino también, el análisis del fondo de sustantividad esencial, que es la legitimidad y la legalidad de los actos, y lo más importante, el respeto y garantía de los derechos enunciados o no, y que son inherentes a la condición humana.

Pero, es el Juez quien controla y regula las facultades de las partes para evitar desatinos que intencionalmente o no puedan afectar el curso del proceso penal, dado el interés social del mismo.

Entonces, es preciso analizar a la luz de tales consideraciones previas, la solicitud de nulidad, planteada en el proceso, y que exige un pronunciamiento previo.

Vale afirmar, antes que nada, que el Debido Proceso o Juicio Justo, es la garantía que tiene todo ciudadano sometido a proceso y que es reconocida tanto en el ámbito nacional como en el orden internacional, como un derecho humano inviolable e indivisible, establecido en el artículo 49 de la Constitución, el cual es del tenor siguiente

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas.

Considerándose tal garantía, como la más elemental adecuación a las formas sustanciales del proceso dentro del debido respeto a los derechos humanos del ciudadano, la cual es refrendada a nivel internacional por los diferentes Convenios, Tratados y Pactos, tal como se refiere a continuación:

Declaración Universal de los Derechos Humanos.-

Artículo 10º: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Artículo 11º: “1. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en juicio público en el que hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie podrá ser condenado por actos y omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.

Declaración Americana de los Derechos Humanos.-

Artículo 18º: “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos,...”.

Artículo 26º: “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se compruebe que es culpable. Toda persona tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo a leyes pre-existentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas”.

Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.-

Artículo 14º: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil [...]. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda [...]; b. A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor de su elección [...] a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si de medios suficientes para pagarlo; e. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f. A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. [...]; 5.Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo previsto en la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada,[...]; 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley y el procedimiento penal de cada país”.

Artículo 15º: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará deello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

Requiriéndose, conforme a la misma garantía, la sumisión racional de la conducta de los órganos del Poder Público al debido proceso como garantía del respeto de los derechos fundamentales, debiendo garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por la República, todo ello muy por encima de la función que le corresponde de accionar el aparato sancionatorio del Estado.

Conforme a ello todas las actuaciones de los órganos de los Poderes Públicos deben adecuarse al respeto del principio fundamental del debido proceso, el cual según la jurisprudencia consiste en:

“Finalmente, la Sala en cumplimiento de su función pedagógica, le hace saber, al juez de la recurrida que en la sustanciación de los procesos debe tener presente la noción doctrinaria del “debido proceso”, en base al principio de que el procedimiento está establecido estrictamente en la ley y no puede ser alterado o subvertido por el juez ni las partes, ya que de no acatarse, se subvierte el orden lógico procesal…”.(TSJ- SCC, 19 de Marzo de 2003, Ponente: Carlos Oberto Velez).

Por otro lado, la jurisprudencia también señala:

Por otra parte, según la doctrina, el debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele regularse a su lado

. …”.(TSJ-SCP, 06 de Abril de 2003, Ponente: Beltran Haddad).

Asimismo, en reciente Sentencia N° 900 de fecha 30 de Mayo de 2008, emitida por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, se estableció lo siguiente:

“Respecto a la violación del derecho constitucional a la defensa, y al debido proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala ha dejado sentado en sentencia del 24 de octubre de 2001 (Caso: Supermercado Fatima, S.R.L) que: “...el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas”.

En el mismo sentido, respecto a estas garantías esta Sala en sentencia del 1° de febrero de 2001, (caso: J.P.B. y otros), dispuso lo siguiente:

El derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías, que amparan al ciudadano, y entre las cuales se mencionan las de ser oído, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un proceso debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho, la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente, la de un proceso sin dilaciones indebidas y por supuesto, la de ejecución de las sentencias que se dicten en tales procesos. Ya la jurisprudencia y la doctrina habían entendido, que el derecho al debido proceso debe aplicarse y respetarse en cualquier estado y grado en que se encuentre la causa, sea ésta judicial o administrativa, pues dicha afirmación parte del principio de igualdad frente a la ley, y que en materia procedimental representa igualdad de oportunidades para las partes intervinientes en el proceso de que se trate, a objeto de realizar -en igualdad de condiciones y dentro de los lapsos legalmente establecidos- todas aquellas actuaciones tendientes a la defensa de sus derechos e intereses.

