Decisión nº 01 de Juzgado del Municipio Córdoba de Tachira, de 26 de Enero de 2009

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. JUZGADO DEL MUNICIPIO CORDOBA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. S.A.,

PARTE DEMANDANTE: A.C.G., Venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 4.210.888, asistido por la abogado: A.M., Venezolana, Mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 79.753.

PARTE DEMANDADA: C.A.J., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 22.674.032 en su carácter de arrendataria.

MOTIVO: DESALOJO

EXPEDIENTE: 345

PARTE NARRATIVA

Comienza la presente causa con Escrito de demanda interpuesto por el ciudadano: A.C.G., Venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 4.210.888, asistido por la abogado: A.M., Venezolana, Mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 79.753. Constante de DIEZ (10) folios útiles y recaudos en 15 folios útiles.

Al folio 26 cursa auto de admisión del tribunal donde se acuerda citar a la parte demandada: C.A.J., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 22.674.032 en su carácter de arrendataria. en su carácter de arrendataria, a fin de que comparezca por ante este Tribunal al segundo (2) día de Despacho siguientes a que conste en autos a su citación.

Al folio 28, mediante diligencia de fecha 06 de noviembre del 2008, la parte demandante, A.C.G., titular de la cedula de identidad N° V- 4.210.888, confiere poder apud acta a la abogado en ejercicio: A.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 79.753.

Al folio 31 cursa diligencia del ciudadano alguacil del tribunal, J.H., donde informa que el día 12 de noviembre del 2008, se hizo presente en las instalaciones de este Despacho la ciudadana demandada C.A.J., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 22.674.032, quien luego de leer la boleta de citación, se negó a firmarla, por cuanto se declaró legalmente citada de conformidad con el articulo 218 del código de procedimiento civil.

Al folio 33 corre auto del Tribunal donde se acuerda proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del código de procedimiento civil.

Al folio 35 corre diligencia de la Secretaria Titular del Tribunal donde informa que la notificación a la parte demandada se fijo según lo acordado.

A los folios folio 36 al 37 corre escrito contentivo de oposición de la cuestión previa según el ordinal 2° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la persona del actor carece de la capacidad necesaria para comparecer en el juicio ya que el demandante no es el propietario del inmueble y solicitó al tribunal oficiar al Registro Inmobiliario de San Cristóbal, Circuito 1 del estado Táchira a fin de que sea solicitada copia certificada y certificación de gravámenes del instrumento que presente corriente al folio 38 y 39 referido a la venta de un inmueble donde aparece el ciudadano p.d.S.A., vendiendo a la ciudadana P.M.d.C. a los fines de apoyar sus alegatos.

seguidamente procedió a dar contestación al fondo, lo cual hizo en los siguientes términos: “Niego, contradigo, rechazo todo lo expresado y solicitado por la parte demandante en su libelo de demanda, por cuanto los hechos narrados allí no son correctos por las siguientes razones: PRIMERO: Es falso de toda falsedad, que el demandante haya solicitado en numerosas oportunidades el inmueble, SEGUNDO: Es falso de toda falsedad, que la ciudadana: L.E.A.A., haya fallecido, cuestión que demostrare con las pruebas contundentes en el presente juicio. TRECERO: es falso de toda falsedad, que el inmueble, esta en estado de abandono, ya que se le han hecho las respectivas inversiones, cuestión que demostrare con las pruebas contundentes en el presente juicio. CUARTO: Es falso de toda falsedad, que para este momento la Parroquia S.A., Iglesia Católica, sea la propietaria del inmueble, cuestión que demostrare con las pruebas contundentes en el presente juicio. Por todo lo antes expuesto; rechazo, niego y contradigo todo lo alegado y solicitado por la parte actora en su libelo de demanda.”

Al folio 40 corre auto del Tribunal donde se acuerda oficiar al Registro Inmobiliario de San Cristóbal, Circuito 1 del estado Táchira, requiriendo de dicho Despacho, la certificación de gravámenes del inmueble adquirido bajo el N° 211.

