Decisión nº 119 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 28 de Septiembre de 2010

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Expediente Nº 12024

PARTE RECURRENTE: El ciudadano A.J.A.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.703.933, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADOS JUDICIALES DEL RECURRENTE: Los abogados en ejercicio y de este domicilio G.A.P., A.P.U.M. y A.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos 7.629.412, 14.117.541 y 14.497.316 respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 29.098, 91.250 y 89.875 respectivamente y domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; carácter que se evidencia en poder apud acta que riela al folio setenta y uno (71) de las actas procesales.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Acto administrativo contenido en la Resolución No. 236 de fecha 14 de mayo de 1996, suscrita por el ciudadano S.G., actuando en su condición de Secretario de Gobierno del Estado Zulia.

I

PRETENSIONES DEL RECURRENTE:

Fundamenta la parte querellante su pretensión en los siguientes hechos: Que venía desempeñándose como funcionario público de carrera con más de once (11) años de servicios prestados para a la Administración Pública, en la Policía del Estado Zulia, llegando a ocupar el cargo de Distinguido No. 1.393, hasta el día 15 de agosto de 1996 cuando es notificado de la Resolución Nº 236 de fecha 14 de mayo de 1996 suscrita por el Secretario de Gobierno del Estado Zulia, mediante el cual se le removió del cargo de conformidad con los artículos 7 y 5 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Zulia por ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, y fundamentada en los Decretos Nº 18 y 236 de fechas 01/04/1974 y 24/02/1995.

Que el 13 de febrero de 1997 interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad en contra de su remoción, el cual fue tramitado en el expediente 5893 de éste Juzgado Superior conjuntamente con 25 compañeros, el cual fue declarado Con Lugar por sentencia de fecha 18 de agosto de 2003. Pero posteriormente el estado Zulia apeló la sentencia y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión el 22 de enero de 2007, en la cual revocó la sentencia dictada por éste Tribunal, declaró inadmisible el recurso y determinó que los querellantes podían intentar nuevamente el recurso pero en forma individual.

Que la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso fue notificada a su representante legal, abogado G.A.P.U., el día 22 de mayo de 2007, por lo que acude a interponer nuevamente su querella.

Que agotó las gestiones conciliatorias exigidas por la vigente Ley de Carrera Administrativa del estado Zulia, sin obtener hasta la fecha una respuesta sobre la conciliación planteada.

Alega el recurrente que existe una ilegalidad del acto administrativo de remoción y retiro por parte del Secretario de Gobierno del Estado Zulia y por ende viciada de nulidad absoluta por las siguientes razones:

1. Que la Resolución mediante la cual se le retira del servicio público se ampara en los Decretos Nos. 18 y 236 de fecha 01-04-74 y 24-02-95, son ilegales, ya que por una parte no se puede legislar a base de decretos, ya en el orden jerárquico de aplicación de las Leyes, no puede un decreto aplicarse por encima de una Ley más cuando la misma se trata de la Constitución del Estado Zulia, que es la máxima aplicable jerárquicamente, previsto en el artículo 130 de la misma. Alega que el Código de Policía del Estado Zulia, la Ley de Protección Social del Policía del Estado Zulia y varias decisiones de este mismo Tribunal han establecido que los funcionarios Policiales son funcionarios públicos a quienes se les aplica la Ley de Carrera Administrativa del Estrado Zulia. Esta última ley establece la estabilidad en sus cargos de los funcionarios públicos de carrera y que sólo pueden ser egresados por las causales previstas en la Ley. Por consiguiente no puede un Decreto violentar alegremente este derecho. Razón por la cual, viene afirmado reiteradamente la nulidad absoluta de los actos efectuados por las diversas modalidades del abuso o exceso de poder, el “falso supuesto” en el más reciente concepto de dicha teoría; por todo lo cual considera el accionante que tanto que los decretos Nos. 18 y 236 de fecha 01-04-74 y 24-02-95 dictados por la Gobernación del Estado Zulia, son ilegales.

