Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 19 de Septiembre de 2005

THEMA DECIDENDUM: En el presente expediente fue incoada formal demanda que por partición de bienes fue interpuesta por el abogado en ejercicio L.G.A., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.M.G.A., en contra de la ciudadana T.E.O., con la finalidad de que la accionada le reconozca el 50% de una acción de la participación que a su nombre aparece en el Complejo Turística Recreacional Vega Sol C.A., así como también el 50% de sus prestaciones sociales de la mencionada ciudadana en el cargo de Coordinadora de la Escuela de Labores M.R.N. y en esa misma proporción las prestaciones sociales en el cargo que ella desempeña como Licenciada en Educación en la E.U. (sic) R.B.. Por su parte la demandada contestó al fondo de la demanda y formuló reconvención, mediante la cual solicita el 50% de las prestaciones que tiene la accionante como maestro de capacitación que desempeña en el Centro de Educación Básica de Adultos “Vicente Dávila” adscrito al Ministerio de Educación por el tiempo que duró el matrimonio y de igual manera solicitó el 50% del valor de un vehículo cuyas características describe en el precitado escrito. Ambas partes se refieren a otros conceptos laborales pero ninguna de ellas señala a que conceptos laborales se refieren, por lo que el Tribunal no puede tomar en cuenta lo relacionado a tales “conceptos laborales”, por cuanto los mismos no fueron debidamente especificados por las partes y el juzgador no puede ser intérprete de situaciones jurídicas no indicadas por las mismas. Siendo estas las pretensiones procesales de las partes, en los términos ya citados quedó trabada la litis.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA.

1. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LOS ACTOS, DOCUMENTOS RECIBOS Y CUALQUIER OTRO INTRUMENTO QUE CONSTE EN AUTOS QUE FAVOREZCA A SU DEFENDIDO.

   Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

   Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte demandante, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

2. DE LA PRUEBA DE INFORMES: la parte actora promovió esta prueba con la finalidad de que la administración de VEGASOL a cargo de la compañía MEGATUR quien a su vez es representada por la compañía anónima CONECTUR de información sobre quien adquirió la acción E No.884, en fecha 24 de mayo de 1994. Igualmente que indique si fue pagada la totalidad del valor de la referida acción y si los titulares gozan y disfrutan de las instalaciones con carnet emanado por VEGASOL.

   El Tribunal observa al contenido de los folios 101 al 106 informe emanado de la empresa MEGATUR a través de la cual señala que la participación E No.884, de fecha 24 de mayo de 1994 fue adquirida por la ciudadana T.E.O.D.G., que la misma fue cancelada en su totalidad y la prenombrada ciudadana autorizó a la empresa MEGATUR C. A para traspasar en todos sus términos y obligaciones dicha participación a la ciudadana THIBAIRE T.O.M.. Sobre la valoración de esta prueba de informes la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, expresó lo siguiente:

   “...Ahora bien, la prueba de informes es una prueba legal incorporada en nuestro vigente Código de las formas con más singular provecho, precisamente por la versatilidad y alcance de la misma, ya que por su intermedio se logra incorporar a los autos elementos de hecho cuyo establecimiento por los medios tradicionales se mostraba de difícil factura. Por ello precisamente el legislador no estableció norma alguna expresa que sujetara la valoración de esta prueba, dejándola librada a la sana crítica que ha de aplicar el juzgador en los términos del artículo 507 del mismo cuerpo de normas (...) Lo anterior significa, siguiendo con ello la enseñanza del insigne procesalista E.C. (Couture-Eduardo; Las Reglas de la Sana Crítica en la apreciación de la prueba testimonial. Revista de Derecho Jurisprudencial y Administración. Tomo XXXVII, Montevideo 1939, p.272), que la censura en casación de la apreciación de la prueba de informes ex artículo 433 del vigente Código de Procedimiento Civil, exige enmarcarse como la violación de una máxima de experiencia según lo previsto en la parte in fine del primer aparte del ordinal 2º del artículo 313 ejusdem, en concordancia con el artículo 320 ibidem.

   En este sentido la doctrina patria expresa:

   La prueba de informes (...) En cuanto a su valor probatorio, el Juez, ante la ausencia de una regla expresa de valoración, se atendrá a la sana crítica, es decir, a su propio juicio de valor, derivado de la lógica, la ciencia y la experiencia. La no apreciación de esta prueba por la regla de la sana crítica, puede dar lugar a una de los casos de Casación sobre los hechos, según lo determina el aparte primero del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, de acuerdo una opinión doctrinaria, la que comparto, la Casación no sólo podría constatar si fueron o no aplicadas las reglas de la sana crítica , sino . (Duque Corredor; R.J.; Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva, S.R.L., Caracas, 1.990, p. 219)

   Esta prueba de informes que como tal no se trata de una confesión ni de una testimonial, ni su finalidad es para ratificar los documentos de terceros, no obstante si es útil jurídicamente para obtener la información de un tercero ajeno al proceso, sobre documentos indicados dentro del juicio y en el caso de autos, la prueba se corresponde con lo alegado por la parte demandante. A esta prueba de informes, por estar interrelacionada con los otros elementos procesales antes precitados, el Tribunal le asigna a esta prueba el valor jurídico probatorio y la correspondiente eficacia jurídica a favor de la parte demandante, pero tal bien no puede ser objeto de liquidación por pertenecer actualmente a nombre de otra persona a quien se le cedió.

3. DE LA PRUEBA DE LA EXPERTICIA: La parte actora promovió la prueba pericial a fin de que los expertos determinen el monto exacto de las prestaciones sociales de la demandada, desde el día 16 de diciembre de 1986 fecha de celebración del matrimonio hasta el 16 de septiembre de 1997 fecha de disolución del matrimonio, derivada de la relación de trabajo que tiene en la Escuela Básica “R.B.” dependiente del Ministerio de Educación y del Instituto de Capacitación de Adultos del Estado Mérida.

   El Tribunal observa que si bien es cierto que esta prueba promovida por la parte actora de conformidad con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, referente al nombramiento de expertos y admitida mediante auto que corre inserto al folio 98, también es cierto que al folio 100 se puede constatar que ninguna de las partes hizo acto de presencia al mismo, razón por la cual el mencionado acto fue declarado desierto. En consecuencia este Tribunal no puede valorar una experticia no realizada.

4. DE LAS PRUEBAS INSTRUMENTALES: La parte actora promovió copia del acta de matrimonio, que determina la fecha de inicio de la comunidad conyugal.

   El Tribunal observa al contenido del folio 6 copia simple del acta de matrimonio de los ciudadanos J.M.G.A. Y T.E.O.M. expedida por el P.C. de la Parroquia El Llano Municipio Libertador del Estado Mérida. Esta prueba contenida en un documento público en copia fotostática, se le tiene por fidedigno tal como lo señala el artículo 429, primer aparte del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada por la parte contraria.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA.

1) VALOR Y MERITO PROBATORIO DE TODO LO ALEGADO Y PROBADO EN CUANTO LE FAVOREZCA: El pronunciamiento del Tribunal es de idéntica forma a la prueba de la consideración SEGUNDO letra “A”, que se refiere al aporte de pruebas efectuado por las partes y que las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, en orden al principio procesal de la comunidad de la prueba.

2) VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD CONYUGAL: El Tribunal observa que al folio 85 obra copia simple de título de documento de propiedad de vehículo automotor a nombre del ciudadano J.M.G.A., expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de la Dirección General Sectorial de Transporte y T.T., en fecha 27 de octubre de 1986. El Tribunal observa que el referido título de propiedad en copia fotostática es un documento público al cual se le asigna el valor y mérito jurídico probatorio que se desprende del contenido del primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, como documento fidedigno por no haber sido impugnado por el adversario.

Fue agregada al folio 6 acta de matrimonio civil celebrado entre los ciudadanos J.M.G.A. Y T.E.O.M. por ante la Prefectura Civil de la Parroquia El Llano Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, en fecha 16 diciembre de 1.986 y se evidencia del documento de propiedad del vehículo expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de la Dirección General Sectorial de Transporte y T.T., que el mismo fue adquirido en fecha 27 de octubre de 1986. En este orden de ideas, este Tribunal señala que el referido vehículo no puede ser objeto de la presente partición toda vez que no forma parte de la comunidad de bienes gananciales de la extinta sociedad conyugal, habida consideración que el documento de propiedad del mismo es anterior a la fecha en que fue contraído el matrimonio entre los mencionados ciudadanos.

La parte actora solicitó la partición del 50% de las prestaciones sociales de la que es beneficiaria su ex cónyuge T.E.O. en su cargo de Licenciada en Educación que ejerce en la E.U. (sic) R.B. durante el tiempo que duró el vínculo es decir durante el lapso de 10 añós y 9 meses la que según indica se encuentran deducidas en el Departamento de Personal del Ministerio de Educación, ubicado en el Centro Comercial Alto Chama, Torre Norte, P-4, M.E.M. y además el 50% de las prestaciones sociales que tiene la mencionada ciudadana en el cargo de Coordinadora que ejerce en la Escuela de Labores M.d.R.N. durante el tiempo que duró el matrimonio, señalando que dichas prestaciones sociales se encuentran en la Dirección de Educación de la Gobernación del Estado Mérida. El Tribunal considera que efectivamente de existir tales prestaciones sociales le corresponde el 50% a la parte actora con relación a las mismas desde la fecha que contrajo matrimonio, vale decir, desde el día 16 de diciembre de 1.986 hasta la fecha en que fue declarado disuelto el vínculo matrimonial, vale decir, hasta el día 16 de septiembre de 1.997, en las instituciones educativas antes señaladas.

De igual manera en el acto de contestación a la demanda y reconvención que corre inserto a los folios 83 y 84 de este expediente la parte demandada reconviniente solicita el pago del 50% de las prestaciones sociales de las que es beneficiario el ciudadano J.M.G.A., por el cargo de maestro de capacitación el cual desempeña en el Centro de Educación Básica de Adultos “Vicente Dávila”, por todo el tiempo en que duró el vínculo matrimonial, vale decir, desde el día 16 de diciembre de 1.986 hasta la fecha en que fue declarado disuelto el vínculo matrimonial, vale decir, hasta el día 16 de septiembre de 1.997, en la referida institución educativa.

La circunstancia de que en el momento en que fue efectuada la acción de divorcio por el procedimiento del 185-A y la circunstancia de que las partes señalaron que no existían bienes que fueran objeto de partición, no le impide a cualquiera de las partes interponer posteriormente juicio de partición y liquidación de bienes existentes como producto de la sociedad de bienes gananciales de la extinta comunidad conyugal; así lo ha decretado tanto la doctrina más acreditada como la jurisprudencia nacional y en cuanto a las prestaciones sociales constituyen bienes comunes de los cónyuges tal como lo señala el ordinal 2º del artículo 156 del Código Civil, que considera como bienes de la comunidad los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges.

Determinada la forma como quedó trabada la litis, corresponde a este juzgador proceder a sentenciar el fondo de la presente controversia.

Establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

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Quiere decirse con esto que la formación del material de conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del Juez a no referirse a otros hechos que a los alegados por aquellas. Que de su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas de modo que junto a la carga de la afirmación de los hechos tienen la carga de la prueba de los mismos.

Así como no se puede tomar en cuenta hechos que no han sido alegados por las partes, el Juez tampoco puede fundar su sentencia en hechos que no han sido probados.

El Código de Procedimiento Civil distribuye la prueba entre las partes, como una carga procesal cuya intensidad depende del respectivo interés, vale decir, si el actor le interesa el triunfo de su pretensión, deberá probar los hechos que le sirven de fundamento, y si al demandado le interesa destruir, enervar o reducir con su actividad directa en el proceso el alcance de la pretensión, deberá por su parte, probar el hecho que la extingue, que la modifique o que impide su existencia jurídica.

Siendo ello así el Juez con relación a este caso sólo puede resolver las cuestiones que las partes hayan formulado en los citados actos, vale decir, en la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención propuesta, ya que el Tribunal no puede incurrir en el vicio de incongruencia que se verifica cuando el Juez omite pronunciarse sobre un alegato de las partes (incongruencia negativa), o bien cuando extiende su pronunciamiento a alegatos no formulados en el proceso (incongruencia positiva), ya que con la demanda la parte actora agota su oportunidad legal de alegar sobre la pretensión deducida en el proceso y correlativamente la parte demandada agota la suya al efectuar la contestación, de tal manera que con tales actuaciones se traba la litis y se cierra a las partes la posibilidad de traer nuevos alegatos relativos a la pretensión deducida en el juicio. Sin embargo, en el escrito de informes es admisible la alegación de hechos determinantes y concernientes a la suerte del proceso como lo es la confesión ficta, la reposición de la causa u otros similares y al no actuar de esa manera las partes o el juzgador, tales circunstancias repugna la justicia porque atenta contra elementales garantías y derechos de orden constitucional de los sujetos de derecho por lo tanto, no puede existir un pronunciamiento divorciado de los hechos controvertidos. Siendo ello así y con base a las alegaciones de las partes y a las pruebas promovidas, el Tribunal pasa a dictar la parte dispositiva del presente fallo.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA : PRIMERO : Parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano J.M.G.A. en contra de la ciudadana T.E.O. por partición de bienes comunes. SEGUNDO: Parcialmente con lugar la reconvención interpuesta por la ciudadana T.E.O., en contra del ciudadano J.M.G.A., por partición de bienes comunes. TERCERO: Por la naturaleza del fallo no existe especial pronunciamiento sobre costas, en virtud de que no hubo vencimiento total con relación a cada una de las partes. CUARTO: Una vez que quede definitivamente firme la presente decisión se procederá a fijar la oportunidad procesal para el nombramiento del partidor de conformidad con el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil. QUINTO : Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la ultima notificación, comenzara a contarse el lapso de apelación a que se contrae el articulo 290 del Código de Procedimiento Civil, debe seguirse la forma prevista en los artículos 187, 292, 294, 297 y 298 eiusdem y para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, diecinueve de septiembre de dos mil cinco.

EL JUEZ TITULAR,

A.C.Z..

LA SECRETARIA TEMPORAL,

D.S.F..

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las once y treinta minutos de la mañana y se libraron las correspondientes boletas de notificación a las partes y se le entregaron al Alguacil para que las haga efectivas conforme la Ley.

LA SCRIA TEMP.,

D.S.

ACZ/ds.