De este modo debe entenderse el derecho al debido proceso consustanciado con el derecho a la defensa, que invocan los accionantes como vulnerado en caso de autos, pues como se indicó, ambos derechos forman un todo, cuyo fin último es garantizar el acceso a la justicia y la obtención de tutela judicial efectiva, es decir, en el menor tiempo posible.(...)

Es preciso entender entonces, que el proceso como un conjunto sucesivo de actos procesales tendientes a la declaratoria final del juez para dilucidar una controversia, amerita de un ámbito espacial y de un ámbito temporal para su funcionamiento, a fin de asegurar la participación de los sujetos procesales, a objeto de preservar la certeza jurídica, la igualdad de tratamiento y la lealtad del contradictorio

.

Es decir, que el debido proceso es, en definitiva, el apego a la ley, respetando así mismo, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Apego a la ley que suministra la garantía necesaria para asegurar la libertad y la seguridad del ciudadano; y no puede ser vulnerado ni por el Juez ni por ninguna de las partes en el proceso penal, sea el Fiscal del Ministerio Público o el defensor y su defendido, por cuanto esto quebrantaría la legalidad del proceso viciando su naturaleza y finalidad, los cuales son: descubrir la verdad y administrar justicia.

A los efectos del pronunciamiento de este Tribunal sobre lo solicitado, es oportuno señalar que, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, en nuestro sistema procesal penal, cualquier acto nulo puede llegar al conocimiento del Juez a través de los recursos de: revocación, apelación, casación y del recurso de revisión; así como también a través de la posibilidad de aclaración, o aclaratoria, del planteamiento de las excepciones, y también mediante el A.C.. Tales nulidades pueden ser de dos tipos: absolutas, señaladas como tales expresamente por el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo fundamento esencial es el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pero, el Código Orgánico Procesal Penal, no enuncia expresamente la existencia de la nulidad relativa, sólo se conforma con afirmar la existencia de ciertos vicios de los actos que pueden ser convalidados o subsanados dentro del proceso, a las cuales se les ha denominado por la doctrina como nulidades saneables o convalidables.

Siendo un criterio aceptado que las nulidades absolutas pueden invocarse en cualquier momento dentro del proceso, partiendo del Principio de la Deducibilidad de las mismas, tal como afirmaba G.L. (citado por Chiriboga 2004;221).

En este orden, el Juez puede declararla de oficio, al encontrarse frente a un acto que se encuentre viciado de nulidad absoluta. Pero, tal como lo señala el criterio de la jurisprudencia, sólo procede dentro de una interpretación restringida de la ley.

Por ello, esta Sala reiteró la doctrina establecida en la sentencia número 3242 del 12 de diciembre de 2002 (Caso: G.G.L.), en cuanto a que: “(…) dentro del sistema procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza acusatoria, no se encuentra preceptuada, sino excepcionalmente, la nulidad de oficio, pues, conforme se establece en el precitado artículo 433 (hoy, 441) del Código Orgánico Procesal Penal, al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que hubieren sido impugnados. Esta es una disposición que obliga a todas las instancias jurisdiccionales que conozcan de los recursos descritos en el Libro Cuarto del Código, incluso el extraordinario de casación, por cuanto la misma está contenida dentro de las disposiciones generales aplicables a dichos recursos (…). Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio están preestablecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, cuyas normas, en esta materia, son, obviamente, de interpretación restrictiva: (…) cuando se trate de alguno de los vicios de nulidad absoluta descritos, de manera taxativa, en el artículo 208 (ahora, modificado, 191) del Código Orgánico Procesal Penal; cuando se trate de un vicio de inconstitucionalidad que obligue al juez a hacer valer la preeminencia de la Constitución, a activar el control difuso que dispuso el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, disposición esta que desarrolla el principio fundamental que contiene el artículo 7, en concordancia con el 334, de la Constitución; cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión, a favor del imputado o acusado, según lo establece el segundo párrafo del artículo 434 (ahora, 442) del Código Orgánico Procesal Penal (…)”. (TSJ-SC Sentencia Nº 2907, Expediente Nº 05-1735 de fecha 07-10-2005)

Así, también, puede ser solicitada por alguna de las partes en el curso del proceso, trátese de nulidades absolutas o nulidades saneables o convalidables. Sin embargo, tal solicitud, aun cuando, sea un derecho de las partes, se encuentra sometido al imperio del debido proceso, el cual le infunde su legitimidad y legalidad.

Es pertinente, pues, analizar el alegato de la defensa en cuanto a la nulidad, para resolver la misma, porque es necesario depurar el proceso si este se encontrare viciado de algún tipo de defecto subsanable o no.

Se encuentra, en el presente caso, que el Tribunal de oficio observó a los folios 160 al 164 que en el acta de audiencia preliminar de fecha 18 de febrero del 2010, no consta haberse impuesto a los acusados J.A.G.G. y C.C.S., de las alternativas de prosecución del proceso y mucho menos del procedimiento especial por admisión de los hechos, establecido en le articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual vulnera el debido proceso al que se refiere el articulo 49 de la Constitución de la Republica bolivariana de Venezuela en concordancia con el articulo 26 de la misma, lo cual de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo establecido en el articulo 25 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en atención a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual afecta de nulidad absoluta la audiencia celebrada en fecha 18 de febrero de 2010 por ante el Tribunal Primero de Control de esta Extensión Judicial, en virtud de lo cual, por aplicación del principio de deducibilidad de las nulidades, siendo insalvable la misma puesto que no puede convalidarse de conformidad con lo establecido en el articulo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, en tutela judicial efectiva ejerciendo un control de los derechos y garantías constitucionales vigentes para todas las partes en el proceso debiendo de oficio el conocimiento de la nulidad expuesta se procedió a escuchar a las partes a los fines de que hagan sus alegatos respectivos en atención a los efectos del vicio puesto en evidencia en forma oral en esta audiencia. Observando tanto la representación del Ministerio Público como la defensa, que se estaba actuando conforme a derecho para garantizar el debido proceso en la presente causa, lo cual se dejó constancia en el acta de audiencia, en los siguientes términos:

En este estado se le cede el derecho de palabra la representante del Ministerio Público Abg. H.F.R. quien manifestó: ´Ciudadano esta representación Fiscal observa que efectivamente en el acta de audiencia preliminar no se impuso a los imputados de las alternativas de prosecución del proceso existiendo una violación flagrante al debido proceso motivo por el cual se considera ajustado a derecho lo manifestado por el órgano jurisdiccional, es todo´.

Así mismo se le cede el derecho de palabra a la Defensa Abg. J.c. quien manifestó: ´Ciudadano Juez, escuchado lo planteado por el ciudadano Juez y el Ministerio Publico la defensa considera que se ha actuado apegado a derecho y de conformada con lo establecido en la norma adjetiva citada por ellos mismos en consideración estamos de acuerdo y esperamos se a propuesta en la agenda para ir de nuevo ante un juez de control y sea subsanado lo concerniente a dichas violaciones, es todo

.

En vista tal circunstancia, es procedente el análisis del acta de audiencia preliminar de fecha 18 de febrero de 2010, la cual es del siguiente tenor:

En el día de hoy dieciocho de febrero de dos mil diez, siendo las 12:12 PM, día y hora fijados por este Tribunal Primero de Control para que tenga lugar en la presente causa, la Audiencia Preliminar de conformidad con lo establecido en los artículos 329 y 330 del Código Orgánico Procesal Penal, con ocasión de la acusación presentada por la Fiscalía 25° del Ministerio Público, en contra de los imputados J.A.G.G., Venezolano titular de la Cedula de Identidad Nro. V.- 17.988.077, natural de Barinas, hijo de M.F.G.d.G. (v) y de R.D.G.B. (v) soltero, de 22 años de edad con fecha de nacimiento 28/04/1986 y residenciado en la avenida A.P.J. N° 47, Barinas Estado Barinas; Telef. 0416-773056; y C.C.S., Colombiana titular de la Cedula de Ciudadanía Nro. 60.390.022, natural de Cúcuta Norte de Santander, hija de C.C.S. (v) y de R.B. (v) soltera, de 30 años de edad; con fecha de nacimiento 01/06/1978 y residenciada en la calle 23 30-48, barrio B.C.N.d.S.; Telef. 0416-6037327, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Orgánica sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor. Presentes: El Juez, Abg. E.R.Q.; la Secretaria Abg. M.M.C.C.; la Fiscal 25° del Ministerio Público Abg. Y.E.P.A.; los imputados J.A.G.G. y C.C.S. y su defensor privado Abg. Jameiro Aranguren. El Juez declara abierto el acto y seguidamente se concedió el derecho de palabra a la Representante del Ministerio Público quien expuso los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales formula acusación en contra de los ciudadanos J.A.G.G. y C.C.S., por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Orgánica sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, ofreciendo los medios de pruebas que servirán para demostrar el hecho imputado en el desarrollo del juicio oral y público, solicitando la admisión total de la acusación y de los medios de pruebas ofrecidos; por considerarlos lícitos, legales y pertinentes para el esclarecimiento del hecho; por último, solicitó la apertura a juicio oral y público y se remitan las actuaciones al Tribunal de Juicio correspondiente.

