Decisión nº 1428 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 3 de Febrero de 2010
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Javier Sanchez Aullon |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 3 de febrero de 2010
199º y 150º
ASUNTO: AF41-O-2003-000006.- SENTENCIA Nº 1428.-
ASUNTO ANTIGUO: 2078.-
En horas de despacho del día catorce (14) de marzo de 2003, el ciudadano J.J.M.E., titular de la cédula de identidad N° 6.851.810 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 31.378, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana “ALICIA ZAMORA DE SANTAELLA”, titular de la cédula de identidad Nº 3.228.383, interpuso acción de amparo constitucional a favor de su representada, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, contra la conducta omisiva en que presuntamente incurrió la Gerencia de la Aduana Principal de la Guaira al abstenerse o negarse a entregar los contenedores siglas Nos. TRIU535545 y MAEU7240084, contentivos de menaje de casa y efectos personales usados, enviados a Venezuela desde la ciudad de Miami, Estado de la Florida de los Estados Unidos de América, a su decir bajo el régimen de equipaje, para que pudiese gozar de los derechos de libertad de movimiento y de propiedad que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 50 y 115.
Mediante auto de fecha dieciocho (18) de marzo de 2003, el Tribunal le dio entrada a dicha acción de amparo constitucional bajo el Nº 2078, hoy Asunto Nº AF41-O-2003-000006, y afirmó su competencia para conocer de la misma según lo previsto en los artículos 12 y 329 del Código Orgánico Tributario; asimismo, procedió a admitirla al no estar incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley de Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y se ordenaron las notificaciones de ley.
En la misma fecha, el Tribunal mediante Sentencia Interlocutoria Nº 38, declaró Sin Lugar la solicitud de medida cautelar innominada hecha por la accionante.
No hubo más actuaciones por parte de la accionante.
En fecha veintiocho (28) de enero de 2010, quien suscribe la presente decisión en mi carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha seis (06) de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día cuatro (04) de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del veintitrés (23) de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"...el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
Ú N I C O
El interés constituye un derecho subjetivo actual; vale decir, que esté sufriéndose el daño o perjuicio que se ataca; dicho interés debe persistir al menos, hasta el momento en el cual el Órgano Jurisdiccional decida la causa.
Cuando de manera prolongada, en el curso del proceso decaiga el interés del accionante, es decir, el mismo no realice acto alguno capaz de demostrar al Juez la necesidad de que se decida la causa, la instancia se extingue. Más aún en casos de amparo, por cuanto, se precisa la tutela urgente y preferente de los derecho constitucionales.
Con respecto al decaimiento de la causa por la parte actora o abandono de trámite, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 982 del seis (06) de junio de 2001 (caso: “José Vicente Arenas Cáceres”), señaló lo siguiente:
..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...)
En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes (Resaltado añadido).
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél (Resaltado añadido).
(...)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.
(Destacados del Tribunal).
En cuanto a los efectos en el tiempo de dicha decisión, la Sala precisó:
... por tratarse de que la presente es una doctrina que ahora se declara por vez primera por este Tribunal Supremo de Justicia, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren paralizadas en las circunstancias expuestas en el presente fallo sino transcurridos que sean treinta (30) días contados a partir de dicha publicación –en aplicación analógica del lapso previsto en el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese lapso, las partes actoras puedan desvirtuar la presunción de abandono que, hasta ahora, revela su inactividad. Así se declara.
Ahora bien, establecido lo anterior, se observa que la parte accionante, desde la presentación del escrito contentivo de la acción de amparo, esto es, el catorce (14) de marzo de 2003, hasta el presente, no ha realizado ninguna actuación en el proceso.
La falta de actuación de la parte accionante en el presente caso durante más de seis (06) años, quien solicitó la tutela preferente del amparo con miras supuestamente a una solución urgente, encuadra dentro de los extremos expuestos en la sentencia parcialmente transcrita; por ello y de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, se declara el abandono del trámite y, en consecuencia, terminado el procedimiento. Así se declara.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano J.J.M.E., actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana “ALICIA ZAMORA DE SANTAELLA”, contra la Gerencia de la Aduana Principal de la Guaira.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en horas de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. J.S.A..- El Secretario,
G.Á.F.R..-
La anterior Sentencia se publicó en su fecha, siendo las once y veintidós minutos de la mañana (11:22 a.m.).----------------------El Secretario,
G.Á.F.R..-
ASUNTO: AF41-O-2003-000006.-
ASUNTO ANTIGUO: 2078.-
JSA/gbp.-
