Decisión nº PJ42002009000972 de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 27 de Octubre de 2009

Presentó la defensa Pública representada por los Defensores: Abg. Abg. E.H. y Abg. M.A.M., dentro del término legal y hábil previsto en el artículo 328 de la ley adjetiva penal escritos de descargo y defensa a favor de los acusados de autos, ratificando los mismos oralmente en la audiencia preliminar de la siguiente manera y orden: Abg. E.H.; formuló sus alegatos de defensa entre los cuales manifestó: que representa al ciudadano: W.S., antes identificado, que de la acusación no se evidencia que su defendido este incurso en el delito por el cual se interpuesto el acto conclusivo. Que no existen elementos contundentes de convicción, que lo responsabilicen y puedan derribar el principio de presunción de inocencia, por lo cual interpone excepciones, de las previstas en el articulo 287 numeral 4to, liarla “A” del COPP, referido a “La Cosa Juzgada” específicamente en los siguientes casos: -Señala el hecho que los imputados con causa de sus defendidos admitieron los hechos en la oportunidad en la cual se llevo cabo la audiencia preliminar cuando fueran causados por el ministerio publico en fecha 17 de Julio de 21006, conforme a lo establecido en el artículo 376 del COPP y transcurrido el lapso legal para la interposición del recurso respectivo, se decretó el auto de Ejecución a los fines de la imposición y cumplimiento de la misma. Señala además que la investigación es una sola , la acusación es una sola, que no se solicito la división de la contingencia de la causa, y por una causa ajena ala voluntad de los intervinientes del proceso, se pretenda juzgar nuevamente a sus defendidos por unos hechos y una investigación que “ya concluyeron”, (a criterio de la defensa publica ya la investigación concluyó), que sus defendidos no pueden ser perseguidos por el mismo delito porque ello es violatorio del principio de la Doble Persecución establecido en el articulo 20 del COPP, porque con la primera acusación interpuesta en contra de los detenidos privados de libertad en su oportunidad legal ya concluyo la investigación, que se determina que los presuntos responsables eran los ciudadanos: L.A.S., F.A.S., Osmaro Peña, entonces el estado a través de la persecución del ministerio publico obvio el Sobreseimiento por considerar que de la investigación no se desprendía ninguna responsabilidad penal por existir un obstáculo al ejercicio de la acción penal por lo que solicita sea declarada Con Lugar la declaratoria con lugar de la Excepción con los efectos que la misma produzca y el decreto de Sobreseimiento de la presente cusa a tenor de los establecido en el articulo 318 ordinal 1ero del COPP. Y para finalizar señalo la licitud pertinencia y necesidad de la Prueba que ofrece, como lo es: testimonio de los ciudadanos: L.A.S., F.A.S. y OSMARO PEÑA, para que declaren en el juicio oral y publico sobre el conocimiento que tienen sobre la investigación y con ello pretende demostrar la no responsabilidad de su defendido.

Por su parte la Defensa Pública Abg. M.A.M., actuando en representación del imputado: YOSEMI A.M., antes identificado, señala que el escrito acusatorio no ofrece ningún elemento que pudiera servir de prueba para demostrar la culpabilidad de su defendido en el delito de Trafico de Estupefacientes y Psicotrópicas, que su defendido fue aprehendido sin testigos presénciales con el fin de involucrarlo en el delito, por lo que las pruebas las considera ilícitas, por no haber cumplido con lo establecido en los articulo 210, 211, 212 del COPP y 47 de la Constitución. Promueve la Excepción establecida n el art. 28 numeral 4 literal “A” del COPP referente a “La Cosa Juzgada y por considera que ya se efectuó la audiencia preliminar por acusación que interpusiera el ministerio publico contra los imputados que admitieron los hechos. De allí que no teniendo pertinencia las pruebas por ser ilícita e ilegales en contra e su defendido, es por lo que solicita el Sobreseimiento de la causa conforme a lo que prevé el artículo 318 ordinal 1º y 4º del COPP. Para finalizar promueve pruebas testimoniales como lo son lo0s ciudadanos L.A.S., F.A.S., OSMARO PEÑA antes identificados en la causa para que declaren en el juicio orla y publico.

Se pudo observar que en las actuaciones corre inserto escrito de descargo interpuesto por la defensa pública Abg. Carmaris Romero, la cual no puedo presenciar la audiencia, en representación del imputado: J.J.L.C.A., antes identificado, en el cual señala que en fecha 14/01/2009, solicito al Ministerio publico se decretara el Sobreseimiento de la causa, por cuanto ya se había presentado acusación en fecha 09/04/06, en contra de los coimputados que se encontraban para la época privados de libertad, los cuales posteriormente admitieron los hechos por la comisión del delito de Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes en la modalidad de Ocultamiento según lo previsto en el articulo 31 de la cita ley de drogas. Que en fecha 16/01/09 el ministerio público consigno escroto acusatorio en contra de los ciudadanos que se encontraban bajo Medida Cautelar, identificados como: A.A.M., J.J. DE LA C.A., YOSEMY M.G. y W.S.P.. Refiere que el escrito acusatorio no cumple con lo requisitos del artículo 326 del COPP. Señala deficiencias en la investigación, que el Ministerio publico al haber acusado a su defendido luego de un plazo prudencial que le concediera el Tribunal de Control, no cumplió con el articulo 281 del COPP, porque no practico diligencias tendientes a exculpar a su defendido. Que el imputado tiene derecho a proponer diligencias de investigación y a que estas sean practicadas por el ministerio publico y por ello solicita sea declara la nulidad Absoluta de la Acusación conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del COPP. Y por lo opone la excepción establecido en el articulo 28, numeral 4º, literal e), i) de la ley adjetiva penal. Por lo que solicita se decrete el Sobreseimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 33 numeral 4º y numeral 1º del COPP. Y en el caso negado de admitir la acusación ofrece como medios de pruebas, las siguientes testimoniales: OSMARO J.P., L.A.S., FRANCICO SALAS, T.J.D. GUTIRREZ, R.J. ZAVALA MOLINA, E.J.S., N.A., M.B., por considerar que son pruebas útiles y pertinentes para que declaren en el juicio oral y publico. Y como prueba documental: Carta aval del consejo Comunal “un Buen vecino” comunal la velita I, y pide se oficie al Ministerio de Justicia para que remitan el certificado de antecedentes penales a los fines de demostrar la buena conducta predelictual de su defendido.

Corresponde a éste Tribunal emitir pronunciamiento a la solicitud formulada por la defensa, y al respecto, realiza las siguientes consideraciones:

Primeramente sobre la solicitud formulada por los Defensores Públicos Abg. E.H. y Abg. M.A.M., los cuales basan su defensa en los mismos argumentos señalando lo siguientes: Oponen la excepción establecida en el articulo 28, numeral 4º, literal “A” de la ley adjetiva penal, referido a “la cosa juzgada”, específicamente en el hecho que los imputados con causa de sus defendidos admitieron los hechos en la oportunidad en la cual se llevo cabo la audiencia preliminar cuando fueran causados por el ministerio publico en fecha 17 de Julio de 21006, conforme a lo establecido en el artículo 376 del COPP y transcurrido el lapso legal para la interposición del recurso respectivo, se decretó el auto de Ejecución a los fines de la imposición y cumplimiento de la misma. Señala además que la investigación es una sola , la acusación es una sola, que no se solicito la división de la contingencia de la causa, y por una causa ajena ala voluntad de los intervinientes del proceso, se pretenda juzgar nuevamente a sus defendidos por unos hechos y una investigación que “ya concluyeron”, (a criterio de la defensa publica ya la investigación concluyó), que sus defendidos no pueden ser perseguidos por el mismo delito porque ello es violatorio del principio de la Doble Persecución establecido en el articulo 20 del COPP, porque con la primera acusación interpuesta en contra de los detenidos privados de libertad en su oportunidad legal ya concluyo la investigación, que se determina que los presuntos responsables eran los ciudadanos: L.A. salas, F.A.S., Osmaro Peña, De allí que no teniendo pertinencia las pruebas por ser ilícita e ilegales en contra e su defendido, es por lo que solicitan el Sobreseimiento de la causa conforme a lo que prevé el artículo 318 ordinal 1º y 4º del COPP.

Observa esta Juzgadora con cierto asombro como la defensa publica, alega en este caso una supuesta excepción referida a “La Cosa Juzgada”, para lo que se hace necesario traer a colación lo que en materia procesal se entiende como el principio de la Cosa Juzgada, para lo cual nuestra norma adjetiva procedimental establece:

Art. 21. Cosa Juzgada. Concluido el juicio por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a lo previsto en este Código.

Interpreta el procesalita E.L.P.S., que los proceso > causan efecto de cosa Juzgada y por ello, salvo el recurso de revisión, el asunto no podrá ser objeto de nuevo examen, ni en el mismo proceso (cosa juzgada material). La cosa juzgada penal, a diferencia de la civil, se atiene sólo a dos identidades: la identidad del imputado y la identidad de los hechos del proceso. La cosa juzgada penal, como consecuencia de la firmeza de las decisiones señaladas, tiene al igual que la cos juzgada civil, tres consecuencias básicas: Ejecutoriedad, efecto formal y efecto material.

En nuestro caso, el COPP, en el literal a del numeral 4 del articulo 28 reconoce el efecto material de la cosa juzgada en nuevo proceso penal, al regularla como excepción, pero no aclara si el imputado que puede alegarla debe ser o no el mismo que figuró como acusado en el proceso anterior. Es obvio, que quien figuró como imputado en un primer procedimiento, siempre podrá valerse en segundo proceso donde se le señale, de los pronunciamientos sobre responsabilidad penal que sobre su persona hayan sido realizados en la decisión firme. Pero no es tan pacifico que una persona distinta a aquel al que se refiere la decisión firme, pude servirse de sus pronunciamientos para excluir su responsabilidad penal en un proceso posterior donde se le incrimine. La única posibilidad de ello, es que la decisión penal firme que se invoca, conste de manera clara y terminante, que el autor del delito, que se imputa al tercero. Nuevo proceso fue cometido, solo y únicamente, por el que figuró allí como acusado en el proceso concluido o que los hechos no existieron, que no constituyen delito o que no pudieron ser probados.

Como bien puede interpretarse del comentarista procesal, que en ningún caso podemos referirnos que en el caso en análisis con relación a los acusados: A.A.M., J.J. DE LA C.A., YOSEMY M.G. y W.S.P., por la comisión del delito de: TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 en su último aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, nos encontremos frente a la cosa juzgada, por cuanto lógicamente con relación a los citados imputados aun no existe juicio concluido en sentencia firme, por el solo hecho que el Ministerio Público interpuso un acto conclusivo llámese acusación penal en contra del coimputados que en su oportunidad legal se encontraban bajo medida de privación de libertad y quienes en audiencia preliminar admiten los hechos conforme a lo previsto en la alternativa de admisión de hechos establecido en el articulo 376 del COOP. No es procedente en derecho aplicar al presente caso la excepción contenida en el articulo 28 en su literal a referida al acosa juzgada. Pudo además verificar este Tribunal que por solicitud de la defensa publica este tribunal concedió a los imputados hoy acusados una medida Cautelar de presentación mientras transcurría el proceso de investigación y que en ocasión a la solicitud de la misma defensa publica de Sobreseimiento de la causa, este consideró que existían bases fundadas para solicitar un acto conclusivo e interponer una acusación penal en contra de los investigados n libertad, lógicamente posterior al acto conclusivo que se presentara en su lapso de ley por ante este Tribunal con respecto a los imputados privados de libertad conforme a lo establecido en el articulo 250 Ejusdem. De manera que se encontraba facultado el Ministerio Público apara acusar a unos y continuar la investigación con respecto a otros en libertad, por cuanto se trata de un tipo penal como lo es el Tráfico de Estupefacientes, que tiene una especial característica de imprescriptibilidad de conformidad con lo establece el articulo 271 de la Constitución en concordancia con el articulo 313 de la norma procesal, por cuanto se declara expresamente que no prescribirán las acciones penales para perseguir tales delitos, al solo efecto de evitar que los imputados en esas causas se sustrajeran de la acción de la justicia para esperar mediante el sencillo expediente de no ponerse derecho, en armonía a ello a la especificación que estipuló el legislador procesal en el citado articulo 313, en cuanto a los delitos Contra el narcotráfico, que ya fueron considerados e inclusive delito s de lesa humanidad por nuestra máxima Sala Constitucional. Tampoco a nuestro criterio existe en el presente caso vulneración de garantías constitucionales referidas al principio de la única persecución o non bis in ídem, que en el buen castellano significa “no mas de lo mismo”, ello implica que no puede juzgarse mas de una vez a una misma persona por un mismo delito…(Sic). De manera que los sujetos procesales que representan los defensores públicos de esta sede judicial, no han sido sometidos a un proceso anterior por los mismos hechos, sobre ellos aun no ha recaído sentencia definitivamente firme, se encuentran en la fase preliminar por l cual han sido investigados previamente, fueron presentados a un Juzgado natural de Control y sometidos a una Medida de coerción personal, que les permitió tener acceso a su investigación desde el inicio de la investigación que se le fue garantizada la defensa técnica de ley. Aunado todo ello al hecho que el presente asunto fue objeto de la División de la contingencia de la causa, manteniendo en el referido Juzgado Segundo de Ejecución de este mismo Circuito la causa a la cual se le asigno una nomenclatura diferente por el procedimiento de sentencia condenatoria por admisión de los hechos de los otros imputados y ordenándose remitir las actuaciones originales a este juzgado primero de control los fines de que se siguiera el correspondiente curso de ley con respecto a los hoy acusados A.A.M., J.J. DE LA C.A., YOSEMY M.G. y W.S.P., antes plenamente identificados (folios 52 al 54). Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes explanados considera este Tribunal que lo procedente en derecho es la Declaratoria Sin lugar de la Excepción interpuesta conforme alo establecido en el articulo 28 numeral 4, literal a, del Código Orgánico Procesal penal y por ende no procede el Sobreseimiento de la causa por cuanto no se encuentran llenos los extremos exigidos en las causales del articulo 33 numeral 4º, ni tampoco la disposición contenida en el articulo 318 numeral 1º y 4º alegado por la Defensa Publica Y ASI SE DECLARA.-

Otros de los argumentos expresados por la defensa publica en sus escritos de descargos están referidos, al hecho de la responsabilidad penal de sus defendidos en el tipo penal imputado para lo cual han solicitado un cambio de calificación jurídica del delito de: TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPFACINTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 en su último aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, haciendo cuestionamientos al allanamiento practicado, al sitio objeto de inspección donde fue localizada la misma junto a otros elementos que como evidencia de interés criminalisticos relacionadas al tipo de delito imputado, no es procedente tal aseveración por criterio ya emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y acogido por la Corte de Apelaciones de este Circuito, simplemente existe una presunción razonable que los ciudadanos detenidos junto a la sustancia ilícita tienen vinculación al delito imputado, constituiría materia del juicio oral y público determinar cual era el fin perseguido por los involucrados al encontrarse en ese sitio donde los funcionarios actuantes encontraron la sustancia ilícita si efectivamente era con el fin del ocultamiento, delito que fue ya objeto de análisis en párrafos anteriores en su forma de comisión con los fundamentos presentados en la acusación, manteniendo así la calificación fiscal, conforme a la facultad que concede el articulo 330 ordinal 2º Ejusdem, al Juez de Control, por lo que queda fuera de toda consideración por parte de esta Juridiscente este aspecto alegado al fondo del asunto materia de culpabilidad que debe ventilarse en el juicio oral y público. Así también se decide.-

Alega también la defensa que el Ministerio Público, infringió normas constitucionales y procesales, en cuanto a la recolección de los elementos de pruebas, señalando ilicitud de las pruebas presentadas en el escrito acusatorio, por cuanto no presentó elementos de prueba que exculpen a sus defendidos, a los fines de demostrar la inocencia de los mismos, y en base a ello solicita la nulidad absoluta de la acusación de conformidad con lo establecido en el articulo 191 de la ley adjetiva penal. Sobre este aspecto alegado, observa el Tribunal de las actuaciones que efectivamente la defensa solicitó al Ministerio Público se decretara el Sobreseimiento de la causa con relación a sus defendidos, pero no se observa de las actuaciones que se hayan propuestos diligencias de investigación a favor de los mismos, a los fines de hacer valer la presunción de inocencia que tiene como derecho, porque en todo caso quien tiene la carga de esta prueba es la defensa, y en todo caso que se hubiese solicitado alguna diligencia de investigación que favorezca al imputado y el Ministerio Fiscal no haya considerado practicar así ha debido dejarse constancia en la investigación con expresión de os motivos por lo0s cuales no se practico, así lo ha interpretado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus diferentes Salas Penal y Constitucional, como puede alegarse entonces violación al derecho a la defensa por ilicitud de pruebas e impertinentes de la misma sino existió solicita de practicas de diligencias ante la Oficina Fiscal durante el proceso de investigación de los imputados en libertad bajo medida de coerción personal. No puede alegarse entonces vulneración de derechos constitucionales por cuanto los imputados desde el inicio de la investigación estuvieron a derecho frente al proceso que se le seguía por uno de los delitos de Tráfico. Por cuanto quien tiene la carga de la prueba en la demostración de la presunción de inocencia es la defensa quien es el promoverte, el interesado legítimamente en su pretensión de demostrar la no responsabilidad de sus representados y tal impulso no se hizo. Ahora bien los fundamentos de hecho y de derecho de la acusación presentada son congruentes con las pruebas ofrecidas con la finalidad que tiene el titular de la acción penal de demostrar su pertinencia y utilidad bien para el delito de Trafico en la modalidad de Ocultamiento de Sustancias Ilícitas por el cual se acusa formalmente.

De manera pues que la disposición contenida en el artículo 108 de la norma adjetiva penal prevé la atribuciones que le concede este sistema acusatorio al Representante Fiscal y entre ellas ser el dueño del proceso de investigación y para ello la también el mismo código señala lo siguiente:

Artículo 305: Proposición de Diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente corresponda.

De manera pues, que es el Fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal quien tiene la dirección de la investigación y decide sobre las pruebas pertinentes y útiles a los fines de demostrar los hechos que deben guardar congruencia con los fundamentos de la imputación calificada provisionalmente de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACINTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 en su segundo aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, las circunstancias de la detención y los objetos incautos en el procedimiento policial.

En este mimo orden de ideas, la defensa considera que se ha hecho una violación flagrante de los derechos a la defensa de sus defendidos, por lo que en base a la violación flagrante solicita se declare la nulidad absoluta por promoción ilegal de la Acusación presentada en contra de los mismos, que se debe garantizar el derecho a la defensa, y solicita se declare la nulidad absoluta por promoción ilegal de la Acusación presentada en contra de sus defendidos Sobre este particular considera este Tribunal oportuno citar la disposición contenida en la norma adjetiva penal al respecto:

Artículo 191. Nulidades Absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstas en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.

Observa esta Juzgadora que la Defensa interpone la solicitud de forma oral alegando violaciones de índole constitucional por las pruebas de exámenes médicos toxicológicos a sus defendidos y solicita se declare la nulidad absoluta por promoción ilegal de la Acusación presentada en contra de sus defendidos.

En cuanto a la solicitud de nulidad es oportuno citar; a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 257 establece lo siguiente:

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las Leyes Procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Así mismo también, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha proferido reiteradas Jurisprudencias al respecto entre las cuales citaré las siguientes: N° 0819 de fecha 13-11-01. Ponente. Magistrado, Dr. A.A.F.. “La conjugación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República de Venezuela, obliga al Juez que interpreta las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismo o reposiciones inútiles". Sentencia N 1562, de fecha 28-11-00. Ponencia: MAG. Dr. A.A.F.. Sala Casación Penal. "Concuerda esta Sala de Casación Penal en que las Partes están en el deber de cumplir con los requisitos de forma exigidos en la Ley, pues ellos dan uniformidad y celeridad a los actos procesales, pero es preciso sentar que las exigencias de que se cumplan tales requisitos no debe extremarse en demasía (El subrayado es nuestro) pues ellos socavarían derechos preponderantes y abonaría la injusticia en holocausto a un orden formal mal entendido". (El subrayado es nuestro).

De la interpretación gramatical y lógica, de la Jurisprudencia parcialmente transcrita ha considerado la sala que para conservar la validez de los actos estudiados, el proceso penal cuenta con un remedio último cual es la nulidad de de los actos infectados de vicio de inconstitucionalidad o ilegalidad que deben ser decretados por el órgano jurisdiccional, no sin antes procurar la convalidación o el saneamiento del acto. El Legislador consecuente con la doctrina de la economía procesal del Constituyente regula cuidadosamente el instituto de la nulidad suministrando estos dos remedios procesales par evitar reposiciones inútiles, no obstante estableció una serie de disposiciones par evitar que siendo inexorable la nulidad del acto, esta cause el menor impacto posible al proceso. Dichas normas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal son las siguientes:

Articulo 195. Declaración de Nulidad. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. El auto que acuerda la nulidad deberá individualizar plenamente el acto viciado u omitido, determinará concreta y específicamente, cuáles son los actos anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por conexión con el acto anulado, cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo lo afecta, y siendo posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven. Solo podrán anularse las actuaciones fiscales judiciales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad.

Se interpreta de la disposición que antecede; que siempre el Juez procurará sanear el acto antes de declarar la nulidad de las actuaciones. Con lo anterior se persigue delimitar los efectos de la nulidad para procurar la celeridad procesal evitando que el procedimiento se retraiga a fases ya precluidas, así no se pueden anular actuaciones válidas que no tengan relación con el acto irrito, se hayan producido antes o después de este.

De manera pues que la supuesta violación constitucional denunciada por la defensa en este acto, se basa en la falta de promoción de pruebas que exculpen a su defendidos, que no fueran presentadas en el escrito acusatorio por el Ministerio Público y manifiesta que tal situación causa gravamen a sus representados porque es fundamental para demostrar su inocencia, y para ello toca cuestiones del fondo, referidas esencialmente a la Responsabilidad Penal o culpabilidad de los acusados que no puede ser materia de análisis en esta fase preliminar del proceso por prohibición expresa de la norma adjetiva de manera pues que tal aseveración es propia del Debate del Juicio Orla y Público. Sin embargo ha sido criterio de la Sala Penal del tribunal Supremo de Justicia, que este hecho no significa que el Juez de control tenga una prohibición expresa de resolver sobre dicha solicitud, alegando para ello la materia del fondo sobre el juicio oral y publico.

Es importante acotar sobre este aspecto, que la Sentencia de la Sala Nº 256/2002, caso: “Juan Calvo y B.P.”, se indicó que las nulidades por motivos de inconstitucionalidad (como lo sería el desconocimiento de derechos de rango constitucional) que hayan de ser planteadas en los diferentes procesos judiciales, no necesariamente deben ser presentadas a través de la vía de amparo constitucional, pues en las respectivas leyes procesales existen las vías específicas e idóneas para la formulación de las mismas y que en el caso del proceso penal dicha vía procesal está prevista en los artículos 190 y 191 Ejusdem…

Mas sin embargo tratándose del derecho que le asiste al acusado en todo proceso de libertad probatoria, observa este tribunal que la defensa promueve pruebas conforme a lo previsto en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, considerando este Tribunal ese derecho que le asiste al procesado dichas pruebas pueden ser admitidas en la este acto de audiencia preliminar para ser evacuadas en la Fase de Juicio Oral y Público, y no se vulnerara ningún derecho constitucional porque en el debate oral del pase a Juicio podrá contradecirlas y valerse también del principio de la unidad de la prueba de aquellas promovidas por la oficina fiscal, utilizándosele como remedio procesal con el fin de evitar reposiciones inútiles. En base a los argumentos de derecho antes esgrimidos a la solicitud interpuesta de nulidad absoluta sobre este particular es declarada sin lugar por ser improcedente conforme a derecho, Y ASÍ SE DECIDE.-

En cuanto a los demás argumentos de defensa alegados por los defensores públicos ya cubiertos en párrafos anteriores relativos a la presunta violación de derechos constitucionales de sus representados, observa esta Juzgadora que el inicio de la investigación en el presente caso nace por detención de los imputados, los cuales son puestos a disposición del Ministerio Público y posteriormente al Tribunal de Control con el cumplimiento estricto de los lapsos procesales en cuanto a la presentación de los mismos, unos con decreto de privación acusados en su oportunidad legal y otros bajo la imposición de medidas cautelares de libertad, con el resguardo a todas las garantías constitucionales referidas a la representación y demás derechos consagrados en la norma procesal y constitucional, que encierra el hecho de que el imputado fue presentado ante su juez natural, debidamente impuesto del precepto constitucional, brindándole la oportunidad de ser escuchado y asistido legalmente por la defensa técnica desde el inicio de la investigación, por cuanto no se trata de formalidades no esenciales las referidas a la disposición contenida en el artículo 191 del COPP, para que proceda con lugar las nulidades absolutas. De esta manera se declaró sin lugar este aspecto solicitado por no ser procedente en derecho así también se decide.

En cuanto a la solicitud de Privación de Libertad interpuesta por el Ministerio Público para estos imputados que han venido cumpliendo con las presentaciones desde el inicio de la investigación y habiendo interpuesto una acusación, es criterio del tribunal se hace necesario que se mantengan sujetos al proceso que se le apertura a juicio oral, p0ero que procede una revisión de la Medida impuesta de las presentaciones extendiéndose las mismas a cada 30 días por ante este órgano jurisdiccional y declarándose sin lugar la solicitud presentada por la defensa en cuanto a la libertad plena, todo ello con la finalidad de que pueda garantizarse el peligro de fuga y por las circunstancias del caso en concreto, puedan estar sujetos al proceso de juicio oral que se les sigue y no que de ilusoria la posibilidad de su enjuiciamiento, por cuanto en todo caso que no hubiese efectuado el ministerio publico una acusación penal y no hubiesen hecho efectivo un plazo prudencial era procedente un decaimiento pero en el presente caso la ley habla cuando haya estado indefinidamente investigado y no se le da certeza a su situación procesal por tratarse de un tipo penal imprescriptible como lo es el delito de Tráfico de Estupefacientes, en base a los argumentos de derecho ya antes expuesto y conforme a lo establecido en el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Y también se decide.

V

SOBRE LA ADMISION DE LA ACUSACIÓN Y DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS

A los efectos de hacer un pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la Acusación y de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, debe este Tribunal constatar que se hayan cumplido los requisitos procesales exigidos por el artículo 326 el cual consagra textualmente:

Artículo. 326. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio parta el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal de Control.

La acusación deberá contener:

1. - Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor;

2. - Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado;

3. - Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;

4. - La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;

5. - El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad;

6. -La solicitud de enjuiciamiento del imputado.

   Sobre el anterior particular, es menester señalar que una vez realizado como ha sido el análisis al escrito acusatorio aunado a la exposición oral efectuada por la Representante Fiscal, quien didácticamente ha ido señalando cada uno de los requisitos exigidos en los ordinales del artículo 326, explicando clara y ampliamente cada uno de ellos, así como los fundamentos de la acusación, la calificación provisional atribuida, la congruencia con los hechos, la pertinencia, utilidad y necesidad del ofrecimiento de las pruebas testimoniales, documentales y de evidencias, pudo esta juzgadora determinar que el mismo fue interpuesto legalmente y cumple con los requisitos de procedibilidad previstos en la citada norma. Así bien, considera esta Juzgadora que tomar una decisión contraria en el presente caso sería bien irresponsable para quien decide, atentando contra el derecho constitucional que le asiste también a la victima representada por el Estado venezolano por tratarse de un tipo penal de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPFACINTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 en su último aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, quien tiene también un derecho que se le administre una justicia justa, transparente y equitativa, que no se permitiera la incorporación de esta Acusación Penal y las pruebas, consideradas lícitas, pertinentes, necesarias y útiles para el debate del Juicio Oral y Público, todo ello en virtud del principio previsto en el artículo 13 de la norma adjetiva penal, que es el norte de todo proceso acusatorio, buscar la verdad procesal y darle preeminencia a la justicia, conforme a lo establecido en los nuevos paradigmas que contiene el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 326 y 330 ordinal 9° del Código Orgánico Procesal Penal. Brindándoles la oportunidad a todas las partes involucradas que tiene un interés legítimo en la controversia, ejercer el contradictorio en el Debate Oral Y Público, con el resguardo de todas las garantías procesales y constitucionales, y que sea el juez de juicio correspondiente a quien le corresponda decidir con los conocimientos de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia valorar su utilidad en la consecución del último fin del proceso “La Justicia”. Por todos los razonamientos antes explanados se observa que dicha acusación reúne los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto se admite totalmente y también la calificación provisional atribuida del tipo penal de: TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPFACINTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 en su último aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, conforme a lo establecido en el artículo 330 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal. Habiendo verificado que efectivamente la acusación cumple con los requisitos de ley, es indudable que no procede con lugar la excepción establecida en el artículo 28, numeral 4º, literal e), i) de la ley adjetiva penal. Una vez admitida la acusación penal y las Pruebas el Tribunal instruye a los acusados sobre las alternativas de prosecución del proceso, como lo son los acuerdos preparatorios, el principio de oportunidad y el Procedimiento por Admisión de los Hechos, entre otros, preceptuado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole de manera sencilla en que consiste y el beneficio que representa en cuanto ala rebaja proporcional de la pena posible a imponer, momento en el cual se pregunta a los acusados: A.A.M., J.J. DE LA C.A., YOSEMY M.G. y W.S.P., antes identificados, quienes manifiestan en forma individual, por su libre voluntad manifiestan cada uno por separado que NO querer acogerse al procedimiento de admisión de hechos.

   VI

   TESTIFICALES

   En cuanto a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, se admiten las testifícales:

   FUNCIONARIOS ACTUANTES EN EL PROCEDIMIENTO:

   1) Testimonio de los Expertos: DETCTIVES SILED ROJAS, ISMARY ZARRAGA Y Z.M., adscritos al Departamento de Criminalistica del CICPC, sub.-Delegación coro del estado Falcón, por ser necesaria, útil y pertinente para que narre el acontecimiento de los hechos en el Juicio Oral y Público, por tratarse de las expertas que practicaron el Acta de inspección y la Experticia Química Botánica de las Sustancias incautadas y donde resultaron detenidos los acusados, la cual debe ser incorporada en el juicio .

   2) Testimonio del ciudadano: J.L., de fecha 06 de Abril de 2006, quien manifiesta haber presenciado el momento de realizarse el allanamiento donde se incauto la Droga, de allí la pertinencia (por guardar relación con los hechos investigados), licitud (por la forma de adquisición dentro de los parámetros establecidos en la ley y necesidad (para demostrar la conducta real asumida por los acusados al momento de ocurrir los hechos).

   3) Testimonio del ciudadano: N.C., de fecha 06 de Abril de 2006, quien manifiesta haber presenciado el momento de realizarse el allanamiento donde se incauto la Droga, de allí la pertinencia (por guardar relación con los hechos investigados), licitud (por la forma de adquisición dentro de los parámetros establecidos en la ley y necesidad (para demostrar la conducta real asumida por los acusados al momento de ocurrir los hechos).

   4) Testimonio de los Funcionarios sub.-Inspector: ANDINSON MOLINA, C/1ERO GERMAN MELENDEZ, DISTINGUIDO EGLIBR ALASTRE, DISTINGUIDO A.G., AGENTE OSWLDO MIQULEN, AGENTE A.P., AGNTE N.M. Y LA BRIGADA FMENINA, todos Funcionarios adscritos a la Dirección de investigaciones penales de la Policía del Estado Falcón, siendo Pertinente para que narre el acontecimiento de los hechos en el Juicio Oral y Público, (por guardar relación con los hechos investigados), licita (por tratarse de los funcionarios que practicaron el procedimiento donde se incautó la sustancia incautada y la forma de adquisición dentro de los parámetros establecidos de la norma prevista artículo 327 del COPP y necesaria (para demostrar las circunstancias de tiempo modo y lugar en el cual ocurrieron los hechos y las características de la sustancia incautada al momento de ocurrir los hechos donde resultaron detenidos los acusados de autos).

   En cuanto a las pruebas testimoniales promovidas por la Defensa Publica, se admiten, todas las testimoniales de los ciudadanos que se mencionan a continuación:

1. - La testimonial de los ciudadanos: OSMARO J.P., L.A.S., F.S., T.J. DOMINUEZ GUTIERREZ, R.J. ZAVALA MOLINA, E.J.S., N.A., M.B., necesaria y pertinente para que declaren en el juicio sobre el conocimiento que tienen sobre los hechos.

   De conformidad con lo establecido en el articulo 330 del Código Orgánico Procesal penal, se admiten todas esta pruebas testimoniales por considerar que son legales, necesarias, útiles y pertinentes, por cuanto son permitidas por el ordenamiento jurídico vigente, se requieren y pueden ser incorporadas al debate judicial para que depongan sobre el conocimiento que dicen tener sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos, por cuanto estuvieron presentes en el momento de la aprehensión y son personas que tiene domicilio principal en la comunidad o sitio donde ocurrió la aprehensión de los acusados con los respectivo objetos incautados, de allí su pertinencia y necesidad, y lograr obtener la verdad procesal y verdadera por cualquier vía jurídica existente, a través del acervo probatorio según lo prevé el principio de libertad probatoria consagrado en Código Orgánico Procesal permite a las partes promover pruebas para el mejor esclarecimiento de los hechos acusados. Y así se decide.-

   VII

   DOCUMENTALES

   En cuanto a las pruebas ofrecidas como Documentales por el Ministerio Público en el escrito acusatorio para ser incorporadas a Juicio por su lectura, se admiten:

   1) INSPECCION TECNICA Nº 9700-060-095 de fecha 02-04-06, suscrita por suscrita por las Expertas Detectives SILED ROJAS y Z.M. funcionarias adscritas al C.I.C.P.C del Estado Falcón, prueba ésta pertinente, útil y necesaria en el Juicio Oral y Público, por tratarse de la experticia practica a la Sustancia Ilícita incautad en la cual se concluyó que se trata de COCAINA EN FORMA DE CLORHIDRATO de allí su pertinencia y necesidad.

   2) INFORME DE EXPERTICIA QUIMICA Nº 9700-060-105 de fecha 28-04-06, suscrita por las Expertas Detectives SILED ROJAS y Z.M. funcionarias adscritas al C.I.C.P.C del Estado Falcón, prueba ésta pertinente, útil y necesaria en el Juicio Oral y Público, por tratarse de la experticia practica a la Sustancia Ilícita incautad en la cual se concluyó que se trata de COCAINA EN FORMA DE CLORHIDRATO de allí su pertinencia y necesidad

   3)ACTA DE VISITA DOMICILIARIA de fecha 06-04-2006 suscrita por los funcionarios actuantes ANDINSON MOLINA, C/1ERO GERMAN MELENDEZ, DISTINGUIDO EGLIBR ALASTRE, DISTINGUIDO A.G., AGENTE OSWLDO MIQULEN, AGENTE A.P., AGNTE N.M. Y LA BRIGADA FMENINA, todos Funcionarios adscritos a la Dirección de investigaciones penales de la Policía del Estado Falcón, siendo Pertinente para que narre el acontecimiento de los hechos en el Juicio Oral y Público, (por guardar relación con los hechos investigados), licita (por tratarse de los funcionarios que practicaron el procedimiento donde se incautó la sustancia incautada y la forma de adquisición dentro de los parámetros establecidos de la norma prevista artículo 327 del COPP y necesaria (para demostrar las circunstancias de tiempo modo y lugar en el cual ocurrieron los hechos y las características de la sustancia incautada al momento de ocurrir los hechos donde resultaron detenidos los acusados de autos).

   En cuanto a las pruebas ofrecidas como Documentales por la Defensa Pública en el escrito de descargo y defensa presentado para ser incorporadas a Juicio por su lectura, se admiten:

   1) CARTA AVAL DEL CONSEJO COMUNAL “UN BUEN VECINO” C.C.L.V. I, la cual es útil, necesaria y `pertinente a los fines de constatar el lugar de residencia de su defendido y la buena conducta del mismo durante el tiempo de residencia del mismo. Y se admite la solicitud de antecedentes penales ante el ministerio de justicia, a los fines de demostrar la conducta predelictual que tiene el imputado. Prueba legal, útil, necesaria y pertinente para ser incorporada por su lectura e exhibición al Juicio Oral y Público, por cuanto se trata de un derecho Constitucional que les asiste a los acusados por el Principio de la L.P., para que se debata en el Juicio Oral y Público sobre los hechos del fondo sobre la presunción de inocencia y pretensión que desean probar los acusados de autos que guarda relación a los hechos congruentes que se les atribuyen. .

   A juicio de este Tribunal, dichas pruebas documentales pueden ser incorporadas a juicio por su lectura en virtud de lo dispuesto en el Artículo 339 Ordinal 1º y 2° del Código Orgánico Procesal Penal y se admiten parcialmente de conformidad a lo establecido en el ordinal 9° del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que las mismas son legales, lícitas, pertinentes y necesarias, por cuanto tiene licitud por estar establecido en la normativa legal, cada una de las pruebas presenta una estrecha vinculación con los hechos investigados y acusados, su pertinencia para ser incorporadas al debate judicial en la cual con cada una se demostrará y acreditará un hecho cierto y real, y su necedad deviene del hecho de que al ser incorporadas al debate bien como testimoniales o documentales para su exhibición permitirá el contradictorio de las partes. Por estas razones fundadas de derecho se declaran admitidas todas las pruebas documentales y testimoniales tanto las promovidas por el Ministerio Público como las de la Defensa Privada. Y así se decide. Así mismo se admite el Principio de Comunidad de Prueba en lo que favorezca al acusado invocado por la defensa.

   En consecuencia a lo anterior habiendo verificado que la Acusación Penal cumple con los requisitos establecidos en el articulo 326 de la ley adjetiva penal, se admite al igual que al haber decidido acerca de la pertinencia, utilidad y necesidad de las pruebas testimoniales y documentales promovidas tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la Defensa Pública, admitido la calificación fiscal, todo conforme con lo establecido en el articulo 330 ordinal 2º y 9ª de la ley adjetiva penal, se ordena la apretura a Juicio Oral y publico en la presente causa , emplazándose alas partes para que en término común de cinco días, concurran al Juez de juicio correspondiente, instruyéndose al secretario de remitir las actuaciones al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron, todo en concordancia con lo establecido en el articulo 331 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

   .

   DECISION

   Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón con sede en Coro, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

De conformidad a lo establecido en el Artículo 330 Ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, se admite totalmente la Acusación Penal interpuesta por el ministerio público en contra de los ciudadanos: A.A.M., J.J. DE LA C.A., YOSEMY M.G. y W.S.P., arriba plenamente identificados, por cuanto la misma reúne los requisitos del Artículo 326 ejusdem. Asimismo se admiten totalmente todas las pruebas TESTIMONIALES ofrecidas por el Fiscal Séptimo del Ministerio Público en su escrito de acusación y las ofrecidas por las Defensa Publica en sus escritos de descargo, especificadas en la siguiente manera: 1. Testimonio del ciudadano: J.L. y el ciudadano: J.L., 2. Testimonio del Agente KEITER GUTIERREZ, Funcionario adscrito al CICPC del Estado Falcón. 3. Testimonios de las Expertos Detectives SILED ROJAS y Z.M. funcionarias adscritas al C.I.C.P.C del Estado Falcón. 4. Testimonio de los Expertos: DETECTIVES SILED ROJAS, ISMARY ZARRAGA Y Z.M.. 5. Testimonio de los Funcionarios sub.-Inspector: ANDINSON MOLINA, C/1ERO GERMAN MELENDEZ, DISTINGUIDO EGLIBR ALASTRE, DISTINGUIDO A.G., AGENTE OSWLDO MIQUELEN, AGENTE A.P., AGNTE N.M. Y LA BRIGADA FEMENINA. En cuanto a las pruebas testimoniales promovidas por la Defensa Publica, se admiten, todas las testimoniales de los ciudadanos que se mencionan a continuación: 1.- La testimonial de los ciudadanos: OSMARO J.P., L.A.S., F.S., T.J. DOMINUEZ GUTIERREZ, R.J. ZAVALA MOLINA, E.J.S., N.A., M.B., necesaria y pertinente para que declaren en el juicio sobre el conocimiento que tienen sobre los hechos. En cuanto a las Pruebas DOCUMENTALES: 1. INSPECCION TECNICA Nº 9700-060-095 de fecha 02-04-06, suscrita por suscrita por las Expertas Detectives SILED ROJAS y Z.M. funcionarias adscritas al C.I.C.P.C del Estado Falcón. 2. INFORME DE EXPERTICIA QUIMICA Nº 9700-060-105 de fecha 28-04-06, suscrita por las Expertas Detectives SILED ROJAS y Z.M.. 3. ACTA DE VISISTA DOMICILIARIA de fecha 06-04-2006 suscrita por los funcionarios actuantes ANDINSON MOLINA, C/1ERO GERMAN MELENDEZ, DISTINGUIDO EGLIBR ALASTRE, DISTINGUIDO A.G., AGENTE OSWLDO MIQULEN, AGENTE A.P., AGNTE N.M. Y LA BRIGADA FEMENINA, todos Funcionarios adscritos a la Dirección de investigaciones penales de la Policía del Estado Falcón. En cuanto a la Documentales promovidas por la Defensa Pública, se admiten: CARTA AVAL DEL CONSEJO COMUNAL “UN BUEN VECINO” C.C.L.V. I, la cual es útil, necesaria y `pertinente a los fines de constatar el lugar de residencia de su defendido y la buena conducta del mismo durante el tiempo de residencia del mismo. Y se admite la solicitud de antecedentes penales ante el ministerio de justicia, a los fines de demostrar la conducta predelictual que tiene el imputado. Prueba legal, útil, necesaria y pertinente para ser incorporada por su lectura e exhibición al Juicio Oral y Público, por cuanto se trata de un derecho Constitucional que les asiste a los acusados por el Principio de la L.P., para que se debata en el Juicio Oral y Público sobre los hechos del fondo sobre la presunción de inocencia y pretensión que desean probar los acusados de autos que guarda relación a los hechos congruentes que se les atribuyen. A juicio de este Tribunal, dichas pruebas documentales pueden ser incorporadas a juicio por su lectura en virtud de lo dispuesto en el Artículo 339 Ordinal 1º y 2° del Código Orgánico Procesal Penal y se admiten parcialmente de conformidad a lo establecido en el ordinal 9° del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que las mismas son legales, lícitas, pertinentes y necesarias, por cuanto tiene licitud por estar establecido en la normativa legal, cada una de las pruebas presenta una estrecha vinculación con los hechos investigados y acusados, su pertinencia para ser incorporadas al debate judicial en la cual con cada una se demostrará y acreditará un hecho cierto y real, y su necedad deviene del hecho de que al ser incorporadas al debate bien como testimoniales o documentales para su exhibición permitirá el contradictorio de las partes. Por estas razones fundadas de derecho se declaran admitidas todas las pruebas documentales y testimoniales tanto las promovidas por el Ministerio Público como las de la Defensa Pùblica. Así mismo se admite el Principio de Comunidad de Prueba en lo que favorezca a los acusados invocado por la defensa.

Se declaran SIN LUGAR los argumentos y pedimentos de la defensa pública en cuanto a las excepciones opuestas en el articulo 28, numeral 4º, literal “a” referido a “la cosa juzgada” y numeral 4º, y el literal e), i) de la ley adjetiva penal y la declaratoria de in admisibilidad de la acusación y consecuentes Nulidades Absolutas por ser Improcedentes conforme a derecho, y por ende sin lugar el Sobreseimiento de la causa, por cuanto no se cumplen los requisitos exigidos en el articulo 191 y 195 y siguientes 33 y 318 de la ley adjetiva penal de acuerdo lo preceptuado en el artículo 326 Ejusdem y los criterios Jurisprudencial supra citados.

Se admite la calificación fiscal del tipo penal de: TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACINTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 en su segundo aparte de la Ley Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, todo de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 330 ordinal 2° de la norma adjetiva penal.

SIN LUGAR la solicitud de decreto de Medida de Privación de Libertad y se revisa la Medida Cautelar de Presentación alargándola cada Treinta (30) días por ante este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del COPP.

En este acto se procede a preguntarle a los acusados de autos A.A.A.M., J.J. DE LA C.A., YOSEMY M.G. y W.S.P., antes identificados, quienes manifiestan cada uno por separado que NO DESEAN ADMITIR LOS HECHOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se declara con lugar la solicitud de incautación preventiva del inmueble y de los demás objetos relacionados con el delito de ocultamiento de sustancia estupefacientes, quedando estas a disposición y administración de la OFICINA NACIONAL ANTIDROGA (ONA) hasta tanto se decida la conducente en sentencia definitivamente firme.

De conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la Apertura del Juicio Oral y Público en contra de los ciudadanos: A.A.M.V., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-17.629.443, fecha de nacimiento: 04-01-84, natural de Coro del estado falcón, residenciado en Parcelamiento Andara, Calle Principal, casa S/n de la ciudad de Coro del Estado Falcón. J.J. LA C.A., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-113.902.382, fecha de nacimiento: 12-10-79, natural de Coro del estado falcón, residenciado en La Urb. las velitas, Bloque 35, Apartamento 01-04 de la ciudad de Coro del Estado Falcón. W.R.S., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-9.932.645, fecha de nacimiento: 04-01-84, natural de Coro del estado falcón, residenciado en Parcelamiento Andara, Calle Principal, casa S/n de la ciudad de Coro del Estado Falcón. YOSEMY A.M.G., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-13.902.659, fecha de nacimiento: 03-03-80, natural de Coro del Estado Falcón, residenciado en Parcelamiento Andara, Calle Principal, casa S/n de la ciudad de Coro del Estado Falcón. por la presunta comisión del delito de: TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPFACIENTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 en su segundo aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Se emplazan a las partes para que en un plazo común de cinco días concurran por ante el Juez de Juicio respectivo. Se faculta suficientemente a la secretaria a los efectos de remitir en su oportunidad las presentes actuaciones a la oficina de alguacilazgo en su oportunidad legal para su distribución al Tribunal de Juicio correspondiente. Notifíquese suficientemente a la Defensa Pública Primera, Quinta y Sexta y al Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial Penal. Cúmplase.

Regístrese, Publíquese y Notifíquese lo suficiente, déjese copia certificada de la sentencia en el archivador de este Tribunal.-

LA JUEZA PRIMERO DE CONTROL

Mag Cs. YANYS MATHEUS DE ACOSTA

LA SECRETARIA DE SALA

ABG. BRENDA OVIOL.

En esta fecha se libran las Boletas de Notificaciones y los oficios correspondientes, se cumple con lo ordenado en la decisión que antecede.-

LA SECRETARIA

ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2009-000490

RESOLUCION Nº: PJ42002009000972

FECHA: 27/10/2009