Dicho esto el Juez, impuso a los imputados del precepto constitucional contenido de artículo 49 numeral 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que ejerza su derecho constitucional a “SER OÍDOS”, por lo tanto se les preguntó, si deseaban declarar, manifestando que no.

En este estado el Juez cede el derecho de palabra al defensor privado del imputado Abg. JAMEIRO RANGUREN, quien manifestó: “Esta defensa técnica ejerce el control formal de la acusación, en cuanto a que a la Fiscal del Ministerio Público, le dieron sesenta días para presentar acto conclusivo, sin que la hubiese presentado en ese acto, por lo que solicitó la nulidad de la acusación, en vista que opera una acción de decaimiento, ya que se atenta contra la garantía procesal, de un plazo justo y razonable del juicio, y en cuanto al control material, los elementos de convicción que fundamentan y que son potencialmente prueba en juicio no determinan las circunstancias entre la presunta victima y los acusados, porque estaríamos ante unos aspectos de carácter metajurídicos, donde por razones de no compatibilidad y convivencia entre pareja con la presunta victima, por lo que solicitó se desestime la calificación de aprovechamiento y pido el sobreseimiento de la causa, y como mis acusados has venido cumpliendo de manera responsable con las presentaciones, pido sean ampliadas las mismas, se le permitan las sigan realizado ante el Circuito Judicial Penal de Barinas, es todo”

A continuación el Juez, pasa a hacer el control previo de la acusación presentada por el Ministerio Público y de la precalificación dada al hecho imputado, aceptándola por considerar que cumple a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Seguidamente el Juez impone nuevamente al imputado del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, exponiendo cada uno de los acusados, cumpliendo con lo establecido en el artículo 136 del Código Orgánico Procesal Penal, en su oportunidad “no deseo declarar, es todo”.

En este estado solicita el derecho de palabra al defensor de los imputados y cedida que le fue dijo: “ratificó lo antes expresado, es todo”.

Concluidas como han sido las exposiciones orales, el Juez en presencia de las partes y de manera oral expuso los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 177 ejusdem, la cual será publicada en razón de su ingreso al Sistema Juris 2000, dentro de los tres (3) días siguientes, siendo su dispositivo el siguiente:

DISPOSITIVA

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PUNTO PREVIO: DECLARA SIN LUGAR, la solicitud de nulidad y desestimación de la acusación efectuada por la defensa.

PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico contra los ciudadanos J.A.G.G., Venezolano titular de la Cedula de Identidad Nro. V.- 17.988.077, natural de Barinas, hijo de M.F.G.d.G. (v) y de R.D.G.B. (v) soltero, de 22 años de edad con fecha de nacimiento 28/04/1986 y residenciado en la avenida A.P.J. N° 47, Barinas Estado Barinas; Telef. 0416-773056; y C.C.S., Colombiana titular de la Cedula de Ciudadanía Nro. 60.390.022, natural de Cúcuta Norte de Santander, hija de C.C.S. (v) y de R.B. (v) soltera, de 30 años de edad; con fecha de nacimiento 01/06/1978 y residenciada en la calle 23 30-48, barrio B.C.N.d.S.; Telef. 0416-6037327, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Orgánica sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, de conformidad a lo establecido en el numeral 2, del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, por considerarlas el Tribunal que las mismas son legales, licitas, pertinentes y necesarias para el debate a Juicio Oral y Público todo de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad a lo establecido en el numeral 2, del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal.

TERCERO: DECRETA LA APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO de la presente causa seguida contra los acusados J.A.G.G. y C.C.S., plenamente identificado supra, en la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Orgánica sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, de conformidad a lo establecido en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal.

CUARTO: Amplia las presentaciones a cada 45 días a los acusados J.A.G.G. y C.C.S., plenamente identificado supra, en la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Orgánica sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, y en cuanto al lugar de las presentaciones, el Tribunal acuerda resolver por auto separado lo conducente.

