Decisión nº 294 de Tribunal Primero Superior del Trabajo de Bolivar, de 2 de Abril de 2007

Recibido el presente asunto por distribución, mediante sorteo público efectuado en fecha 02 de marzo de 2006, contentivo de la Acción de A.C. interpuesta por los ciudadanos D´AMELIO VINCENZO, A.G., N.Z., T.M., L.R., R.R., R.D., YOENNYS SILVA, YURBELIS MARQUEZ, B.L., MGDALYS ORTIZ, TORRES MIGUEL, L.O., R.R., VICTOR GUEVARA, V.R., HAYZEL MARTINEZ, H.L., ALCAZAR MIRIAN, ORLANDO ROJAS, FIGUERA GAETANO, MAYERLIN TAMOY, LUAL SPIRMAR, CONTRERAS VERONICA, VERONICA CONTRERAS, VALERA FERNANDO, JUAN MUÑOZ, MARCOS AGUIRREZ, E.M., F.M., FLOR TOCHON, A.B., A.L., YASIRA CHAURAN, TERRY BELLO, MILEXIS CALDERON, YUBERTH ROSAS, YOGLANYS VELASQUEZ, ZUNILDE ORTEGA, VICTOR YANEZ, GUIOMAR HURTADO, J.A., GRECIA MEJIAS, MARIELA GUEVARA, BETSY ROJAS, A.P., A.M., MIGUEL DIAZ, AMAYRIS ESTABA, KELLER ALCALA, C.R., ZULIMAR GERALDINO, de este domicilio, portadores de la Cédula de Identidad Nº 10.927.372, 15.136.731, 6.955.122, 8.943.069, 11.995.867, 10.932.309, 13.684.691, 10.934.758, 11.511.842, 12.127.279, 4.612.288, 12.130.582, 9.458.007, 10.217.507, 12.806.214, 8.981.076, 12.131.192, 13.089.921, 10.185.536, 5.897.479, 12.793.975, 12.130.641, 11.510.607, 12.129.494, 12.129.494, 10.932.791, 9.910.252, 14.726.217, 10.509.591, 12.634.846, 15.894.606, 8.937.058, 12.006.458, 9.299.614, 13.982.684, 15.907.256, 11.518.463, 8.348.370, 8.608.969, 6.968.128, 6.925.743, 11.638.128, 10.387.536, 12.127.116, 8.964.754, 13.161.266, 12.007.167, 13.090.639, 13.263.841, 11.167.831, 12.197.830, 12.643.841, respectivamente, debidamente asistidos por los abogados en ejercicio B.V. y E.S., inscritos en el I.P.S.A. bajo el Nº 61.342 y 11.572, respectivamente, quienes también son sus apoderados, contra la sociedad mercantil DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A., inscrita originalmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 10 de Enero de 1973, bajo el Nº 5, Tomo 18-A, transformado en Banco Universal reformados y refundidos en un solo texto sus estatutos sociales, según consta de asiento inscrito en el citado Registro Mercantil, en fecha 23/11/2001, bajo el Nº 26, Tomo 223-a-Pro, cuya representación judicial la ejerce el abogado en ejercicio C.M.T., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 20.149.

En fecha 24 de septiembre de 2004, los ciudadanos arriba identificados, interpusieron por ante los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, Acción de A.C. en contra de la sociedad mercantil DEL SUR, BANCO UNIVERSAL, C.A., cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero de Juicio de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, quien por auto de fecha 27 de septiembre de 2004 y de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, ordenó a los quejosos a que dentro de las 48 horas siguientes a sus notificación, procedan a subsanar su solicitud, en el sentido que indiquen si el grupo de ciudadanos que señalan fueron sustituidos en sus puestos de trabajo, han sido despedidos o suspendido por la accionada y establezcan claramente contra quien interponen la presente acción, si contra DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A. o contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LA ZONA DEL HIERRO, so pena de ser declarada inadmisible su acción.

En fecha 30/09/2004, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), quedaron debidamente notificados los quejosos, al consignar en autos el poder apud-acta que le otorgaron a los abogados que los representan en este proceso.

Por decisión de fecha 05 de octubre de 2004, el Tribunal de Juicio antes mencionado, declaró inadmisible la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 19, ejusdem, en virtud que –a juicio del A-quo- para el momento en que su publicó dicho fallo, transcurrió el lapso concedido a los quejosos para que éstos subsanaran los defectos de los cuales adolecía el escrito de amparo, y no lo hicieron. Vencido el lapso de apelación sin que las partes ejercieran recurso alguno en contra de la citada sentencia, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la remisión del expediente al Tribunal Superior Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de la consulta de Ley establecida en el artículo 35, ibidem.

Por auto de fecha 21 de octubre de 2004, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo del Dr. R.A. CORDOVA ASCANIO, se reservó en dicha oportunidad el lapso de treinta (30) días continuos para dictar sentencia; en tal sentido, siendo que hasta la presente fecha el juez que tenia bajo su conocimiento la causa no ha emitido pronunciamiento alguno, esta Juzgadora legitimada para conocer del presente asunto, actuando en su condición de Jueza Suplente Especial del Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, pasa de seguidas a dictar sentencia en el presente caso, conforme al contenido de la Resolución Nro. 4, de fecha 13 de Marzo de 2006, emanada de la Coordinación Laboral del Estado Bolívar, la cual se encuentra fundamentada a su vez en la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencias Nro. 806, de fecha 05 de mayo de 2004, que a su vez ratifica el fallo Nro. 412 de fecha 02 de abril de 2001 y de la Sala de Casación Social del Máximo, según sentencia Nro. 1684, de fecha 18 de noviembre de 2005, en ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz.

Así pues, encontrándose este Juzgado Superior Primero del Trabajo dentro de la oportunidad legal correspondiente procede a dictar sentencia, conforme a los razonamientos que de seguidas se exponen:

II

ARGUMENTOS DE LOS ACCIONANTES

Interponen la presente Acción de A.C. los quejosos, en su condición de trabajadores de la empresa DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A., en base a los siguientes señalamientos:

1. - Que en fecha 06 de Agosto de 2003, SUTRADELSUR, presentó por ante la Inspectoria del Trabajo de la Zona del Hierro, Proyecto de Convención Colectiva, para ser discutido con DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A.

2. - Que con ocasión de la presentación del proyecto de Convención Colectiva, la representación de la empresa en la primera reunión conciliatoria que se celebró en fecha 21/08/2003, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, opuso excepciones, entre ellas, la de contrato vigente, las cuales fueron declaradas sin lugar por decisión de fecha 26/11/2003 emitida por la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro; quien igualmente ordenó a la empresa accionada continuar con las discusiones del proyecto de Convención Colectiva presentado; no obstante, -alegó- dicha decisión administrativa fue apelada por la representación patronal en fecha 17/12/2003, la cual fue oído en un solo efecto.

3. - Que en fecha 24/12/2003 tuvo lugar la primera reunión conciliatoria entre la presunta agraviante y el sindicato (SUTRADELSUR) que agrupa a los quejosos; y que en diversas oportunidades se celebraron varias reuniones conciliatorias entre las partes, en las cuales fueron aprobadas cuarenta y tres (43) cláusulas de contenido no económico, por cuanto la representación patronal eludió en todo momento discutir cláusulas de contenido económico, ante lo cual SUTRADELSUR, en fecha 26/03/2004, interpuso por ante la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro, la conversión de la discusión del Proyecto de Convención Colectiva en discusiones conflictivas.

4. - Que en virtud de la incomparecencia de la representación patronal en diversas oportunidades a las reuniones de discusión del Proyecto de Convención Colectiva, la representación sindical solicitó al Ministerio del Trabajo que convocara nuevamente a las partes a los efectos de fijar de común acuerdo los servicios de mantenimiento y seguridad de la empresa, en caso que los trabajadores decidieran ir a la huelga y que oficiara a la Defensoría del Pueblo informándole la situación acontecida, manteniendo el despacho del trabajo una conducta omisiva durante varios meses, en menoscabo de los derechos de sus representados.

5. - Que en fecha 23 de julio del año 2004, SUTRADELSUR, ante el reiterado y temerario desacato de la empresa a las reuniones convocadas solicita al despacho administrativo la imposición de una multa y el establecimiento de los servicios mínimos esenciales, siendo acordados éstos por P.A. Nº 04-299. Que el día 15/09/2004, los trabajadores decidieron ejercer el derecho a huelga y no se trabajó en las Agencias Puerto Ordaz, Macrocentro y San Félix; que en el desarrollo de la huelga, funcionarios de seguridad bancaria con armas de fuego, entre ellos, el ciudadano A.P., procedió de forma violenta contra los trabajadores que de manera pacifica se encontraban en el Banco, agrediendo a los ciudadanos A.M. y D.R..

6. - Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año 2004, ante la actitud de provocación, agresión e intransigencia demostrada por la empresa, los trabajadores deciden dentro del marco del legítimo ejercicio de huelga suspender sus labores en las agencias San Félix, El Roble, Oficina Principal, Puerto Ordaz, Alta Vista Zulia, Centro Comercial Ciudad Alta Vista, La Churuata, Taquilla S.T.L.O., Paseo Caroní, Unare, Matanzas, Venalum, S.T. IV, Taquilla de Ferrominera, Taquilla S.T.C., Ciudad Piar y Paseo Orinoco, pero que dando cumplimiento a la Providencia Nº 04-299, se dejó laborando en la Región Guayana a: Centro de Atención Telefónica, Cajeros Automáticos y las Agencias Moripa, Taquilla Koma, Taquilla S.T.U., Taquilla Bauxilum, Taquilla La Económica, Taquilla Trébol, con lo cual se mantenían –según sus dichos- los servicios mínimos esenciales, mucho más allá de lo establecido en la mencionada Providencia.

7. - Que en el desarrollo de la acción huelgaria, la accionada ha desencadenado un conjunto de actos de amedrentamientos, amenazas y descalificaciones en contra de los trabajadores declarados legalmente en huelga, por intermedio de su personal de seguridad, de confianza y dirección, con la utilización de la Policía del Estado Bolívar, al extremo que han sustituido a los trabajadores en conflicto en muchas agencias, caso de los ciudadanos D´AMELIO VINCENZO, cajero de la agencia San Félix, N.Z., analista de personal en el departamento de nómina, A.G., cajero agencia San Félix, T.M., cajera agencia San Félix, L.R., cajero agencia San Félix, R.R., cajera agencia San Félix, R.D., cajero agencia San Félix, YOENNYS SILVA, ejecutiva de atención al cliente agencia San Félix, YURBELIS MARQUEZ, atención al cliente agencia San Félix, B.L., ejecutiva de atención al cliente San Félix, MAGDALYS ORTIZ, ejecutiva atención al cliente agencia San Félix, TORRES MIGUEL, cajero agencia El Roble, L.O., cajero agencia El Roble, R.R., cajera agencia el Roble, V.R., ejecutiva de atención al cliente agencia El Roble, HAYZEL MARTINEZ, ejecutiva de cliente agencia El roble, H.L., ejecutiva de atención al cliente agencia El Roble, A.P., ejecutiva de atención al cliente agencia S.T. IV y A.Z., cajero principal de agencia S.T.; y que el resto de los trabajadores están siendo amenazados con ser sustituidos en su lugar de trabajo.

8. - Que la conducta de la accionada, al sustituirlos en su lugar de trabajo, negarse obstinadamente a discutir y negociar pacíficamente el proyecto de convención colectiva, a lo que está obligada a tenor de los establecido en el artículo 96 de nuestra Carta Magna; proceder mediante vías de hecho a impedir la paralización de las labores que es un derecho de los trabajadores en ejercicio de la huelga, constituye una flagrante violación y una amenaza a los siguientes derechos y garantías constitucionales: a) derecho a la huelga establecido en el artículo 97 de la Constitución Nacional vigente; b) derecho a la negociación colectiva previsto en el artículo 96, ejusdem; y c) derecho a la libertad sindical contenido en el artículo 95, ibidem, constituyendo además tal conducta, una típica práctica antisindical que –según sus dichos- viola la libertad sindical en uno de sus propósitos esenciales como lo es la negociación colectiva, contenida en el artículo 244, literal b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual debe ser tutelada de conformidad con el Artículo 14 eiusdem.

9. - Que la presente acción de amparo resulta procedente ante la manifiesta insuficiencia de protección a través de las vías normales que el ordenamiento jurídico contempla frente a la violación e inminente amenaza de violación de los derechos constitucionales supra indicados, considerando que se trata de violación y amenazas de derechos humanos fundamentales. En tal sentido, solicita que se ordene a la accionada: 1.- Abstenerse de sustituirlos en sus respectivos puestos de trabajos durante el ejercicio de su derecho a huelga e igualmente, que no perturbe ni amenace la presencia de los trabajadores en las inmediaciones de los lugares de trabajo. 2. Negociar la convención colectiva con SUTRADELSUR y fije la oportunidad para que las partes negocien en presencia del funcionario del trabajo competente. Asimismo, solicitó se ordene a la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro, que en cumplimiento de los atribuciones y funciones administrativas establecidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Trabajo, impida la sustitución en sus puestos de trabajo, mediante actuaciones efectivas, alternativamente a la tutela judicial que les brinde este Tribunal y a los actos de ejecución que sean necesarios y disponga este órgano judicial actuando en sede constitucional.

III

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO EN SEDE CONSTITUCIONAL A LOS FINES DE LA CONSULTA DE LEY

Antes de entrar a resolver este asunto, debe previamente esta Alzada determinar su competencia para conocer el caso en cuestión; y a tal efecto observa:

Los Amparos Constitucionales en materia laboral, es decir, en los cuales se denuncia la violación de derechos de naturaleza laboral, deberán ser conocidos por un Tribunal del Trabajo, tal como lo prevé el artículo 7 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, el cual es del tenor siguiente:

…Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo que los sean en la materia afín, con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violadas o amenazadas de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieron los hechos, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

Por su parte, la pacifica y reiterada doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, desde la sentencia de fecha 20 de enero de 2000, caso EMERY MATA MILLAN, precisó la competencia de los diversos tribunales del país en relación a la acción de amparo constitucional, estableciendo que la misma será determinada según el tipo de derechos que se denuncien como violentados, o en el caso de ser en contra de una sentencia, por el Juzgado Superior del Tribunal Recurrido, así quedó establecido por la sala:

“…Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:

…3.-Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta…

De igual forma prevé la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 193, lo siguiente:

(..) “Son competentes para conocer de la acción de amparo laboral, sobre derechos y garantías constitucionales, los Tribunales del Trabajo previstos en esta Ley, aplicándose el procedimiento establecido al efecto.”

En el caso subexamine, se somete al conocimiento de esta Alzada, mediante la consulta de ley prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, la revisión de una decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, en virtud que transcurrió el lapso de 48 horas concedido a los quejosos para que éstos subsanaran los defectos de los cuales adolecía el escrito de amparo, y no lo hicieron, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales; en consecuencia y conforme al criterio jurisprudencial que emana del M.T. deJ. en Sala Constitucional, sentencia de fecha 17 de febrero de 2006, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, mediante el cual resolvió el conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de esta Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y declaró la competencia del Tribunal Superior con Competencia en materia laboral de esta Circunscripción Judicial para conocer de casos como el de autos, en consecuencia, este Tribunal Superior Primero del Trabajo se declara competente para conocer de la consulta de la sentencia de fecha 05 de octubre de 2004, que declaró INADMISIBLE la presente Acción de A.C.. ASÍ SE DECIDE.

Determinada la competencia, pasa esta Alzada a la revisión del fallo bajo consulta de la forma que sigue:

IV

DEL FALLO EN CONSULTA

La decisión en consulta ante este Juzgado Superior, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, fundamentándose en los siguientes hechos:

Que en fecha 27 de septiembre de 2004, se le dio entrada a la acción en cuestión, ordenándose, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, la notificación de la parte quejosa a los efectos que subsanaran su solicitud dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, en virtud de las omisiones constatadas en la misma, notificación que se hizo efectiva el día 30/09/2004 a las 11:00 a.m..

Que en fecha 04/10/2004, a las 11:00 a.m., concluyó el lapso otorgado a los accionantes para hicieren la subsanación respectiva, y los mismos no presentaron el respectivo escrito de subsanación, “…generándose como consecuencia de dicha omisión que este Tribunal deba aplicar el efecto previsto en el artículo 19 de la Ley…, es decir, declarar INADMISIBLE la acción de amparo…”.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Luego de haber analizado las actas que componen el presente expediente, este Tribunal Superior estima necesario pronunciarse con respecto al criterio seguido por el a-quo en relación a la inadmisibilidad de la presente acción de amparo, y sobre este particular observa:

El artículo 18 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, establece los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo a los efectos que ésta pueda ser admitida por los Tribunales correspondientes. A falta de algunos de esos requisitos, debe el Tribunal que conozca de este tipo de acciones, antes de proceder a su admisión, notificar al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión encontrado, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la correspondiente notificación, con la advertencia que de no hacerlo, la acción de amparo será declarada inadmisible, tal como lo dispone el artículo 19, ejusdem.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como lo dejó sentado el A-quo en el auto de fecha 27 de septiembre de 2004, se evidencia del escrito libelar que dio origen a este procedimiento, que los quejosos indicaron que un grupo de trabajadores, entre los cuales se encontraban los ciudadanos D´AMELIO VINCENZO, A.G., T.M., L.R., R.R., R.D., YOENNYS SILVA y YURBELIS MARQUEZ, entre otros, estaban siendo sustituidos en las agencias que laboran, pero no señalaron si los mismos habían sido despedidos o suspendidos por la empresa DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A., requisito indispensable para proceder a la admisión de la acción de amparo, pues con ello se ilustraría al Juzgado sobre la existencia o no de violación de algunos de los derechos constitucionales denunciados por los quejosos como infringidos por la mencionada empresa. Asimismo, solicitaron en el numeral 3º del capítulo correspondiente a su petitorio, que el Tribunal ordene a la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro, que impida sus sustituciones en sus puestos de trabajo, lo cual efectivamente genera confusión en relación a quien o quienes son los presuntos agraviantes en la presente acción de amparo.

Ello evidentemente, configura un defecto de forma del escrito de amparo, que acertadamente ordenó corregir el Tribunal A-quo en la forma prevista en el citado artículo 19, ibidem.

Sin embargo, si bien los accionantes quedaron debidamente notificados en fecha 30/09/2004 a las 11:00 a.m., para que procediera a subsanar los defectos invocados, culminado el lapso de 48 horas que le otorga la Ley, el cual ciertamente expiró el 04/10/2004 a las 11:00 a.m., no comparecieron a consignar el escrito correspondiente, lo cual trae como consecuencia la aplicación jurídica generada de tal incumplimiento, es decir, la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, tal como lo estableció el A-quo en su sentencia, de conformidad con las previsiones del aludido artículo 19 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales. ASI SE ESTABLECE.

En consideración a ello, no le queda otra alternativa a esta sentenciadora que confirmar en todas sus partes la decisión de fecha 05/10/2004, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz; y así será establecido en la parte dispositiva de este fallo. ASI SE DECIDE.

V

DISPOSITIVO

En estricto apego a lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en sede Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: