Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 24 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 24 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control |
| Ponente | Victor Hugo Ayala Ayala |
| Procedimiento | Principio De Oportunidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 24 de Mayo del 2010
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2010-001517
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA.
I.
SOLICITUD FISCAL.
La Fiscalía Primera del Ministerio Público le solicitó a este Tribunal de Control en la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia, realizada en fecha: 11-05-2010, la Autorización para Prescindir Totalmente del Ejercicio de la Acción Penal, por cuanto considera que la participación del imputado de autos en la perpetración del delito cometido, vale decir, Ultraje a Funcionario Público, previsto y sancionado en el artículo 215 del Código Penal, y Lesiones Personales Leves, previsto y sancionado en el artículo 416 ejusdem, se estiman de menor relevancia por cuanto no afectan gravemente el interés público, y además, no se trata de un hecho cometido por un Funcionario Público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 37 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el Artículo 48 ordinal 5° Ejusdem, razón por la cual pide que una vez aprobada la presente solicitud, se decrete formalmente la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL y en consecuencia, se decrete también EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, con fundamento en lo establecido en los Artículos 37 numeral 1°, 38, 48 numeral 5°, 318 numeral 3° y 320 todos del Código Orgánico Procesal Penal, en beneficio del ciudadano: L.A.D.A., venezolano, mayor de edad, natural de Mérida, nacido en fecha 21-06-1983, hijo de H.A.D.M. y C.Z.Á.H., de 26 años de edad, soltero, de profesión ingeniero, titular de la cédula de identidad No. V-15.923.874, domiciliado en S.J., Urbanización F.J.R.d.L., Vereda 2-A, Casa No. 24, M.E.M., teléfono: 0274-263.23.85 y 0426-444.07.86.
II.
SOLICITUD DE LA DEFENSA.
El ciudadano Defensor Público, abogado: E.G., haciendo uso de su derecho de palabra señaló que “Escuchada como ha sido la exposición de la representante del Ministerio Público y de conformidad con el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal … y de conformidad con el artículo 102 ejusdem, en tal sentido solicita la Defensa Pública la libertad plena de mi defendido, por ende le sea acordado el Principio de Oportunidad de conformidad con el artículo 37, la extinción de la acción penal, de conformidad con el artículo 48 y como consecuencia, el sobreseimiento de la presente causa, de conformidad con el artículo 318, todos de la Ley Adjetiva Penal, así mismo, el archivo judicial de la presente causa. Es todo.”
III.
EL TRIBUNAL.
Este Tribunal de Control No. 03, observa que en el presente caso se materializan los supuestos de hecho expresamente consagrados en el Artículo 37 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, que hacen claramente factible la procedencia del llamado: Principio de Oportunidad, en tal sentido debemos recordar que el Código Adjetivo Penal dispone en la norma antes señalada que:
El fiscal del Ministerio Público podrá solicitar al juez de control autorización para prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, en cualquiera de los supuestos siguientes:
1. Cuando se trate de un hecho que su insignificancia o por su poca frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto, cuando el máximo de la pena exceda de los tres años de privación de libertad, o se cometa por un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él…
. (Omissis…)
Ahora bien, en el caso sub-exánime el delito atribuido al investigado establece como sanción una pena evidente y significativamente menor a los Tres Años de Privación de Libertad, previsto como limite máximo para la improcedencia del Principio de Oportunidad, según el artículo 37 del Código Adjetivo Penal, y para la Privación de Libertad, como lo dispone la norma procesal consagrada en el Artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, además de esto, el Autor Material del hecho, no es ningún funcionario o empleado público, como lo exige la misma norma, para evitar su aplicación, sino que se trata efectivamente de una persona totalmente ajena a la función pública, esto es un particular, y a pesar de que se trata de un hecho verdaderamente censurable y reprochable, también es igualmente cierto que por sus características se puede concluir que la participación del imputado en el mismo fue de menor relevancia, por lo tanto, resulta evidente que el mencionado hecho no afecta gravemente el interés público, por cuanto tampoco trasciende los limites de lo enteramente personal y particular.
Estas circunstancias particulares hacen procedente la aplicación al presente caso del referido Principio de Oportunidad, y llenan los extremos legales para que el Tribunal de Control autorice, como efectivamente lo hizo en la oportunidad correspondiente, para que la Fiscalía Primera del Ministerio Público Prescinda Totalmente del Ejercicio de la Acción Penal.
El Artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal dispone expresamente que:
Si el Tribunal admite la aplicación de alguno de los supuestos previstos en el artículo 37, se produce la extinción de la acción penal, con respecto al autor o participe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión tiene como fundamento la insignificancia del hecho, sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones…
En consecuencia, éste Tribunal de Control, basado en la anterior disposición legal y por mandato expreso del Artículo 48 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal, declara formalmente Extinguida La Acción Penal, por aplicación del Principio de Oportunidad, lo que necesariamente conlleva a que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 318 numeral 3° Ibidem, se decrete también El Sobreseimiento de la Presente Causa, en favor del ciudadano: L.A.D.A., venezolano, mayor de edad, natural de Mérida, nacido en fecha 21-06-1983, hijo de H.A.D.M. y C.Z.Á.H., de 26 años de edad, soltero, de profesión ingeniero, titular de la cédula de identidad No. V-15.923.874, domiciliado en S.J., Urbanización F.J.R.d.L., Vereda 2-A, Casa No. 24, M.E.M., teléfono: 0274-263.23.85 y 0426-444.07.86. Y ASI SE DECIDE.
IV.
DISPOSITIVA.
Este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y de conformidad con lo previsto en los Artículos 37 numeral 1°, 38, 48 numeral 5°, 318 numeral 3° y 320, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los Artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECRETA: 1-. Se autoriza al Ministerio Público para que prescinda totalmente del ejercicio de la acción penal en la presente causa, por considerar que el hecho atribuido al investigado por su insignificancia y por su poca frecuencia no afecta gravemente el interés público, por lo que se acuerda la aplicación del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, previsto en el artículo 37 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal. 2-. Se declara formalmente extinguida la acción penal en la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 numeral 5° del mismo Código Adjetivo Penal. 3-. Se decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, en favor del ciudadano: L.A.D.A., venezolano, mayor de edad, natural de Mérida, nacido en fecha 21-06-1983, hijo de H.A.D.M. y C.Z.Á.H., de 26 años de edad, soltero, de profesión ingeniero, titular de la cédula de identidad No. V-15.923.874, domiciliado en S.J., Urbanización F.J.R.d.L., Vereda 2-A, Casa No. 24, M.E.M., teléfono: 0274-263.23.85 y 0426-444.07.86, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal. 4-. Una vez que quede firme la decisión dictada en esta audiencia, la misma producirá efectos de cosa juzgada, de conformidad con lo establecidos en los artículos 21 y 319 del código adjetivo penal, en relación con el artículo 49 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, se acuerda que una vez que quede firme la presente decisión la causa sea remitida al archivo.
Notifíquese y Cúmplase.
Abg. V.H.A..
JUEZ DE CONTROL No. 03.
Abg. B.M.M..
SECRETARIA.
