Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 3 de Agosto de 2010
| Fecha de Resolución | 3 de Agosto de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario |
| Ponente | Climaco Montilla Torres |
| Procedimiento | Querella Funcionarial (Prestaciones Sociales) |
Juzgado Superior En Lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo Y Agrario De La Circunscripción Judicial De La Región Sur.
Con Sede En San F.D.A.
QUERELLANTE: A.J.P., titular de la cédula de identidad No. V-9.595.524.-
APODERADO JUDICIAL DEL QUERELLANTE: E.M.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 96.916.-
QUERELLADA: La Gobernación del Estado Apure.-
MOTIVO: Querella Funcionarial por Cobro de Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales.
ASUNTO: 3396
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
En fecha 30 de enero de 2009, compareció por ante este Juzgado Superior la ciudadana A.J.P., titular de la cédula de identidad No. V-9.595.524, debidamente representada por la abogada en ejercicio E.M.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 96.916, con la finalidad de interponer Querella Funcionarial por Cobro de Prestaciones Sociales, intereses y demás beneficios laborales contra la Gobernación del estado Apure.-
El querellante solicitó que el ciudadano Gobernador del estado Apure en la persona de J.A.G., conviniera en cancelarle la suma de Ciento Cincuenta Mil Quinientos Noventa y Dos con Treinta y Cinco Céntimos (Bs.F. 152.592,35) o en su defecto a ello fuese condenado por este Tribunal Superior, todo por el concepto de pago de prestaciones sociales, intereses y demás beneficios laborares, así como las costas y costos del proceso. Que en la definitiva se ordenara el pago de los intereses moratorios causados hasta la total y definitiva cancelación de lo adeudado.-
En fecha 09 de febrero de 2009, este órgano jurisdiccional dictó auto mediante el cual admitió la querella presentada y en tal sentido se libraron las notificaciones respectivas, las cuales fueron debidamente cumplidas conforme se evidencia a los folios 60 y 61 del presente expediente.
Mediante auto de fecha el 04 de junio de 2009, este Juzgado Superior fijó las 11:45 del quinto (5°) día de despacho siguiente a esa fecha para que tuviese lugar la celebración de la audiencia preliminar, conforme lo dispone el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Acto que se llevó a cabo en fecha 11 de junio de 2009 con la asistencia de la apoderada judicial de la querellante y la abogada M.E.M. en su condición de apoderada judicial de la Procuraduría General del Estado Apure; en ese acto se declaró Trabada la Litis, por cuanto no hubo conciliación entre las partes, solicitando la apertura del lapso probatorio.-
En fecha 09 de julio del 2009, por cuanto venció el lapso probatorio se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva.
En fecha 16 de julio de 2009, oportunidad previamente fijada por el tribunal se celebró la audiencia definitiva con la asistencia de la apoderada judicial de la querellante y la abogada M.E.M. en su condición de apoderada judicial de la Procuraduría General del Estado Apure, solicitando de mutuo acuerdo la suspensión de la causa.
Mediante diligencia de fecha 12 de agosto de 2010 presentada por la representante de la parte querellante solicitando la reanudación de la causa.
Posteriormente en fecha 05 de noviembre de 2009 este Tribunal mediante auto acuerda la reanudación de la presente causa.
Mediante diligencia de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2009, la representante de la parte querellante solicita el abocamiento del ciudadano Juez en la presente causa.
En fecha 02 de diciembre el Juez que suscribe se aboca al concomiendo de la causa librando las respectivas notificaciones de Ley.
Mediante diligencia suscrita por los abogados E.M. y M.B., representantes de la parte querellante y querellada, respectivamente, ut supra identificados solicitaron de mutuo acuerdo la suspensión de la presente causa.
Mediante auto de fecha 25 de enero, este Tribunal insta a las partes a que establezcan el lapso de suspensión solicitada conforme lo establecido en el Art. 202 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, así las cosas este Juzgado Superior pasa a realizar las siguientes consideraciones:
CONSDIERACIONES PARA DECIDIR.
La Ley del Estatuto de la Función Publica consagra aspectos novedosos, tal como la obligatoriedad de llevar a cabo la audiencia preliminar y la audiencia definitiva, según lo dispuesto en el artículo 104 y 107, de la Ley in commento.
En efecto, con la inclusión de la -oralidad-, en las referidas audiencias se evidencia la intención del legislador, que las partes expusieren sus planteamientos sin necesidad de la presentación de escritos; asimismo, se busca que éstas formulen sus alegatos ante los Jueces, a los fines de obtener mayores elementos de convicción para dictar la decisión correspondiente, toda vez que en dichas audiencias se exponen los aspectos relacionados con la fijación de los términos de la controversia; todo ello garantizado por el principio de inmediación, según el cual el juez debe decidir conforme al conocimiento directo del asunto, el cual se obtiene mediante la valoración directa de los argumentos.
La inmediación constituye, una característica del proceso oral es la vigencia de un principio típico del Derecho, según el cual, las audiencias de tipo oral se adelantarán en presencia del juez o del tribunal.