2. Manifiesta que el artículo 5° de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Zulia establece quiénes son funcionarios de libre nombramiento y remoción, calificando como tales a los comandantes de los cuerpos policiales. Señala el accionante que es irracional pensar que todos los cargos de la Policía del Estado Zulia, sean de confianza o de alto nivel y en consecuencia de libre nombramiento y remoción, ya que dicho artículo sólo señala al Comandante de los Cuerpos Policiales y no a todos los agentes, lo que ha sucedido es que la Gobernación del Estado Zulia se ha excedido al haber dictado los Decretos Nos. 18 y 236 de fechas 01-04-74 y 24-02-95, mediante la cual se excluyó de la carrera administrativa todos lo cargos de la Policía del Estado Zulia y por eso eran nulos.

3. Que todas las circunstancias que se tomaron en cuenta para removerlo del cargo y retirarlo son falsas, ya que el cargo que el ocupaba no era ni será nunca de Libre nombramiento y Remoción. Al respecto la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado Zulia en su artículo 9 establece la motivación de los actos administrativos, imponiendo la debida correspondencia entre los supuestos de hecho que motivan el acto y el contenido en el mismo y no cumpliéndose este requisito en la Resolución Nº 153 de fecha 14 de mayo de 1996 emanado de la Gobernación del Estado Zulia, considera que deben ser declarados nulos de nulidad absoluta.

4. Alega además la violación del derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que debe declararse nulo de conformidad con lo previsto en el artículo 20, ordinal 4to de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 49 de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Zulia, ya que no se cumplieron las gestiones reubicatorias.

Por todo lo antes expuesto solicita que éste Juzgado declare la nulidad del acto administrativo de su remoción y retiro del cargo de DISTINGUIDO N° 1393, que desempeñó hasta el día 15 de agosto de 1996, por contener dicho acto un cúmulo de violaciones al ordenamiento jurídico. Pide igualmente que se le reincorpore al cargo de DISTINGUIDO Nº 1393 de la Policía del Estado Zulia o en otro de igual jerarquía y sueldo. Por último solicitó el pago de los sueldos o salarios que haya dejado de percibir, incluyendo todos los beneficios que recibieron los funcionarios policiales del Estado Zulia, desde su remoción hasta el día real y efectivamente sea reincorporado del cargo.

II

DEFENSA DE LA RECURRIDA:

Cumplidos los trámites de la citación, en la oportunidad procesal para dar contestación a la presente querella compareció la abogada M.B.R., con el carácter de abogada sustituta del Procurador del estado Zulia, emitiendo su defensa en los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

En primer lugar alegó la caducidad de la acción establecida en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, aduciendo que el recurrente indicó que en fecha 13 de febrero de 1997, presentó recurso de nulidad del acto administrativo, anotado el expediente bajo el Nº 5893, declarando este Tribunal sentencia con lugar en fecha 18 de agosto de 2003, la cual fue revocada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 18 de agosto de 2003, notificándose de la referida sentencia en fecha 22 de mayo de 2007 al apoderado judicial del querellante.

Consideró importante señalar, que el apoderado judicial del recurrente señaló que fue notificado sin dejar constancia en actas tal notificación, por lo que en ninguna parte prueba o señala la constancia de su notificación; por lo que consideró que la interposición de la acción estacaducha por haber transcurrido mas de tres (3) meses que es el término establecido por la Ley. De igual manera, señaló que se evidencia del auto del tribunal, que en fecha primero (1) de noviembre de 2007 se presentó la presente querella funcionarial, transcurriendo los tras (3) meses, constituyendo la extemporaneidad del mismo en virtud de haber precluido el tiempo hábil para ejercer la acción del acto administrativo.

En segundo lugar en base al artículo 340, ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, alegó que el querellante al alegar la ilegalidad de su remoción y destitución amparado en los Decretos Nos. 18 y 236 de fecha 01-04-74 y24-02-95, solicitando la nulidad del acto administrativo contentiva de la Resolución Nº 174 de fecha 14 de mayo de 1996, no consta en actas la pretensión formulada por el recurrente, en la cual no consigna el acto administrativo, ni la resolución que remueve y retira del cargo de Cabo Segundo al ciudadano J.M.A.R., afirmando que en el libelo de la demanda es el único instrumento idóneo donde deben explanarse los hechos en que se fundamenta la acción; por lo que los hechos alegados en el libelo deben ser presentados con la misma.

Por las razones antes expuestas solicitó se declare sin lugar el presente recurso.

III

DE LAS PRUEBAS:

Dentro del lapso procesal de promoción de pruebas la representación judicial de la parte recurrida consignó escrito de promoción de pruebas entre las que invocó las siguientes:

1) Ratificó el valor probatorio de los documentos consignados junto al libelo de demanda que no fueron impugnados ni desconocidos por la querellada, entre las que el tribunal observa:

1.1) Copia simple de constancia de trabajo de fecha 03 de diciembre de 1996, expedida por la División de Personal de la Policía Regional del Estado Zulia donde se deja constancia que el ciudadano A.J.A.C. prestó servicios en esa Institución desde el 01/08/85 al 15/08/96 en el cargo de DISTINGUIDO Nº 1393. (Folio 8).

1.2) Copia simple de de la resolución de remoción y retiro Nº 236 de fecha 14 de mayo de 1996, mediante la cual se remueve al ciudadano A.J.A.C. del cargo DISTINGUIDO No. 1393. (Folio 9 – 10)

1.3) Copia simple de escrito de reconsideración interpuesto por el ciudadano A.J.A.C. ante la Junta de Avenimiento de la Gobernación del Estado Zulia, entregada según se lee de sello de recibido el 28 de noviembre de 1996. (Folio 11 - 12)

1.4) Copia simple de Planilla de Aviso de Egreso (ADE) a nombre del ciudadano A.J.A.C.. (Folio 13)

1.5) Copia simple del Comprobante de Recepción de un Documento emitido el día 22 de mayo de 2007 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la cual se hace constar que se recibió una diligencia suscrita por el abogado G.P. en su condición de apoderado judicial del querellante, mediante la cual se da por notificado de la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa AP42-R-2004-001638. (Folio 14).

1.6) Copia fotostática de recurso de nulidad presentado en fecha 13 de febrero de 1997 dirigido a la Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, presentado por los abogados M.P.N. y M.N., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 21.350 y 45.519, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano A.A. y otros. (Folio 15 – 42)

1.7) Copia fotostática de la carátula del expediente AP42-R-2004-001638 y la sentencia dictada el 22 de enero de 2007 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la cual se revocó la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Admini8strativo de la Región Occidental el día 18 de agosto de 2003, se declaró inadmisible el recurso interpuesto por el ciudadano E.S.R. y otros, y se establece la posibilidad de que el citado funcionario interponga nuevamente su recurso a partir de la notificación de la decisión. (Folio 43 – 66)

2) Consignó copia de los decretos Nos. 18 y 236 emanados de la Gobernación del Estado Zulia, publicados en las Gacetas Oficiales del Estado Z.N.. Año 74 de fecha 03 de marzo de 1995 y Año 96 No. 255 Extraordinaria de fecha 03 de marzo de 1995.

3) Consignó copia de sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha 11 de marzo de 2009 en el expediente No. AP42-N-2008-00497

4) Prueba de exhibición de conformidad con el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido solicitó la exhibición por parte de la Gobernación del Estado Z.d.M.D.d.C. de la Policía del Estado Zulia.

Conforme se evidencia del folio 176 del expediente, el 01 de julio de 2009, tuvo lugar el acto de exhibición acordado en el auto emitido por este Juzgado en fecha 18 de mayo de 2009, siendo el caso que la parte demandada no exhibió los documentos cuya exhibición fueron solicitadas en el plazo indicado por este Juzgado, ni tampoco discurre de autos prueba alguna de la cual se desprenda que las referidas no se hallan en poder de la demandada, se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, se tiene como exacto el texto de los documentos en cuestión.

La representación judicial de parte recurrida no consignó escrito de promoción de pruebas, no obstante consignó junto a su escrito de contestación unas documentales que el Tribunal debe valorar de conformidad con el principio de adquisición procesal.

5) Copia certificada de Recibo de Pago suscrito por el ciudadano Araque Albert, de fecha 06 de octubre de 1996, por medio del cual deja constancia que recibió la cantidad de “…Bs. UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 Bs. 1.416.800, por concepto de prestaciones sociales…”. (folio 96).

6) Copia certificada de notificación de fecha 14 de mayo de 1996 dirigida al ciudadano J.A., mediante la cual se notificó de la resolución de remoción y retiro Nº 236 de fecha 14 de mayo de 1996. (folio 97 – 98; 114 - 115).

7) Copia certificada de Planilla de Aviso de Egreso (ADE) a nombre del ciudadano A.J.A.C., de fecha 15 de agosto de 1996. (folio 99 – 100; 112 - 113)

8) Copia simple de Recibo de Pago suscrito por el ciudadano Araque Albert, de fecha 06 de octubre de 1996, por medio del cual deja constancia que recibió la cantidad de “…Bs. UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 Bs. 1.416.800, por concepto de prestaciones sociales…” (folio 102).

9) Copia simple de notificación de fecha 14 de mayo de 1996 dirigida al ciudadano J.A., mediante la cual se notificó de la resolución de remoción y retiro Nº 236 de fecha 14 de mayo de 1996. (folio 103 – 104; 110 - 111)

10) Copia simple de Planilla de Aviso de Egreso (ADE) a nombre del ciudadano A.J.A.C., de fecha 15 de agosto de 1996. (folio 108 – 109)

Vistas las copias fotostáticas identificadas en los particulares 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2, 3, por cuanto las mismas no fueron impugnadas por la parte querellada, el Tribunal las tiene como fidedignas de sus originales a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto las copias certificadas identificadas en los numerales 5, 6 y 7, el Tribunal observa que son documentos administrativos, en virtud de lo cual les reconoce el valor probatorio y la eficacia jurídica prevista en el artículo 1.363 del Código Civil.

En relación a las copias fotostáticas identificadas en los particulares 8, 9 y 10, por cuanto las mismas no fueron impugnadas por la parte querellante, el Tribunal las tiene como fidedignas de sus originales a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Estando la presente causa en estado de dictar sentencia, pasa esta Juzgadora a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, previa las siguientes consideraciones:

IV

PUNTO PREVIO:

Se observa en primer lugar del escrito de contestación que la representación de la parte recurrida alegó que en el presente caso operó la caducidad de la acción contenida en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por cuanto desde la fecha de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró inadmisible por inepta acumulación la querella interpuesta por varios funcionarios policiales dentro de los que se encontraba el ciudadano A.J.A.C., la cual acordó la posibilidad de interposición de querella funcionarial individual; hasta la fecha interposición de esta querella transcurrieron mas de los tres (3) meses que establece la norma invocada; toda vez que afirmó que el apoderado judicial del querellante señaló que fue notificado de la referida sentencia el 22 de mayo de 2007 “sin dejar constancia en actas de tal notificación” (subrayado del Tribunal).

En tal sentido, el Tribunal establece que de lo afirmado por la representación de la parte recurrida se desprende que reconoce expresamente que no hay constancia en actas de la notificación del apoderado judicial del recurrente de la sentencia emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en virtud de la cual podría en efecto nuevamente demandar; así también, revisadas minuciosamente las actas procesales el Tribunal tampoco pudo comprobar la existencia de la notificación de la referida sentencia por parte del representante judicial del recurrente; razón por la cual no pudiéndose verificar dicha notificación y por ende la fecha cierta en la que se realizó, el Tribunal se encuentra forzado a declarar que no ha operado la caducidad de la presente acción. Así se establece

Por otro lado, en cuanto al argumento esgrimido por la representación judicial de la parte recurrida, referente a la insuficiencia de la querella por cuanto el querellante no acompañó, tal como lo establece el artículo 340 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil; quien juzga observa lo siguiente:

Dispone el artículo 98, de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece:

Al recibir la querella, bien sea en su primera oportunidad si se encuentra ajustada a ley, o bien después de haber sido reformulada, el tribunal competente la admitirá dentro de los tres días siguientes, si no estuviesen incursa en algunas de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

.

