Decisión nº 462 de Juzgado Superior Agrario de Zulia, de 11 de Marzo de 2011

Ratifica en su contenidos todos y cada uno de los alegatos formulados en la contestación de la demanda y en la audiencia preliminar, al igual que las impugnaciones y desconocimiento e igualmente ratificamos todas las pruebas y documentos consignados al momento de la contestación de la demanda.- Con todas las pruebas consignadas al momento de la contestación a la demanda, mi representada, demuestra fehacientemente todos sus alegatos.-

PRINCIPIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA

Invoco el principio de la comunidad de la prueba también llamado de adquisición, que se refiere a que la prueba pertenece al proceso. En este sentido, la prueba no es ya de quien la aporta, sino que pertenece a la comunidad procesal concreta, conforme indica “Chiovenda”, las actividades procesales pertenecen a una relación única, por ello los resultados de las actividades procesales pertenecen a una relación única, pro ello los resultados de las actividades procesales son comunes entre las partes (adquisición procesal). Se consagra pues que la prueba evacuada pertenece al proceso y no solo a quien la promovió o adujo, de manera que una ve incorporada al proceso debe ser tenida en cuenta en provecho de quien la aporta o de la parte en contrario que también puede invocarla legítimamente.-

En fecha 25 de octubre de 2010, mediante auto el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, se pronuncio acerca de las pruebas promovidas por las partes

Riela al folio ciento ochenta y nueve (189) escrito presentado por la representación judicial de la Sociedad Mercantil BFC BANCO FONODO COMUN C.A BANCO UNIVERSAL, mediante el cual apela del auto de fecha 25 de octubre de 2010 y se opone a la admisión de las pruebas.

Posteriormente, en fecha 02 de noviembre de 2010, el Tribunal A-QUO, REVOCA el auto dictado en fecha 25 de octubre de 2010 y se pronuncia sobre las pruebas aportadas por las partes.-

En fecha 08 de noviembre de 2010, la abogada P.A., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 78.014, actuando como apoderada judicial del ciudadano A.L., parte demandante en la presente causa, apela de la decisión dictada por el a-quo en fecha 02 de noviembre de 2010. Siendo escuchada en un solo efecto devolutivo por el Tribunal de Primera Instancia, el 13 de enero de 2011, y remitida a esta Superioridad mediante copias certificada con oficio.

Consecuencialmente, fue recibida por este despacho en fecha treinta y uno (31) de enero del año que discurre y se le dio entrada en fecha 04 de febrero de 2011 se le dio entrada, fijándose el lapso para promover y evacuar las pruebas permitidas en esta segunda instancia de conformidad al artículo 229 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; haciendo la salvedad que una vez vencido el referido lapso se fijara una audiencia oral, en la cual se oirán los informes de las partes, acogiéndose a lo establecido en el articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, relacionado con el debido proceso.

Riela al folio doscientos siete (207) de la pieza principal No.1, diligencia suscrita por la abogad P.A., apoderada judicial de la parte demandante – apelante mediante la cual consigna copia certificada del Histórico Trans Long Atm´s, e igualmente consigna escrito en fecha 07 de febrero de 2011, siendo agregados a las actas en fecha 08 de febrero del año en curso.

En fecha 07 de febrero de 2011, la abogada anteriormente mencionada suscribe diligencia mediante la cual solicita que se ordene escuchar la apelación en ambos efectos para mayor ilustración a este Tribunal.

Consta al folio doscientos treinta (230) de la pieza principal I auto mediante el cual el Juez JOHBING R.A.A. se ABOCA al conocimiento de la causa.

En fecha 18 de febrero el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BFC BANCO FONDO COMUN C.A BANCO UNIVERSAL, consigna escrito, siendo agregado a las actas en la misma fecha.-

En fecha 22 de febrero de 2011, mediante auto se fijo para el segundo día de despacho siguiente, la realización de la audiencia pública y oral en donde se oirán los informes de las partes, y una vez concluida la misma se dictará dispositivo al tercer (3er) día de despacho siguiente.

Riela al folio dos (02) de la pieza principal II, acta en la cual se deja constancia de haberse realizado la audiencia oral de informes, estando presente las partes en conflictos.

Posteriormente en fecha 3 de marzo de 2011, se dicto oralmente el dispositivo del fallo.

V

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

De conformidad con lo establecido en el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 de la norma adjetiva, aplicable ésta, por remisión expresa del artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pasa esta alzada a establecer los motivos de hecho y de derecho en los que se fundamentará la presente decisión a saber.

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO SUPERIOR

PARA CONOCER DE LA APELACIÓN

En virtud que la presente acción versa sobre tierras con vocación de uso agrario y subsumido esta en el supuesto del artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así como lo señala H.C., citando al Maestro Chiovenda, trata el punto de la llamada competencia funcional, la cual define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. H.C.. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993). En sentencia de Sala Constitucional del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), se señaló los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, “…de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional reiteró en sentencia 19 de julio de dos mil dos, (caso: CODETICA), que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez agrario en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente acción y en este orden de ideas, tal y como lo ha definido meridianamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo N° 1715 del 08 de agosto de 2007 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (caso: “INMOBILIARIA EL SOCORRO, C.A.”), en los siguientes términos:

…Respecto de las pretensiones procesales de naturaleza agraria, esta Sala reconoció la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados regulados por la mencionada Ley Orgánica, derogada por la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en ese sentido, ha afirmado que “(…) a los tribunales con competencia en materia agraria le corresponde conocer limitadamente de las demandas en las cuales se introduce la acción y se postula la pretensión agraria, así como de las medidas y controversias que se susciten con ocasión a dicha demanda, pues debe entenderse que el esquema competencial dispuesto en el artículo 1º de la ley referida, obedece a la existencia de un vínculo directo entre la naturaleza del bien y la materia agraria (Vid. Sentencia de esta Sala N° 449 del 4 de abril de 2001, caso: “Williams B.B. y Thamara Muraschkoff De Blanco”)…”

En acatamiento de la Sentencia de la Sala Constitucional del M.T., este Tribunal resulta competente para el conocimiento del recurso de apelación, por ser este, el Superior Jerárquico vertical del Juzgado a quo, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Segunda, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que textualmente nos indica lo siguiente: …Omissis.. “Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del presente Título” Del contenido normativo de las indicadas normas se verifica una competencia especifica, que comprende el conocimiento de acciones con arreglo al derecho común. ASÍ SE ESTABLECE

VI

DE LA APELACIÓN EN CONCRETO

El conocimiento de la presente causa, ante este Juzgado Superior deviene de la apelación interpuesta en fecha 8 de noviembre de 2010, la cual riela al folio doscientos (200) de las actas procesales, por la abogada en ejercicio P.A. venezolana, mayor de edad, abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 78.014 domiciliada en el alto Escuque Estado Trujillo, de Tránsito por esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, procediendo con el carácter de Apoderada judicial del ciudadano A.R.L., venezolano, mayor de edad, soltero, agricultor, titular de la cedula de identidad N° V- 5.802.671, domiciliada en el Alto Escuque, Estado Trujillo, contra la decisión dictada por el A-quo en fecha dos (02) de noviembre de Dos Mil Diez (2010), en la cual señala lo siguiente:

…Apelo del auto dictado por este Tribunal en fecha 2 de noviembre de 2010, mediante el cual revoca el auto de fecha 25 de octubre de 2010, relativo a la admisión de pruebas…”

Una vez que el expediente fue recibido en esta alzada, se le dio entrada en fecha 4 de febrero del año en curso, fijándose el lapso legal establecido en el artículo 229 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, otorgándoseles a las partes intervinientes en la presente causa los ocho (8) días de despacho para promover las pruebas permitidas en segunda instancia.

Por consiguiente visto que en el presente caso la apelación se centra en determinar si la decisión de primera instancia agraria esta ajustada a derecho o no, a este respecto la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece en su artículo 199 el momento en el cual el actor deberá acompañar con el libelo, toda la prueba documental de que disponga, que sirva como instrumento fundamental de su pretensión, e igualmente el deber de mencionar, nombre y apellido y domicilio, si este promoverá prueba de testigo. Y para mayor abundamiento sobre el tema este Superior estima pertinente traer a colación el mencionado artículo:

Artículo 199: El procedimiento oral agrario comenzará por demanda oral, sin perjuicio que pueda ser interpuesta en forma escrita. En caso de demanda oral, el juez o jueza ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para se agregada al expediente contentivo de la causa y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión determinando con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones.

En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el juez o jueza de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez o jueza negará la admisión de la demanda. El actor deberá acompañar con el libelo, toda la prueba documental de que disponga, que sirva como instrumento fundamental de su pretensión. En caso de promover testigos, deberá mencionar su nombre, apellido y domicilio, los cuales deberán deponer su testimonio en la audiencia oral o probatoria. Igualmente, podrá promover posiciones juradas. Ninguna de estas pruebas será admitida con posterioridad a este acto, a menos que se trate de documentos públicos y se indiquen en el libelo los datos de la oficina o lugar donde se encuentren. (Negrillas y resaltado nuestro)

Omissis….

De la norma antes trascrita se evidencia, por una parte que el actor en los juicios agrarios debe promover sus pruebas en un término único, esto es, al momento de la interposición de la demanda, y por otra parte, tanto de la norma adjetiva contenida en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil como en el segundo aparte del artículo 210 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se infiere el formalismo del ofrecimiento del medio de prueba testifical, vale decir, que el promovente debe indicar el nombre, apellido y domicilio del testigo, teniendo al mismo tiempo, la carga de presentarlo al momento de la evacuación.

Por otra parte, si bien es cierto que nuestra Carta Fundamental no establece requisitos ni condiciones para obtener tutela judicial efectiva de los derechos e intereses; resulta, por igual indiscutible que el proceso esta condicionado a las regulaciones expresas en la ley.

En la Ley Especial Agraria, señala que luego de la fijación de los hechos y límites de la controversia, se debe permitir un lapso probatorio de cinco días para promover pruebas; sin embargo, a nuestro entender, la demandante –apelante confunde que, en el mencionado lapso se podrán promover la “prueba de testigos o pruebas documentales”, en tanto y en cuanto como bien lo refiere el primer aparte del artículo 221 eiusdem, sólo se permitirán pruebas sobre el mérito de la causa.

En concordancia con lo precedente, debe entenderse que la pretensión del legislador de manera excluyente en este lapso del artículo 221 eiusdem se promovieran los documentos públicos y que con anterioridad, se indicaran en el libelo los datos de la oficina o lugar donde se encuentre conforme lo establece el referido artículo 199 de Nuestra LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO, cuando establece: omissis… “Ninguna de estas pruebas será admitida con posterioridad a este acto, a menos que se trate de documentos públicos….”, al igual, que las referidas a la cuestión de derecho sustancial o de fondo, sobre la cual debe pronunciarse el juez, a mejor entender, las relaciones con el mérito de la causa.-

Para mayor abundamiento, es preciso acotar para esta alzada la diferenciación de que es Documento o instrumento público: “…es aquel Documento expedido o autorizado por funcionario público o fedatario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo…” En general, son documentos públicos aquellos emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. (Negrillas y resaltado nuestro).

Ahora bien, se observa del estudio de las actas procesales que conforman la presente causa, que la abogada P.A., actuando como apoderada judicial del ciudadano A.R.L., plenamente identificado en actas, parte demandante hoy apelante, promovió pruebas en tiempo hábil con excepción de las de los particulares 1 y 2, 9 al 11; y del 20 al 30, correspondiente a:

Copia certificada de la investigación distinguida por las siglas D21-4613-2007, seguidas por la fiscaliza Cuarta de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo y emitida por la ciudadana YOLEHIDA Q.M., Fiscal Superior del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, con fecha 06 de julio de 2010.

Por lo tanto dichos instrumentos emanados de un ente o órgano de la administración pública en sentido amplio, son apreciados son a criterio de esta alzada, de conformidad con lo pautado en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, como un tercer género de documentos, ubicados entre el documento público y el privado reconocido, porque tienen la misma fuerza probatoria de un documento público –hace plena fe- conforme lo disponen los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, criterio desarrollado en la sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2.007 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Hadel Mostafá Paolini, publicada en fecha 12 de julio de 2.007, bajo el Nº 01257, expediente 2006-0694, y que esta alzada acoge totalmente. ASÍ SE DECIDE.

Evidenciándose, de las actas que la abogada antes mencionada no consigno las ya enumeradas pruebas en su correspondiente oportunidad, esto es, con el libelo de la demanda, tal y como lo establece el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que las pruebas documental, de testigos y las posiciones juradas no podrán ser admitidas con posterioridad a dicha oportunidad, a menos que se trate de documentos públicos y que se encuentren indicado en el libelo de la demanda los datos de la oficina o lugar en donde se encuentren. Por lo tanto este Superior comparte el criterio sostenido por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. ASI SE DECIDE.

Vistas las cosas, tal como están planteadas en el procedimiento llevado a cabo en el juzgado de primera instancia, debemos concluir forzosamente que las pruebas de posiciones juradas, testimoniales y documentales deben ser promovidas por las partes bien sea en el libelo de demanda, en lo que respecta a la parte actora y en la contestación de la demanda, al demandado, y no en otra oportunidad, todo esto de conformidad a lo establecido en el artículo 199 de la citada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; en el caso que aquí nos ocupa las mismas fueron promovidas después de esta oportunidad, siendo inadmitidas por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial por ser estas extemporáneas. Por las razones antes expuestas y en consideración de lo establecido en la ley que regula la materia, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante A.R.L., identificado en actas; representado por la abogada en ejercicio P.A., inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 78.014, contra la decisión proferida por ese Tribunal en fecha dos (02) de noviembre de 2010, en la cual REVOCA EL AUTO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2010; todo en relación con la demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta contra las Sociedad Mercantil “BFC BANCO FONDO COMUN C.A BANCO UNIVERSAL,”. ASÍ SE DECIDE.

OBITER DICTUM

El motivo por el cual sube a esta alzada la presente incidencia, es verificar si la decisión dictada el 2 de noviembre de 2010, por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, esta ajustada o no a derecho, mediante el cual se inadmiten unas pruebas; este Superior en aras de evitar pronunciamientos sobre el fondo de la causa y así consecuencialmente evitar adelantar opinión al respecto, procede a determinar que alegatos expuestos en la audiencia oral de informes de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2011, son pertinentes para dilucidar la incidencia:

“…- EXPOSICIÓN REALIZADA POR LA PARTE DEMANDANTE - APELANTE:

Siendo la oportunidad legal según el articulo 229 de la Ley de Tierras, me encuentro en este acto para rendir informes sobre la apelación que solicite en el auto emitido de fecha 2 de noviembre de 2010 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Agrario en el cual no admitió una copia certificada de la Fiscalía Superior del Estado Trujillo, en la cual se denota el ATM o detalle electrónico de la transacciones llevadas por la tarjeta de debito objeto de esta causa la cual a la cual se le hicieron unos cargos ilícitos que a todo evento se han señalado, se han denunciado y no se ha obtenido respuesta, ahora, por que se recurrió a la Fiscalía Superior del Estado Trujillo, para obtener estas copias certificadas, porque el ATM consignado junto con el libelo subsanado de la demanda fue suministrado por el CICPC de Maracaibo de la parte actora, el que consigno el banco en su contestación del libelo de la demanda está manipulado, está forjado, hay diez operaciones que no aparecen, precisamente las diez operaciones en las cuales hay claves erradas en varias oportunidades, banco emisor no responde, limites de crédito excedido, no se puede comunicar y particularmente hay una operación reversada totalmente de fecha 2 de noviembre de 2005, esa operación debió bloquear automáticamente esa tarjeta ese día, por innumerables transacciones por los innumerables limites de crédito excedidos y peor aun se borran de su ATM todos los cargos del cuatro de noviembre de 2005 en los cuales la s operaciones ya no son validas ¿por qué ya no son validas? Porque el día tres de noviembre efectivamente se reporto en la agencia de B.V. en el Centro Comercial Villa Inés al momento de retirar con libreta de ahorro un millón de bolívares, se percata el actor de estos descuentos hechos en su cuenta, el cuatro de noviembre lo formula por escrito el informe, es imposible que una persona a las tres de la tarde que se está dando cuenta en el banco de que le están haciendo unos debitos que no lo reconoce, iba a tener a la mano el escrito solicitando pues que el banco se pronunciara al respecto, en el auto emanado por el Tribunal de Primera Instancia hay una cierta disparidad en cuanto dice que nosotros o la parte actora admite que el cuatro de noviembre es que hizo el reclamo; el cuatro de noviembre hizo el reclamo pero por escrito, el reclamo se efectúo el tres de noviembre en la sede del banco, es por eso que a partir de las operaciones del 3 de noviembre a las dos de la tarde ya son rechazadas en el ATM, ahora bien, sigo con que por que? El banco manipula y borra transacciones electrónicas que precisamente son las que favorecen a la parte actora, no tengo forma de demostrar que le banco consigne a mi en original y como pasaron los acontecimiento porque la prueba la están produciendo ellos, la parte que estoy demandando; estamos en la carga dinámica de la prueba, mis pruebas son las pruebas aportadas por ellos, por eso recurro a la Fiscalía Superior del Estado Trujillo, es la que tenia en ese momento el expediente por que? Porque fue un delito continuado, se cometió en Valera, en Sabana Mendoza en Mérida termino en Barquisimeto, conocieron del delito diferentes C.I.C.P.C y diferentes fiscalías en el país, es la razón por l o que en el libelo de la demanda solamente se dice el CICPC nos entregó copia del ATM mas no podíamos saber quien lo detentaba en determinado momento porque fue a r.d.u.d. continuado realizado en varias locaciones de Venezuela, ahora bien, hago resaltar de la falta de probidad y de lealtad que ha mantenido la parte demandada al tratar a todo evento de que nosotros no podamos demostrar con el ATM que es lo que realmente ocurrió con la tarjeta de debito por que? Porque con el ATM demostramos primero que si efectivamente se bloqueo la tarjeta el tres de noviembre, que efectivamente ocurrió el hecho ilícito, que el juzgado inferior nos ordena que probemos el hecho ilícito, que probemos que daño causo el hecho ilícito; de que otra forma lo demuestro si nos con el retiro del dinero y la falla de la seguridad bancaria porque ellos estaban obligados a proteger el dinero del tarjeta habiente mas allá de que ellos admiten que simplemente que sea la seguridad de la clave de la tarjeta de debito, ellos estaban obligados a proteger con recinto cerrado hasta donde se utilizaba la tarjeta de debito para que ninguna persona pudiera ser visible a los códigos, es más aun, en vía administrativa el INDECU en dos providencias multa al banco porque nunca demostró ni llevo ticket de ninguna forma de que el acto era el que había utilizado la tarjeta de debito, la otra parte que es esencial paro nosotros es que se admita como prueba testimonial documental del Ingeniero N.R. no estamos promoviendo un testigo como mal se entendió, es una testimonial documental, donde el de su análisis del proyecto de cebolla dando como respuesta la viabilidad del mismo lo que va ratificar es el contenido y firma de ese análisis que el realizo, mas no s un testigo de la causa como tal, de que va a rendir testimonio de los hechos pasados, no lo que se va basar es su experiencia para determinar la vialidad del proyecto cosa que el juzgado de primera instancia nos ordeno demostrar que el proyecto era viable eso en cuanto al testimonio de N.R..

En cuanto a las operaciones realizadas, doscientas y tantas operaciones realizadas en un periodo muy corto de tiempo y la ley de datos obliga al banco a que cuando ocurre este tipo de circunstancia esta obligado como uno de los primeros en luchar contra la delincuencia organizada en este aspecto, tenia que suministrarle al actor toda la información que el requiriera; requirió en veces de oportunidades entréguennos los ticket, entréguennos los nombres donde se realizaron las compras, a todo evento se negó, aun mas el contrato único de servicios de ellos, que ellos detentan y suministran como prueba en un articulado dice, en cualquier caso de duda, ellos, el banco entregará todos los ticket que sean utilizados y que no reconozca el tarjeta habiente, nunca lo han hecho, nunca han demostrado un solo ticket, exigimos justicia… omissis.. (Negrillas y resaltado nuestro)

- EXPOSICIÓN REALIZADA POR LA PARTE DEMANDADA OPOSITORA DE LA APELACIÓN.

En primer lugar con el respecto que merece la Doctora Patricia, se extendió a hechos que realmente no son objeto de esta controversia, porque eso es en momento del juicio oral y publico donde se va a debatir, era donde definitivamente, esto se trata d una simple audiencia para ver si el Juzgado de Primera Instancia admitió o no admitió las pruebas conforme a derecho y conforme a lo ordenado por la ley, es muy claro la ley de tierras y desarrollo agrario en el articulo 211, usted sabrá exactamente se supone que el juez conoce el derecho, donde dice cuales son las pruebas que deben ser promovidas y en que momento se deben promover las pruebas, llámense, los documentos donde se fundamenta la pretensión, la prueba de testigos y las pruebas de documentos públicos, solo cuando se trate de documentos públicos que no los pueda presentar en ese instante la parte debe indicar así lo dice el código, así lo dice la norma, debe indicar en que lugar en que oficina está para poderlas promover con posterioridad, a ese acto que claramente nos los dice el artículo 211, (sic) la parte actora pretende cuando ya se le precluyo su lapso su termino para consignar los documentos alegando que es un documento porque supuestamente o partiendo del supuesto verdadero que partió de la fiscalía séptima del estado Trujillo, por el solo hecho de emanar de la fiscalía no por eso es, haces ese documento publico, publico el documento pero no el contenido que tiene sobre todo el trans long, el Trans long el histórico del trans long, ese documento no emano de ninguna autoridad publica no fue emanado, porque ella simplemente esta determinando que lo que esta en el instrumento en el expediente de la fiscalía eso es lo que esta allí, simplemente es lo que esta diciendo, pero ella no puede calificar de ese instrumento de ese trans long que esta allí que no lo consigno mi representada que no fue ante un funcionario público otorgado, que el funcionario público esa persona…. Omissis…

Que es un funcionario público, esta en el código civil perfectamente definido en el 1357, tiene que haber la presencia de un funcionario público debidamente autorizado pro la materia, tiene que ser el documento ese otorgado delante del funcionario publico, previo la identificación del funcionario público, el funcionario público tiene que dar fe de la existencia de ese documento y no podemos por el simple hecho de consignar un documento en un expediente y que un ciudadano juez por ejemplo emita copia certificada de todo el expediente, todo el contenido que esta allí no es un documento publico en consecuencia por no haber consignado ese documento, ese trans long, no puede ahora ser admitido ese documento como prueba y efectivamente lo hizo bien el juez en nuestra opinión tenía que rechazarlo por extemporáneo, partiendo del supuesto negado de que ese documento fuera un documento público ciudadano juez, debió haberlo anunciado de acuerdo con el 211, debió haber dicho en que oficina y en que lugar estaba y tampoco lo hizo, pretende ahora que se le admita como prueba. Por otra parte pretende que se, la parte actora sabia perfectamente que esta presentado un informe ese informe lo debió haber presentado como documento sea privado, sobre todo emanado de un tercero debió haberlo consignado junto con el libelo y sabiendo que de acuerdo con el 431 de CPC que emana de terceros y no puede ser opuesto a la parte debió haberlo promovido en esa oportunidad como testigo, entonces ahora pretende que el ciudadano N.R.D., declare sobre ese documento, declare sobre otras circunstancias porque hay otras promociones dirigidas a ese señor; el artículo 231 si mi mente no me falla, en la audiencia preliminar ella, las partes deben demostrar, deben indicar que pruebas se pretenden demostrar o sea se pretende promover en la segunda etapa de prueba, de las pruebas permitidas por la ley no todo tipo de prueba, llámese prueba, entonces ella , la parte actora no promovió ninguna, no indico que tipo de prueba pretendió promover y ahora pretende entonces que le admitan una prueba de experticia que se la admitieron en nuestra opinión no se la debieron admitido, una prueba confusa, una prueba ambigua, que no demuestra absolutamente nada, lo mismo en la audiencia preliminar pasando por alto el artículo 211, pretende consignar unos originales de unas libretas, unos contratos, unos asuntos que debió haber presentado en la oportunidad de la, de introducir la demanda; en consecuencia estoy totalmente de acuerdo con la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia y pido que sean declaras inadmisibles… omissis…

De los argumentos expuesto en la audiencia oral de informes llevada en esta instancia en fecha 24 de febrero del año que discurre, parcialmente transcrita y analizada concluye este Juzgador que los puntos referidos a la presunta modificación del ATM o Histórico de TRAM´S LONG y los alegatos referidos a la procedencia de la Reparación de los Daños y Perjuicios y presunción de sustracción de dinero son puntos de mérito de la sentencia de fondo, haciendo notar que estas consideraciones del presente capitulo sobre la procedencia de la pretensión de Daños y Perjuicios, no hacen sino corroborar la decisión principal, pero que no tienen poder vinculante, pues su naturaleza es meramente complementaria. Y que solo se establecen como criterio auxiliar de interpretación.

DISPOSITIVO

En consideración a la revisión minuciosa de las actas que conforman el expediente, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, actuando como Tribunal de Alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 08 de noviembre del año 2010, por la abogada en ejercicio P.M.A.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.78.014, actuando apoderada judicial del ciudadano A.R.L., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nos. 5.802.671, parte demandante en la presente causa, contra la sentencia dictada por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha dos (02) de noviembre de 2010, en la cual REVOCA EL AUTO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2010; todo en relación con la demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por el ciudadano A.R.L. contra la Sociedad Mercantil “BFC BANCO FONDO COMUN C.A BANCO UNIVERSAL” identificada en actas.

En consecuencia del particular anterior, queda firme la sentencia de fecha dos (02) de noviembre de 2010, emanada del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en la cual REVOCA EL AUTO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2010; todo en relación con la demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por el ciudadano A.R.L., plenamente identificado, en contra la Sociedad Mercantil “BFC BANCO FONDO COMUN C.A BANCO UNIVERSAL,”identificada en actas.

No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del fallo

Se hace del conocimiento de las partes que la presente decisión ha sido publicada dentro del lapso establecido en el artículo 229 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

PUBLIQUESE, REGISTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Y FALCON en Maracaibo, a los once (11) días del mes de marzo de dos Mil once (2011). Años: 200° de la independencia y 152° de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR

DR. JOHBING R.Á.A.

EL SECRETARIO

Abg. IVAN IGNACIO BRACHO GONZALEZ

En la misma fecha conforme a lo ordenado, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (03.25 p.m.), previo el anuncio a las puertas del Despacho, se dictó y publicó la presente medida, quedando anotada bajo el Nº 462, y se expidió la copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado.

EL SECRETARIO

Abg. IVAN IGNACIO BRACHO GONZALEZ