Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 25 de Marzo de 2009
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Edgar José Moya Millán |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE LA REGIÓN CAPITAL
Mediante escrito presentado en fecha once (11) de marzo de dos mil nueve (2009), ante el Juzgado Superior Octavo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (Distribuidor), se interpuso acción de amparo constitucional incoada por los abogados M.A.A.R. y L.J.I.M., inscritos en el inpreabogado bajo los Nos.89.128 y 127.835, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos T.A.A.B., E.A. RIVAS ZAMBRANO, WUIMAR A.H.R. y J.J.I.R., titulares de las cedulas de identidad Nos.16.810.771, 14.022.567, 6.303.408 y 19.999.800, respectivamente, contra el ciudadano M.J.W.O., en su condición Director Principal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA PEWEL C.A.
En fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil nueve (2009), por efectos de distribución nos correspondió conocer la presente causa
ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE
Comienzan señalando la representación judicial del accionante que procede de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales en sus artículos 1, 2, 7 y a tenor de lo pautado en los artículos 26, 27 y 87 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida que afecta los derechos y garantías constitucionales.
Indican la representación judicial de la parte accionante que sus representados los ciudadanos T.A.A.B., E.A. RIVAS ZAMBRANO, WUIMAR A.H.R. y J.J.I.R., comenzaron a prestar servicios personales, subordinados e ininterrumpidos para la empresa accionada en fechas 01 de octubre de 2007, 08 de octubre de 2007, 25 de septiembre de 2007 y 01 de mayo de 2005, respectivamente, desempeñándose como Ayudante de Cabillero, Ayudante de Cabillero, Ayudante de Carpintero y Ayudante, devengando cada uno un salario semanal de TRESCIENTOS DIEZ BOLIVARES CON TRES CENTIMOS (310,03 BS), indican igualmente que en fecha 14 de julio de 2008, fueron despedidos sin haber incurrido en ninguna de las causales previstas en el articulo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, a pesar de estar amparado por la inamovilidad laboral especial prevista en el Decreto Presidencial Nº.5265, Gaceta Oficial Nº 38.656, de fecha 01 de abril de 2007, cuya prorroga se verificó en fecha 27 de diciembre de 2007, mediante Decreto Presidencial Nº.5.752, Gaceta Oficial Nº.38.839.
Asimismo alega la parte accionante que en fecha 30 de julio de 2008, la Inspectoría del Trabajo del Municipio Autónomo C.R.d.E.M., con sede en Charallave, declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y salarios caídos, mediante P.A. Nº 00238, y ordenó a la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA PEWEL C.A., restablecer a los accionantes a su sitio habitual de trabajo en las mismas condiciones en que venían desempeñando sus cargos, así como el pago de los sueldos dejados de percibir.
Señala la representación de la parte accionante que sus representados agotaron correctamente la vía idónea y ordinaria establecida para el cumplimiento de lo ordenado en la P.A., procedimiento administrativo que resultó insuficiente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, ya que con la imposición de la multa a la empresa presuntamente agraviante no satisface los derechos constitucionales violados a sus mandantes, como lo son el derecho al trabajo a el derecho a la estabilidad laboral.
Expresa la representación judicial de la parte accionante que la conducta omisiva por parte de la empresa CONSTRUCTORA PEWEL C.A.; constituye una evidente y flagrante violación del Derecho al Trabajo y consecuentemente al Derecho a la Estabilidad Laboral, por lo que solicita se expida mandamiento de amparo constitucional en el que se ordene al agraviante, ciudadano M.J.W.O., a dar cumplimiento inmediato a la P.A. Nº 00238, de fecha 30 de julio de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Autónomo C.R.d.E.M., con sede en Charallave.
DE LA COMPETENCIA
Este Juzgado a los fines de decidir sobre la admisión de la presente acción debe previamente determinar si tiene atribuida la competencia para conocer de la misma, y al efecto observa:
Ha sido indicado reiteradamente por este Juzgado que, la competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones autónomas de amparo viene determinada en primer lugar, en razón del criterio de afinidad entre la materia que constituye el ámbito de competencia natural de dicha jurisdicción y la naturaleza del derecho pretendidamente vulnerado, lo que constituye la competencia en razón de la materia.
Además, es necesario precisar el órgano del cual emana el acto, hecho u omisión que se pretende atentatorio de los derechos o garantías constitucionales puesto que tal aspecto define cual es el Tribunal de Primera Instancia dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al cual corresponde el conocimiento de la acción.
Asimismo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº.1700, de fecha 07 de agosto de 2007, dictada en el expediente Nº.2007-0787, estableció un cambio de criterio atributivo de competencias en materia de amparos constitucionales, la cual señala lo siguiente:
Al respecto, la aplicación del criterio orgánico siempre se ha ceñido al régimen general de competencias del contencioso administrativo, estableciéndose una análoga equiparación en el conocimiento de los recursos contencioso administrativos y la acción de amparo constitucional.
En los términos en que ha sido empleado el criterio orgánico tiene cierta ilogicidad, toda vez que no se está frente a un control objetivo de los actos de la Administración (aunque esto incida en la esfera subjetiva de los particulares) sino frente a la protección de situaciones jurídicas subjetivas constitucionales. De modo que si la aplicación del criterio orgánico delimita la competencia en un tribunal cuya ubicación aleje al afectado de la posibilidad de accionar en amparo se está en presencia de una conclusión que obstaculiza al justiciable el acceso a la justicia.
Este último señalamiento se hace en consideración al supuesto de la competencia residual de las Cortes de lo Contencioso Administrativo proveniente de la competencia que en su momento la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia le atribuía a la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- que asignaba en esta instancia el conocimiento del contencioso administrativo de los órganos de inferior instancia de la Administración Central, sin importar el domicilio del acto o la ubicación geográfica de la dependencia. En este caso, el control del acto basado en la jerarquía del ente u órgano para una asignación residual de competencia podría ser un determinante de atribución de competencia dentro del ámbito de asignación para los tribunales contencioso administrativos; sin embargo, la aplicación del criterio de la competencia residual de las Cortes en materia de amparo constitucional resulta un obstáculo para el ejercicio de la acción de amparo, propia de la tutela de situaciones jurídicas fundamentales constitucionalmente garantizadas.
En suma, considerar la aplicación del criterio de competencia residual puede resultar atentatorio para el caso en que existan dependencias administrativas de inferior jerarquía que se encuentren desconcentradas –vgr. Inspectorías del Trabajo- o que su ubicación sea ajena a la ciudad de Caracas, como ocurre por ejemplo en el caso de algunas Universidades Nacionales, Colegios Universitarios y Colegios Profesionales. Inclusive, aplicar dicho criterio en amparo, como ocurre en áreas especiales como el caso de contencioso funcionarial, y hasta, por la protección en amparo en áreas particulares como en el caso de los servicios públicos, tal como así lo dispone el artículo 259 de la Constitución, haría prácticamente nugatorio para los afectados ejercer el amparo en procura de proteger sus derechos si obligatoriamente deben accionar ante las Cortes de lo Contencioso al margen del lugar donde ocurrió la afectación del derecho, o el lugar donde en realidad se encuentre el ente o dependencia administrativa.
En conclusión, considera esta Sala que mantener el criterio residual para el amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de “disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
Lo expuesto ya ha sido advertido por este Alto Tribunal, al establecer que la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de esta Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005 que citó a la primera. Inclusive, respecto a la distribución competencial para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, esta Sala, en la sentencia N° 3517/2005, indicó que el conocimiento de tales recursos “corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…” (resaltado del texto citado), extracto que resume la clara intención del M.T. de darle mayor amplitud al derecho al acceso a la justicia que estatuye el artículo 26 de la Constitución
Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional.
En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.
Por último, en caso de apelación, la competencia en este supuesto sí corresponderá a las Cortes, quienes decidirán en segunda y última instancia en materia de amparo.
Establecido el anterior criterio de manera vinculante, esta Sala Constitucional ordena la publicación en Gaceta Oficial del presente fallo, y hacer mención del mismo en el portal de la Página Web de este Supremo Tribunal. Asimismo, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a las Cortes de lo Contencioso Administrativo y a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las distintas regiones. Así se decide.
Ahora bien, establecidas las competencias en materia de amparo constitucional, se observa, que en el presente caso se evidencia que se ejerce acción de amparo constitucional contra el ciudadano M.J.W.O., en su condición Director Principal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA PEWEL C.A, alegando omisión e irregular cumplimiento en los deberes inherentes a su cargo que producen menoscabo a las garantías constitucionales, razón por la cual su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que este Órgano Jurisdiccional es el Tribunal de Primera Instancia competente para conocer de la presente acción de amparo, y así se decide.
ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Determinado lo anterior pasa el Tribunal a revisar los requisitos de admisibilidad de la presente acción y al respecto observa que no están dadas las causales de inadmisibilidad establecidas en el articulo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, se ordena iniciar el trámite previsto en la sentencia de fecha 1º de febrero de 2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y por tanto se ADMITE la acción de amparo constitucional, en consecuencia, se ordena notificar a la parte presuntamente agraviante, ciudadano A.E.A., en su condición Director-Gerente de la Sociedad Mercantil VIVIENDAS DE SALAMANCA C.A., para que concurra al Tribunal, y se informe del día en que tendrá lugar la audiencia oral, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última de las notificaciones ordenadas, anexándoles copias certificadas del escrito y demás recaudos producidos a dichas notificaciones.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:
Se ADMITE la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados M.A.A.R. y L.J.I.M., inscritos en el inpreabogado bajo los Nos.89.128 y 127.835, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos T.A.A.B., E.A. RIVAS ZAMBRANO, WUIMAR A.H.R. y J.J.I.R., titulares de las cedulas de identidad Nos.16.810.771, 14.022.567, 6.303.408 y 19.999.800, respectivamente, contra el ciudadano M.J.W.O., en su condición Director Principal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA PEWEL C.A.
Se ordena la notificación al ciudadano M.J.W.O., en su condición Director Principal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA PEWEL C.A., para que concurra al Tribunal, y se informe del día en que tendrá lugar la audiencia oral, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la consignación hecha por el Alguacil de este Juzgado de la última de las notificaciones ordenadas.
Notifíquese al Fiscal del Ministerio Público, Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo y a la ciudadana Procuradora General de la Republica, anexándoles copias certificadas del escrito y del auto de admisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE LO ORDENADO
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas, a los Veinticinco (25) días del mes Marzo de dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
JUEZ PROVISORIO
MSc. E.M.M..
ABOGADO
LA SECRETARIA,
M.G.J.
En esta misma fecha, siendo las 09:50 AM., se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA
MARIANA GAVIA JUAREZ
Exp. 6214/EMM
