Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 9 de Mayo de 2011
| Fecha de Resolución | 9 de Mayo de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Gary Coa León |
| Procedimiento | Perención |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
En fecha 26 de febrero de 2007 se recibió en este Juzgado, previa Distribución, el recurso de nulidad interpuesto por los abogados H.H., Y.G.R., N.B.P. y C.M.V., Inpreabogado Nros. 68.096, 119.064, 104.923 y 97.032, en su carácter de apoderados judiciales de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL, MUNICIPIO LIBERTADOR.
En fecha 1º de marzo de 2007 este Juzgado libró despacho saneador solicitándole a las apoderadas de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas que indicaran a este Tribunal, sin confusión alguna, cual era la P.A. cuya nulidad se pretendía en el presente juicio, ya que al folio dos (02) decían que estaban recurriendo la P.A. Nº 727-02 de fecha 21 de julio 2005, y posteriormente al folio cinco (5) indicaban como P.A. recurrida la Nº 1288-06 de fecha 11 de abril de 2006.
En fecha 07 de marzo de 2007, se dejó constancia que hasta esa fecha la parte recurrente no había señalado cual era la P.A. cuya nulidad se pretendía en el presente juicio.
En fecha 26 de marzo de 2007 se ordenó la notificación de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas del auto dictado en fecha 1º de marzo de 2007.
En fecha 28 de marzo de 2007 la abogada C.M.V. se dio por notificada del despacho saneador librado por este Tribunal. Y en fecha 10 de abril de 2007 la mencionada abogada reformó la demanda.
En fecha 16 de abril de 2007 este Tribunal ordenó solicitar los antecedentes administrativos del caso a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, de ello se notificó a la Procuradora General de la República.
En fecha 14 de mayo de 2007 este Juzgado ordenó solicitar los antecedentes administrativos a la Procuradora General de la República, ello en razón de que la mencionada Inspectoría no había hecho la remisión de los mismos. Solicitud que fue ratificada en fecha 14 de junio de 2007.
En fecha 26 de noviembre de 2007 la apoderada judicial de la parte recurrente presentó diligencia solicitando que se oficiara a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, a los fines de que enviaran los antecedentes administrativos del caso; igualmente aclaró que la P.A. recurrida es la N° 727-05 de fecha 21 de julio de 2005, inserta en el expediente N° 7695-03. Por lo que en fecha 28 de noviembre de 2007 este Juzgado ordenó oficiar nuevamente a la mencionada Inspectoría, a los fines que enviara a este Tribunal los aludidos antecedentes administrativos del caso. De ello se notificó a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 10 de enero de 2008 se ordenó oficiar a la Procuradora General de la República nuevamente, para que por su intermedio fuesen remitidos a este Órgano Jurisdiccional los antecedentes administrativos del caso que había omitido enviar la aludida Inspectoría que dictó el acto. Solicitud que fue ratificada en fecha 11 de febrero de 2008.
En fecha 25 de marzo de 2008, el abogado G.J.C.L. se abocó al conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido designado Juez Provisorio del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, y se aperturó el lapso de tres (03) días de despacho para que se pudiera ejercer el derecho consagrado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 25 de marzo de 2008, este Tribunal en virtud de haberle requerido los antecedentes administrativos del caso tanto a la Inspectoría del Trabajo como a la ciudadana Procuradora General de la República en varias oportunidades, instó a la parte recurrente a que consignara copias certificadas de dichos antecedentes a los fines de proveer la admisibilidad del recurso de nulidad, para lo cual concedió un lapso de treinta (30) días.
I
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a éste Juzgado pronunciarse con relación a la perención de la instancia y al respecto, observa:
Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la no realización, en un período mayor de un año de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.
Se constituye entonces el instituto de la perención como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas, en las cuales no existe ningún tipo de interés de los sujetos de la litis.
Ahora bien, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone lo siguiente:
Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas
.
Mediante sentencia Nº 2.148, de fecha 14 de septiembre de 2004 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso F.H.-Linares, señaló lo siguiente:
“…Omissis…
La norma que se transcribió persigue que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de las partes, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo. Ahora bien, los confusos términos de la norma jurídica que se transcribió llevaron a esta Sala, mediante decisión n° 1466 de 5 de agosto de 2004, a desaplicarla por ininteligible y, en consecuencia, según la observancia supletoria que permite el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicar el Código de Procedimiento Civil a los casos en que opere la perención de la instancia en los juicios que se siguen ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención
. (Resaltado de la misma sentencia).
En este mismo orden de idea la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1270 de fecha 09 de diciembre de 2010, estableció lo siguiente:
Determinada la competencia para decidir, esta Sala observa que de las actas que conforman el expediente, se verifica que desde la interposición del escrito contentivo de la acción de nulidad -28 de octubre de 2009- ha existido una total inactividad en el presente procedimiento de nulidad, previo a la admisión de la demanda, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año.
En atención a lo expuesto, se aprecia que el actor no demostró que existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, interés el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
En este orden de ideas, se aprecia que el interés procesal, no basta con ser demostrado con la interposición de una determinada demanda sino que el mismo debe ser continuo a lo largo del devenir del proceso, ya que su falta de demostración acarrea la consecuencia de la extinción de la acción, declaratoria la cual puede ser declarada, incluso de oficio por los órganos jurisdiccionales (Vid. Sentencia de esta Sala n° 956/2001 y 1649/2009).
Así pues, esta Sala ha establecido que la presunción de la pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia (Vid. Sentencia de la Sala n° 2673/2001), por lo que, siendo que en el presente caso, el demandante no actuó con posterioridad a la interposición de la demanda de nulidad, demostrando una falta de interés procesal en la resolución de la misma, previo a la emisión de un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda, se aprecian que concurren las condiciones para la declaratoria de la perdida de interés en la presente causa por el no impulso de la misma.
En razón de ello, se declara la pérdida del interés procesal, y en consecuencia, el abandono del trámite. Así se decide
.
Por consiguiente y visto el criterio jurisprudencial citado en el que se estableció que en materia de perención de la instancia debe aplicarse el supuesto normativo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adminiculado con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y visto igualmente el criterio jurisprudencial citado en el que se estableció que la presunción de la pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, éste Tribunal pasa a determinar si en este caso, se ha verificado la perención de la causa o la pérdida del interés y como consecuencia de ello el abandono del trámite en el presente proceso judicial
Ahora bien, de las actas del expediente se observa que la causa estuvo paralizada desde el 25 de marzo de 2008, fecha en la cual este Tribunal en virtud de haberle requerido los antecedentes administrativos del caso tanto a la Inspectoría del Trabajo, como a la ciudadana Procuradora General de la República en varias oportunidades, instó a la parte recurrente a que consignara copias certificadas de dichos antecedentes, a tales fines se concedió un lapso de treinta (30) días continuos. En tal sentido, observa este Juzgado que dicha paralización evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año, superando con creces el lapso del año que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, apreciándose que la parte recurrente no demostró que existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado. Por tal razón este Tribunal, luego de constatar que en el presente caso no se violan normas de orden público, declara consumada la pérdida del interés procesal y en consecuencia el abandono del trámite, y así se decide.
I
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas éste Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara la PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRÁMITE en el recurso de nulidad interpuesto por los abogados H.H., Y.G.R., N.B.P. y C.M.V., en su carácter de apoderados judiciales de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL, MUNICIPIO LIBERTADOR.
.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte recurrente
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
EL JUEZ
ABG. GARY JOSEPH COA LEÓN
EL SECRETARIO,
ABG. A.R.Q.
En esta misma fecha 09 de mayo de 2011, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
EL SECRETARIO,
ABG. A.R.Q.
Exp: 07-1873/A.S.
