Decisión nº PJ0152007000697 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 21 de Noviembre de 2007

En fecha 02 de julio de 1980, comenzó a prestar sus servicios como Analista Activo, hasta el 01 de enero de 2002, relación que culminó mediante la opción presentada por la empresa de una Jubilación Especial, devengando como último salario la cantidad de 1 millón 711 mil 565 bolívares.

Que en fecha 31 de diciembre de 1998, la empresa demandada, a su criterio decide cambiar el régimen contractual que hasta ese entonces venía disfrutando equiparables al contenido del Contrato Colectivo Petrolero, para el nuevo sistema aprobado en junio de 1997 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que en tal sentido y en resguardo a sus intereses y puesto de trabajo, el actor firmó y aceptó el pago efectuado, cancelándole la demandada para ese momento la cantidad de 55 millones 072 mil 720 bolívares con 80 céntimos.

Que en fecha 06 de agosto 2002, conjuntamente con otros trabajadores, se notificó al Gerente de Recursos Humanos, que tenía un crédito pendiente por concepto de diferencia de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, en contra de la empresa, notificación que se hizo a los efectos de conseguir el pago por la vía amistosa, sin embargo nunca obtuvo respuesta alguna por parte de la empresa.

Que la demandada no canceló en forma debida las prestaciones sociales, conforme al régimen del cual venían disfrutando en iguales términos a los previstos en la Contratación Colectiva Petrolera, las cual según su decir, indudablemente era más favorable para el actor, en efecto no les fueron calculados sus conceptos laborales conforme al último salario devengado, supuestamente bajo la premisa de que a los mismos les corresponda su cálculo conforme al régimen vigente por la Ley Orgánica del Trabajo de junio de 1997, situación que atenta contra los derechos adquiridos por el mismo, conforme a normas imperativas y de orden público.

Que la sustitución del régimen de cálculo así como los conceptos que comprendía evidentemente bajo el régimen del cual venía disfrutando en iguales términos a los previstos en la Contratación Colectiva Petrolera, que sin duda alguna es más beneficioso para el actor.

Que la nota de minuta número 1 del Contrato Colectivo Petrolero, garantiza los beneficios contenidos en el mismo, para el resto del personal que presta sus servicios en dicha industria, y que al actor hasta el mes de diciembre de 1998, y luego hasta la fecha de terminación de la relación laboral se les cancelaban y reconocían iguales derechos a los previstos en la contratación colectiva, por lo que sería imposible excluir de los beneficios y condiciones del contrato al actor.

Que para el caso negado, que pudiera demostrarse que el actor está excluido de dicha normativa contractual, ello tampoco justifica el cambio de régimen por cuanto los detalles de pago y los conceptos cancelados obedecían a una normativa interna que se equipara a iguales beneficios a los contenidos en la contratación colectiva petrolera que eran y son más favorables para el actor y que constituye un régimen distinto que permite la no aplicación de la reforma de junio de 1997.

Con fundamento en los anteriores hechos, reclama el pago de los conceptos de: preaviso (cláusula 9 del Contrato Colectivo Petrolero, artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo), Antigüedad legal y adicional (literales b y c, cláusula 9 del Contrato Colectivo Petrolero), vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado; conceptos que alcanzan a la cantidad de 103 millones 483 mil 291 bolívares con 90 céntimos, habiendo recibido por la demandada la cantidad de 66 millones 063 mil 190 bolívares con 91 céntimos, por lo que le reclama la cantidad de 37 millones 420 mil 101 bolívares, más los intereses sobre prestaciones y la aplicación de la cláusula 65 del Contrato Colectivo Petrolero.

Dicha pretensión fue controvertida por la demandada con fundamento en los siguientes alegatos:

Alegó la falta de cualidad, en virtud de que la parte actora ha demandado a una empresa denominada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y el poder otorgado es especialísimo para intentar y sostener demandas ante esa empresa; así mismo, la notificación fue efectuada en la empresa PDVSA Petróleo S.A., que es distinta la demandada.

Admitió la fecha de inicio y terminación de la relación laboral.

Señala que el actor durante la relación de trabajo siempre formó parte de la nómina mayor, la cual esta constituida por un grupo de empleados cuyo nivel dentro de al estructura organizativa de la empresa, tienen como soporte un conjunto de beneficios y condiciones que en su conjunto en ningún caso son inferiores a las existentes para el personal cubierto por la Convención Colectiva Petrolera.

