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El Amparo aún genera preguntas sobre un hecho espinoso

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Vincent

El domingo 8 de octu-bre en la noche se interrumpió la rutina en El Amparo. Por poco más de dos horas los habitantes del pueblo vieron en pantalla una historia inspirada en los hechos que trastocaron su cotidianidad hace casi 30 años.La proyección de El Amparo fue para los realizadores de la obra una muestra de agradecimiento y tributo a esa comunidad que vio a cielo abierto la historia en una pantalla móvil instalada para la ocasión.El largometraje de Rober Calzadilla, con guion de Karin Valecillos, cuenta lo que significó para el pueblo, sus habitantes y el país el asesinato de 14 pescadores en el caño La Colorada, el 29 de octubre de 1988.Centra su tensión en cómo el Ejército quiso encubrir a los funcionarios y aseguró que los fallecidos eran guerrilleros.Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias son los sobrevivientes. Hace dos semanas vieron el filme inspirado en lo que vivieron. Para el segundo de ellos fue emocionante y considera pertinente su estreno como mensaje a la juventud. Siento que les puede servir para que tengan más cautela y no les ocurran cosas así. Hay muchas personas que lavan cerebros por ahí. Yo estaba en mi casa tranquilo, me dijeron para ir a una pesca y acepté. Si alguno de los compañeros sabía algo, nunca me enteré. A veces me pregunto si alguno estaba metido en problemas, indica el hombre de 65 años de edad.En los hechos estuvo involu crado el Comando Específico José Antonio Páez, integrado por miembros de la entonces PTJ, la Disip y militares.La masacre de El Ampa ro no solo trascendió por las muertes, sino también porque tuvo repercusión en la justicia internacional.En 1996 la Corte Interame ricana de Derechos Humanos condenó a Venezuela a pagar una indemnización de 722.322 dólares a las familias de los 14 pescadores. La sentencia se emitió luego de que en 1995 el gobierno presidido por Rafael Caldera aceptara la responsabilidad del Estado.Organizaciones como Pro vea todavía hacen seguimiento al caso. La organización defensora de los derechos humanos recuerda que aunque el Estado pagó lo que debía, con retrasos que generaron intereses que paulatinamente fueron cancelados, todavía no se ha sancionado a los considerados responsables materiales e intelectuales, entre ellos Ramón Rodríguez Chacín y Henry López Sisco. También cuestiona que hayan sido tribunales militares los que hayan intervenido en el proceso. El 20 de octubre de 1998 la Sala de Casación Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia confirmó la...

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