El principio de inmediación desde el punto de vista probatorio se expresa como la necesidad de presencia del juez que va a sentenciar en la incorporación de las pruebas de las cuales obtendrá su convencimiento. En otras palabras, el juez que va a sentenciar debe dirigir por lo menos la audiencia definitiva, tal como lo contempla el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública el cual establece:
“...Vencido el lapso probatorio, el juez o jueza fijará uno de los cinco días de despacho siguientes para que tenga lugar la audiencia definitiva. La misma la declarará abierta el Juez o Jueza, quien la dirige. Al efecto, dispondrá de potestades disciplinarias para asegurar el orden y la mejor celebración de la misma.
Las partes harán uso del derecho de palabra para defender sus posiciones. Al respecto, el tribunal fijará la duración de cada intervención. Además, podrá de nuevo interrogar a las partes sobre algún aspecto de la controversia y luego se retirará para estudiar su decisión definitiva, cuyo dispositivo será dictado en la misma audiencia definitiva, salvo que la complejidad del asunto exija que la misma sea dictada dentro de los cinco días de despacho siguientes a dicha audiencia
.
La inmediación como principio procesal, no permite que la audiencia definitiva tenga lugar ante un juez diferente al que va a sentenciar, salvo excepciones en el proceso oral. Sin embargo, dentro de los alcances de la oralidad, la Ley o la interpretación del mandato constitucional en ese sentido (artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), exige que los alegatos se realicen oralmente en presencia del juez, lo que permite a este aclarar todo lo relativo a la determinación de cuales son los hechos controvertidos, tal como lo establece la Ley del Estatuto de la Función Pública, para el debate el juez puede hacer en él los interrogatorios a las partes que estime necesarios.
Es por ello, que no es discutible que el Juez adquiera elementos probatorios de dichas audiencias, los cuales sirven para formar su convencimiento sobre la realidad de los hechos, y por ello no se concibe una audiencia oral donde el Juez no puede hacer preguntas a los presentes, no sólo con fines aclarativos de los alegatos, destinados a la fijación de los hechos controvertidos, sino también con fines probatorios para verificar las afirmaciones contrapuestas de las partes. De allí, que en la audiencia preliminar prevista en la mencionada Ley del Estatuto de la Función Pública, donde las partes se acuerdan sobre los hechos alegados y las pruebas hasta allí producidas, el Juez puede intervenir con amplitud, interrogando a las partes y hasta terceros, ponderando el derecho de defensa de los litigantes, (extendiéndose tal intervención hasta la audiencia definitiva).
En atención a todo lo anterior, puede evidenciarse que si bien en el caso de autos se efectuó la audiencia definitiva en fecha 16 de julio de 2009, no es menos cierto que la misma fue presidida por la entonces Juez Titular de este Juzgado, Dra. M.G.S., quien no dictó el dispositivo del fallo, por tal razón y en atención al principio procesal de inmediación y acogiendo la oralidad prevista en la legislación vigente -Ley del Estatuto de la Función Publica-; este Juzgador estima pertinente, REPONER la presente causa al estado de celebrar la audiencia definitiva prevista en el artículo 107 ejusdem. Todo ello en aras de salvaguardar el principio de inmediación, que prevé el contacto estrecho entre el Juez y las partes en conflicto en la mayoría de las fases del proceso, motivo por el cual la inmediación le acredita al Juez contencioso una serie de potestades que van desde dirigir los actos procesales, exhortar a las partes a una posible conciliación u otro mecanismo de autocomposición procesal, hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito; y el principio de oralidad, que es el que orienta los actos procesales de la mayoría de las ramas del derecho, ello a los fines de eliminar los trámites escritos y las dilaciones provenientes de la revisión de expedientes que atentan contra el principio de brevedad, como fórmula para la búsqueda de la verdad dentro del proceso, razón por la que, tanto el principio de oralidad como el principio de inmediación, concatenados con el resto de los principios rectores del procedimiento de querella funcionarial previstos en la Ley, desarrollan valores supremos contenidos en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajustados a los requerimientos de los procesos judiciales en materia funcionarial. Y así se declara.
DECISIÓN
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas es por lo que este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Se repone la presente causa al estado de que se celebre el acto de audiencia definitiva prevista en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual tendrá lugar a la 2:20 p.m., del quinto (5°) día de despacho siguiente a que conste en autos la consignación de la última de las notificaciones ordenadas.-
Notifíquese a las partes.
Publíquese, regístrese, diarícese y notifíquese, déjese copia certificada conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior a los tres (03) días del mes de agosto de dos mil diez (2010). Años: 200º y 151º.
El Juez Superior Provisorio,
C.A.M.T..
El Secretario,
Wadin C. Barrios Piñango.
Seguidamente siendo las 02:15 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.
El Secretario,
Wadin C. Barrios Piñango.
Exp. No. 3396.-
CAMT/wcbp