Con la lectura de la presente acta quedan debidamente notificadas las partes del dispositivo de la decisión. Regístrese, déjese copia, remítase la causa principal al Juzgado en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal vencido el lapso legal. Terminó se leyó y conformes firman siendo las doce (12) horas con cuarenta (40) minutos de la tarde

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Como puede observarse al realizar una revisión minuciosa del acta anteriormente transcrita, se aprecia que el Juez de Control luego de realizada la admisión de la acusación impuso a los acusados de lo dispuesto en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, ante lo cual los acusados manifestaron su intención de no declarar.

Sin embargo, no consta que en el decurso de la audiencia preliminar el Tribunal de Control haya informado a los ciudadanos acusados J.A.G.G. y C.C.S., sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento para la admisión de los hechos, establecidas en los artículos 37 al 46 del Código Orgánico Procesal Penal, y del procedimiento especial previsto en el artículo 376 Ejusdem.

Al respecto, es pertinente revisar lo que establece el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 329. Desarrollo de la audiencia. El día señalado se realizará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones.

Durante la audiencia el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en este Código.

El Juez informará a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso.

En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público

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Se colige, entonces que el día de la audiencia preliminar, es un deber del Juez el informar a las partes acerca de las medidas alternativas, debiendo entenderse que se incluye el procedimiento por admisión de los hechos, aún cuando no esté previsto en el Capítulo III del Título Primero del Código Orgánico Procesal Penal.

Todo ello con el objetivo de asegurar el cumplimiento del debido proceso como garantía sustancial de los derechos de la persona sometida a proceso, quien siendo impuesta de las alternativas para la prosecución de la causa puede optar por asumir alguna de las previstas, o simplemente manifestar su deseo de ir a juicio oral y público. Debiendo el Juez resolver, en cada caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 330 y 331 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se observa, asimismo, que el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

Artículo 376. Solicitud. En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el Juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el Juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el Juez, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente.

En caso de que la sentencia condenatoria sea motivada al incumplimiento por parte del imputado del acuerdo reparatorio, o de las obligaciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, no se realizará la audiencia prevista en éste artículo

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De este artículo se desprende, que tanto el Juez de Control como el Juez de Juicio, según se lleve a efecto la audiencia preliminar en el procedimiento ordinario, o en el procedimiento abreviado por calificación de flagrancia con pase directo a juicio, y siempre antes del debate, tienen el deber de instruir, explicar o ilustrar a los acusados sobre esta figura especial de la admisión de los hechos.

La Sala de Casación Penal al respecto, en reiterada jurisprudencia, (Sentencias N° 0108 del 23 de febrero de 2001, N° 023 del 30 de enero de 2003, entre otras) ha establecido que la inaplicación de esta norma implica violación al debido proceso, y que tal figura comprende tanto la materialización del principio de celeridad procesal, como el beneficio de disminución de la pena aplicable al imputado o acusado por la aceptación de los hechos objeto de la acusación, de manera pura y simple, sin argumentos o eximentes susceptibles de ser debatidas en juicio, por ello, el vicio advertido acarrea la NULIDAD de la audiencia preliminar y actos siguientes, dada la infracción al debido proceso verificada en la falta de aplicación del artículo 376 de Código Orgánico Procesal Penal (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia N° 195 de fecha 10 de Junio de 2004, Expediente N° C040090).

En tal sentido, es preciso acotar que Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha advertido la importancia de realizar tal acto, cuando señala:

En un estado de Derecho de modo alguno podría decirse, como lo afirma la Corte de Apelaciones, que la circunstancia de que el Juez de Control informe a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso constituya “un mero ritual sin trascendencia”, o que tan sólo deba informarse de las medidas alternativas cuando previamente se “hayan planteado o solicitado”.

La importancia del cumplimiento, por parte del Juez de Control, de dicha información a las partes radica en que el imputado o su defensa, teniendo conocimiento de tales medidas opte o no acogerse a las mismas obteniendo, en caso de optar, los beneficios en ellas contemplados.

Es obligatorio entonces para el Juez de Control advertir a las partes de los medios alternativos a la prosecución del proceso.

Si el asunto versara sobre un hecho en el cual no pudiera aplicarse la resolución alternativa de conflictos, esta Sala sólo hubiera advertido de la obligación en que se está de cumplir con el contenido del segundo aparte del artículo 332 por el Juez de Control, así como informarle a la Corte de Apelaciones que no debe tomarse tal obligación como un “ritual sin trascendencia”, como ya se explicó, pues al no poder aplicarse sería inútil anular el juicio para retrotraerlo a la fase intermedia, lo cual contrariaría la orden de evitar reposiciones inútiles y formalismos no sustanciales como lo ordena la Constitución.

Pero es el caso que existe una medida alternativa a la prosecución del proceso, que no se encuentra prevista en el Capítulo III del Título Primero del Código Orgánico Procesal Penal, y que de ser aplicada sustituiría todo el proceso por la imposición inmediata de la pena. Efectivamente el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

Solicitud. En la audiencia preliminar, el imputado, admitidos los hechos objeto del proceso, podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, deberá el juez rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado. Sin embargo, si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta en un tercio.

No sólo “las alternativas a la prosecución del proceso” son aquellas que se agrupan en el Capítulo que lleva tal nombre, (artículos 31 al 44), sino que puede asumir esta condición toda institución procesal que produzca esos efectos: evitar el proceso conjuntamente con otros propios de su naturaleza.

En el caso de la admisión de los hechos el procesado podría ser beneficiado con una rebaja de pena, institución que fue reformada por una última reforma judicial; pero que sin embargo al imputado (y a su defensa) se le debe informar de dicha institución, puesto que es su derecho conocerla y es obligación del juez corroborar o asegurarse de tal conocimiento.

En consecuencia, por cuanto la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones adolece del vicio al cual se ha hecho referencia, la misma debe ser anulada.

La declaratoria anterior conlleva a declarar igualmente la nulidad del fallo dictado por el Tribunal de Juicio No 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, ordenando la reposición de la presente causa al estado de efectuarse la audiencia preliminar de la fase intermedia, a fin de que se subsane el vicio cometido

. (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia N° 108 de fecha 23 de Febrero de 2001)

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido la importancia para el derecho a la defensa, el que se imponga al imputado acerca de los alcances de la admisión de los hechos para el proceso, cuando señala:

La disposición antes citada establece la llamada declaración de culpabilidad y pretende consagrar en forma acorde con el principio de oportunidad que la inspira, una ventaja, un beneficio para el imputado que reconociendo su autoría en los hechos, le ahorra al Estado tiempo y dinero al no invertir en un juicio al cual, quien admite los hechos, renuncia. De igual forma, se observa que el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, poniendo fin al proceso (Vid. Sentencia de la Sala N° 565 del 22 de abril de 2005).

En tal sentido “(…) la ‘admisión de los hechos’, es un procedimiento especial que procede cuando el imputado consiente en ello, reconoce su participación en el hecho que se le atribuye, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena con una rebaja desde un tercio de la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el bien jurídico afectado y el daño social causado. La admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso”. (Sentencia N° 75 del 8 de febrero de 2005, de la Sala de Casación Penal).

Ahora bien, es muy clara la redacción de la norma en comento respecto a la oportunidad para que el imputado admita los hechos. En el procedimiento ordinario, es decir, el regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el imputado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso, en la audiencia preliminar y una vez que el Juez de Control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público. En el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el Juez de Juicio unipersonal haya dado inicio al debate.

Pues bien, si el legislador estableció dichas oportunidades procesales a fin de que tuviere lugar la admisión de los hechos que se imputan, no fue por un simple capricho sino porque consideró que ese era el momento idóneo, no sólo en razón de la celeridad procesal sino también como una forma de ahorrar al Estado los gastos que implica la tramitación de un procedimiento judicial -penal-. Asimismo, se evita que dicha figura se transforme en una vía de escape judicial para el imputado que en una fase posterior a las previstas en el artículo 376 ut supra citado, estando su culpabilidad casi demostrada, pretenda utilizar la admisión de los hechos como un medio de atenuación de la pena.

En el caso de autos, el imputado S.M.M.G., admitió los hechos de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en el acto de la audiencia del juicio oral y público -ya abierto el debate- al momento de rendir declaración, una vez que el representante del Ministerio Público expuso en forma sucinta su acusación, la cual había sido admitida en la oportunidad de la audiencia preliminar, una vez impuesto de las alternativas a la prosecución del proceso, de lo que se desprende que el proceso penal seguido contra el prenombrado imputado estuvo regido por las normas del procedimiento ordinario, siendo el acto de la audiencia preliminar la oportunidad procesal para que éste admitiera los hechos y solicitara la imposición inmediata de la pena

. (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 933 de fecha 9 de Mayo de 2006, Expediente N° 05-0359)

Consecuente con esto, la Sala Constitucional ha expresado que la violación al derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existe cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en él o el ejercicio de sus derechos, se les prohíbe realizar actividades probatorias o no se les notifican los actos que los afecten (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 2 de fecha 24 de enero de 2001).

Tanto el derecho a la defensa como al debido proceso del imputado -en el proceso por admisión de los hechos- se concreta una vez que el mismo ha sido informado de forma adecuada y oportuna -en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación- respecto a la oportunidad, la forma y las consecuencias que implica el acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, oportunidad que se mantiene vigente hasta antes de constituirse el Tribunal Mixto en el procedimiento ordinario, o hasta el momento de la audiencia de juicio en el procedimiento abreviado.

En el caso de autos, se aprecia que en la audiencia preliminar de fecha 18 de febrero de 2010, no se garantizó a los ciudadanos J.A.G.G. y C.C.S. el debido proceso, al no advertírseles de los medios alternativos para su prosecución, incluyendo el procedimiento especial previsto para la admisión de los hechos contenido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. No se aprecia, por consiguiente, que dichos ciudadanos hubiesen sido oportuna y debidamente informados respecto de tales alternativas, mediante explicación eficaz para la conclusión de que los mismos asumieran un conocimiento cabal acerca del alcance de dichas formas, de suerte que le hubiera sido racionalmente posible el anuncio de la opción que hubiese estimado como más conveniente a los fines de su defensa.

Tal circunstancia, vulneró el debido proceso como garantía sustancial de los derechos de toda persona sometida a proceso, entendido éste como “(…) el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado se materialice. Así, todos los actos que los jueces y las partes ejecutan en el desarrollo de un proceso tienen carácter jurídico pues están previamente establecidos en la ley (…)” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 419 de fecha 30 de junio de 2005).

Es doctrina reiterada y pacífica de la Sala Constitucional, que el derecho fundamental al debido proceso y sus manifestaciones específicas –tal es el caso del derecho a la defensa- interesan, de manera eminente, al orden público; por tanto, su tutela debe ser procurada aun de oficio y su plena vigencia no puede ser relajada ni su inobservancia puede ser convalidada por voluntad de los particulares y funcionarios.

En tal sentido, la Sala Constitucional ha sido muy en clara en establecer que no basta con la simple enumeración de las alternativas pertinentes, sino que incluso se le deben explicar las circunstancias y alcances de los mismos:

En lo que atañe al deber, con cargo al Tribunal de Control, de que se informe al imputado sobre las alternativas legales a la prosecución del proceso penal, debe advertirse que tal imperativo supone que el órgano jurisdiccional no debe limitarse a la enumeración de las disposiciones legales que las instituyen, ni siquiera a la mera lectura de dichas normas; al imputado debe explicársele, en términos inteligibles al común de las personas, el contenido, los requisitos de procedibilidad y los alcances de las referidas opciones procesales; asimismo, que se deje constancia de que, ante la pregunta del Juez, el imputado afirmó expresamente que entendió el contenido normativo del cual fue enterado, de suerte que de ello derive una racional convicción de que dicho encausado ha comprendido el espíritu, el propósito y la razón de la norma de cuya explicación se trate, como antecedente esencial para que el destinatario de la información pueda, consiguientemente, decidir en las condiciones que considere sean las mejores para su defensa

. (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia N° 1240 de fecha 25 de Julio de 2008)

En el caso bajo análisis, se aprecia que tal circunstancia afecta de nulidad absoluta de la audiencia preliminar de fecha 18 de febrero de 2010, y de todos los actos subsiguientes que derivan de tal audiencia preliminar incluyendo el acto de apertura a juicio, en virtud de no haber sido impuestos los acusados de las diversas alternativas para el proceso previstas en los artículos 37 al 46 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como se evidencia de la lectura del texto del acta levantada al efecto.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que a través de la nulidad es posible alegar la “inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República”, alegato que, de acuerdo con el artículo 191 eiusdem, puede formularse en cualquier estado y grado de la causa, cuando refiere:

“Asimismo, esta Sala se ha pronunciado respecto a la idoneidad de este medio procesal penal ante el ejercicio del a.c., al señalar que “la nulidad viene a constituir, igualmente, un recurso ordinario preexistente del cual podía disponer (...) la aludida parte actora. Se trata de un medio que, además de preexistente, es indiscutiblemente idóneo para la actuación procesal, a favor de los intereses jurídicos cuya protección se pretende en esta causa; más eficaz, incluso, en términos temporales y de menor complejidad procesal que el mismo amparo, habida cuenta que la nulidad es decidida conforme a las sencillas reglas de los artículos 212 y 194 del Código Orgánico Procesal Penal” (Sentencia n° 349/2002, caso: M.Á.P.H. y otros, Sentencia n° 1702/2003, caso: M.Á.F.R., criterio ratificado recientemente en la Sentencia N° 602/2008, recaída en el caso: L.J.R.P. y Kevis Escalona González).(Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 1346 de fecha 13 de Agosto de 2008, Expediente N° 08-0772)

El hecho de no haber impuesto a los ciudadanos sometidos a proceso de las diversas alternativas existentes para el proceso, infringe el debido proceso, afectando la validez de todo lo actuado desde el día 18 de febrero de 2010, fecha en que se realizó dicha audiencia con vulneración de dicha garantía constitucional hasta el día de hoy, afectando la validez de todos los actos subsiguientes, como consecuencia de la vulneración sustancial del debido proceso debido a que no se les advirtió de la existencia de tale alternativas, y se limitó su derecho a discernir su causa en apego a lo establecido en la ley, afectándole en su derecho a la aplicación de la justicia, y a la seguridad jurídica, lo cual en sana y estricta interpretación de los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, somete al vicio de nulidad absoluta a todo lo actuado desde el día en que se realizó la audiencia en donde se produjo el desapego a la ley y la injuria constitucional al debido proceso, no pudiendo subsanarse ni convalidarse lo actuado, por tanto es pertinente declarar la nulidad absoluta de la audiencia preliminar de fecha 18 de febrero de 2010, y de todos los actos sucedáneos a la misma, hasta el día de hoy.

Esto es así, en consideración a que la actuación jurisdiccional para el momento de la audiencia, no fue cónsona con el respeto a los derechos y garantías constitucionalmente previstos para los ciudadanos sometidos a proceso, tratándose de garantías procesales referidas a los derechos irrenunciables consagrados en la Constitución de la República, y en los principios y normas expresas que informan y conforman nuestra proceso penal venezolano, viciando de nulidad lo actuado, por disposición expresa del artículo 25 del texto constitucional, el cual establece lo siguiente:

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores

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Esto significa que todos los actos que violen las garantías que se otorgan para el cumplimiento de los f.d.p., fundamentalmente referidas a los sujetos procesales activos o pasivos que participan en él, son nulos.

En el presente caso, vista la falta al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el acto de audiencia preliminar deviene en írrito por encuadrarse en lo previsto en el artículo 25 Ejusdem, por tratarse de un acto que violó o menoscabó los derechos de los ciudadanos sometidos a proceso, encontrándose contemplada tal circunstancia dentro de los alcances de lo previsto en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal el cual señala:

Artículo 191. Nulidades Absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República

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Conforme a ello, todo acto del Poder Público realizado por cualquiera de sus órganos u operadores, debe apegarse al respeto de la integralidad de los derechos humanos, puesto que todos los derechos concretan nuestra dignidad, por tanto todos los derechos son importantes, indivisibles y exigibles para toda autoridad. Siendo claro, que cualquier acto que se realice en la persecución penal de alguna persona o en el proceso mismo a que da lugar la persecución penal, en contravención a los derechos y garantías, es nulo y no produce efecto alguno, comprometiendo, incluso, la responsabilidad del funcionario actuante.

En consecuencia, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la audiencia preliminar celebrada en la presente causa en fecha 18 de febrero de 2010, y de todos los actos subsiguientes que derivan de tal audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la lesión de la garantía fundamental del debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiéndose, sin duda, a los fines de garantizar el mismo, reponer la causa hasta el estado de convocar a la realización de la audiencia preliminar en fase intermedia, con prescindencia del vicio encontrado, para lo cual se debe remitirse la causa al Tribunal Primero de Control. Y así se decide.-

CAPITULO III

DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente esbozados, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve: