Decisión nº 149-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 14 de Diciembre de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Barquisimeto, 14 de Diciembre de 2015.

205º y 156º

Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva Nº 149 /2015

Asunto Nº KP02-U-2013-000006

PARTE RECURRENTE: Sociedad mercantil “ALMACENES MINERVA, S.R.L.” identificada en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) con el Nº J-08507942-4, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 11 de junio de 1980, inserto bajo el Nº 83, Tomo 4-C, modificada según acta de asamblea general extraordinaria, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara el 2 de junio de 2006, con el N° 22, Tomo 26-A, con domicilio fiscal la Avenida 20 esquina de la Calle 25, sector centro, Barquisimeto, Estado Lara.

APODERADOS DE LA RECURRENTE: Abogadas I.R.d.V. y N.C. de Ramírez, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.068.051 y V-4.519.951, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 9.135 y 14.632, según documento poder cursante en autos.

PARTE RECURRIDA: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).

ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Acto administrativo N° 0103, de fecha 02 de octubre de 2012, notificada el 27 de noviembre de 2012, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico confirmando la Decisión de Multa por Obligaciones Documentales de Carácter Colectivo Nº OABAQ-D-DGF-2012 de fecha 01 de agosto de 2012, notificada en la misma fecha, ambas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

I

NARRATIVA

Visto el recurso contencioso tributario, incoado por las ciudadanas I.R.d.V. y N.C. de Ramírez, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.068.051 y V-4.519.951, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 9.135 y 14.632, actuando en este acto con el carácter de representantes de la sociedad mercantil “ALMACENES MINERVA, S.R.L.” ya identificada, inscrita por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) bajo la nomenclatura patronal No. L16121201, con domicilio procesal en calle 24 entre carreras 17 y 18, Edificio Bolívar, siendo su domicilio procesal en la calle 24 entre carreras 17 y 18, Edificio Bolívar, segundo piso, Oficina No. 10, Barquisimeto, Estado Lara, en contra del acto administrativo signado bajo el N° 0103, de fecha 02 de octubre de 2012, emanado de la Presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, notificada el 27 de noviembre de 2012, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico en contra de la Decisión de Multa por Obligaciones Documentales de Carácter Colectivo Nº OABAQ-D-DGF-2012 de fecha 01 de agosto de 2012, notificada en la misma fecha, emitida por la Jefe de la Oficina Administrativa de Barquisimeto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

El 24 de enero de 2013, se le dio entrada al presente recurso, ordenándose notificar mediante oficio al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) solicitándole el envío del expediente administrativo impugnado en el presente asunto.

El 13 de febrero de 2013, se acordó diligencia de fecha 05 de febrero del mismo año, presentada por la apoderada judicial de la recurrente, librándose notificaciones de Ley a los fines de la admisión del presente recurso. El 25 de febrero de 2013, las apoderadas de la recurrente fueron designadas como correo especial, para la práctica de las referidas notificaciones, previa solicitud efectuada por diligencia el 18 de febrero de 2013.

El 25 de marzo de 2013, fue consignada la boleta de notificación efectuada a la Fiscalía General de la República.

El 12 de abril de 2013, el Abg. F.M., designado en su condición de Juez Temporal, se abocó al conocimiento de la presente causa.

El 22 de abril de 2013 se dejó sin efecto la comisión librada mediante oficio N° 131/2013, en este sentido se ordenó librarla nuevamente a los fines de practicar las boletas de notificación dirigida a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

Por auto de fecha 26 de abril de 2013 este Tribunal acordó la diligencia efectuada por la apoderada actora, en consecuencia se ordenó certificar las copias del escrito recursivo para ser agregadas a las boletas de notificación dictadas mediante Oficios distinguidos con los números 298/2013 y 299/2013 en fecha 22 de abril de 2013.

El 15 de mayo de 2013 la apoderada actora consignó boleta de notificación efectuada a la Procuraduría General de la República.

El 3 de junio de 2013 la apoderada actora consignó la recepción del oficio N° 297/2013 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas.

El 17 de junio de 2013 la Jueza Titular, reasumió el conocimiento de la causa, asimismo, se dejó constancia que el 14 de junio de 2013 se recibió la comisión librada por este Tribunal Superior, emanada del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante oficio N° 307 de fecha 5 de junio de 2013.

El 22 de julio de 2013 fue agregada la boleta de notificación efectuada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El 31 de julio de 2013, se recibió las resulta de la comisión relacionada con la notificación efectuada a la Contraloría General de la República.

El 12 de agosto de 2013 se dictó sentencia interlocutoria N° 131/2013 admitiendo el recurso contencioso tributario.

El 30 de septiembre de 2013 se dejó constancia que en fecha 25 de septiembre del mismo año venció el lapso de promoción de pruebas, en consecuencia, se dejó transcurrir íntegramente los lapsos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente rationae temporis.

El 3 de diciembre de 2013, venció el lapso de evacuación de pruebas en el presente juicio y de conformidad con lo pautado en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario de 2001 se anunció el inicio del término para la presentación de los respectivos informes al décimo quinto (15°) día de despacho siguiente a la fecha del vencimiento del lapso de evacuación de pruebas.

El 21 de enero de 2014 el apoderado judicial de la recurrida presentó escrito de informes.

El 4 de febrero de 2014 se agregó la copia del expediente administrativo recibido el 21 de enero de 2014.

El 16 de septiembre de 2015 la jueza suplente designada se avoca al conocimiento de la causa y ordena notificar de conformidad con los artículos 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

El día 04 de Diciembre del 2015, la abogada M.A.R.R.J.T. designada por la Comisión Judicial mediante oficio N°CJ-14-2551 de fecha 30 de Julio del 2014, juramentada el día 13 de agosto del 2014, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, como Jueza Temporal de este Tribunal Superior de los Contencioso Tributario del Región Centro occidental, se aboca al conocimiento de la presente causa; dejando transcurrir los lapsos necesarios para el derecho a recusación, estando las partes a Derecho pasa esta Juzgadora a realizar el análisis siguiente .-

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para decidir, se observa de la fundamentación del escrito recursivo y de los informes presentados por la representación judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como de los elementos que emergen de autos, que la situación objeto de análisis se centra en la sanción impuesta a la sociedad mercantil “ALMACENES MINERVA, S.R.L.”, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del literal “A” del artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social.

No obstante, previo al análisis de los alegatos expuestos por las partes, este Tribunal Superior considera oportuno pronunciarse sobre la competencia para la tramitación y resolución de la presente causa, dada su naturaleza de orden público y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 60.- La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.

La incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia.

La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del artículo 47, puede oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346.

La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a esa indicación, la competencia del Juez indicado queda firme y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos

. (Resaltado de este Tribunal).

De conformidad con la norma transcrita se infiere que la incompetencia por la materia puede ser declarada aun de oficio, disposición que se trae a colación para determinar la competencia que por la materia tiene esta instancia judicial para conocer sobre el fondo del asunto debatido.

En este sentido, se advierte que el acto administrativo distinguido con el N° 0103, de fecha 2 de octubre de 2012, emitido por la Presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, impugnado en la presente causa, tiene su origen en un acto administrativos precedentemente dictado por el mismo órgano administrativo, cuya consecuencia fue la imposición de la multa prevista en el numeral 2 del literal “A” del artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social, bajo el supuesto de haber incumplido con la obligación de llevar y mantener al día el registro del personal a su servicio en la forma exigida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Asimismo se observa del acto administrativo N° OABAQ-N-DGF-2012, de fecha 1 de agosto de 2012, emitido por la Jefatura de la Oficina Administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), notificada en la misma fecha, lo que de seguidas se establece:

“…II LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

SECCIÓN 1

. OBLIGACIONES DOCUMENTALES DE CARÁCTER COLECTIVO

De la constatación realizada en la documentación exhibida por el empleador durante la fiscalización, se determinó lo siguiente:

A REGISTRO PATRONAL DE ASEGURADOS SI NO

El empleador posee el Registro Patronal de Asegurados x

El empleador mantiene al día el Registro del Personal a su servicio en la forma exigida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. x

(…)

III RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN

A “SECCIÓN 1” SI NO

Del levantamiento de información inherente a las obligaciones documentales de carácter colectivo descritas en el cuadro A de la “Sección 1”, se detectó el incumplimiento de las disposiciones previstas en los artículos 87, 88 y 89 de la Reforma Parcial del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, incurriendo con su conducta en una Infracción Leve, según lo dispuesto en el numeral 2 del literal “A” del artículo 86 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley del Seguro Social, el cual señala: “Incumplir con la obligación de llevar y mantener al día el registro del personal a su servicio en la forma exigida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.”

En virtud de ello, se impone multa equivalente a Veinticinco Unidades Tributaria (25 U.T), de conformidad con lo previsto en el artículo 87 numeral 1 del Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social. X

(…)

IV EMPLAZAMIENTO AL EMPLEADOR

A “SECCIÓN 1” SI NO

Por incurrir en una Infracción Leve, según lo dispuesto en el numeral 2 del literal A del artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social y de conformidad a lo previsto en el artículo 87 numeral 1 ejusdem, se impone multa equivalente a Veinticinco Unidades Tributarias (25 U.T), por el valor de ésta al momento de cometer la infracción (Bs. 90), es decir, la cantidad de Dos mil Doscientos Cincuenta (Bs. 2.250).

x

(…)”

Conforme a lo anterior, se determina que el objeto o pretensión de la demanda está dirigido a refutar la sanción pecuniaria impuesta por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por cuanto a decir de la parte demandante, se vulneró el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia, la configuración de la incompetencia del funcionario que suscribió el acto administrativo impugnado, la inmotivación y el condicionamiento para recurrir a través del pago de la multa impuesta, en consecuencia, solicita la nulidad absoluta del acto administrativo N° 0105, emitida el 2 de octubre de 2012, por el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como la nulidad del acto administrativo identificado como decisión de multa por obligaciones documentales de carácter colectivo, emanado de la Jefatura de la Oficina Administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en fecha 1 de agosto de 2012.

En consecuencia de lo expuesto se colige que el acto administrativo impugnado si bien emanó de un ente administrativo que por una parte tiene competencia tributaria con ocasión de la contribución especial, no obstante, en el presente asunto se constata que el mismo constituye un acto de efectos exclusivamente administrativo y no tributario, toda vez que la sanción por el incumplimiento relativo a llevar y mantener al día el registro del personal al servicio del patrono en la forma exigida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entraña un aspecto de mero control administrativo.

De este modo se precisa que el acto administrativo impugnado en este asunto, no se trata de aquellos actos que determinen tributos, apliquen sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones tributarias o afecten los derechos constitucionales y legales de los administrados en el ámbito tributario, es decir, los derechos que nacen en el marco de la relación o el vínculo jurídico tributario que surge entre el sujeto pasivo y el sujeto activo al materializarse el presupuesto legal configurador del hecho imponible de los tributos.

A la luz de lo expuesto, es pertinente destacar lo que nuestro m.T. en Sala Político Administrativa, en sentencia N° 01002, publicada en fecha 26 de junio de 2014, citando a su vez la sentencia N° 00902 de fecha 18 de junio de 2009, señaló en relación a la Jurisdicción Contencioso Tributaria, lo siguiente:

…Ha señalado esta Sala que la jurisdicción tributaria, como jurisdicción especial le corresponde conocer y resolver respecto a la legalidad de aquellos actos administrativos de efectos particulares de contenido tributario, esto es, los que determinen tributos, apliquen sanciones (derivadas del incumplimiento de obligaciones tributarias) o afecten de cualquier forma los derechos constitucionales y legales de los administrados en el campo de la tributación, vale decir, los vinculados a la relación jurídica tributaria que se materializa entre un determinado sujeto pasivo y un sujeto activo, sea éste, Fisco Nacional, Estadal, Municipal o un ente parafiscal, al verificarse el presupuesto de hecho generador de los tributos exigidos con fundamento en el deber general de rango constitucional de contribuir con las cargas públicas. (Vid., Sentencia de esta Sala dictada bajo el N° 00902 de fecha 18 de junio de 2009, caso: I.F.d.B. vs. Maryelis Long García)…

Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 165 de fecha 6 de febrero de 2014, fijó el siguiente criterio:

…En tal sentido, en fecha 3 de octubre de 2012 la representación judicial de la sociedad mercantil Centro de Diagnóstico Docente las Mercedes, C.A., interpuso “recurso contencioso tributario” conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, contra la Resolución Nro. 0078 de fecha 28 de junio de 2012, emanada de la Presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), mediante la cual se declara parcialmente con lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de Multa signada con el alfanumérico OACH-D-DGF-2011-000126 de fecha 23 de marzo de 2012, y en consecuencia, se exige a la mencionada empresa el pago de la cantidad de doscientos noventa y dos mil seiscientos bolívares sin céntimos (Bs. 292.600,00), por haber incurrido en “infracciones graves” a la Ley del Seguro Social de 2010, aplicable ratione temporis.

Así las cosas, de la lectura del acto administrativo impugnado (el cual cursa a los folios 315 al 328 de la segunda pieza del expediente judicial), se evidencia que la recurrente fue sancionada por haberse determinado que dicha empresa “incumplió con la obligación de notificar al IVSS, en el lapso legal correspondiente, la variación del salario efectuada a setenta y siete (77) de sus trabajadores”, circunstancia esta que ciertamente se encuentra tipificada entre las “infracciones graves” contempladas en el artículo 86, literal B, numeral 4, del Título VII “SANCIONES” del precitado cuerpo normativo, donde se establece lo siguiente:

Artículo 86.- Las infracciones de la Ley del Seguro Social se califican en leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado.

(…)

B. Son infracciones graves:

(…)

3. La omisión de inscribir a sus trabajadores y trabajadoras en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dentro de los tres días hábiles siguientes al de su ingreso al trabajo.

4. La omisión de suministrar en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas toda variación en el salario del trabajador o trabajadora, así como, cualquier otra información que el empleador o empleadora deba entregar para dar cumplimiento a esta Ley y su Reglamento

.

La disposición antes transcrita tipifica como infracciones graves, el incumplimiento de deberes formales relativos a la inscripción de los trabajadores ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; y a la obligación de suministrar información a dicho Instituto acerca de las variaciones efectuadas al salario de éstos.

Precisado lo anterior, importa señalar que tanto la precitada Ley del Seguro Social de 2010, como su reforma parcial publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 del 30 de abril de 2012, instrumento legal vigente para la fecha de interposición de la acción de nulidad de autos (8 de noviembre de 2012), establecen en iguales términos en su artículo 83 del Título VI, relativo a la “JURISDICCIÓN”, lo siguiente:

Artículo 83. Las controversias que susciten la aplicación de la presente Ley y su Reglamento serán sustanciadas y decididas por los Tribunales del Trabajo de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Las controversias relativas a recaudación serán competencia de los Tribunales Contencioso Tributario y las relativas a sanciones serán competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo

. (Destacado de la Sala).

Por lo tanto, dado que en el caso sub examine ha sido interpuesta una acción de nulidad -identificada en el escrito recursivo como un “recurso contencioso tributario con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos”- contra el acto administrativo identificado contra la Resolución Nro. 0078 de fecha 28 de junio de 2012, emanada de la Presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), mediante el cual se impuso sanción de multa a la recurrente debido al incumplimiento de deberes formales que no se encuentran específicamente vinculados con la recaudación de las cotizaciones que correspondan al prenombrado Instituto, de conformidad con la norma citada supra y el criterio sentado por esta Sala (Vid. Sentencia N° 00165 del 6 de febrero de 2014, caso: Servicios Generales de Mantenimiento Segema, C.A.), el conocimiento de dicha acción corresponde a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo. Así se establece…”.

Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 508 de fecha 3 de abril de 2014, caso: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Centro de Diagnóstico Docente Las Mercedes, C.A., estableció:

…Dilucidado lo anterior, pasa la Sala a precisar a cuál de los órganos que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa general, corresponde conocer de la presente causa.

Al respecto, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:

Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:

(…)

5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia

.

De la disposición parcialmente transcrita, se desprende que el legislador implementó un criterio de competencia residual para conocer de las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, conforme al cual los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán de dichas acciones cuando estas sean interpuestas contra actos dictados por autoridades administrativas distintas a las señaladas en el artículo 23, numeral 5 eiusdem, esto es, el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros y las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional, cuyo conocimiento estará a cargo de esta Sala Político-Administrativa.

Igualmente, los aludidos Juzgados Nacionales conocerán de las acciones de nulidad ejercidas contra actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades administrativas distintas a los órganos y entes a nivel estadal y municipal a las que se refiere el artículo 25, numeral 3 de la prenombrada Ley Orgánica, siendo para ello competentes los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Circunscribiendo el análisis al caso sub examine, se constata que la demanda de nulidad de autos ha sido interpuesta contra un acto administrativo de efectos particulares dictado por el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), siendo esta una autoridad administrativa distinta de las mencionadas en los artículos 23, numeral 5 y 25, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 24, numeral 5 eiusdem, la competencia para conocer de dicha acción corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, actualmente Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se establece.

En consecuencia, esta Sala declara que la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la representación judicial de la empresa Centro de Diagnóstico Docente Las Mercedes, C.A., contra la Resolución Nro. 0078 de fecha 28 de junio de 2012, emanada de la Presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo; razón por la cual se anula la sentencia N° 030/2013 del 21 de mayo de 2013 dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y todas las actuaciones acaecidas en sede contencioso tributaria, incluida la medida cautelar de suspensión de efectos decretada mediante sentencia interlocutoria Nro. 019/2013 del 6 de febrero de 2013. Así se declara.

Igualmente, se ordena la reposición de la causa al estado de admisión del recurso contencioso administrativo de nulidad, y asimismo, remitir el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se decide…”.

Así es concluyente que en el caso objeto de análisis se constata que el acto administrativo impugnado, estriba en la imposición de la multa prevista en el numeral 2 del literal “A” del artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social, cuya sanción describe como hecho típico “…incumplir con la obligación de llevar y mantener al día el registro del personal a su servicio en la forma exigida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales…”.

En sintonía con lo expresado y visto que en la presente causa no se dirime una controversia de carácter tributario, por no tratarse de un acto de efectos particulares que determine tributos, aplique sanciones o afecte los derechos en el campo tributario, de conformidad con lo establecido en los artículos 252 y 266 del Código Orgánico Tributario vigente, quien juzga considera que la presente causa está referida a una acción de naturaleza contencioso administrativa y no tributaria a pesar de haberla considerado así, la parte recurrida al indicarle a la parte recurrente que el recurso a interponer era el contencioso tributario. Así se establece.

En tal sentido, este Tribunal Superior en aplicación de los criterios emitidos por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y determinado como ha sido que en el presente asunto se trata de un acto administrativo de efectos particulares mediante el cual se impuso a la recurrente la sanción prevista en el numeral 2 del literal “A” del artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social, se procede conforme al criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que estableció que: “…se constata que la demanda de nulidad de autos ha sido interpuesta contra un acto administrativo de efectos particulares dictado por el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), siendo esta una autoridad administrativa distinta de las mencionadas en los artículos 23, numeral 5 y 25, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 24, numeral 5 eiusdem, la competencia para conocer de dicha acción corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, actualmente Cortes de lo Contencioso Administrativo...”, por lo tanto es procedente la declinatoria de la competencia por la materia y en consecuencia se ordena remitir la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas para su correspondiente distribución y visto lo decidido, se anula la sentencia de admisión N° 131/2013 de fecha 12 de agosto de 2013 y todas las actuaciones acaecidas en el presente asunto. Así se decide.

III

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región centro Occidental administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. - Que es INCOMPETENTE POR LA MATERIA para conocer de la presente causa.

2. - Que la competencia corresponde a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, actualmente Cortes de lo Contencioso Administrativo y consecuencia se ordena remitir el presente expediente.

3. - Se anula la sentencia de admisión N° 131/2013 de fecha 12 de agosto de 2013 y todas las actuaciones anteriores a la presente decisión.

Regístrese y remítase el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes, a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General y Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior según lo establecido en el artículo 248 del código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La Jueza,

Abg. M.A.R.R.

El Secretario,

Abg. F.M..

En fecha catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), siendo las dos y nueve minutos de la tarde (02:09 p.m.) se publicó la presente decisión.

El Secretario,

Abg. F.M..

Asunto Nº KP02-U-2013-000006.

MARR/fm.