Alcaldes del Pueblo no acatarán leyes que desmontan Estado federal y democrático

El presidente de la Asociación de Alcaldes del Pueblo, Emilio Graterón, denunció que la Asamblea Nacional irrespeta la voluntad popular de los electores al aprobar de manera inconsulta una serie de leyes y reformas de leyes que afectan directamente el funcionamiento de estados y municipios. Ratificó que los integrantes de la asociación no acatarán "ninguna disposición legal que viole los principios democráticos de una Constitución que dice claramente que nuestro país es un estado federal y democrático".

Así respondió el alcalde de Chacao a la reforma la Ley de los Consejos Locales de Planificación y de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación de Políticas Públicas, aprobadas en la sesión extraordinaria de ayer por la mayoría pesuvista, en la que la Comisión de Participación también afinó el informe para segunda discusión del proyecto de ley de transferencia de competencias y servicios de los estados y municipios al poder popular.

Graterón rechazó el trío de normas para cuya elaboración no fue consultada la opinión de los alcaldes: "Las personas que tienen la opinión más calificada y el mayor interés a favor del pueblo, que somos los alcaldes y los gobernadores, hemos sido excluidos de cualquier tipo de discusión sobre el contenido de estas leyes".

Amenazas. El diputado Ulises Daal, proponente del paquete legal, aseguró que los textos vienen a desarrollar el artículo 184 de la Constitución que establece la descentralización de servicios desde las gobernaciones y alcaldías "a las comunidades y grupos vecinales organizados". El Cabildo Metropolitano dice que el trasfondo es otro.

El concejal Alejandro Vivas, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, advirtió que las leyes del poder popular, la reforma de los consejos locales y estadales de planificación y la transferencia de competencias a las comunas, atentan directamente contra la institucionalidad constituida, al tratar de instaurar un Estado paralelo tanto en lo territorial como en lo administrativo.

El concejal sostuvo que "la primera amenaza sobre la institucionalidad constituida se observa cuando la Ley de las Comunas plantea relaciones geográficas que no necesariamente coinciden con la organización político-territorial existente y crea los distritos motores de desarrollo", figura que no existe en la Constitución.

Vivas advirtió que la segunda amenaza de los textos aprobados la...

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