Ahora bien, toda vez que el día 20 de mayo del 2004 entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia –aplicable en razón del tiempo-, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942, en cuya Disposición Derogatoria Transitoria y Final Única se derogó expresamente la Ley Orgánica de la Corte Suprema; se aplicaran las causales de inadmisibilidad señaladas el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuales establece que el recurrente tiene la carga procesal de presentar su recurso juntamente con los instrumentos en que la fundamenta, pues expresamente establece:

Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; (…omisis…) o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible…

Asimismo, el artículo 21, aparte 9 de la misma ley, señala:

En la demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado (…omisis); a la misma se acompañará un ejemplar un ejemplar o copia del acto impugnado…

Siguiendo las normas antes citadas y revisadas como han sido las actas de éste expediente, ésta Juzgadora observa que el recurrente anexó copia simple del acto impugnado, vale decir, Resolución N° 236 de fecha 14 de mayo de 1196, dictada por el Econ. S.G., en su condición de Secretario de Gobierno (e) del Estado Zulia (folios 09 y 10), en consecuencia esta Juzgadora desestima el referido alegato realizado por la representación de la querellada. Así se establece.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Analizadas las pretensiones del querellante y los instrumentos probatorios producidos en actas, considera ésta Juzgadora oportuno citar el criterio establecido en sentencia de fecha 10 de agosto de 2000 de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, caso T.L.R. contra Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Federal, en la cual se estableció que:

…los funcionarios de carrera son aquellos que gozan principal y exclusivamente de estabilidad en el desempeño de sus servicios, de manera que sólo podrán ser retirados de su cargo por las causales contempladas (…omisis) en la Ley de Carrera Administrativa… En sentido contrario, los funcionarios de libre nombramiento y remoción, tal y como lo indica su condición, si bien disfrutan de los derechos que son comunes tanto para unos como para otros, verbigracia, derechos al descanso, a las remuneraciones correspondientes, a los permisos y licencias, etc., al propio tiempo, están excluidos del régimen preferencial que solamente se reconoce para los funcionarios denominados como de carrera, vale decir a manera de ejemplo, la estabilidad del cargo, la cual no se reconoce para los catalogados como de libre nombramiento y remoción.

En vista de lo anterior, queda claramente establecido que el funcionario de carrera, el cual lo es, dado el cumplimiento de determinados requerimientos legales y en atención a la naturaleza del cargo que ejerza, goza de una estabilidad absoluta en el ejercicio de su labor, estabilidad que es de tal trascendencia y significación que constituye precisamente, la diferencia fundamental que lo distingue del funcionario de libre nombramiento.

En atención a dicha característica diferenciadora, es importante hacer referencia a dos figuras fundamentales muy ligadas entre sí la remoción y el retiro. La primera como acto administrativo produce el retiro, ineludiblemente, en los funcionarios cuya propia naturaleza es de libre nombramiento y remoción. Otra es la situación de los funcionarios de carrera, que por su condición, aún cuando pueden ser removidos de su cargo, incluso de uno de libre nombramiento y remoción que estuvieren ejerciendo en virtud de una situación de permiso especial, deben ser colocados en situación de disponibilidad por el lapso de un (1) mes, y en caso de no ser posible su reubicación, sólo en tal supuesto, podrán ser retirados de la Administración Público.

