Decisión nº PJ0082012000151 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Mayo de 2012

Fecha de Resolución14 de Mayo de 2012
EmisorJuzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario
PonenteDoris I. Gandica
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 14 de mayo de 2012

202º y 153º

SENTENCIA N° PJ0082012000151

ASUNTO: AF48-U-2004-000022

ASUNTO ANTIGUO: 2004-2209

Recurso Contencioso Tributario

Vistos: Con informes de la Administración Tributaria Recurrida

Recurrente: ALMACENADORA CARACAS C.A (ACCA), inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 743, Tomo 4-B, en fecha 30 de junio de 1947, domiciliada en la Calle Real de los F.d.C., Callejón Segnini. Parroquia Sucre del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Apoderados de la Recurrente: Abogado A.V.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 1.095.

Actos Recurridos: P.A. de fecha 30-12-2003 emanada de la Alcaldía del Municipio Libertador, la cual declaro Inadmisible el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 0149-2003 de fecha 19-02-2003, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.

Administración Tributaria Recurrida: Alcaldía del Municipio Libertador.

Representación del Fisco: Abogada M.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 33.242.

Tributo: Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Indole Similar.

I

RELACION CRONOLOGICA

Se inicia este procedimiento mediante Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el Abogado A.V.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 1.095. actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “ALMACENADORA CARACAS C.A., (ACCA) ante el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con fundamento en el Acta S/N de fecha 18-09-2003 suscrita por la Inspectoria General de Tribunales en atención al oficio Nº CJ-03-1784, donde se recibió en fecha 15-04-2004, y se le dio entrada mediante auto de esa misma fecha, por el que se ordeno librar boletas a la Administración Tributaria (Sindico Procurador Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital) a los Ciudadanos Contralor y Fiscal del Ministerio Publico.

Las notificaciones fueron debidamente cumplidas.

En fecha 28-01-2005, se admitió el presente recurso quedando el juicio abierto a pruebas.

En fecha 21-02-2005, fue agregado al expediente el escrito de promoción de pruebas que había sido reservado por secretaria.

En fecha 17-02-2005, la Abogada M.M. en su carácter de apoderada del Municipio Libertador del Distrito Capital, consigno escrito de promoción de pruebas y copias certificadas del expediente administrativo.

En fecha 02-03-2005, visto el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 17-02-2005, por la Abogada M.M. en su carácter de apoderada del Municipio Libertador del Distrito Capital este Tribunal por cuanto no las considera ilegales ni impertinentes las admite cuanto a lugar salvo su apreciación en la definitiva.

En fecha 05-04-2005, venció el lapso probatorio en la presente causa y comenzó a correr el lapso previsto en el articulo 274 del Código Orgánico Tributario.

En fecha 02-05-2005, el Abogado A.V.R., inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº 1.095, en su carácter de apoderado judicial de la recurrente consigno escrito de informes.

En fecha 03-05-2005, la Abogada M.M. en su carácter de apoderada del Municipio Libertador del Distrito Capital consigno escrito de informes.

En fecha 03-05-2005, concluyo la vista en la presente causa.

En fecha 10-06-2005, la Dra. D.I.G.A., posesionada del cargo de Jueza de este Tribunal, se avocó al conocimiento de la presente causa.

II

DEL ACTO RECURRIDO

Denominado P.A. de fecha 30-12-2003 emanada de la Alcaldía del Municipio Libertador, la cual declaro Inadmisible el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 0149-2003 de fecha 19-02-2003, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, y en consecuencia resuelven que la empresa Almacenadora Caracas C.A., debe pagar por concepto de reparo la cantidad de Bs. 509.498,34 reexpresados en (Bs. F 509,49).

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

  1. La recurrente.

La representación judicial de la recurrente en su escrito del libelo, expuso:

Que en el presente caso la contribuyente ACCA, actuando de buena y confiada en la Ordenanza y manifestando una diligencia satisfactoria mas allá de la requerida normalmente al contribuyente, realizó en fecha 25-06-1997, el anticipo del pago de la patente municipal de industria y comercio que correspondía a los tres primeros meses del año 1998, y el Municipio acreedor en reconocimiento de tal conducta concedió a la contribuyente un descuento o rebaja en la suma total a enterar en las arcas del fisco local, este pago quedo firme al no haber sido objetado por el SUMAT, actitud ésta que generó una situación que “causa estado” el derecho adquirido de la contribuyente ACCA de quedar liberada de su obligación tributaria de pagar el referido impuesto ya satisfecho y la extinción del derecho de la Administración Tributaria del Municipio Libertador de percibir el tributo durante ese mismo lapso.

Que los pagos realizados por la contribuyente ACCA para los correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 1998, constituyen un pago de lo indebido que esta sujeto a repetición.