Según se desprende de los documentos que el actor acompaña, éste disfrutó de todos los beneficios contemplados para los trabajadores que conforman dicha nómina; rigiéndose por la normativa interna de la empresa y la Ley Orgánica del Trabajo.

Señala que la circunstancia de que se haya modificado el sistema de cálculo de la antigüedad del demandante, no deviene de un hecho que haya dependido solo de PDVSA, como lo afirma el actor, sino como la consecuencia lógica de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 19 de junio de 1997, que reemplazó el pago de prestaciones acumulativas que existía antes y que se entregaban al trabajador al finalizar su relación de trabajo, con el consiguiente recalculo de acuerdo con el último salario devengado, por el nuevo sistema en el que se abona al trabajador todos los meses por concepto de antigüedad cinco días en base al salario devengado en el mes correspondiente.

Así mismo, se estableció con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley, una indemnización de antigüedad y una compensación por transferencia, por lo cual el actor recibió la suma de 55 millones 072 mil 720 bolívares con 80 céntimos.

Señala que lo reclamado por el actor es totalmente improcedente, en virtud de si la relación de trabajo estuviese regida por el Contrato Colectivo Petrolero como él afirma, la liquidación de sus prestaciones sociales debió ser calculada en base al salario básico diario establecido en el tabulador del mencionado contrato de 14 mil 710 bolívares, y no el que efectivamente se utilizó al cancelarse su liquidación.

Alegó la prescripción de la acción.

En fecha 30 de marzo de 2007, el Juez de Juicio dictó sentencia desestimativa de la demanda, en cuya parte dispositiva declaró improcedente la pretensión de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por la parte actora.

No habiendo tenido éxito en la instancia la pretensión de la parte demandante, ejerció recurso de apelación, manifestando que el actor nunca fue un empleado de nómina mayor, ya que siempre se le cancelaron conceptos propios de la Convención Colectiva Petrolera, tanto en el corte de cuentas del año 1997 como en la liquidación cancelada en el año 2002, y en los recibos de pago. Así mismo señaló que no bastaba con la denominación de empleado de nómina mayor, ya que la empresa tenía que demostrarlo. Aduce que la demandada plantea la aplicación de una normativa interna supuestamente más favorable para el actor, pero nunca la trajo a las actas.

De su parte la demandada señaló que el actor en el libelo de la demanda señaló que pertenecía a la nómina mayor, y siempre devengó un salario mayor al establecido en la Convención Colectiva petrolera, con el que se le canceló el corte de cuentas y la liquidación del año 2002, por lo que claramente la aplicación de la referida convención es improcedente.

Planteada la controversia en los términos que anteceden, observa el Tribunal que conforme al artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, bajo cuya vigencia se dio contestación a la demanda, el demandado o quien ejerza su representación en el acto de contestación deberá determinar cuáles de los hechos admite y cuáles rechaza, teniendo el demandado la carga procesal de determinar con claridad cuales de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuales niega o rechaza, con la finalidad de simplificar el debate probatorio, dando por admitidos los hechos del demandante, que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos, lo cual tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, teniendo el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, por lo que se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor, por lo que la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.

De la misma manera, la Sala de Casación Social ha precisado que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales, señalando la Sala, como ejemplo, que si se ha establecido que una relación es de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado, pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes.

El Alto Tribunal de la República en sentencia del 1 de julio de 2005 estimó conveniente señalar que lo expresado anteriormente en nada colidía con los criterios de la Sala de Casación Social con respecto al alcance y extensión del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y que ahora contiene el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues es esta la norma que determina el principio de la distribución de la carga probatoria en materia laboral, siendo de aplicación conjunta con dicha disposición los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, como reglas generales de la carga de la prueba, en los casos en que el hecho controvertido se trate de un hecho negativo absoluto que se genere en función al rechazo que se exponga en la contestación, así como de la exposición de los fundamentos de defensa realizados por el demandado y que evidentemente presuponen el riesgo o la imposibilidad de no poder demostrarse por ser estos de difícil comprobación por quien lo niega y que por otro lado, supletoriamente se aplicarían las normas enunciadas anteriormente como reglas generales de la carga de la prueba, en el último supuesto contenido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se trata de hechos notorios, por ser este un presupuesto que no está contenido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, observa el Tribunal que en la forma como la demandada dio contestación a la demanda han quedado admitidos los hechos relativos a la existencia de la relación de trabajo que existió entre las partes, los salarios devengados por el actor, las fechas de inicio y terminación de la relación de trabajo, finalizando la misma por jubilación especial, en consecuencia, estos hechos quedan fuera de la controversia, la cual queda limitada a determinar si existe falta de cualidad o prescripción de la acción, y en caso negativo, determinar si efectivamente el cambio de régimen prestacional constituyó un desmejoramiento para el actor tomando en consideración que la representación judicial de la parte demandante en la audiencia de apelación alegó que no bastaba con la denominación de la categoría de la nómina mayor, recibiendo ese trato por parte de la demandada, desempeñando el cargo de Analista de Contrato, por cuanto la cláusula 3 establece que los beneficios aplicables a éstos trabajadores nunca serán inferiores al contenido en el contrato colectivo petrolero.

Ahora bien, en cuanto a la falta de cualidad alegada por la demanda en virtud de que se demandó a Petróleos de Venezuela S.A. y no a PDVSA Petróleo S.A., esta Alzada observa que tal alegato es improcedente a todas luces, ya que es de todos conocido que la estatal petrolera PDVSA ha cambiado su denominación en diversas oportunidades, siendo su denominación actual PDVSA Petróleo S.A., manteniéndose la empresa en iguales condiciones a través del tiempo.

En cuanto a la prescripción de la acción, esta Alzada observa que la relación laboral terminó el 01 de enero de 2002 y la demanda fue interpuesta el 27 de febrero de 2003, por lo que en un principio se habría configurado la prescripción de un año prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien, de las actas se evidencia que el actor el día 06 de agosto de 2002 le hizo a la patronal un cobro judicial, tal y como se evidencia de la notificación judicial que le fuera efectuada por el Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo, San Francisco y J.E.L. de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia (folios del 93 al 382 del expediente), por lo que a partir de ese día se interrumpió la prescripción de la acción. Así mismo en el folio 34 del expediente consta la notificación de la demanda a través de carteles, la cual se realizó el 20 de mayo de 2003, por lo que caramente no se configuró la prescripción de la acción.

Ahora bien, este Tribunal pasa a valorar las pruebas que constan en el expediente, a fin de determinar cuáles de los hechos controvertidos han quedado demostrados en el proceso:

Pruebas de la parte demandante:

Con el libelo de la demanda consignó copia simple de finiquito de prestaciones sociales emanado de la demandada, de la cual se solicitó su exhibición, observando éste Tribunal que el mismo fue reconocido por la demandada en la audiencia de juicio, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, por cuanto del mismo se evidencia, la fecha de inicio y finalización de la relación laboral, que el actor pertenecía a la nómina mensual mayor, así como el salario integral devengado por la cantidad de 2 millones 115 mil 684 bolívares con 50 céntimos, el motivo de la terminación de la relación laboral por jubilación, así como los pagos efectuados por la demandada a favor del actor por la cantidad de 37 millones 125 mil 220 bolívares con 61 céntimos.

Consignó copia simple del corte de cuentas cancelado al actor, del cual se solicitó su exhibición, observando éste Tribunal que el mismo fue reconocido por la demandada en la audiencia de juicio; pero en cuanto a su valor probatorio, esta Alzada evidencia del mismo que al actor le otorgaron los conceptos correspondientes a la antigüedad legal, antigüedad normativa y la compensación por transferencia, hechos que se encuentran fuera de la controversia, por cuanto esta plenamente reconocido por las partes que el referido corte de cuentas fue cancelado de acuerdo al cambio de régimen previsto en la Ley Orgánica del Trabajo promulgada en el año 1997.

Con el escrito de promoción de pruebas invocó el mérito favorable que arrojan las actas, lo cual no es un medio de prueba, sino una solicitud que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, siendo una pretensión de la parte en base a su misma necesidad de resultar favorecida en la valoración de los elementos probatorios existentes en el proceso con base al principio de la comunidad de la prueba, razón por la cual al no ser promovido un medio susceptible de valoración, este Tribunal no tiene elemento alguno que valorar.

En los folios 91 y 92 consignó copia simple de dos detalles de sueldo del actor, de los cuales se solicitó su exhibición, observando éste Tribunal que los mismas fueron reconocidos por la demandada en la audiencia de juicio, en consecuencia se les otorga pleno valor probatorio por cuanto se evidencia el salario básico devengado, que el actor pertenecía a la nómina mensual mayor, así como el pago efectuado por la demandada por bono compensatorio, utilidades anuales, gozando además de seguro catastrófico, seguro de vida, de hospitalización, cirugía y maternidad, plan odontológico, seguro de accidente opcional, plan de vida opcional, seguro de accidentes, entre otros.

Copia simple de notificación judicial constante de 293 folios útiles, documental que ya fue valorada como medio de interrupción de la prescripción de la acción.

Copia simple de Contrato Colectivo Petrolero 2000-2002, el cual conoce este Tribunal, en virtud del principio iura novit curia.

Pruebas de la demandada:

De su parte la representación judicial de la parte demandada invocó el mérito favorable que arrojan las actas, sobre lo cual ya se pronunció esta Alzada.

Consignó copia simple de dos recibos de vacaciones del actor, los cuales son inconducentes ya que no ayudan a dilucidar los hechos controvertidos en el proceso.

Consignó copia simple de hoja de ruta, la cual fue impugnada por la parte actora, por lo que no se le atribuye valor probatorio.

Consignó copia simple de estado de cuenta del actor, el cual es impertinente por no formar parte de los hechos controvertidos en el proceso.

Consignó copia simple de devolución plan vivienda, el cual es impertinente por no formar parte de los hechos controvertidos en el proceso.

Delimitada la carga probatoria y valorada como fueron los elementos probatorios aportados por las partes, el Tribunal, para decidir, observa:

Según las pruebas evacuadas, claramente, el actor se desempeñó siempre en labores administrativas, con un “alto cargo” que se encontraba inmerso en la denominación de “trabajador de confianza”, cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono, o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de otros trabajadores, según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, disfrutando siempre de beneficios superiores a los establecidos en la Convención Colectiva Petrolera, y devengando un salario muy superior a los estipulados en la misma.

Esta categoría de trabajadores dentro de la industria petrolera se denominan “Nómina Mayor”, y se encuentran expresamente excluidos de la Convención Colectiva Petrolera en su Cláusula Tercera.

La nota de minuta No. 1 de la Convención Colectiva Petrolera establece que la nómina mayor de la industria petrolera está conformada por un grupo de empleados cuyo nivel dentro de la estructura organizativa de la empresa, tiene como soporte un conjunto de beneficios y condiciones plasmadas en una básica filosofía gerencial cuyas normas y procedimientos contemplan condiciones que en su conjunto en ningún caso son inferiores que las del personal cubierto por la convención, y conforme lo establece la doctrina (Sainz Muñoz), estos trabajadores que están integrados por los profesionales y técnicos de la industria petrolera, son los que la Ley Orgánica del Trabajo califica como trabajador de confianza.

Estos trabajadores de la nómina mayor están excluidos de la Convención Colectiva Petrolera, firma contratos individuales de trabajo, y tienen igualmente “paquetes” de condiciones de alto contenido económico y social, constituyen el soporte profesional de las tecnologías de punta petrolera y han sido objeto de una intensiva y permanente preparación, estando subordinados a la nómina ejecutiva y efectivamente, por decisión de la nómina ejecutiva de la empresa fueron transferidos al nuevo régimen de prestaciones.

Así que tenemos que en la industria petrolera, la nómina ejecutiva, por razones obvias, expresa el autor S.M.g. de beneficios muy superiores a la nómina mayor con la alta gerencia y la nómina mayor tiene beneficios muy superiores a la nómina contractual, diaria o menor y a los trabajadores de la nómina mayor se les pasó al nuevo régimen de prestaciones sociales, manteniéndose la nómina contractual en el régimen prestacional de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990.

Ahora bien, alega el actor que el pase o cambio de régimen prestacional no constituía beneficios más favorables en relación a los trabajadores de la nómina menor o contractual, quienes gozan del régimen establecido antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, por cuanto considera que el régimen anterior, que se aplica a la nómina contractual, recibían sus prestaciones sociales de antigüedad calculadas retroactivamente desde el inicio de la relación de trabajo, considerando que ese derecho es intangible.

Ahora bien, del análisis comparativo de los sistemas prestacionales de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y de la Ley de 1997, observa este sentenciador que el régimen de 1997, contrario a lo que propugna el actor en su libelo, y que se aplica tanto a la nómina ejecutiva y a la nómina mayor de la empresa en modo alguno es menos beneficioso que el aplicado a la nómina contractual.

La causa por la cual el régimen de 1997 debe ser considerado más beneficioso para los trabajadores es porque esa reforma no sólo comprende el sistema de liquidación de prestaciones sociales, sino también la noción de salario del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que incluso es más amplio que la cláusula 8 de la Convención Colectiva Petrolera, que deja por fuera mayores excepciones que las previstas en el parágrafo tercero del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otra parte la cláusula 9 del régimen de prestaciones sociales de la Convención Colectiva Petrolera, si bien establece una liquidación doble, es decir 60 días por año, este beneficio de 60 días por año se consolida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo e incluso lo supera al prever dos (2) días adicionales acumulativos a partir del primer año, independientemente de los 30 días por año adicionales en caso de indemnizaciones por despido hasta un máximo de 150 días.

Así mismo, en el sistema previsto en la cláusula 9 de la Convención Colectiva Petrolera, el preaviso se cancela a salario normal, mientras que en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo se cancela a salario integral.

Ahora bien, el sistema de la Convención Colectiva Petrolera plantea una liquidación al último salario, que se ve compensado en el sistema de la Ley Orgánica del Trabajo con el abono mensual de las cantidades que corresponden al trabajador por antigüedad, lo cual permite que esa cantidad genere intereses sobre prestaciones sociales mes a mes, capitalizados anualmente.

Cuando el artículo 672 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los regímenes de fuentes distintas a la Ley, que en su conjunto fueren más favorables al sancionado en los artículos 108, 125, 133 y 146 de la Ley, esto es, aquellos que regulan lo relativo a la prestación de antigüedad, la noción de salario, las indemnizaciones por despido injustificado y la base de cálculo de esta última, esto es, los temas fundamentales que fueron modificados con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, se aplicarán con preferencia, establece que no se pueden acumular beneficios, de modo que un trabajador que aceptó un cambio de régimen (sin alegar despido indirecto dentro de los 30 días siguientes al cambio), que le permitió beneficios superiores a los que su régimen inicial le permitía, mal puede pretender alegar ahora, terminada la relación laboral, tal desmejoramiento y mucho menos señalar discriminación, puesto que los beneficios de las nóminas ejecutiva y mayor, en su conjunto en ningún caso son inferiores a los de la nómina contractual, a la cual el actor pretende ser asimilado luego que durante la relación laboral disfrutó de aquellas. Así se establece.

En este sentido, resulta pertinente hacer referencia a sentencia de fecha 18 de octubre de 2007, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. A.V.C. (Caso C.S. contra Asuntos y Servicios Petroleros C.a.):

Pues bien, consecuente con lo anterior esta Sala de Casación Social reitera que, dada la preeminencia, privilegio, ventaja o preferencia que obtienen los trabajadores comprendidos en la categoría denominada de nómina mayor en sus condiciones de trabajo, la Contratación Colectiva de Trabajo de la Industria Petrolera no puede ni deberá aplicársele, pues es de entender que dichos trabajadores disfrutan de mejores y mayores beneficios laborales que los sujetos amparados por dicha Contratación Colectiva, beneficios superiores que generalmente vienen fundamentados por contratos individuales de trabajo.(Subrayado de la Sala).

Ahora bien, es oportuno señalar que de haber existido estas condiciones individuales de trabajo superiores, debió la parte demandante demostrar en la oportunidad correspondiente su existencia, y no pretender que se aplique al caso en concreto la Convención Colectiva de la Industria Petrolera

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Surge en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación ejercido por la parte demandante, por lo que resolviendo el asunto sometido al conocimiento de este Juzgado Superior, en el dispositivo del fallo se exonerará a la demandada de las pretensiones ejercidas en su contra, confirmando el fallo apelado. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por lo expuesto, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el ejercicio de sus facultades legales, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1°) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2007, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 2°) SIN LUGAR la demanda interpuesta por ciudadano A.M. en contra de PDVSA PETRÓLEO S.A. 3°) SE CONFIRMA el fallo apelado. 4°) SE CONDENA EN COSTAS en virtud de lo que establece el artículo 64 del la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.

NOTIFÍQUESE A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En Maracaibo a veintiuno de noviembre de dos mil siete. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

El Juez,

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Miguel A. Uribe Henríquez

La Secretaria,

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A.E.

Publicada en su fecha a las 08:45 horas. Quedó registrado bajo el No. PJ0152007000697

La Secretaria,

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A.E.

MAUH/rjns

VP01-R-2007-000922