Del folio 42 al 54 corre escrito de promoción de pruebas, y recaudos en los siguientes 02 folios consignados por la abogado en ejercicio y apoderada judicial: A.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 79.753. Donde promueve el favor y merito de las actas procesales especialmente todo en cuanto a ella favorezca, y muy especialmente el documento de propiedad del inmueble el cual se encuentra anexo al expediente junto con el libelo de la demanda y contestación de la demanda realizada por la parte demandada, por medio de la cual se prueba plenamente la relación arrendataria ya que la misma fue reconocida tácticamente por la ciudadana: C.A.J.. La parte demandante, específicamente promueve el contenido de los siguientes documentos:

1. - Documento de propiedad debidamente protocolizado ante el Registro subalterno de los municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, en fecha 12 de agosto de mil novecientos cincuenta y siete, bajo el N° 62, folios 97 al 99, protocolo I, tomo tercero, el cual presente para vista y devolución y para certificación, y que riela en el folio 13 de este expediente, por medio del cual se prueba plenamente la cualidad de propietario de la parte demandante y su interés actual en la presente causa. Que es el quien tiene la facultad de beneficiarse del alquiler del inmueble.

2. - Contrato de arrendamiento debidamente autenticado ante el Juzgado del Municipio Córdoba de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 22 de septiembre de 1.988, bajo el N° 118 de los libros llevados por ese Juzgado y que riela en el folio 16 de este expediente.

3. - Contrato de arrendatario debidamente autenticado ante la Notaria Pública Segunda de San Cristóbal, en fecha 13 de agosto de 1.992, bajo el N° 39, tomo 164, y que riela en el folio 18 de este expediente.

4. - Contrato de arrendamiento debidamente autenticado ante la oficina del Registro Subalterno del Municipio Córdoba, en fecha 7 de junio de 2.000, bajo el N° 11, tomo 3° de los libros de autenticaciones llevados por este registro y que riela en el folio 20 de este expediente.

5. - Acta de inspección realizada por el C.M.d.D. de niños, niñas y Adolescentes, representados por las ciudadanas M.C.G.D.V. Y E.L.V., en su carácter de Consejeros Municipales de Derechos de niños, niñas y adolescentes y que riela al folio 22 de este expediente.

6. - Acta de fecha 22 de octubre de 2007, y que riela en el folio 25 de este expediente.

7. - Copias simples de recibo de pago.

8. - Solicito se oficie a la Oficina inmobiliaria del Registro publico de los Municipios San Cristóbal y Torbes, con el fin de que se coteje la veracidad de la información aquí dada en el punto previo.

9. - Promuevo Inspección Judicial y Justificativo de Testigos, inventariados por este Despacho Judicial, con los números 1.718 y 1.716 para probar la mala fe de la arrendataria alegando una supuesta posesión de veinte años, cuando está plenamente probado en autos, que dicha ciudadana sólo tiene arrendada cinco años en el inmueble.-

10. - Prueba testimonial. A los efectos pidió se citara a las ciudadanas: M.C.G.D.V. Y E.L.V., en su caracteres de consejeras municipales de Derechos de niños, niñas y adolescentes, con el fin de ratificar el contenido del acta de inspección realizada por el C.M.d.D. de niños, niñas y adolescentes, la cual anexe al presente expediente.

    Junto con este escrito, la parte actora expuso alegatos relativos a contestación de la cuestión previa propuesta por la demandada, en la que entre otras cosas expuso: Respecto a la supuesta falta de cualidad de mi poderdante para comparecer en juicio, contradigo la cuestión previa opuesta por cuanto si mi poderdante es el legítimo propietario del inmueble, como es que no tiene cualidad e interés para demandar? Al efecto invocó el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil el cual señala que para proponer la demanda, el actor debe tener interés jurídico actual (…omissis…)

    Que la Sala Constitucional en sentencia del 09 de octubre del 2006, se refirió a la legitimatium ad causan, como cualidad necesaria para ser parte prevista en el ordenamiento jurídico venezolano La actora por su parte, contradijo la cuestión previa invocada, por cuanto su poderdante sí es el propietario del inmueble y siendo el legítimo propietario de dicho inmueble, se pregunta como es que no pueda tener interés para incoar este juicio? Que al efecto el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil establece que para proponer la demanda, el actor debe tener interés jurídico actual…… (Omissis)…. Que por otra parte la Sala Constitucional en sentencia del 09 de Octubre de 2006 determinó: “Debe la Sala hacer referencia a la legitimatio ad causan, cualidad necesaria para ser partes, prevista en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de la economía procesal y la seguridad jurídica, cuya regla es que aquel que se afirma titular de un interés jurídico propio tiene legitimación para hacerla valer en juicio.

    Que doctrinarios como L.L. en su obra Ensayos Jurídicos P. 170; ha señalado a la legitimatio ad causan:

    “(…)Como la competencia o idoneidad legal que los sujetos de derecho tienen para figurar en nombre propio, como actores o como demandados en un proceso, referida a una cierta y determinada relación jurídica o pretensión religiosa concreta que constituya su objeto que ella califica y define quienes deben ser en un determinado juicio las personas que, según el ordenamiento positivo, deben integrar la relación jurídica procesal, es decir, quienes deben ser en esa relación, las partes legitimas (no simple parte) y agrega que para el citado autor, la legitimación activa se fundamenta normalmente en que el actor se afirma ser el actual y propio titular de la relación o interés en litigio, presentándose tal legitimación como simplemente supuesta y no afirmada, deducida de una norma material abstracta y no en su existencia real o verdadera.

    Que en este sentido la antes señalada Sala en sentencia N° 102 de fecha 06 de enero de 2001 expreso:

    La legitimación a la causa alude a quienes tienen derecho, por determinación de la Ley, para que en condición de demandantes, se resuelva sobre sus pretensiones y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse

    … (Omissis…)

    Al folio 57 cursa auto de admisión de pruebas cuanto ha lugar en derecho de la parte demandante salvo su apreciación en la definitiva de los numerales 1,2,3,4,5,5,6 y 7. Se negó la admisión de la prueba de cotejo por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 429 tercer aparte del Código de Procedimiento Civil. Respecto a la prueba promovida en el numeral 9 se le indicó a la promoverte que debía presentar copias certificadas de las pruebas promovidas.

    Del folio 60 al 63 corren declaraciones de las testimoniales evacuadas por las ciudadanas: M.C.G.D.V., CI N° V-4.205.825 Y E.L.V. CI. N°- V-5.025.129 en su carácter de consejeras municipales de Derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes previa juramentación ratificaron el contenido del acta puesta a su vista por el Tribunal.

    Al folio 64 y 65 corre escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandada: C.A.J., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 22.674.032, asistida por el abogado C.O.S., Inpreabogado N° 48.494. Donde promovió, las siguientes:

    1. Mérito Favorable de los autos.

    II-C.d.F.d.V.d. la ciudadana L.E.A., para dejar claro que el demandante miente, al decir que esta falleció.

    III-Escrito firmado por la ciudadana L.M.D.G..

    IV- Testimoniales de las ciudadanas: L.D.G. y L.E.A.d.B..

    A los folios 66 al 68 corren anexos de copias de cédulas de identidad y escrito donde la señora L.M.D.d.G. manifiesta que es falso que la ciudadana C.Á.J. le haya dado en arrendamiento un local comercial ubicado frente a la plaza bolívar de esta población, que quién se lo arrendó fue el p.P. en el año 1989.

    Del folio 69 al 74 corre escrito complementario de promoción de pruebas de la parte demandante y recaudos en 45 folios, relacionados con argumentos sobre la cuestión previa opuesta por la demandada, copias de documentos de trasmisión de propiedad efectuadas por el p.B.V. sobre el inmueble que recae el litigio de marras; y apuntes relativos a la Legislación Canónica para probar los asuntos o competencias de las Entidades religiosas y consiguiente necesidad de la demandante en ocupar el inmueble cuyo desalojo se demanda.

    Al folio 120 cursa auto del tribunal relacionado con las pruebas complementarias presentadas, en el que se deja constancia:

1. - De que en el referido escrito, se promueve un supuesto instrumento que denominan “constancia de f.d.v.d. la ciudadana: LUZ ESTELLA ALMARIO”, la cual como consta de nota secretarial, nunca fue agregado a los autos, por lo cual, no existe prueba que admitir.

2. - Se Negó la admisión de la testimonial de las ciudadanas L.M.D. y L.E.A.D.B., por no existir oportunidad procesal para su evacuación, pues de evacuarse resultaría extemporáneo e inoficiosa por cuanto fue promovida el mismo día de vencimiento del lapso de evacuación, aunado al hecho de que la prueba pretende probar un hecho no controvertido en juicio (folio42) y de no tratar hechos relacionados directamente con el objeto litigioso de la causa.

3. - Se negó igualmente la admisión de la prueba de instrumento privado por observarse que emana de un tercero y por tanto requiere de ser ratificada en juicio mediante la prueba testimonial, (artículo 431 en concordancia con el 483 Código de Procedimiento Civil) y no existir lapso hábil para su evacuación.

   Al folio 121 cursa auto de admisión de escrito complementario de pruebas de la parte demandante.

   Al folio 58 corre diligencia suscrita por la apoderada de parte demandante, donde expone que desconoce el documento privado corriente al folio 68, ya que el mismo fue otorgado en forma privada y no cumple con lo dispuesto en el articulo 431 del código de procedimiento civil.

   Al folio 123 cursa auto del Tribunal donde se DIFIERE el pronunciamiento de la sentencia, para el quinto día de despacho siguiente a que conste en autos las resultas de la prueba solicitada al Primer Circuito de Registro Inmobiliario de San Cristóbal.

   Al folio 124 corre diligencia suscrita por la parte demandante: abogado A.M. donde solicita al Tribunal dicte sentencia ya que las resultas de la prueba solicitada al Primer Circuito Inmobiliario de San Cristóbal dependen de que la parte demandada movilice tales actuaciones y que no lo hace por el retardo le favorece.

   Al folio 125 cursa auto del Tribunal donde se acuerda librar oficio al Primer Circuito de San Cristóbal a fin de que suministre la información solicitada mediante oficio N° 840 de fecha 21 de noviembre del 2008, relacionado con la prueba promovida por la parte demandada y para cumplir con el principio de celeridad procesal, se acordó un plazo perentorio de cinco (5) días, contados a partir de que conste en autos la diligencia del alguacil de este Tribunal, que certifique el recibido de dicho oficio por el órgano en referencia.

   Al folio Al folio 127 corre agregada diligencia del Alguacil de fecha 15 de Enero de 2009, en la que manifiesta que en La Oficina del Registro Inmobiliario no le recibieron el oficio, por cuanto la parte interesada debe pagar los derechos o aranceles correspondientes a la actuación solicitada.

   Al folio 128 corre auto del Tribunal en el que acordó iniciar a partir del día de despacho siguiente al de hoy, el conteo de los cinco días diferidos para el pronunciamiento de la sentencia sin mas dilación; vista la negativa del Circuito Registral en no producir la prueba sin el pago de los derechos arancelarios correspondientes y observando la falta de interés de la parte solicitante, que no consta en los autos estar pendiente de su solicitud, por lo que en aras de lo solicitado por la parte actora (folio 124 y vuelto) y en base al principio de celeridad.

   Ahora bien, antes de entrar el Tribunal a conocer sobre el fondo del asunto en ligio, se hace necesario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, resolver como punto previo, la cuestión previa opuesta por la parte demandada, lo cual pasa seguidamente a resolver en los siguientes términos.

   PUNTO PREVIO

   Surge la presente incidencia, por oposición efectuada por la parte demandada en su escrito de contestación, tal como lo establece el artículo de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, al indicar que en el acto de contestación de la demanda, el demandado pondrá también efectuar las cuestiones previas que considere convenientes, las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. Planteada así la referida norma, debe entenderse que el objeto esencial de las cuestiones previas reside en eliminar de la litis, todos aquellos obstáculos que entorpezcan, suspendan o interrumpan el debate sobre la fundabilidad de lo pretendido, evitando así reposiciones inútiles.

   En el caso de autos, la demandada opuso como punto previo, la cuestión previa prevista en el ordinal 2° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la ilegitimidad de la persona del actor, por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio; indicando que el demandante no es el propietario del inmueble y que la causal invocada por el literal b) del artículo 34 de la referida Ley requiere que dicha causal se funde en la necesidad del propietario y no siendo el demandante el propietario del inmueble cuya desocupación se pide, no existe entonces ninguna necesidad del propietario, puesto que la propietaria del mismo, es la ciudadana P.M.d.C., conforme se evidencia del documento que en copia fotostática simple se anexa.

   La actora por su parte, contradijo la cuestión previa invocada, por cuanto su poderdante sí es el propietario del inmueble y siendo el legítimo propietario de dicho inmueble, se pregunta como es que no pueda tener interés para incoar este juicio? Que al efecto el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil establece que para proponer la demanda, el actor debe tener interés jurídico actual…… (Omissis)…. Que por otra parte la Sala Constitucional en sentencia del 09 de Octubre de 2006 determinó: “Debe la Sala hacer referencia a la legitimatio ad causam, cualidad necesaria para ser partes, prevista en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de la economía procesal y la seguridad jurídica, cuya regla es que aquel que se afirma titular de un interés jurídico propio tiene legitimación para hacerla valer en juicio.

   Que doctrinarios como L.L. en su obra Ensayos Jurídicos P. 170; ha señalado a la legitimation ad causam:

   “(…)Como la competencia o idoneidad legal que los sujetos de derecho tienen para figurar en nombre propio, como actores o como demandados en un proceso, referida a una cierta y determinada relación jurídica o pretensión religiosa concreta que constituya su objeto que ella califica y define quienes deben ser en un determinado juicio las personas que, según el ordenamiento positivo, deben integrar la relación jurídica procesal, es decir, quienes deben ser en esa relación, las partes legitimas (no simple parte) y agrega que para el citado autor, la legitimación activa se fundamenta normalmente en que el actor se afirma ser el actual y propio titular de la relación o interés en litigio, presentándose tal legitimación como simplemente supuesta y no afirmada, deducida de una norma material abstracta y no en su existencia real y verdadera ….(omissis)….(subrayado del Tribunal)

   Que en este sentido la antes señalada Sala en sentencia N° 102 de fecha 06 de enero de 2001 expreso:

   La legitimación a la causa alude a quienes tienen derecho, por determinación de la Ley, para que en condición de demandantes, se resuelva sobre sus pretensiones y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse

   … (Omissis…)

   Planteados como han sido los términos explanados por las partes, el Tribunal para decidir lo hace en base a las siguientes consideraciones:

   El ordinal 2° del artículo 346 de Código de Procedimiento Civil, consagra la cuestión previa de La ilegitimidad de la persona del actor, por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio. De esta norma se desprende que para iniciarse un proceso judicial, el demandante debe ser un persona natural o jurídica con plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles (es este caso) que pueda actuar por sí misma o de un apoderado y asumir también las obligaciones que pudieren surgir dentro del proceso, caso contrario estaríamos en presencia de incapaces por condiciones físicas o legales, como sería el caso de los menores de edad, los entredichos y los inhabilitados.

   En el caso de autos, se observa que cuando la parte demandada alega la falta de legitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio, en vista de que la causa del desalojo se fundamentó en la necesidad del propietario, y que no siendo el propietario del inmueble el demandante, no puede entonces existir ninguna necesidad; al respecto interpreta esta Juzgadora que el demandado esta haciendo referencia a la falta de cualidad y no de la capacidad en la persona del actor para comparecer en juicio; lo cual refleja confusión de conceptos, por lo que se hace necesario aclarar tales términos, para ello es preciso citar la sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta corte Suprema de Justicia de fecha 19 de noviembre de 1.992, en la cual se estableció:

   Es doctrina imperante en el derecho procesal y es criterio de esta sala, que es presupuesto procesal, el que tanto el sujeto activo como el pasivo de la relación procesal tengan “Legitimación ad-procesum” sin la cual el juicio no tendría existencia jurídica ni validez formal –Couture y Chiovenda-. Entendiéndose por legitimidad

   procesal, a la posibilidad que tiene un sujeto de ejercer en juicio la tutela de un derecho, constituyendo tanto el petitorio como el contradictorio. .

   Por una parte, nuestra doctrina procesal, distingue lo que ha de entenderse por 'legitimidad ad-causam', esto es, ser titular del derecho que se cuestiona, el cual, no es un presupuesto para la existencia y validez del proceso, sino, como señala Couture, a lo sumo sería un presupuesto para una sentencia favorable.

   De esto se desprende, que no todo sujeto procesal tiene legitimación ad-causam, pero, sin embargo, el proceso existe y es válido, o es en este en donde se declara a favor o no su legitimidad sustancial; pero, siendo impretermitible para la validez del proceso y por ende de su decisión y efectos, el que los sujetos procesales tengan 'legitimidad ad-procesum'.

   De lo anterior se infiere que, no todo legitimado 'ad-causam' lo sea 'ad-procesum'; como a la inversa, no todo legitimado 'ad-procesum' lo es 'ad-causam'.

   En ese orden de ideas, la cuestión previa opuesta ha sido relativa al problema de capacidad procesal del actor que se presenta al proceso o legitimatio ad procesum, ya sea persona natural o jurídica, es decir, si la persona que se presenta al proceso tiene ó no el libre ejercicio de sus derechos para actuar en él, por sí o mediante apoderados judiciales debidamente constituidos”.(subrayado del Tribunal)

   A criterio de esta juzgadora, en principio, son legitimadas todas las personas que gestionan por si mismas o por medio de apoderados el reconocimiento de sus derechos; pero sí el asunto a ventilarse es contencioso, entonces las partes son dos: La que llama a juicio o demandante, y la otra, la que es llamada a juicio o demandada, y que bajo esa condición es llamada a juicio. .

   En el ámbito del derecho procesal la capacidad de goce recibe el nombre de capacidad para ser parte, y corresponde a cualquier persona por él solo hecho de serlo. En este sentido la capacidad de ejercicio recibe el nombre de capacidad procesal y es la potestad de toda persona para actuar en el proceso y ejercer los derechos o posibilidades procesales, y asumir las cargas procesales que devienen de las normas que tutelan el proceso.

   A.l.d.e. el Artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, las partes pueden gestionar y obrar en juicio por sí mismas, con la asistencia legal correspondiente, o por medio de apoderados mandatarios, siempre que tengan el libre ejercicio de sus derechos, es decir, no estar sometido a la patria potestad, tutela o curatela, según la naturaleza y gravedad de esa capiti diminutio. .

   En este mismo sentido, el Artículo 137 del citado Código de Procedimiento Civil señala que quienes no tengan el libre ejercicio de sus derechos deberán ser representados o asistidos en juicio según las leyes que regulan su estado o capacidad.

   A este respecto observa la Doctrina que la capacidad procesal es la facultad de comparecer idóneamente a juicio por si mismo o mediante apoderado judicial, por lo que no observándose en los autos ninguna evidencia a cerca de incapacidades tanto de la persona física del poderdante ciudadano P.A.C.G., como de la Persona Jurídica Parroquia Eclesiástica de S.A., a quien éste representa en su respectivo carácter de arrendadora. Carácter que esta juzgadora considera debidamente probado en los autos, por las copias de los comprobantes de pago de alquileres efectuados por la demandada a la Parroquia de S.A., corrientes a los folios 55 y 56, los cuales por no haber sido impugnados ni tachados de falsos en la oportunidad procesal correspondiente debe concedérsele autenticidad como en efecto así se le reconoce en este acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 ejusden para probar que la demandada es arrendataria de local destinado al ramo de dulcería comercial y casa de habitación con la Parroquia de S.A.E.T.. Por otra parte se observa que el presente juicio se ventila un proceso de desalojo por necesidad del actor de ocupar el inmueble objeto de arrendamiento para actividades cónsonas de la persona jurídica demandante, ubicado en la carrera 6 entre calles 9 y 10 N° 34 en la población de S.A., que como quedó establecido, por no haber sido contradicha ni impugnada por la contraparte en el acto de la contestación de la demanda ni en ningún otro acto dentro del proceso, no constituye un hecho controvertido sino por el contrario, aceptado por la contraparte ya que al folio 37 en la contestación del fondo manifiesta textualmente: “(… )AL TERCERO: Que es falso de toda falsedad que el inmueble esta en estado de abandono ya que se han hecho las respectiva inversiones (...) por lo que esta sentenciadora tiene como cierta la existencia de una la relación arrendaticia entre la ciudadana C.Á.J. en su carácter de arrendataria y la Parroquia Eclesiástica de S.A. representada por el P.A.C.G. , lo cual debe considerarse a la l.d.D., suficiente para haberse intentado legítimamente la presente acción; aunado al hecho que no existe en autos elemento alguno que permita a esta Juzgadora, determinar si la parte demandante carece del libre ejercicio de sus derechos y por ende es capaz de actuar en el presente proceso; motivo por el cual la Cuestión Previa Opuesta contemplada en el Ordinal 2° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil debe ser desestimada Y ASI SE DECIDE.

   Por otra parte se observa que tratando el caso de marras de un DESALOJO, de ningún modo podría entonces, ventilarse dentro de este proceso, asuntos atinentes a la titularidad del derecho propiedad de las partes sobre el referido inmueble como pretende la demandada, por cuanto no es este el procedimiento idóneo para plantear y conocer de asuntos que deban ser resueltos in-limine litis. Por otra parte se observa que los documentos que apoyan los alegatos de ambas partes no se corresponden con los mismos linderos ni medidas, por lo que presume esta sentenciadora que tales instrumentos se refieren a inmuebles diferentes, en consecuencia no se concede mérito ni valor jurídico a las copias fotostáticas simples corrientes a los folios 38 y 39 evacuadas por la parte demandada Y ASI SE DECIDE

   Con base a los argumentos anteriormente expuestos, este Juzgado del Municipio Córdoba de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley,

   D E C L A R A: .