Alegan a su favor la extinción de la obligación tributaria por prescripción y a tal efecto aducen que en el presente caso ese derecho del SUMAT se extinguió por prescripción el 31 de abril del año 2002, respecto al hecho imponible producido en el mes de abril de 1998 y así mismo se extinguió por prescripción el 31-05-2002 respecto al hecho imponible producido en el mes de mayo de 1998.

Que resulta que para el 19-02-2003, fecha en la cual el SUMAT produce la Resolución Nº 0149-2003 mediante la cual resolvió imponer reparo a la contribuyente ACCA por la cantidad de Bs. 509.498,34 en razón de pagos errados en las autoliquidaciones mensuales de ingresos brutos en el rubro de industria y comercio correspondientes a los meses de abril y mayo de 1998, su derecho para hacerlo se había extinguido por la prescripción consumada el 31 de mayo del año anterior, este hecho jurídico la prescripción extingue los derechos correspondientes de la administración y, en consecuencia le da seguridad al obligado, así lo hace valer en nombre de su representada y así solicita sea declarado

Igualmente alegan que en el presente caso el acto administrativo adoptado por el ciudadano Alcalde del Municipio Libertador esta viciado de nulidad absoluta en razón de haber ocurrido carencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, haber aplicado caprichosamente un procedimiento distinto al previsto por la ley correspondiente (las referidas ordenanzas municipales), desviando la actuación administrativa del iter procedimental que debía aplicarse de conformidad con el texto legal correspondiente (desviación del procedimiento), por haber prescindido de los principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad administrativa, haber trasgredido fases del procedimiento que constituyen garantías esenciales del administrado (principio de esencialidad), con la actuación ilegitima del SUMAT se provoca una lesión grave al derecho a la defensa de la contribuyente ACCA, además que representa una arbitrariedad procedimental evidente.

Que en efecto de no ser anulada la P.A. del ciudadano Alcalde, ello coincidiría a que la decisión del SUMAT dictada en el primer grado del procedimiento administrativo, quedara firme, y ello conduciría a la ilegal ejecución de una obligación tributaria carente de causa legitima, habida cuenta que la misma quedo extinguida en su oportunidad por el pago realizado.

Que resulta totalmente ilegal que se procediera a ejecutar una decisión que constituye un reparo, formulado ilegítimamente a un pago no debido por el contribuyente.

Que no seria legal que se procediera a ejecutar una decisión que además de ratificar una actuación que viola el principio non bis in idem, ahora de rango constitucional, pretende del contribuyente un tercer pago del mismo tributo que ya había quedado cancelado desde la primera vez.

Que no seria legal que se procediera a ejecutar, con menoscabo de la seguridad jurídica, una decisión que pretende hacer valer un derecho de la Administración Tributaria Municipal, cuando el mismo se encuentra doblemente extinguido por pago y por prescripción.

Finalmente alegan que en el procedimiento administrativo adelantado por la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital, consideran necesario señalar que durante el mismo se violaron o menoscabaron los derechos y garantías de rango constitucional como el derecho a ser oido; derecho a la notificación en forma debida, derecho a la formación del expediente administrativo y al acceso al mismo; derecho a la determinación del tributo sobre base cierta y garantía a la presunción de inocencia; derecho a la caducidad del procedimiento determinativo, derecho a invocar la prescripción, garantía de irretroactividad, derecho a la defensa y a la debida asistencia jurídica; garantía de la legalidad.

De la Administración Tributaria:

La representación judicial de la Administración Tributaria Recurrida en su escrito de informes opuso las siguientes defensas.

Que niegan rechazan y contradicen los alegatos expuestos por la representación judicial de la contribuyente Almacenadota Caracas C.A., en los siguientes términos:

Que la Administración Tributaria Municipal cuando dictó la Resolución Nº 0149-2003 de fecha 19-02-2003, lo que hizo fue proceder a verificar las autoliquidaciones mensuales de Ingresos Brutos en el rubro de Industria y Comercio, correspondiente a los periodos fiscales comprendidos entre el 01-04-1998 y el 31-05-98, y del resultado de dicha verificación se detectaron errores materiales en la misma procediéndose a corregir los mismos de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la Ordenanza Sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Indole Similar, actuando la administración tributaria conforme a la normativa vigente y respetando el debido proceso.

Que por otra parte la recurrente en su escrito recursorio trata de confundir alegando que se violo el debido proceso, en principio lo que hizo fue introducir un simple escrito expresando rechazo sobre el reparo ante la Gerencia de Recaudación y Liquidación del SUMAT, no al Alcalde y cabe recordar que ya dicho reparo había sido subsanado y notificado de la Resolución, y el órgano competente para conocer y decidir los recursos jerárquicos es el Alcalde como máxima autoridad del Municipio.

Que la contribuyente al sostener por un lado que ya había realizado el pago de los meses por anticipado y luego alegar la prescripción cae en una contradicción y a su vez hacer caer en duda a la administración si estaba o no ajustada a derecho tal cancelación.

Que al solicitar la contribuyente la extinción de la obligación tributaria lo que pretende es no cumplir con su obligación de cancelar la imposición del reparo.

Finalmente la representación municipal ratifica que el reparo impuesto a la contribuyente Almacenadota Caracas C.A., por la cantidad de Bs. 509.498,34, ahora reexpresados en Bs. F. 509,49 fue de conformidad con la norma legal aplicable y siguiendo el debido proceso pautado en la ordenanza, siendo de esta manera la contribuyente notificada e incluso como ella misma lo señala consigno el escrito del recurso jerárquico ante el SUMAT y el cual fue declarado Inadmisible por las razones ya expuesta.

Que por las razones antes expuestas solicitan sea declarado sin lugar el presente Recurso Contencioso Tributario.

IV

DE LAS PRUEBAS

De la Recurrente:

La representación judicial de la contribuyente no presento pruebas en la oportunidad correspondiente.

De la Recurrida:

La representación judicial de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital en su escrito de promoción de pruebas promovió:

El merito favorable de los autos.

Promovió y consigno copias certificadas del expediente administrativo perteneciente a la contribuyente ALMACENADORA CARACAS C.A.

ANALISIS DE LAS PRUEBAS

En cuanto al merito favorable de los autos este Tribunal observa: que el mérito favorable de los autos, no es un medio de prueba sino la aplicación del principio de la comunidad de la prueba, así lo estableció la Sala de Casación Social en la Sentencia de fecha 17 de febrero de 2004 caso Colegio Amanecer C.A:

El mérito favorable de los autos, no es una prueba sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que le Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte,…

.

Por tal razón, al no tratarse de un medio probatorio el mismo no es susceptible de ser analizado.

Ahora bien respecto a las actas que conforman el expediente administrativo de la recurrente, se puede observar los mismos son actos administrativos emitidos por un funcionario publico, que goza de autenticidad, por su naturaleza, pues su formación o autoría se puede imputar a un determinado funcionario, previo el cumplimiento de las formalidades legales, acreditando tal acto como cierto y positivo; con fuerza probatoria plena, en los límites de la presunción de veracidad que las rodea, mientras no se pruebe lo contrario.

Respecto a los instrumentos que lo contienen, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su jurisprudencia ha establecido que los instrumentos contentivos del Expediente Administrativo pertenecen a la categoría de “documentos administrativos” los cuales son considerados como una tercera categoría documental, intermedia entre los instrumentos públicos y los privados, cuyo contenido se considera fidedigno salvo prueba en contrario, resultando aplicables para su valoración las reglas contenidas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia esta juzgadora le otorga pleno valor probatorio.

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Planteada la controversia en los términos expuestos, este Tribunal observa que la cuestión planteada se circunscribe en: Determinar la legalidad o no de la multa impuesta mediante P.A. de fecha 30-12-2003 emanada de la Alcaldía del Municipio Libertador, la cual declaro Inadmisible el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 0149-2003 de fecha 19-02-2003, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.

Punto Previo:

Como punto previo esta sentenciadora considera oportuno revisar sobre la perdida de interés en el presente proceso y en este sentido se observa:

Se desprende del auto de entrada de fecha 15-04-2004, Recurso Contencioso Tributario, ejercido contra la P.A. de fecha 30-12-2003 emanada de la Alcaldía del Municipio Libertador, la cual declaro Inadmisible el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 0149-2003 de fecha 19-02-2003, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.

Igualmente se desprende que del auto de fecha 03-05-2005, este tribunal declaro vista la causa entrando en estado para dictar sentencia, no observándose que la contribuyente le haya dado impulso procesal desde la fecha en que se dicto el auto declarando vista la causa hasta la presente fecha.

Ahora bien, visto lo anterior considera importante quien aquí juzga revisar la presunta perdida de interés procesal en que ha incurrido la accionante en la presente causa, y a tales efectos es importante analizar lo que al respecto ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Así vemos que en ponencia de la Magistrada: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en el Expediente N° 07-0224 la sala ha establecido el siguiente criterio:

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) C.J. Moncada”).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “F.V.G. y M.P.M. de Valero”).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

.

En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide”.

Del mismo modo la Sala Constitucional de nuestro m.t.d.j. con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Haaz en el expediente No 00-2064 respecto a la pérdida de interés procesal ha establecido:

A.c.f.l. actas procesales, esta Sala observa que, en la presente causa, desde el 2 de diciembre de 1982, oportunidad cuando se presentó ante la Corte en Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia el escrito contentivo de demanda de nulidad, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal hasta el 26 de junio de 2000, ocasión cuando la Corte en Pleno acordó remitir las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional; y por cuanto han transcurrido más de dieciocho (18) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.

Según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.

Esta Sala, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interes procesal señaló :

A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

(...)

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

(...)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

(...)

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

(Subra-yado añadido)

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el inicio del proceso, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo asentado en la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se declara.

Igualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. N° 956 al referirse al interés procesal señaló:

A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

(...)

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

(...)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

(...)

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

(Subra-yado añadido)

En este mismo orden de ideas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero en el expediente No. 2004-2540 en la sentencia No. 01753 de fecha 03-12-2009 se estableció:

De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.

En consecuencia, por cuanto en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del recurso y, sin embargo, la parte demandante dejó de instar para que ello se produjese; esta Sala declara extinguida la acción por pérdida de interés, con base en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

En criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la perdida de interés procesal en Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 se estableció:

“Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias Nros. 650 del 6 de mayo de 2003, 1.473 del 7 de junio de 2006, 645 del 3 de mayo de 2007 y más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente), en lo que a la perención se refiere, lo siguiente:

… la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.

Así pues, con fundamento en lo expuesto, la Sala en distintas oportunidades ha decretado la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la decisión de la Sala Constitucional de este M.T. N° 1.466 de fecha 5 de agosto de 2004, en la cual se desaplicó por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en aquellas causas judiciales que se encuentran en estado de admisión, por cuanto nada impide a la parte recurrente diligenciar para solicitar la decisión correspondiente sobre la admisión de su recurso. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01378 de fecha 5 de noviembre de 2008).

Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido conlleva a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó el criterio consagrado en el fallo de esa misma Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.) y en el cual se señaló:

… El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘F.V.G. y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Resaltado de esta Sala).

Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar sentencia.

Así las cosas, una vez verificado que en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del procedimiento de Oferta Real y Depósito y visto que la parte actora dejó de instar para que ello se produjese, esta Sala declara extinguida la acción en el presente caso por pérdida de interés, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”. Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Declarado lo anterior y a.c.f.l. actas procesales, esta sentenciadora observa que, en la presente causa, desde el 03 de mayo de 2005, oportunidad en que este tribunal declara concluida la vista de la presente causa, no consta en autos que se realizara alguna actuación procesal por parte del accionante del presente Recurso Contencioso Tributario hasta la presente fecha, ocasión en que esta sentenciadora dicta la presente decisión; y por cuanto han transcurrido más de seis (6) años sin que se hubiere realizado actuación alguna de parte del Abogado A.V.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 1.095, en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente ALMACENADORA CARACAS C.A (ACCA), inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 743, Tomo 4-B, en fecha 30 de junio de 1947, domiciliada en la Calle Real de los F.d.C., Callejón Segnini. Parroquia Sucre del Municipio Libertador del Distrito Capital, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, entendiéndose con clara evidencia que uno de los requisitos, como elemento de la acción, deviene del interés procesal; así, el interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia, no es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Así lo han expresado en diferentes criterios la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa de nuestro m.t.d.j..

Siguiendo este criterio la doctrina ha mantenido según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

De lo anterior se puede determinar que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

Visto así, y tomando en consideración lo expuesto por nuestro M.T.d.J., el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción; como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

De acuerdo con lo expuesto es evidente que, en la presente causa, la parte actora no instó de manera alguna al Tribunal para que se dictara la decisión correspondiente, por lo que resulta forzoso para esta sentenciadora declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, esta sentenciadora considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se declara terminado el procedimiento por decaimiento de la acción. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el Abogado A.V.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 1.095, en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente ALMACENADORA CARACAS C.A (ACCA), inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 743, Tomo 4-B, en fecha 30 de junio de 1947, domiciliada en la Calle Real de los F.d.C., Callejón Segnini, Parroquia Sucre del Municipio Libertador del Distrito Capital, contra la P.A. de fecha 30-12-2003 emanada de la Alcaldía del Municipio Libertador, la cual declaro Inadmisible el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 0149-2003 de fecha 19-02-2003, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, y en consecuencia resuelven que la empresa Almacenadora Caracas C.A., debe pagar por concepto de reparo la cantidad de Bs. 509.498,34 reexpresados en (Bs. F. 509,49).

COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

Notifíquese a todas las partes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los catorce días del mes de mayo de dos mil doce. Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

La Jueza Superior Titular

Dra. D.I.G.A.L.S.T.

Abg. C.A.P.M.

En la fecha de hoy, catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012), se publicó la anterior Sentencia N° PJ0082012000151, a las diez de la mañana (10:00 AM).

La Secretaria Titular

Abg. C.A.P.M.

ASUNTO: AF48-U-2004-000022

ASUNTO ANTIGUO: 2004-2209

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