En ese sentido, la Ley de Carrera Administrativa del Estado Zulia calificó como de libre nombramiento y remoción a aquellos que cumplían las altas responsabilidades del Estado, enunciándolos taxativamente e igualmente se confiere al Gobernador del Estado Zulia la potestad discrecional de hacer nuevas calificaciones; pero tal potestad discrecional no es absoluta, sino que por el contrario la ley le obliga a considerar como cargos de libre remoción sólo a aquellos que por la naturaleza de sus funciones sean equivalentes a los denominados de confianza.

Ahora bien, en reiteradas decisiones de los Tribunales de la Jurisdicción contenciosa administrativa (por ejemplo: Sentencia Nº 1.741 del 21 de diciembre de 2000, Corte Primera en lo Contencioso Administrativo) se ha ratificado el criterio conforme al cual cuando la administración pública sostenga que determinado cargo es de libre nombramiento y decisión, no basta que lo señale como tal, sino que debe presentar los elementos probatorios de tal hecho. De manera que no es suficiente para calificar a un cargo como de libre nombramiento y remoción la simple imputación de tal por la Administración Pública, pues la regla general es que los cargos públicos son de carrera por disposición de las normas constitucionales, quedando a cargo de quien alega lo contrario, la obligación procesal de comprobar la procedencia de la excepción. En el presente caso se observa que la administración pública del Estado Zulia no consignó juntamente con los antecedentes administrativos el correspondiente Registro de Información del Cargo o el Manual Descriptivo de Cargos de la Gobernación del Estado Zulia, instrumentos necesarios para determinar el tipo y responsabilidades desempeñadas, estableciéndose una presunción a favor de la pretensión del querellante.

Se observa además que en los Decretos Nº 18 y 236 de fecha 01/04/74 y 24/02/95 no se mencionan cuáles son las funciones del cargo de AGENTE EFECTIVO Nº 1543 de la Policía Regional del Estado Zulia que permiten calificarlo como un cargo de alto nivel y jerarquía, o que requiera de alto grado de confidencialidad y confianza. Así las cosas, es criterio de ésta Juzgadora que el precitado cargo es de carrera y por ende, la estabilidad en el cargo constituía un derecho adquirido del querellante. Así se decide.

En tal sentido destaca ésta juzgadora que la parte accionada inobservó el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Carrera Administrativa, vale decir, no se cumplieron las gestiones reubicatorias en otro cargo de carrera.

Por otra parte es criterio de ésta Juzgadora que el acto impugnado está viciado por basarse en un falso supuesto (que el cargo desempeñado por el recurrente era de libre nombramiento y remoción) el cual ha sido definido por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo (Sentencia de fecha 30 de marzo de 2000), como aquel que:

…afecta el principio que agrupa a todos los elementos de fondo del acto administrativo, denominado Teoría Integral de la Causa, a decir del Profesor C.E.M., la cual está constituida por las razones de hecho que, sistematizadas por el procedimiento, se enmarcan dentro de la normativa legal aplicable al caso concreto, que le atribuye a tales hechos una consecuencia jurídica acorde con el fin de la misma, de manera que, el vicio en referencia puede constituirse, de modo general, desde el punto de vista de los hechos como del derecho, diferenciándose por ello el falso supuesto de hecho del falso supuesto de derecho.

El primero se presenta, esencialmente, de tres formas, a saber: a) Cuando se asume como cierto un hecho que no ocurrió, b) Cuando se aprecian erróneamente los hechos, y c) cuando se valoran equivocadamente los mismos. El segundo, por su parte, se verifica cuando se incurre en una errónea aplicación del derecho o en una falsa valoración del mismo (aplicándose al supuesto bajo análisis una consecuencia jurídica distinta a la prevista en la norma que lo regula)…

En virtud del análisis que precede y con fundamento en el criterio jurisprudencial trascrito, considera esta Juzgadora que el acto administrativo dictado por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA el día 14 de mayo de 1996, contenido en la Resolución Nº 236 suscrita por el Secretario de Gobierno del Estado Zulia, mediante el cual se resolvió remover al recurrente, está viciado de nulidad absoluta, a tenor de lo previsto en el numeral 4° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo (…omisis)”. Así se decide.

Se ordena la reincorporación del ciudadano A.J.A.C. al cargo de DISTINGUIDO No. 1393 de la Policía Regional del Estado Zulia, en el mismo sitio y condiciones que venía prestando sus servicios O EN OTRO CARGO DE IGUAL REMUNERACIÓN Y JERARQUÍA. Adicionalmente se ordena al Estado Zulia cancelar al querellante, a título de indemnización, las sumas de dinero que haya dejado de percibir por prestaciones socioeconómicas y salario integral, excepto aquellas que como las vacaciones y cesta ticket, requieren de la prestación efectiva del servicio. Dicha indemnización deberá ser calculada desde la fecha en que fue removido ilegalmente del cargo en cuestión, hasta la fecha en que se decrete el cumplimiento voluntario de la presente sentencia y/o se practique la experticia complementaria del fallo ordenada, aumentadas en la medida en que se haya aumentado la remuneración del cargo o uno de similar jerarquía. Así se decide.

A los efectos de la indemnización anterior, se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme pauta el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la misma tome en cuenta los salarios devengados por el recurrente, aumentados en la misma forma que haya aumentado el cargo que ocupaba en la Policía Regional del Estado Zulia u otro de similar jerarquía, tomando en cuenta la escala de sueldos que para dicho cargo tenga establecida la División de Recursos Humanos de la Policía Regional del Estado Zulia. Así se decide.

VI

DISPOSITIVO:

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

Primero

CON LUGAR el recurso de nulidad de acto administrativo interpuesto por el ciudadano A.J.A.C. contra la POLICÍA REGIONAL DEL ESTADO ZULIA y en consecuencia, se declara la nulidad absoluta del acto administrativo dictado por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA el día 14 de mayo de 1996, contenido en la Resolución Nº 236 suscrita por el Secretario de Gobierno del Estado Zulia, mediante el cual se resolvió remover al recurrente del cargo de DISTINGUIDO Nº 1393 de la Policía Regional del Estado Zulia.

SEGUNDO

SE ORDENA la reincorporación del querellante al cargo de DISTINGUIDO Nº 1393 de la Policía Regional del Estado Zulia, en el mismo sitio y condiciones que venía prestando sus servicios o en un cargo de igual remuneración y jerarquía.

TERCERO

A título de indemnización, SE ORDENA a la Entidad Federal Estado Zulia cancelar al querellante las sumas de dinero que haya dejado de percibir por prestaciones socioeconómicas y salario integral, excepto aquellas que como las vacaciones y cesta ticket, requieren de la prestación efectiva del servicio. Dicha indemnización deberá ser calculada desde la fecha en que fue removido ilegalmente del cargo en cuestión, hasta la fecha en que se decrete el cumplimiento voluntario de la presente sentencia y/o se practique la experticia complementaria del fallo aquí ordenada, aumentadas en la medida en que se haya aumentado la remuneración del cargo o uno de similar jerarquía.

CUARTA

A los efectos de la indemnización anterior, se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme pauta el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la misma tome en cuenta los salarios devengados por el recurrente, aumentados en la misma forma que haya aumentado el cargo que ocupaba en la Policía Regional del Estado Zulia u otro de similar jerarquía, tomando en cuenta la escala de sueldos que para dicho cargo tenga establecida la División de Recursos Humanos de la Policía Regional del Estado Zulia.

QUINTO

No hay condenatoria en costas por gozar la parte recurrida del privilegio procesal. Notifíquese al Procurador del Estado Zulia.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA., en Maracaibo a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 150° de la Federación.

LA JUEZA,

DRA. G.U.D.M..

LA SECRETARIA,

ABOG. D.R.P.S..

En la misma fecha y siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 119.

LA SECRETARIA,

ABOG. D.R.P.S..

Exp. Nº 12024

GUM/DRPS