Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Junio de 2007

THEMA DECIDENDUM.

El presente juicio por saneamiento por evicción, fue interpuesto por la ciudadana A.Y.Y.Y., en contra del ciudadano H.A.R.B.. En virtud del referido juicio la parte demandada mediante escrito, solicitó la reposición de la causa al estado de citación, manifestando que la dirección que aparece señalada por el demandante en su libelo, como calle 3, número 175, Don Perucho, Sector El Arenal del Estado Mérida, no corresponde a su dirección personal, que por tanto su citación no le fue practicada en su residencia, produciéndose una absoluta violación de sus derechos y garantías constitucionales; ya que desde su infancia hasta la actualidad, vive en su casa paterna, ubicada en el Barrio San José de las Flores, calle 2, casa número 0-90 de Mérida, Estado Mérida. Señaló así mismo que la publicación de los carteles de citación, se hizo de manera incorrecta, toda vez que la parte demandante realizó una sola publicación sin guardar incluso los días en que debían hacerse dichas publicaciones, disminuyendo de esta manera su oportunidad como demandado, sin que ello conduzca a la nulidad de la actuación. Señaló que dicha nulidad no estaría interesado el orden público, sino que sólo podrían ser declaradas a instancia de parte. Por su parte, la actora se opuso al escrito producido por la parte demandada, argumentando que la solicitud de reposición no era viable en virtud a que la citación fue practicada en el domicilio del demandado, que los carteles fueron practicados conforme lo exigido en el propio cartel y que no existía la obligación de publicarlos en dos diarios distintos. Señaló igualmente que la constancia de residencia presentada por la actora era enteramente distinta al domicilio de éste y que en consecuencia la tachaba, a éste respecto evidencia el Tribunal que dicha tacha no fue formalizada. Señaló así mismo que la violación aducida por la parte demandada, es una táctica “dilatoria”. Corresponde al Tribunal determinar si en virtud de la citación del demandado, efectuada mediante cartel, se produjo una violación de derechos y garantías constitucionales; relativas, al derecho a la defensa, al debido proceso e igualdad de las partes, que hagan presumir la disminución de oportunidad del demandado de autos, por una parte y por la otra si las constancias consignadas por la parte demandada tienen algún valor probatorio. Así quedó trabada la litis.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA: Observa el Tribunal que fueron promovidos dos escritos de prueba. (Folios 74 y 78).

1. Valor y mérito jurídico probatorio de la constancia de residencia expedida por la Asociación de Vecinos de los Barrios San José de las Flores y S.D..

   Observa el Tribunal que al folio 75 corre copia certificada de la referida constancia, expedida por el Coordinador General de la Asociación de Vecinos de los Barrios San José de las Flores y S.D., Sector 25 Mérida, por medio del cual hace constar que el ciudadano RONDÓN BALZA H.A., tiene fijada su residencia en el Barrio San José de las Flores, Parroquia Spinetti Dini, Municipio Libertador del Estado Mérida, cuya dirección es San José de las F.B., Calle 2 Casa número 0-90. Tal documento privado no fue impugnado por la parte actora, en orden a lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni tachado con base a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil; no obstante y a pesar de esto, señala el Tribunal que la referida constancia no tiene ningún valor probatorio, dado que en la misma emana de un tercero ajeno al proceso, y que por tanto debió ser ratificado mediante la prueba testifical, tal como lo establece artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, dicho tercero fue llamado como testigo, pero el mismo fue renunciado por la parte demandada, tal y como lo refiere la diligencia suscrita inserta al folio 102.

2. Valor y mérito jurídico probatorio de la declaración jurada, expedida por la Prefectura A.S.D.d.M.L.d.E.M..

   Evidencia el Tribunal que al folio 76 corre original de la indicada declaración jurada, en virtud de la cual el ciudadano H.A.R., bajo fe de juramento declaró que reside en: “San José de la Flores, Calle 2, Casa número 0-90. Mérida”. En el precitado documento se observa la firma del ciudadano Prefecto, así como el sello húmedo de la referida Prefectura. Tal documento emanado de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Prefectura A.S.D.d.M.L., el Tribunal no lo valora como documento administrativo, por cuanto se trata de una certificación de mera relación, cuya expedición y testimonio está prohibida al funcionario público declarante, toda vez que no se trata de documentos de carácter estadístico, prohibición esta prevista en el artículo 179 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Por lo tanto, a la referida certificación de mero relación no se le asigna ninguna eficacia probatoria y así se decide.

3. De la Prueba Testifical: La parte demandada promovió las testimoniales de los ciudadanos J.E.S. y A.R.S.S..

   El Tribunal comparte el criterio sustentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2.000, posteriormente ratificado en decisión de fecha 5 de octubre de 2.000, en el cual expresa lo siguiente:

   Al pronunciarse con respecto a la declaración de un testigo, el Juez no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas y repreguntas con sus respuestas, pues su deber es indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso, lo dicho por el testigo, es decir, debe señalar expresamente lo que lo lleva a la convicción de que éste le merece fe o por el contrario considera que incurrió en reticencia o falsedad.

   De lo expuesto puede evidenciarse que cuando el sentenciador aprecia el dicho del testigo, no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas, repreguntas y respuestas respectivas, debe indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso lo dicho por el testigo. (...) Siendo así, no incurre la sentencia recurrida en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, pues como antes se indicó, el ad-quem al apreciar a los testigos arriba referidos, cumplió con el deber de señalar expresamente lo que lo llevó a la convicción de que los referidos testigos le merecen fe, como lo fue al indicar algunas de las respuestas dadas a las preguntas que el promovente de la prueba formuló como algunas de las respuestas dadas a las repreguntas, pudiendo con éstas controlarse la prueba mediante el análisis de los elementos en que se apoyó el Juez para apreciar dichos testimonios.”

   DECLARACIÓN DEL TESTIGO J.E.S.:

   El Tribunal observa que la declaración efectuada por este testigo corre agregada al folio 100. El declarante al ser interrogado respondió entre otros hechos los siguientes: A la pregunta en cuanto a si sabía donde vivía o tenía su domicilio el ciudadano H.A.R.B., respondió que en la Avenida Las Américas, Sector San José de las F.b. calle 2, número 090, señaló así mismo que éste tenía más de treinta años viviendo en la mencionada dirección. A la pregunta en cuanto a si sabía la dirección de trabajo del referido ciudadano, respondió que éste trabajaba en la Avenida C.Q., Línea de Taxis Tele Mérida.

    Conforme a la declaración de este testigo J.E.S., el demandado ciudadano H.A.R.B., tiene su casa de habitación en la Avenida Las Américas, Sector San José de las F.B. calle 2, número 090, Mérida. Sin embargo, tal afirmación del testigo está en abierta contradicción con las dos exposiciones del Alguacil Titular de este Tribunal ciudadano J.G.S.V., que rielan a los folios 15 y 69 de este expediente, la primera de ellas, se produce cuando va a citar al demandado H.A.R.B., en Calle 3 número 175; Don Perucho, Sector El Arenal, M.E.M., en donde una vecina de dicha casa, de nombre M.P.A., le informó al Alguacil Titular de este Tribunal, con relación al ciudadano H.A.R.B., “Que dicho ciudadano casi no se la pasa en dicha casa, porque trabaja con un taxi y no tiene una hora de llegada y de salida.” Y en la segunda exposición del Alguacil Titular de este Tribunal, dicho funcionario expresa que, el día 7 de marzo de 2.006, se trasladó a la Avenida Las Américas, Sector San José de las F.B. calle 2, número 090, Mérida, con la finalidad de notificar al prenombrado ciudadano, y que fue atendido por el ciudadano G.R.C.R., quien dijo ser sobrino de dicho ciudadano y así queda escrito, a quien identifiqué a través de su cédula de identidad Nº V-17.129.303, quien le manifestó al momento de preguntarle por el ciudadano H.A.R.B., “ Que su tío H.A.R., se mudó de allí como hace dos años”. Tal declaración del testigo, no le merece credibilidad al juzgador, ya que está en evidente contradicción con las afirmaciones del Alguacil Titular del Tribunal, tanto del contenido de la citación como de la notificación efectuada por el precitado funcionario judicial. Se valora al testigo de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, declaración del testigo a la que no se le asigna eficacia jurídica probatoria.

   DECLARACIÓN DEL TESTIGO A.R.S.S..

   El Tribunal observa que la declaración efectuada por este testigo corre agregada al folio 101. El declarante al ser interrogado respondió entre otros hechos los siguientes: A la pregunta en cuanto a si sabía donde vivía o tenía su domicilio el ciudadano H.A.R.B., respondió que en la Calle 2 del Barrio San José de las Flores número 090; señaló así mismo que no sabía el tiempo exacto en que el precitado ciudadano tenía viviendo en dicha dirección, pero que sin embargo lo conocía de todo el tiempo que tenía viviendo ahí. A la pregunta en cuanto a si sabía la dirección de trabajo del referido ciudadano; respondió que en la línea de Taxis Tele Mérida, ubicada en la Avenida C.Q..

    Conforme a la declaración del testigo A.R.S.S., el demandado ciudadano H.A.R.B., tiene su casa de habitación en la Avenida Las Américas, Sector San José de las F.B. calle 2, número 090, Mérida. Sin embargo, tal afirmación del testigo está en abierta contradicción con las dos exposiciones del Alguacil de este Tribunal ciudadano J.G.S.V., que rielan a los folios 15 y 69 de este expediente, en la primera de ellas el mencionado Alguacil indicó que cuando fue a citar al demandado H.A.R.B., en la Calle 3 número 175; Don Perucho, Sector El Arenal, M.E.M., en donde una vecina de dicha casa, de nombre M.P.A., le informó al Alguacil Titular de este Tribunal, con relación al ciudadano H.A.R.B. “Que dicho ciudadano casi no se la pasa en dicha casa, porque trabaja con un taxi y no tiene una hora de llegada y de salida”. Y en la segunda exposición del Alguacil Titular de este Tribunal ciudadano J.G.S.V., en donde dicho funcionario, el día 7 de marzo de 2.006, se trasladó a la Avenida Las Américas, Sector San José de las F.B. calle 2, número 090, Mérida, con la finalidad de notificar al prenombrado ciudadano, donde fue atendido por el ciudadano G.R.C.R., quien dijo ser sobrino de dicho ciudadano y así queda escrito, a quien identifiqué a través de su cédula de identidad Nº V-17.129.303, quien le manifestó al momento de preguntarle por el ciudadano H.A.R.B., “Que su tío H.A.R., se mudó de allí como hace dos años”. Tal declaración del testigo, no le merece credibilidad al juzgador, ya que está en evidente contradicción con las afirmaciones del Alguacil Titular del Tribunal, tanto del contenido de la citación como de la notificación efectuada por el precitado funcionario judicial. Se valora al testigo de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, declaración del testigo a la que no se le asigna eficacia jurídica probatoria.

4. De la Prueba de Informes: La parte demandada en virtud de haber promovido declaración jurada, solicitó el requerimiento a la ciudadana Prefecto de la jurisdicción, A.S.D., Municipio Libertador, a fin de que informe sobre, la certeza del contenido, así como la firma de ésta en el precitado documento. Observa el Tribunal que a los autos no consta emisión de la referida solicitud, menos aún comunicación por parte de la precitada Prefectura; en consecuencia la señalada prueba se tiene como inexistente, ya que no puede ser objeto de valoración, a lo que se le agrega que se trata de una certificación de mera relación, cuya expedición y testimonio está prohibida al funcionario público declarante, toda vez que no se trata de documentos de carácter estadístico, prohibición esta prevista en el artículo 179 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Por lo tanto a la referida certificación de mero trámite no se le asigna ninguna eficacia probatoria y así se decide.

5. Valor y mérito jurídico probatorio de la constancia, expedida por la Asociación Cooperativa AUTOS LIBRES TELE MÉRIDA.

   Observa el Tribunal que al folio 79 corre constancia emitida por la referida Asociación, en virtud de la cual el Presidente ciudadano J.H., hace constar que el ciudadano H.R.B., labora en la organización como conductor auxiliar de la unidad número 9. Evidencia el Tribunal que este documento privado no fue impugnado por la parte actora en orden a lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni tachado con base a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil; no obstante evidencia el Tribunal que el firmante del referido documento ciudadano J.H., Presidente de precitada Asociación, a pesar de haber sido llamado mediante prueba testifical, tal como lo prevé, el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil; su testificación fue renunciada tal como se infiere según diligencia inserta al folio 102, suscrita por la parte demandada. De tal manera que esta prueba al no ser evacuada no tiene valor probatorio alguno.

6. De la Prueba Testifical: La parte demandada promovió adicionalmente las testimoniales de los ciudadanos L.N.S. y J.H..

   El Tribunal observa que mediante diligencia suscrita al folio 102 y su vuelto, la parte demandada renunció a dichas testifícales; por tanto las referidas testifícales se tienen como inexistente, en consecuencia no puede ser objeto de valoración.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE: La parte accionante promovió las siguientes pruebas:

1) Valor y mérito jurídico probatorio de las actas procesales, en todo cuanto favorezca a su representada. Esta prueba no fue admitida.

2) Valor y mérito jurídico probatorio de la constancia de residencia emitida por el ciudadano Dr. G.A.H.L., P.C. de la Parroquia A.S.D.d.M.L., de fecha 26 de enero de 2.005.

Observa el Tribunal que al folio 61 corre en copia fotostática simple la respectiva constancia emitida por el ciudadano P.G.A.H.L., P.C. de la Parroquia A.S.D.d.M.L.; en el mencionado documento se hace constar que el ciudadano H.A.R.B., reside en San J.L.F.B., Calle 2 número 0-90, Casa número 0-90 desde hace 35 años. La señalada prueba se tiene como inexistente, en consecuencia no es objeto de valoración, a lo que se le agrega que se trata de una certificación de mera relación, cuya expedición y testimonio está prohibida al funcionario público declarante, toda vez que no se trata de documentos de carácter estadístico, prohibición esta prevista en el artículo 179 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Por lo tanto a la referida certificación de mero trámite no se le asigna ninguna eficacia probatoria y así se decide.

3) Valor y mérito jurídico probatorio de los resultados de la notificación practicada por el ciudadano Alguacil J.G.S.. Esta prueba se declaró inadmisible en el auto de admisión de pruebas.

4) Valor y mérito jurídico probatorio en cuanto le favorezca a su representada del escrito que corre a los folios 58 y su vuelto, 59 y su vuelto y folio 60. Esta prueba se declaró inadmisible en el auto de admisión de pruebas.

5) Valor y mérito jurídico probatorio de la inspección judicial realizada en el domicilio o residencia aportado por su representada en el escrito libelar, cuya dirección es Calle 3 número 175; Don Perucho, Sector El Arenal, M.E.M.. Esta prueba se declaró inadmisible en el auto de admisión de pruebas.

En el caso bajo examen, luego del análisis de las probanzas aportadas por las partes, el Tribunal concluye, señalando lo siguiente:

1. Que la citación del demandado a través de carteles fue efectuada correctamente y tanto la citación como la notificación fueron realizadas por el ciudadano Alguacil Titular de este Tribunal y que pudo constatarse que las declaraciones de los testigos fueron total y absolutamente inciertas, toda vez que las contradicciones en que incurrieron los mismos fue el motivo para no asignarles valor jurídico probatorio, más aún cuando las declaraciones del antes mencionado funcionario judicial merecen fe pública por su condición ya indicada.

2. Que el argumento principal esgrimido por ambas partes se basó en dos constancias: Una de una declaración jurada por ante la Prefectura, a la cual no se le asignó ningún valor jurídico probatorio ya que se trata de una certificación de mera relación, cuya expedición y testimonio está prohibida al funcionario público declarante, toda vez que no se trata de documentos de carácter estadístico, prohibición esta prevista en el artículo 179 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que no demuestran a ciencia cierta la plena certeza u seguridad del domicilio real del demandado de autos, y la otra emanada del Presidente de una Asociación de Vecinos, que por ser un tercero debió ser promovida mediante la prueba testifical, conforme a las previsiones legales contenidas en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y al no declarar el tercero por vía testifical, la misma carece de valor jurídico probatorio.

3. Que en cuanto a los derechos y garantías constitucionales presuntamente violados, tal como lo afirma el demandado, no le han sido infringidos, pues muy por el contrario tanto el debido proceso como su derecho a la defensa; no han sido vulnerados ya que, los principios que inspiran y han inspirado el ordenamiento jurídico, en cuyo marco se desarrollan y conviven las relaciones entre los particulares y el Estado, no se coloca de espaldas a una verdadera justicia dentro del orden social del derecho. El derecho a la defensa debe permitir, y en este caso se ha permitido la oportunidad para que el interesado sea oído en sus planteamientos y que sus alegatos se analicen oportunamente y que no se le impida participar en el ejercicio de sus derechos. El Juez como operador de justicia frente a un justiciable, en este caso al demandado, no le ha violado el derecho a la defensa y al debido proceso y por lo tanto, fácilmente se concluye, que no se ha alterado constitucionalmente el orden público, por ninguna actuación judicial lesiva a derechos humanos, y hace valer la necesaria convivencia entre el derecho y el justiciable, al brindárseles la correspondiente tutela efectiva, más aún, cuando no existen monopolios procesales que se establezcan en contra de los interesados. Este Tribunal considera que los órganos judiciales o jurisdiccionales deben ser tutores de los derechos fundamentales del justiciable, para asegurarles el tránsito por procesos en donde deba estar vedadas actuaciones irregulares que puedan crear una situación jurídica irrazonable e injustificable, pues siempre debe imperar la igualdad tanto en las alegaciones como en las probanzas, toda vez, que el sistema judicial está en el deber ineludible de reforzar las garantías procesales, y no ha impedido que se agoten los derechos, recursos o medios adjetivos disponibles, que se desprende de situaciones fácticas o jurídicas, de tal manera que no se ha afectado la seguridad jurídica, mas aún, cuando este Tribunal siempre ha velado por la tuición del orden publico; ya que el derecho a la defensa y el debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia aplicable a cualquier clase de procedimientos y que por lo tanto permite a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas, por lo que se concluye que en el presente juicio no se ha violado el derecho a la defensa y al debido proceso ni tampoco se ha afectado el principio de la igualdad procesal previsto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no se le puede señalar a este Tribunal actuar con preferencias o producir desigualdades ni en este ni en ningún otro juicio que haya cursado por ante este Tribunal.

4. Que fueron cumplidos todos los trámites pertinentes o inherentes a la citación del demandado de autos.

5. Que conforme a la declaración de los testigos J.E.S. y A.R.S.S., el demandado ciudadano H.A.R.B., tiene su casa de habitación en la Avenida Las Américas, Sector San José de las F.B. calle 2, número 090, Mérida. Sin embargo, tales afirmaciones de los testigos está en abierta contradicción con las dos exposiciones del Alguacil de este Tribunal, la primera de ellas cuando va a citar al demandado H.A.R.B., en la Calle 3 número 175; Don Perucho, Sector El Arenal, Mérida, Estado Mérida, en donde una vecina de dicha casa, de nombre M.P.A., le informó al Alguacil Titular de este Tribunal, con relación al ciudadano H.A.R.B., “Que dicho ciudadano casi no se la pasa en dicha casa, porque trabaja con un taxi y no tiene una hora de llegada y de salida.” Lo anterior se desprende del contenido del folio 15 de este expediente. Y en la segunda afirmación del Alguacil Titular de este Tribunal, que se observa al folio 69, en donde dicho funcionario, el día 7 de marzo de 2.006, se trasladó a la Avenida Las Américas, Sector San José de las F.B. calle 2, número 090, Mérida, con la finalidad de notificar al prenombrado ciudadano, y que fue atendido por el ciudadano G.R.C.R., quien dijo ser sobrino de dicho ciudadano y así queda escrito, a quien identifiqué a través de su cédula de identidad Nº V-17.129.303, quien me manifestó al momento de preguntarle por el ciudadano H.A.R.B., “Que su tío H.A.R., se mudó de allí como hace dos años”.

Que en orden a lo antes indicado, resulta improcedente la reposición de la causa y así debe decidirse.

En orden a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: