Decisión de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Enero de 2014

Reintegrar el monto recibido dado en calidad de reserva, esto es la suma de NUEVE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 9.000.000,00) por concepto de indemnización de daños y perjuicios establecidos como cláusula penal en el citado contrato…/…

…/…La reconvenida debe indemnizar a nuestro mandante los daños y perjuicios establecidos por cláusula penal, según los artículos 1.167, 1.257, 1.258, 1.263, 1.269 y 1.273 del Código Civil…/…

…/…en el caso de autos se pactó obligación con cláusula penal ante el incumplimiento culposo de las obligaciones principales del vendedor, este garantizo el cumplimiento de sus prestaciones a cumplir una obligación de dar: pagar la suma de de nueve millones de bolívares como daños y perjuicios compensatorios y reintegrar el monto recibido, dado en calidad de reserva…/…la indemnización de esos PROCEDE por el solo hecho del incumplimiento Culposo del vendedor a sus obligaciones: entregar los documentos citados en la cláusula quinta del contrato y hacer la traslación definitiva de propiedad en el Registro, hacemos valer como prueba del incumplimiento culposo que no existe acuse de recibo suscrito pro nuestro poderista a tal efecto…/…

Los Apoderados Judiciales del demandado-reconviniente solicitaron se decretara Medica Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble objeto del contrato de opción de compra venta en referencia.

Estimaron la demanda en la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.18.000.000, 00), que con la reconversión monetaria actual equivalen a la cantidad de DIECIOCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 18.000,00). Y solicitaron que a la suma demandada se le aplicara la indexación por corrección monetaria según el Banco Central de Venezuela…/...”

III

PRUEBAS Y SU VALORACION.

Ahora bien, planteada la litis en los términos expuestos, por una parte la pretensión de la accionante-reconvenida consistente en la indemnización de Daños y Perjuicios por el incumplimiento del Contrato de Opción de compraventa suscrito, con el demandado-reconviniente; Ciudadano O.d.S., y por su parte la reconvención de éste, consistente en el Cumplimiento de la Cláusula Penal por el incumplimiento de las obligaciones de la promitente vendedora, pasa esta Juzgadora a valorar el mérito de las pruebas traídas al proceso en los siguientes términos:

Pruebas de la parte Actora-reconvenida:

1. Riela al Folio nueve (09) al once (11) marcado con letra “A”, original del Contrato de Opción de compra-venta, suscrito por las partes en fecha 26 de Enero de 1999, por ante la Notaría Pública Octava del Municipio Baruta, del Estado Miranda, Chuao; del mismo se desprende las obligaciones que adquirieron las partes establecidas en las cláusulas del contrato. A este documento se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo pautado en el Artículo 1.359 del Código Civil. – ASÍ SE DECIDE-.

2. Riela al folio doce (12) marcado con letra “B”, Instrumento Privado de fecha 25 de Abril de 1999, del cual se desprende que la Ciudadana C.A.P.B. le entrego al Ciudadano E.B., titular de la Cédula de Identidad Nº 9.088.502, los siguientes documentos: Documento de Propiedad de la casa ubicada en la Urbanización “Boyacá I”, Calle “C”, nº 26, Barcelona, Estado Anzoátegui, documento de propiedad del terreno donde se encuentra ubicada la referida casa, liberación de la cláusula opcional expedida por el Instituto Nacional de la Vivivienda, Solvencia del referido inmueble desde los años 1993 hasta el segundo trimestres del año 1999, acta de defunción de F.T.R.. Este documento se desecha por cuanto no aporta elemento de convicción alguno a la presente causa, por cuanto al ser un instrumento privado emanado de un tercero debió ser ratificado conforme el Artículo 431 del Código de procedimiento Civil. – ASÍ SE DECIDE-.

3. Riela a folio trece (13), misiva de fecha 27 de Julio de 1999, dirigida al Sr. O.D.S.V.; del mismo se desprende que la Ciudadana A.P.B. le comunicó por escrito al Ciudadano O.d.S., que el contrato suscrito por las partes en fecha 26 de Enero de 1999 había expirado, por cuanto a la fecha del día 24 de Julio de 1999, había expirado el tiempo para que el comprador introdujera el documento de protocolización del inmueble objeto de la venta ante la Oficina Subalterna del Registro. A este documento se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el Artículo 1363 del Código Civil concatenado con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-

4. Riela al folio catorce (14) Documento Privado, este documento se desecha por cuanto no aporta elemento de convicción alguno. – ASÍ SE DECIDE-.

5. Riela al folio cincuenta y tres (53) al cincuenta y cinco (55) Copia del documento de compra-venta entre el Ciudadano M.G.C., en su carácter de Apoderado Judicial del Instituto Nacional de Vivienda y la Ciudadana C.P.; del mismo se desprende que el Ciudadano M.G.C. dio en venta a la Ciudadana C.A.P. una casa propiedad de su mandante ubicada en la calle Nº 26 de la urbanización Boyacá I, Barcelona, Distrito Bolívar, Estado Anzoátegui, por un monto de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.23.000.000,00), así como el terreno donde se encuentra construida esa casa, registrada ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito B.d.E.A., bajo el Nº treinta y tres (33), folios ochenta (80) al ochenta y uno (81), Protocolo Primero, Tomo Séptimo, del año 1983. A este documento se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el Artículo 1359 del Código Civil, concatenado con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

6. Riela al folio cincuenta y siete (57) al cincuenta y ocho (58), marcado con letra F1 y F2, liberación de la Cláusula Opcional otorgada por la Gerencia del Estado Anzoátegui a la Ciudadana C.A.P.: del mismo se desprende que la Gerencia Estadal de Anzoátegui resolvió liberar de la Cláusula de Retracto Legal que recaía sobre la vivienda de la Ciudadana C.A.P. quedando así en plena facultad para efectuar negociaciones con terceras personas. A este documento se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el Artículo 1363 del Código Civil, concatenado con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

7. Riela al folio cincuenta y nueve (59), Original de planilla de Liquidación N 06690, de la Alcaldía del Municipio Baruta, Dirección de Tributación y Cobranza; de este documento se desprende que la Ciudadana C.A.P. canceló a la Tesorería Municipal la cantidad de mil bolívares por concepto de Certificaciones y Solvencias. A este documento se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el Artículo 1359 del Código Civil.

8. Riela al folio sesenta (60) al sesenta y uno (61), Documento de Préstamo entre el Ciudadano O.d.S. y la Ciudadana C.A.P., autenticado ante la Notaria Pública Décima Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 91, Tomo 103, del mismo se desprende que el Ciudadano O.d.S., titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.194.294, dio en calidad de préstamo a la Ciudadana C.A.P., titular de la Cédula de Identidad Nº 1.256.578 la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.3.000.000, 00), con tres meses de lapsos improrrogables. A este documento se le otorga pleno valor probatorio conforme el Artículo 1.359 del Código Civil. Así se Decide.-

9. Riela al folio sesenta y dos (62) y sesenta y tres (63), Documento de finiquito del préstamo otorgado por el Ciudadano O.d.S. a la Ciudadana C.A.P., autenticado por ante la notaria Publica Octava del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 26 de Enero de 1999, bajo el Nº 39, Tomo 03; del mismo se desprende que el Ciudadano O.d.S. recibió de la Ciudadana C.A.P., la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000,00), o sea la misma cantidad que le había facilitado en calidad de préstamo, y el Ciudadano O.d.S. declaró extinguida la obligación. A este documento se le otorga pleno valor probatorio conforme el Artículo 1.359 del Código Civil. Así se Decide.-

De los Informes

Estando en la oportunidad procesal para presentar informes el Apoderado Judicial de la parte Actora-reconvenida presentó escrito de informes en los siguientes términos:

De la demanda, la acción deducida y sus instrumentos anexos:

Ratificó que en fecha 26 de Enero de 1996, su representada, celebró un contrato de Opción de Compra Venta con el Ciudadano O.D.S., por un lapso de 180 días; que su representada cumplió con todas las obligaciones contraídas por ella en el mencionado contrato, no siendo así por parte del demandado, que a pesar de que con noventa días de anticipación había recibido toda la documentación necesaria para la protocolización del documento definitivo de compra-venta, dejando expirar el lapso de vigencia de ciento ochenta días del Contrato de Opción de compra-venta.

Asimismo ratificó todos los hechos narrados en el escrito libelar.

De la contestación de la demanda y la reconvención opuesta por la parte demanda:

Señaló que la demandada-reconviniente no expuso ningún argumento fehaciente, ni ningún motivo, razón de hecho o de derecho debidamente fundamentadazas, que puedan contradecir, justificar o defender su incumplimiento.

Indicó que los motivos de hecho y de derecho alegados en el escrito libelar evidencian el incumplimiento del demandado-reconviniente en sus obligaciones contraídas en las cláusulas Quinta, Sexta, Séptima y ordinal 2 de la Cláusula Tercera del Contrato de Opción de Compra-Venta.

Que el demandado-reconviniente no señaló en su escrito de contestación, ningún documento, instrumento, prueba alguna, que pudiese demostrar ni siquiera con un indicio alguna de las dieciocho afirmaciones de falsedad que aparecen en su escrito de contestación a la demanda.

Que el demandado-reconviniente al asignar la obligación del Otorgamiento del Instrumento de Propiedad ante el Registro, la Traslación definitiva de la propiedad ante el Registro y la Tradición de la cosa vendida, ha confundido el contrato de opción de compra-venta con el contrato de venta, tal como lo expuso en su escrito de contestación a la reconvención.

De la Reconvención:

Rechazó y contradijo la reconvención intentada por el demandado-reconviniente, alegando que su representada cumplió con todas las obligaciones contraídas en el contrato, y ratificó nuevamente todo lo alegado en su escrito libelar y el incumplimiento del demandado.

De igual forma ratificó que el demandado-reconviniente fundamentó su contrademanda en una interpretación errónea de las cláusulas cuarta y quinta de la opción suscrita asignándole a su representada obligaciones de vendedora que no están contenidas en esas cláusulas, sino están establecidas en los Artículos 1486 al 1526 del Código Civil.

De las Pruebas Promovidas por la parte actora:

Ratificó y promovió todos los instrumentos consignados junto al escrito libelar, alegando que dichas pruebas ratifican y demuestran que su representada cumplió con todas sus obligaciones contractuales y no incurrió en incumplimiento alguno y que al mismo tiempo ratifican y demuestran el incumplimiento del demandado-reconviniente.

De la falta de Promoción de Pruebas de la parte demandada-reconviniente:

Ratificó que la demandada no acompaño ni consignó junto a su escrito de contestación a la demanda instrumento alguno que pudiese rechazar, contradecir o en defensa de su incumplimiento a sus obligaciones contractuales y de deudor por concepto de daños y perjuicios.

De las pruebas de la demandada:

Estando en la oportunidad procesal correspondiente el Apoderado Judicial de la demandada-reconviniente, Abogado M.A.R., Inpreabogado Nº 32.085, promovió pruebas en los siguientes términos:

Reproduzco el merito favorable de los autos a favor de mi representado.

Hago valer en toda forma de derecho nuestra Contestación de la demanda contenida en autos.

De los Informes

Estando en la oportunidad procesal para presentar informes los Apoderados Judiciales de la parte demandada-reconviniente presentó escrito de informes en los siguientes términos:

…/…Primero: En el contrato de opción en estudio, no hay cláusula expresa ni tacita que señale como obligaciones del demandado, la redacción del documento de compra-venta definitivo, ni de gestionar la protocolización de este contrato ante la Oficina de Registro.

Segundo: …No existe acuse de recibo suscrito de puño y letra por el demandado, que pruebe que éste haya recibido documento alguno.

Tercero: Sostenemos que el demandante incumplió su obligación contractual de otorgar el documento definitivo de compra-venta ante el Registro Subalterno. Sostenemos que el demandado NO DEMOSTRÓ ninguno de los hechos libelados por él.

Cuarto: Sostenemos que el contrato referido quedó resuelto de pleno derecho.

Quinto: OBJETO DE LA RECONVENCIÓN. Nuestro representado contrademandó a la demandante para que pague o sea condenada a ello por este Tribunal, por la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 18.000.000,00) que comprende el reintegro de lo recibido por ella como reserva (Bs. 9.000.000,0) más una suma igual por indemnización de daños y perjuicios, según lo convenido en el contrato incumplido por la demandante.

Sexto: La parte Actora solicitó en su escrito de promoción de pruebas la exhibición de los documentos F1 y F2, que corren en los autos a los folios 57 y 58 respectivamente. Al respecto sostenemos, que dichos instrumentos contienen hechos irrelevantes o impertinentes…

Séptimo: …de conformidad con el Artículo 588 de la Ley Adjetiva Civil, pedimos muy respetuosamente sea declarada la prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble propiedad de la parte demandante…/…

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

De las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia que la parte Actora-reconvenida, Ciudadana C.A.P., intenta un Juicio por indemnización de Daños y Perjuicios contra el Ciudadano O.D.S., por el incumplimiento del Contrato de Opción de Compra-venta celebrado por las partes en fecha 26 de Enero de 1.999 , y en la oportunidad procesal correspondiente los Apoderados Judiciales del demandado-reconviniente, Abogados M.D.S., C.M. y M.A.R., Inpreabogado Nº 17.353, 44.549 y 32.085 respectivamente, reconvinieron por Cumplimiento de Cláusula Penal.

Ahora bien, a.l.a.d. las partes y analizadas las pruebas promovidas para decidir este Tribunal observa:

El contrato de Opción de Compra-venta es un contrato preliminar de la venta, en el cual las partes se comprometen a celebrar un contrato de venta, cuando trascurra cierto tiempo o se susciten determinadas circunstancias. En estos contratos preliminares no hay transferencia de propiedad, ni tampoco obligaciones de dar, sino, simplemente la expresión de una obligación de hacer, asumida por una de las partes, cuando es unilateral, o por las dos cuando es bilateral, consistente en la celebración de un contrato de venta. Los contratos preliminares reciben también el nombre de promesa y opción.

En los contratos preliminares la obligación contraída no es de dar, sino de hacer algo, concretamente, un futuro contrato de venta, a realizarse entre las partes, el Promitente y el Promisorio. Así se establece.-

En este contexto nuestro M.T. en sentencia emanada de la Sala de Casación Civil en fecha dieciocho (18) de Diciembre de dos mil seis (2006), en ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, Exp. 2005-000331, estableció lo siguiente:

…/…En este sentido, la promesa bilateral u opción de compraventa, es un contrato sui generis mediante el cual dos o más personas, naturales o jurídicas, constituyen obligaciones recíprocas a través de las cuales se obligan unos a vender y otros a comprar un determinado bien. En las cláusulas de estos contratos se identifican las personas que intervienen –naturales o jurídicas-; el bien o bienes objetos de dicho contrato; la duración del mismo; el precio del o los bienes; la cantidad de dinero que en calidad de arras o como garantía de cumplimiento de las estipulaciones contenidas en ese contrato entrega el opcionado o comprador al opcionante o vendedor y, la penalización que se impone para la aquella parte que no cumpla con lo establecido en el contrato; es decir, la comúnmente denominada “Cláusula Penal” la cual constituye –se repite- una penalización de índole pecuniaria, generalmente, determinada por las arras o un monto inferior a éstas.

En relación a la promesa u opción, los tratadistas clásicos, Colín y Capitant, en su obra “Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo 4, 3ra. Edición, págs. 25-26, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1955”, señalan que:

...Sin embargo, la promesa de venta no es todavía una venta. Es un antecontrato, por virtud del cual el acreedor del mismo tiene el derecho de adquirir la cosa cuando bien le parezca. El art. 1.589 parece, no obstante, asimilar las dos operaciones, pues dice: >. En realidad el texto que acabamos de transcribir se refiere no a la promesa de venta, propiamente dicha, o promesa unilateral, sino a la promesa sinalagmática de vender y comprar, la cual es, desde luego, una venta. E importa mucho distinguir con todo cuidado estas dos especies de convenciones…/…

Tal como se observa de las doctrinas transcritas, las promesas u opciones de compraventa, no constituyen una venta, sino que otorgan un plazo al opcionado para que manifieste su consentimiento mediante la adquisición del bien objeto de la negociación.

Así las cosas, si quien incumple es el opcionado o comprador, éste deberá consentir en que el opcionante o vendedor retenga las arras o cantidad previamente estipulada en el contrato, en calidad de resarcimiento por los daños ocasionados por el incumplimiento de la promesa bilateral de comprar el bien; si por su parte, es el opcionante o vendedor quien no cumple con su obligación de vender el bien, éste deberá regresar la totalidad de las arras recibidas de manos de opcionado o comprador, más la suma de dinero estipulada a tal efecto en el texto mismo del contrato…/…

Del criterio Jurisprudencial ut supra trascrito se infiere que en los contratos preliminares de venta, específicamente opción de compraventa o promesa de venta se caracterizan por expresar las personas a celebrar el contrato, denominados por una parte el promitente vendedor; a vender y por otra parte el promitente comprador; a comprar, las condiciones del contrato como duración, precio, identificación plena del objeto del contrato y la cantidad de arras como garantía del cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el contrato, denominada comúnmente cláusula penal.

En estos contratos, queda entendido que la venta sólo se concretará en documento a ser realizado posteriormente, ya que mientras la parte a quien se haya hecho la promesa de venta, goce del plazo que se le ha concedido, y no manifieste su decisión, aún no hay venta; por tanto, no hay transmisión de propiedad, ni los riesgos se transmiten al comprador. Solamente existe una obligación personal para el promitente, obligado a mantener su oferta de venta, mientras espera la decisión de la otra parte. Por lo que las promesas u opciones de compraventa, no constituyen una venta. ASÍ SE DECIDE.-

Ahora bien, en el caso sub exánime observa esta Juzgadora, específicamente del contrato de Opción de compra-venta consignado por la parte actora-reconvenida, el cual riela al folio nueve (09) al once (11), que cumple con los requisitos establecidos tanto jurisprudencialmente como doctrinalmente para configurar un contrato preliminar de venta u opción de compraventa, pues se identificaron las partes, por una parte la Ciudadana C.A.P.B. como futura vendedora, y por otra parte el Ciudadano O.D.S. como futuro comprador, se identificó plenamente el objeto del contrato; una casa ubicada en la calle “C”, Nº 26 de la Urbanización “Boyacá I”, en la ciudad de Barcelona, Distrito Bolívar, Estado Anzoátegui, el precio, el cual se estableció por un monto de DIECISÉIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 16.000.000,00) que con la reconvención monetaria actual equivalen a DIECISÉIS MIL BOLÍVARES (Bs. 16.000.000,00), la duración del contrato tendría una duración de 180 días a partir de la fecha del contrato de opción de compra venta, 26 de Enero de 1999, de igual forma en el contrato quedó establecido que la venta se protocolizaría una vez las partes hayan cumplido con todas sus obligaciones establecidas en las cláusulas contentivas del mencionado contrato. Por lo que considera esta Juzgadora que efectivamente estamos en presencia de un Contrato preliminar de venta, un Contrato de opción de compraventa. ASÍ SE DECIDE.-

Así las cosas, se evidencia del mencionado contrato que; En la cláusula segunda, la promitente vendedora se comprometió a vender el inmueble objeto del contrato por un monto de DIECISÉIS MILLONES DE BOLÍVARES una vez ésta realizara todas las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Vivienda (INAVI), para la adquisición en propiedad de el terreno en el cual se encuentra construido el inmueble y su efectiva compra al INAVI, y así la promitente vendedora al momento de trasmitir la propiedad, realizara tanto la venta del inmueble como del terreno donde se encuentra construida, y de no cumplir con ello la promitente vendedora el contrato quedaría rescindido de pleno derecho, asimismo, en la cláusula Quinta la promitente vendedora se comprometió a gestionar con anticipación al promitente comprador las solvencias nacionales o municipales necesarias para la protocolización del documento definitivo de compra venta, dicha entrega se realizaría con al menos treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento de la opción de compra venta.

En cuanto a las obligaciones del promitente comprador, el contrato estableció en la cláusula sexta que los gastos de escritura, notaría y los derechos de registro de la operación serían por cuenta del promitente comprador, entendiendo que al expresar “derechos de registro” efectivamente establece el compromiso del promitente comprador de protocolizar el documento de compraventa a los fines de perfeccionar la venta del inmueble, pues a través del Registro y Protocolización de venta el promitente comprador manifiesta su decisión de aceptar la venta. ASÍ SE DECIDE.-

De igual forma las partes establecieron en la cláusula cuarta que si el Registro del documento no se efectuaría por causa imputable a la promitente vendedora, siendo estas causas las obligaciones contraídas por ella en la cláusula segunda del referido contrato, ésta se obligó a reintegrar el monto recibido en calidad de reserva mas un monto de nueve millones por concepto de indemnización de daños y perjuicios.

Ahora bien la parte actora-reconvenida alega el incumplimiento del promitente comprador, Ciudadano O.D.S. en razón de que a pesar de haberle entregado a éste en fecha 25 de Abril de 1999, tanto las Solvencias Municipales necesarias para la protocolización del documento definitivo de compraventa como el documento de propiedad del inmueble y del terreno donde se encuentra a favor de la Ciudadana C.A.P., éste incumplió en la gestión de protocolización del respectivo documento definitivo de compraventa, promoviendo como prueba de esto, instrumento marcado “B” que consignó junto al escrito libelar en el que la demandante-reconvenida señala haber entregado al Ciudadano E.B. en fecha 25 de Abril de 1999, en la Ciudad de Barcelona, en razón de haber recibido instrucciones del demandado-reconviniente, toda la documentación requerida para el registro del documento de compraventa, alegato que refutó el demandado-reconviniente por no haber sido firmado por él el acuse de recibo.

En este contexto nuestro M.T. en sentencia emanada de la Sala de Casación Civil, Ponencia de la Magistrada Isbelia P.V., en fecha 18 de Abril de 2006., estableció lo siguiente:

…/…Acorde con esos precedentes, el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, dispone que ‘...Los documentos emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial’.

En interpretación y aplicación de esta norma, la Sala ratificó el precedente jurisprudencial y dejó sentado que ‘...La inclusión del artículo 431 en la reforma del Código de Procedimiento Civil vigente desde 1987 tuvo por objeto aclarar que los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el respectivo juicio ni causantes de las partes que contienden en él no se rigen por los principios de la prueba documental, por lo que no le son aplicables a tales documentos las reglas de los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, sino que para ser admitidos y valorados como un medio de prueba idóneo en un juicio en el cual no sean partes los otorgantes de tales documentos, ellos deben ser traídos al juicio como una mera prueba testimonial, no siéndoles atribuibles más valor que el que pueda resultar de su ratificación por el tercero al cual se le presenten como un simple auxilio de precisión, para que entiendan mejor lo que se le pregunta... ’. (Sentencia de fecha 15 de julio de 1993, Corporación Garroz C.A. c/ Urbanizadora Colorado C.A., ratificada el 28 de abril de 1994, H.V. c/ N.T.).

En correspondencia con ese criterio, el autor R.J.D.C. ha expresado que no se trata de una prueba documental, sino un testimonio, que debe ser apreciado por las reglas de valoración de la prueba de testigo prevista en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y no de acuerdo con las de los documentos privados a que se contrae el artículo 1.363 del Código Civil. (Apuntaciones Sobre el Procedimiento Civil Ordinario, pág. 216. Edt. Alva S.R.L. Caracas).

En igual sentido, A.R.R. ha indicado que “...no se aplican aquí las reglas relativas al reconocimiento de instrumentos producidos por una parte en juicio... porque el documento no emana de la otra parte, sino de un tercero (testigo), razón por la cual el tratamiento procesal establecido en la ley es el de la prueba de testigos, dada la naturaleza de la declaración contenida en el documento, asegurándose así el contradictorio en esta etapa de la instrucción del proceso, mediante las repreguntas que puede formular la parte contraria al testigo, quedando así la valoración de la prueba sometida a la regla general de apreciación de la prueba de testigos... ’. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Vol. IV, Pág. 353).

Acorde con esas opiniones doctrinarias, el autor J.E.C. ha señalado que ‘...No es esta la situación con los documentos que conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil (207), el testigo puede ratificar dentro del proceso. Ellos no van a obrar como prueba documental y su cuestionamiento sólo podrá hacerse como parte del control de la prueba testimonial, de ser ello posible. (Las menciones del testigo sobre dichos documentos, se ratificarán o aclararán con las repreguntas)..’. (Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo II. Pág. 225).

No obstante, la Sala recientemente modificó su criterio y estableció que de conformidad con lo previsto en el referido artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la ratificación mediante testimonio es un presupuesto de eficacia del documento emanado de tercero, razón por la cual constituye una norma jurídica expresa para el establecimiento de la prueba documental. (Sentencias de fecha 20 de diciembre de 2001, V.G.S.U. c/ L.A.U.G., y 30 de abril de 2002, Fundación Poliedro de Caracas c/ Water Brother Producciones de Venezuela, C.A.).

Y con mayor precisión en el examen y decisión de las denuncias de silencio de prueba del testimonio del tercero que ratifica el documento emanado de él, ha indicado que dicha ratificación sólo persigue otorgar eficacia a dichos documentos, por lo que de ser éstos examinados, en definitiva no se produce el vicio denunciado. (Fallo de fecha 15 de noviembre de 2000, American Sur, S.A. c/ P.A.S.).

…/… Estas declaraciones hechas por el tercero que constan en dicho documento, sólo pueden ser trasladadas al expediente mediante la promoción y evacuación de la prueba testimonial, que es la única formada en el proceso, con inmediación del juez y con la posibilidad efectiva de control y contradicción, en cuyo caso, por referirse el testimonio a su contenido, de ser ratificado, las declaraciones pasan a formar parte de la prueba testimonial, las cuales deben ser apreciadas por el juez de conformidad con la regla de valoración prevista en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil….

. (Negritas de la Sala).

En aplicación del criterio precedentemente citado, la Sala establece que las reglas relativas al reconocimiento de instrumentos producidos por una parte en juicio, no son aplicables a aquellos casos en los que se pretende hacer valer documentos privados emanados de terceros que no son parte en el respectivo proceso, ni causantes de las partes que contienden en él, ya que bajo estas circunstancias, las referidas instrumentales no actúan como prueba documental sino como prueba testimonial.

En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la parte que pretenda hacer valer en un juicio un documento emanado de tercero, debe obligatoriamente promover a su otorgante como testigo para que lo ratifique, razón por la cual dicha prueba debe ser valorada como una mera prueba testimonial; y, a las instrumentales que le sirven de base a dicha prueba, únicamente le es atribuible el valor que pueda resultar de su ratificación por el tercero…/…

Ahora bien, en el presente caso, se presenta que el referido instrumento que pretende la parte actora hacer valer como prueba del cumplimiento de sus obligaciones en el contrato de opción a compra, fue suscrito como recibido de un tercero, que no es parte en el Juicio; Ciudadano E.B., a lo que el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, (Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Editorial Torino, Caracas 1996), cita sentencias de la antigua Corte Suprema de Justicia, de las cuales se desprende que la expresión “emanado” equivale a “suscrito” o “firmado”.

En efecto, en una de tales sentencias se lee: “El documento emanado de personas que no son partes en el juicio no tiene el carácter de prueba instrumental, sino que más bien contiene la testimonial de sus signatarios, … (Cfr Sent. 8-6-60 G F 28 2E p. 7, cit por Bustamante, Maruja: Ob. Cit., N° 3776).” ; mientras en la otra se establece lo siguiente: “Es de principio, que documentos privados emanados de terceros no intervinientes en el proceso, no pueden ser opuestos en éste por una de las partes a la otra, mas ello no significa que dichos documentos privados emanados de terceros no puedan, en absoluto, hacerse valer en juicio entablado entre dos sujetos distintos; y la forma idónea para hacerlos valer es que los terceros firmantes de dichos documentos privados, sean llamados a declarar como testigos … (Cfr. CSJ, Sent. 31-5-88. en P.T., …)”. Tomo III, Pág. 318.

Observándose de las sentencias citadas, que nuestro M.T., alude a los terceros de los cuales emana el documento privado, como firmantes o signatarios del mismo, de donde se sigue que en la interpretación del artículo 431 ejusdem deben ser considerados como sinónimos o equivalentes los términos “emanado”, empleado por el legislador, y “suscrito”, “firmado” u “otorgado”. De manera que es requisito indispensable que el documento que se señala como privado, emanado de tercero o firmado, debe necesariamente ser ratificado por vía testimonial del documento en cuestión a los fines de ser valorada. Así se establece.-

En tal sentido, conforme a los criterios jurisprudenciales y doctrinarios ut supra citados, mal podría considerar esta Juzgadora que en efecto la demandante cumplió con su obligación establecida en el Contrato de Opción de compra-venta, en su cláusula segunda, en razón a que el instrumento traído a Juicio por la parte actora, destinado a demostrar que efectivamente entregó los documentos a los que se comprometió en la cláusula segunda del contrato de opción a compra, al ser suscrito por un tercero no fue ratificado conforme el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

Así las cosas, no es dado a esta Juzgadora, declarar con lugar una demanda, cuando en autos no consta plena prueba de hechos alegados por el demandante, tal como lo establece el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil:

Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma. …/…

En tal sentido, resulta forzoso a esta Juzgadora declara SIN LUGAR la demanda de Daños y Perjuicios incoada por la Ciudadana C.A.P.B. contra el Ciudadano Vivenzio O.D.S. y así se declarará de forma expresa en el dispositivo del presente fallo. -ASÍ SE DECIDE.-

De la Reconvención Propuesta

La parte demandada-reconviniente al momento de contestar la demanda propuso formal reconvención a la parte actora-reconvenida alegando que:

…/…Al incumplir el vendedor con sus obligaciones: Entregar los documentos y hacer la traslación definitiva de la propiedad ante el Registro el contrato quedó resuelto de pleno derecho, por el incumplimiento culposo imputable a la demandante-reconvenida.

Dado el incumplimiento del vendedor a sus obligaciones…mi representado demanda en este acto a C.P., e incoa acción de Cumplimiento De Cláusula Penal…/…

Así las cosas, observa esta Juzgadora que en el caso sub exámine estamos en presencia de un contrato preliminar de venta; un contrato de opción de compraventa, como ya se estableció previamente; este contrato preliminar no contempla traspaso alguno de propiedad siendo así resulta incongruente con la naturaleza del mencionado contrato que la actora-reconvenida, promitente vendedora deba efectuar la Tradición de la cosas vendida como alega el demandado- reconviniente, puesto que el contrato no configura venta alguna, solo es una promesa de venta. Así se establece.-

La pretensión reconvencional en cuestión, se fundamenta en el incumplimiento de la parte actora-reconvenida del Contrato de Opción a Compra-Venta; y al respecto el artículo 1.133 del Código Civil, define en términos generales el contrato como:

…una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico

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Siendo ese acuerdo de voluntades indispensable para la existencia del contrato, por lo que, hace engendrar una obligación, un derecho personal, toda vez que la creación de obligaciones se encuentra regida por la regla que el solo consentimiento obliga a las partes contratantes. .

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Asimismo, el artículo 1.159 del Código Civil expresa:

Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley

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Respecto a este artículo, E.M.L. y E.P.S., en su obra CURSO DE OBLIGACIONES, Tomo III, Caracas, 2004, Pág. 810, explica:

“La primera frase de esta disposición legal consagra el principio denominado por la doctrina “el contrato - ley”, según el cual el contrato es de obligatorio cumplimiento, so pena de incurrir en la responsabilidad civil o en otros efectos del incumplimiento: cumplimiento forzoso, en especie o por equivalente, daños y perjuicios, ausencia de responsabilidad cuando el incumplimiento en los contratos bilaterales. Las partes están obligadas a cumplir el contrato de la misma manera que están obligadas a cumplir la ley…. Nace así el principio de la autonomía de la voluntad como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato, que se complementa con el principio rector en materia del cumplimiento de las obligaciones según el cual “las obligaciones deben cumplirse tal como han sido contraídas” (Art. 1.264CC). En definitiva, lo que crean las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad es de obligatorio cumplimiento y deben cumplirse de la misma manera que las leyes…”.

De lo anterior se desprende que, cuando existe un contrato en la relación de debate que sostengan las partes, las disposiciones que hayan sido establecidas por ellas mismas en el contrato, deben ser cumplidas en la manera como hayan sido acordadas; pero además, este principio, no sólo es para las partes, sino que también, precisa al Órgano Jurisdiccional al momento de intervenir en la decisión del litigio, limitándolo al momento de interpretar el contrato, ya que éste deberá hacerlo, de acuerdo a lo que hayan expresado los contratantes, tomando en cuenta la voluntad que hubiesen tenido al celebrarlo.

Para esa interpretación, el artículo 12 de Código de Procedimiento Civil, prescribe que el intérprete debe buscar la intención y el propósito de las partes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe, ateniéndose siempre a la intención y al propósito de las partes o de los otorgantes.

Ahora bien, el referido contrato en su cláusula cuarta estableció lo siguiente:

Ambas partes convienen expresamente en lo siguiente: En caso de que el Registro del documento definitivo no se efectuare por causa imputable a LA VENDEDORA, sean cuales fueran estas, ya la contemplada en la Cláusula Tercera de este contrato o cualquier otra, ésta se obliga a reintegrar el monto recibido, dado en calidad de RESERVA, (NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 9.000.000,00), por el comprador, mas un monto de NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 9.000.000,00) por concepto de indemnización de daños y perjuicios. Es entendido que de ocurrir cualquiera de estas situaciones este contrato quedará rescindido y resuelto de pleno derecho, sin necesidad de que sus causas deban ser demostradas.

Así las cosas, en el caso de marras, la parte actora-reconvenida, quien se encontraba obligada a dar cabal cumplimiento a sus obligaciones contraídas en el contrato preliminar de venta, no demostró fehacientemente haber cumplido las mismas; entregar los documentos necesarios para suscripción de la compraventa definitiva, razón por la cual, el referido contrato quedó resuelto de pleno derecho, y por cuanto el contrato es ley entre las partes, en atención a la citada cláusula contractual, queda la actora reconvenida, obligada a reintegrar el monto recibido, dado en calidad de reserva, Nueve Millones de Bolívares (Bs. 9.000.000,00), por el comprador, que con la reconversión monetaria actual equivalen a nueve mil bolívares (Bs. 9.000,00), mas un monto de Nueve Millones de Bolívares (Bs. 9.000.000,00), que con la reconversión monetaria actual equivalen a la cantidad de nueve mil bolívares (Bs. 9.000,00), por concepto de indemnización de daños y perjuicios, en consecuencia, debe proceder en derecho la pretensión reconvencional planteada por los Abogados M.D.S.V., C.M. y M.A.R., Inpreabogado Nº 17.353, 44.849 y 32.085, respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales del Ciudadano O.d.S.V., y así se dispondrá en el dispositivo de este fallo. Así se decide.-

En cuanto a la indexación judicial solicitada, esta Juzgadora hace suyo el criterio con relación a la experticia complementaria del fallo, en Sentencia N° 83 de fecha 5 de abril de 2001, dictada en el Juicio de C.H.S. contra N.G.C.M., esta Sala de Casación Civil dejó sentado:

…/…En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, es oportuno señalar que los expertos llamados a complementar un fallo por vía de experticia, no se constituyen en jueces ni les es dable realizar consideraciones o apreciaciones personales, debiendo limitar su proceder al estricto cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.

En consecuencia, constituye deber inexcusable de los jueces al momento de ordenar la práctica de una experticia complementaria del fallo, establecer con toda precisión, los elementos de base que han de emplearse para el cálculo exigido, so pena de incurrir en violación del ordinal 6° del artículo 243 eiusdem, y por ende, en el vicio de indeterminación objetiva, por tanto, debe ordenarse al juez competente dictar nueva decisión en la cual se le señale al experto designado, las bases o parámetros para el pago de la obligación, con previsión de la fecha precisa para dicho pago y de la tasa de interés a aplicar. Así se decide...

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Así las cosas, y a la l.d.C. anteriormente transcrito esta Juzgadora ORDENA la indexación de las cantidades adeudadas desde la fecha de introducción de la demanda de Daños y perjuicios, en fecha 14 de Octubre de 1.999, hasta que quede definitivamente firme la presente decisión. ASÍ SE DECIDE.-

VI

DISPOSITIVA

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le Confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda que por Indemnización de Daños y Perjuicios fue interpuesta por el Abogado en Ejercicio Á.E.V.M., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 25.193, en su carácter de Apoderado Judicial de la Ciudadana C.A.P.B., titular de la Cédula de Identidad Nº 1.256.578, en contra del Ciudadano O.D.S.V., Titular de la Cédula de Identidad N º V-6.194.294,

CON LUGAR la Reconvención planteada por los Abogados en Ejercicio M.d.S.V., C.M. y M.A.R., Inpreabogado Nº 17.353, 44.849 y 32.085, respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales del Ciudadano O.D.S., titular de la Cédula de Identidad Nº 6.194.294, contra la actora reconvenida; Ciudadana C.A.P.B., titular de la Cédula de Identidad Nº 1.256.578, en consecuencia, SE CONDENA a la Ciudadana C.A.P.B., al pago de NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.000,00) por concepto de indemnización de Daños y Perjuicios más la cantidad de NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.000,00), dado en calidad de reserva. TERCERO: SE ACUERDA la indexación Judicial solicitada por los Apoderados Judiciales del Ciudadano O.D.S. desde el 14 de Octubre de 1.999, hasta que quede definitivamente firme la presente decisión.

Por cuanto la presente decisión se dictó fuera del lapso establecido, en virtud del imperante exceso de trabajo existente en este Tribunal, se ordena notificar a las partes de conformidad en lo establecido en los Artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

Se condena en costas a la parte actora al haber resultado totalmente vencida en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFIQUESE.

Déjese copia certificada de la presente decisión por ante la Secretaría del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de Enero del año Dos Mil Catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

LA JUEZ TITULAR

Dra. A.M.C.D.M.

EL SECRETARIO TITULAR,

Abogado. L.M..

En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión siendo las______.-

EL SECRETARIO TITULAR.

AMCdeM/LM/AS.-