Decisión nº KP02-R-2010-001212 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 4 de Abril de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KP02-R-2010-001212

En fecha 04 de noviembre de 2010, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, el Oficio Nº 2670-458/2010, de fecha 08 de octubre de 2010, proveniente del Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, anexo al cual remitió copias certificadas del expediente contentivo de la demanda por cobro de honorarios profesionales, interpuesta por la ciudadana A.B.Á., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 119.637, actuando en su propio nombre y representación; contra la ciudadana N.J.R.M., titular de la cédula de identidad Nº 5.934.693.

Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación ejercido en fecha 04 de octubre de 2010, por la ciudadana N.J.R.M., ya identificada, asistida por el abogado D.C., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.703; contra la sentencia definitiva dictada por el referido Juzgado, en fecha 28 de septiembre de 2010, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda incoada.

En la misma fecha, 04 de noviembre de 2010, el presente asunto fue devuelto al Tribunal de origen por observar error de foliatura. Posteriormente en fecha 09 de diciembre de 2010, fue recibido nuevamente con foliatura enmendada.

En fecha 15 de diciembre de 2010, este Juzgado fijó al vigésimo (20º) día de despacho siguiente el acto de informes.

Así, en fecha 02 de febrero de 2011, se recibió de la parte demandada escrito de informes.

Seguidamente, en fecha 03 de febrero de 2011, este Juzgado se acogió al lapso previsto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, para la presentación de las observaciones al informe presentado.

Posteriormente, en fecha 17 de febrero de 2011, este Juzgado se acogió al lapso previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil para el dictado de la sentencia.

Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia en el presente asunto, este Órgano Jurisdiccional pasa a realizar las consideraciones siguientes:

I

DE LA ACCIÓN INTERPUESTA

Mediante escrito presentado en fecha 07 de mayo de 2010, la ciudadana A.B.Á., inició el presente procedimiento mediante demanda por cobro de honorarios profesionales, bajo los siguientes términos:

Que “(…) Desde el 29 de Octubre de 2008, comen[zó] a brindar asistencia profesional a la ciudadana N.J.R.M. (…) en el asunto: KH11-V-2007-007 (llevado por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara) (…)”.

Que las actuaciones son las siguientes: Solicitud de copias simples de fecha 29 de octubre del 2008, diligencia de consignación de honorarios del partidor de fecha 10 de noviembre de 2008, diligencia de revocación de poder de abogados preliminares, diligencia de avocamiento de fecha 02 de diciembre de 2008, diligencia de fecha 12 de diciembre de 2008 solicitando nuevo avocamiento, diligencia de ratificación de fecha 02 y 12 de diciembre y del 15 de enero de 2009, consignación de copias certificadas de divorcio de fecha 12 de febrero de 2009, diligencia de fecha 19 de marzo ratificando partición, 5% de masa patrimonial según partición de sentencia de fecha 01 de abril de 2009, diligencia de notificación de fecha 13 de abril, diligencia de fecha 13 de abril solicitando devolución de documento original, solicitud de copias certificadas de fecha 27 de abril de 2009, diligencia de fecha 10 de noviembre de 2008, y diligencia de consignación de poder de fecha 14 de agosto de 2009.

Estima las referidas actuaciones en la cantidad de Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Bolívares sin Céntimos (Bs. 48.740,00).

Fundamenta su acción en el artículo 22 de la Ley de Abogados.

II

DEL FALLO APELADO

Por sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 2010, el Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró parcialmente con lugar la demanda incoada, indicando lo siguiente:

…Omissis…

QUINTO: Por otra parte, del cúmulo de documentos consignados por la parte demandada cursantes en autos del folio 146 al 155, el único que tiene pleno valor probatorio en la presente causa es el recibo de pago cursante al folio 151 al 153, corroborado con el recibo cursante al folio 155, ya que al no ser desconocidos por la parte demandada adquirieron pleno valor probatorio a tenor de los establecido en el artículo 444 del Código de procedimiento Civil, y de los cuales se desprende inequívocamente que la demandante dio por cancelada la deuda por honorarios profesionales correspondiente a las dos primeras actuaciones demandadas en su libelo, a saber: a) Solicitud de copias simples del 29 de octubre del 2.008 al folio 4 y 5. b) Diligencia de consignación de honorarios del partidor del 10 de noviembre de 2008 al folio 6 y 7.,y como el precio de las mismas no es de orden público se entiende entonces que la parte demandante pactó y cobro dichas actuaciones al precio que aparece en dicho documento. Así se decide

SEXTO: Respecto al resto de pruebas cursantes en autos, este tribunal las desecha por no servir para probar la acreencia o su cancelación de los conceptos aquí demandados, razón por la cual este juzgador desecha la declaración testimonial de la ciudadana M.M.F. cursante al folio 115 al 117 por no servir para probar la existencia de las actuaciones judiciales que se reclaman. Igualmente desecha los documentos cursantes del folio 129 al 142 por no servir para probar acreencias o liberaciones de pago en la presente causa. Igual suerte corre la revocatoria de poder cursante al folio 142 al 145 ya que el mismo no demuestra obligación ni pago de los aquí demandados. Las copias de los cheques cursantes de los folios 146 al 150 son desechados por este Tribunal por cuanto demuestran pagos realizados por la demandada a la demandante pero no el concepto del pago. El recibo del folio 154 se desecha por cuanto en el mismo no aparece especificado qué conceptos se está pagando, por lo que mal podría imputar alguna cantidad específica a alguna actuación en específico sin que lo diga el respectivo documento. Así se decide.

SEPTIMO: Vistas así las cosas, es evidente que quedó demostrado el derecho que tiene la demandante para cobrar honorarios profesionales judiciales por las siguientes actuaciones realizadas en el expediente N° KH11-V-2007-07 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara: c) Diligencia de revocación de poder de abogados preliminares al folio 9 y 10. d) Diligencia de avocamiento del 02 de diciembre de 2.008 al folio 11 y 12. e) Diligencia del 12 de diciembre de 2008 solicitando nuevo avocamiento al folio 13 y 14. f) Diligencia de ratificación del 02 y 12 de diciembre del 15 de enero de 2.009 al folio 15 y 16. g) Consignación de copias certificadas de divorcio del 12 de febrero de 2.009 al folio 17 y 18. h) Diligencia del 19 de marzo ratificando partición al folio 19. j) Diligencia de notificación de 13 de abril al folio 24 y 25. k) Diligencia del 13 de abril solicitando devolución de documento original al folio 26 y 27. l) Solicitud de copias certificadas del 27 de abril de 2.009 al folio 32 y 33. m) Diligencia del 10 de noviembre de 2.008 al folio 43 y 44. n) Diligencia de consignación de poder del 14 de agosto de 2.009 al folio 46 y 47. Así se decide.

DECISIÓN.

Por todas las razones antes expuestas es por lo que este Tribunal del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda de COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES JUDICIALES, intentada por la ciudadana A.B.A., (…) en contra de la ciudadana N.J.R.M., (…) y se condena a esta última a pagarle a la primera los honorarios causados por las actuaciones realizada en el expediente N° KH11-V-2007-07 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara consistentes en: c) Diligencia de revocación de poder de abogados preliminares al folio 9 y 10. d) Diligencia de avocamiento del 02 de diciembre de 2.008 al folio 11 y 12. e) Diligencia del 12 de diciembre de 2008 solicitando nuevo avocamiento al folio 13 y 14. f) Diligencia de ratificación del 02 y 12 de diciembre del 15 de enero de 2.009 al folio 15 y 16. g) Consignación de copias certificadas de divorcio del 12 de febrero de 2.009 al folio 17 y 18. h) Diligencia del 19 de marzo ratificando partición al folio 19. j) Diligencia de notificación de 13 de abril al folio 24 y 25. k) Diligencia del 13 de abril solicitando devolución de documento original al folio 26 y 27. l) Solicitud de copias certificadas del 27 de abril de 2.009 al folio 32 y 33. m) Diligencia del 10 de noviembre de 2.008 al folio 43 y 44. n) Diligencia de consignación de poder del 14 de agosto de 2.009 al folio 46 y 47. No hay condenatoria en costas procesales dada la naturaleza de la acción y el vencimiento parcial. Notifíquese a las partes por haber salido la presente sentencia fuera del lapso de ley. Expídase por Secretaria copia certificada de la presente decisión.

III

DE LA COMPETENCIA

Este Juzgado Superior, partiendo de la máxima procesal conforme a la cual la competencia no constituye un presupuesto para el procedimiento sino para la sentencia que ha de resolver la litis, y que al carecer de aquélla en cualquier estado y grado de la causa debe imperativamente el Órgano Jurisdiccional por razones de orden público declararse incompetente, considera necesario en el presente caso, en resguardo del derecho constitucional consagrado en el artículo 49 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es, la garantía del tribunal competente y el derecho al juez natural, precisar algunos aspectos que delimitan la competencia para el conocimiento de casos como el de autos.

En el asunto que nos ocupa, se ha sometido al segundo grado de jurisdicción la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 2010, por el Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de honorarios profesionales, interpuesta por la ciudadana A.B.Á.; contra la ciudadana N.J.R.M., ambas identificadas supra.

En efecto, del escrito libelar se desprende que se ha ejercido una acción de naturaleza civil que encuentra su estudio específicamente en el derecho patrimonial (bienes), y en donde el ejercicio de esa acción ha sido otorgado en principio a personas privadas como consecuencia de una relación de derecho preexistente o una situación de hecho tutelada por el ordenamiento jurídico y que para el caso en concreto se encuentra necesariamente vinculada a otro sujeto de derecho de carácter privado. De allí que, los sujetos procesales que integran la presente relación jurídica procesal, estén en conflicto con la única finalidad de sostener y hacer valer sus derechos personales e intereses privados.

En razón de lo anterior, debe precisarse de manera inequívoca que el estudio de acciones como la presente está atribuido a la jurisdicción civil ordinaria, es decir, corresponde a ésta la competencia material y funcional para dirimir todas aquellas controversias surgidas entre particulares o sujetos de derecho estrictamente privado.

Ahora bien, desde la creación de este Juzgado Superior, la cual se remonta al Decreto N° 2057, de fecha 8 marzo de 1977, publicado en la Gaceta Oficial Nº 31201 de fecha 23 de marzo de 1977, entre las competencias que originalmente le fueran atribuidas en razón de la materia, encontramos la civil ordinaria en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás textos normativos; por lo que, en principio podría afirmarse que corresponde a este Tribunal Superior el conocimiento del recurso de apelación a que se contrae el presente juicio civil, en virtud de que dicha competencia se ha venido ejerciendo en tiempo reciente.

No obstante, cabe precisar que si bien este Juzgado nace con una diversidad de competencias propias de la jurisdicción ordinaria, debe advertirse que el mismo ha sido concebido como consecuencia de la consagración constitucional del sistema contencioso administrativo en el artículo 206 de la Constitución de 1961 (actualmente artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), lo que motivó la necesidad de crear y regular la organización de tribunales pertenecientes a la jurisdicción contencioso administrativa. Es así que, con la promulgación de la entonces Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia mediante publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 1893, de fecha 30 de julio de 1976, y el conjunto de competencias que la misma desarrolló, se produce el Decreto N° 2057, de fecha 8 marzo de 1977, mediante el cual se determinó la organización territorial de la jurisdicción contencioso administrativa.

En ese contexto se crean por regiones los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo a los cuales en dicha oportunidad les fue otorgada igualmente la competencia en materia civil y mercantil, régimen de competencias que para el caso de este Juzgado Superior es objeto de una modificación a través de la Resolución de fecha 19 de septiembre de 1991, emanada del extinto Consejo de la Judicatura, cuando es suprimida la competencia mercantil pero se adicionan la Agraria y Contencioso Tributaria, es decir, se produjo una transformación competencial que llevó a la denominación de Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo, Agrario y Tributario de la Región Centro Occidental. Posteriormente, con la entrada en vigencia de las leyes que previeron la estructura organizativa de los Órganos Jurisdiccionales que integran la materia Contencioso Tributaria y Agraria, respectivamente, devino una supresión por ley de la competencia que en dichas materias fuera atribuida a este Juzgado, el cual pasó a denominarse Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

De lo anterior, puede evidenciarse como de forma imperceptible se fueron sustrayendo significativamente competencias ajenas a la materia contencioso administrativa para la cual en esencia fueron creados los Juzgados Superiores Regionales, produciéndose así un acercamiento al principio de especialización que debe privar en la distribución de competencias de la jurisdicción contencioso administrativa; y por otro lado, evitándose una dualidad funcional respecto al conocimiento en primera instancia para una materia determinada, y en segunda instancia para el ejercicio de otra competencia material.

En este sentido, ante la ausencia de un cuerpo normativo que regulara de manera armónica el régimen de competencias de la jurisdicción contencioso administrativa, este Juzgado Superior Regional perteneciente a dicha jurisdicción, continuó ejerciendo competencia en materia civil específicamente en segunda instancia, la cual como fuera expresado ut supra había sido atribuida mediante un Decreto Nº 2057, de fecha 8 marzo de 1977, competencia ésta que logró mantenerse pese a que se fueron suprimiendo aquellas que no eran propias a este Juzgado, bien por resoluciones o promulgación de leyes que determinaron la organización y estructura de Tribunales que en razón de su especialidad debían imperativamente asumir tales competencias.

Ahora bien, es importante señalar que mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente de su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.

Con la promulgación de la indicada ley, se vino a derogar el conjunto de normas competenciales que transitoria y aisladamente regían al contencioso administrativo, configurándose así a los distintos Órganos Jurisdiccionales que integran la jurisdicción contencioso administrativa como un fuero judicial exclusivo de la Administración Pública, respecto a la universalidad y globalidad de su control, tal y como lo prevén los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así, desde la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa viene a determinarse un verdadero régimen unitario y coherente del contencioso administrativo venezolano, por lo que, en este sistema debe prevalecer como regla general y de manera uniforme una competencia especializada para conocer de los litigios en los cuales debe ser parte la Administración Pública según sus distintas manifestaciones. Es claro pues, que el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa se delimita en razón de que en esa relación jurídico procesal debe intervenir una persona jurídico nacional, estadal o municipal, ya sea de derecho público o privado, y en donde primordialmente se someten a control judicial actos, hechos y relaciones jurídico administrativas, esto es, conductas originadas por la actividad administrativa.

Así las cosas, la existencia de una estructura jurisdiccional destinada exclusivamente a conocer los juicios administrativos ajena a la jurisdicción civil ordinaria representa el objetivo fundamental de la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en donde se requiere estar en presencia de verdaderos Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Juzgado Superior viene a adquirir una nueva de denominación, salvo lo previsto en su Disposición Final, que lo califica como un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa –arts. 11, 18, 19 y 25- pese a que todavía sigue con la denominación de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental; no obstante, esa aplicación calificativa no implica un desconocimiento del nuevo régimen de competencias al cual se encuentra sometido este Juzgado Superior por imperativo de una Ley Orgánica.

De esta manera, la competencia que corresponde al contencioso administrativo –art. 9- y específicamente a este Juzgado Superior para entrar a conocer y decidir determinado asunto, viene determinada por el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, del cual se desprenden las siguientes:

1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.

2. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.

3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.

4. La abstención o la negativa de las autoridades estadales o municipales a cumplir los actos a que estén obligadas por las leyes.

5. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales de su jurisdicción.

6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.

7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de los órganos del Poder Público estadal, municipal o local.

9. Las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en ejecución de la ley.

10. Las demás causas previstas en la ley.

Así pues, en virtud de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el caso de los Juzgados Superiores, no se determinó entre sus competencias la de conocer en alzada los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Órganos Jurisdiccionales de instancia con competencia en materia ordinaria (v.gr. civil, mercantil o tránsito).

Por lo tanto, así como fueron suprimidas por Resolución de fecha 19 de septiembre de 1991, emanada del entonces Consejo de la Judicatura la competencia en materia mercantil, y posteriormente por el desarrollo en ley de las jurisdicciones especiales contencioso tributaria y agraria, de la cuales en una oportunidad tuvo que conocer este Juzgado; es de asentir que en relación a la civil ha devenido igualmente una supresión competencial de dicha materia por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa publicada en Gaceta Oficial Nº 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa en Gaceta Oficial Nº 39.451, del 22 de junio de 2.010) en la cual se regula la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales.

Por consiguiente, el Decreto Nº 2057, de fecha 8 marzo de 1977, publicado en la Gaceta Oficial Nº 31201 de fecha 23 de marzo de 1977, ha quedado completamente abrogado en cuanto a las competencias que el mismo estableció a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, salvo lo concerniente a la distribución territorial en que actualmente se encuentran distribuidos algunos de éstos Órganos Jurisdiccionales, que fue lo que previó el legislador cuando en la Disposición Transitoria de la referida Ley Orgánica difirió la entrada en vigencia de la estructura orgánica de dicha Jurisdicción; no así, la correspondiente aplicación inmediata del régimen de competencias.

Como puede apreciarse, al igual que dejaron de serlo las contenidas en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ya no serán las disposiciones del Decreto Nº 2057 de fecha 8 marzo de 1977 ni tampoco alguna otra Resolución que a tal efecto hubiere sido dictada con anterioridad a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las que determinarán la esfera de competencias que en razón de la materia corresponden a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, pues a ellas se hace obligatoriamente extensible la Disposición Derogatoria de la Ley in comento al establecer que “Se derogan todas las disposiciones del ordenamiento jurídico que colidan con esta Ley”, máxime que en el presente caso no se está en presencia de previsión alguna contenida en ley especial que atribuya la competencia a este Juzgado Superior para ejercer la competencia civil ordinaria en segunda instancia, pues –se insiste- dicha competencia ha sido completamente derogada con la ley que actualmente regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En este punto, no es menos importante resaltar que actualmente en la Circunscripción Judicial del Estado Lara, existen tres (03) Tribunales Superiores con competencia plena en materia civil, con lo cual vienen a constituir una alzada que es proporcional con los Juzgados de Instancia que integran la jurisdicción civil ordinaria de una sola circunscripción, y que en contraste a ello, este Juzgado Superior ejerce competencia en materia contencioso administrativa en tres (03) circunscripciones judiciales (Lara, Portuguesa y Trujillo) con un inventario de causas muy superior en materia contencioso administrativa.

En este orden de ideas, es evidente que con la vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y las disposiciones consagradas en sus artículos 1, 7, 8, 9, 25, así como en su Disposición Derogatoria quedó suprimida la competencia que en materia civil ordinaria fuera atribuida a este Juzgado Superior mediante Decreto Nº 2057, de fecha 8 marzo de 1977, publicado en la Gaceta Oficial Nº 31201 de fecha 23 de marzo de 1977, produciéndose con ello una materialización y garantía del principio de unidad de competencia que en materia contencioso administrativa consagra el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ante lo expuesto, pretender que este Juzgado Superior cuyo régimen de competencias viene determinado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entre al conocimiento de acciones que no se encuentran reguladas en la misma, constituiría una flagrante violación a los artículos 49, 137 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que al ser la competencia materia de estricto orden público, las partes tienen derecho a que mediante un debido proceso sus pretensiones sean resueltas por el Juez determinado por la ley, garantía judicial ésta concebida en el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San J.d.C.R. y el artículo 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acuerdos éstos de eminente rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.

En consecuencia, visto que el presente asunto versa sobre una acción de naturaleza esencialmente civil en la cual no encuentra operatividad los artículos 7, 8, 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es forzoso para esta Juzgadora estimar que se ha producido una pérdida de sus poderes jurisdiccionales sobre la materia (civil) debatida en el caso de autos. Así se decide.

Finalmente, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, se declara incompetente en razón de la materia para conocer y decidir como segunda instancia el recurso de apelación ejercido en fecha 04 de octubre de 2010, por la ciudadana N.J.R.M., ya identificada, asistida por el abogado D.C., identificado supra; contra la sentencia definitiva dictada en fecha 28 de septiembre de 2010, por el Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de honorarios profesionales, interpuesta por la ciudadana A.B.Á.; contra la ciudadana N.J.R.M., ambas identificadas supra. Así se decide.

En consecuencia, se ordena remitir el presente asunto ante uno de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y así se decide.

IV

DECISIÓN

En consecuencia, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, Administrando Justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

Su INCOMPETENCIA para conocer y decidir como segunda instancia el presente recurso de apelación ejercido en fecha 04 de octubre de 2010, por la ciudadana N.J.R.M., ya identificada, asistida por el abogado D.C., identificado supra; contra la sentencia definitiva dictada en fecha 28 de septiembre de 2010, por el Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda incoada.

SEGUNDO

Se DECLINA LA COMPETENCIA ante uno de los Tribunales Superiores en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

TERCERO

Remítase oportunamente con oficio el presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto (URDD-CIVIL), a los fines de su distribución. Désele salida bajo oficio.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.

La Secretaria,

S.F.C.

Publicada en su fecha a las 2:30 p.m.

Aklh.- La Secretaria,