Alertan que ley de propiedad social sentenciará desaparición de los privados
El informe del Observatorio Económico Legislativo de Cedice señala que entre los ocho proyectos de leyes pendientes por aprobar en la Asamblea Nacional saliente, está el de la propiedad social, con lo cual el Gobierno pretende imponer el modelo socialista para desplazar y eliminar de manera gradual la economía de libre mercado.
El documento, elaborado por el investigador Luis Alfonso Herrera, advierte que detrás de la propiedad social se esconde el verdadero propósito del Ejecutivo de apoderarse de todos los medios de producción, que aún están en manos de empresas privadas.
En el proyecto de ley de propiedad social presentado por la organización social Vocera del Pueblo, se establecen principios socialistas que fueron rechazados por la mayoría de los electores venezolanos el 2 de diciembre de 2007, como los diferentes tipos de propiedad, agrega Herrera.
Refiere que en el artículo 3 de la propuesta se le da prioridad a la propiedad estatal y pública por encima de la privada.
"El peligro consiste en la jerarquía que el artículo indica al colocar la propiedad pública por sobre todas las demás, y reducir la privada a bienes de uso y consumo, al tiempo que exige probar la legitimidad del origen de la propiedad privada sobre medios de producción", dice.
Herrera considera que este artículo deja entrever la intención de aplicar medidas propias del sistema socialista totalitario, porque se propone el control absoluto sobre la propiedad de los medios de producción, a través de la planificación centralizada de la economía.
La propiedad social es una manera de engañar a la población al hacerle creer que será poseedora de determinado bien, pero la realidad es que el Estado siempre será el dueño. "La propiedad social no equivale a un derecho real propio que tendrán los particulares para usar, gozar y disponer de cierto tipo de bienes estatales, sino una regulación especial al que quedarán sujetos ciertos bienes que seguirán siendo del Estado", apunta.
Este modelo de propiedad implica limitaciones, por ejemplo los ciudadanos no podrán disponer libremente de esos bienes ni serán heredables o transferibles. Incluso se advierte que no se podrán enajenar.
"Este sistema servirá para limitar en un inicio y luego suprimir definitivamente la propiedad privada sobre los medios de producción de bienes y servicios", argumenta.
En estos casos, el Gobierno no garantizará las garantías expropiatorias como el pago oportuno y justo de la propiedad afectada.
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