Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 5 de Octubre de 2006

Acompañó marcadas desde la “A” hasta la “E”, letras de cambio originales pagadas a la demandante, dichos documentos tienen al reverso nota de cancelación con la firma no desconocida de la parte Actora en este juicio, por el monto de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 600.000,00) cada una, en su respectivas fechas de vencimiento, con la finalidad de demostrar que su representado ejerció el derecho de rescatar el inmueble objeto del presente juicio. Con relación a esta probanza el tribunal observa lo siguiente: Fueron acompañadas con el escrito de contestación copias simples de tales instrumentos, los cuales fueron impugnados y rechazados por el apoderado de la parte actora en este juicio; no obstante, que fueron acompañados en originales en la oportunidad de promoción de pruebas, no siendo rechazadas por la accionante, en esta oportunidad el demandado esgrimió que las mismas están suscritas por la demandante con nota de cancelación al reverso, en este sentido fueron revisadas por quien juzga y observa que efectivamente las mismas fungen como recibo de cancelación y así se les aprecia.

Acompañó marcado “F”, ejemplar del Diario El Carabobeño de fecha 18 de junio de 2004, en el cual su representado mandó a publicar una NOTIFICACIÓN de su voluntad de rescatar el inmueble de su propiedad.

El Tribunal aprecia la referida comunicación y se la tiene como hecho notorio comunicacional, en virtud de haberse conocido por un innumerable grupo de personas conforme a la sentencia de la sala constitucional de fecha 15 de marzo del año de 2000.

Asimismo, acompañó marcado “G” copia certificada emitida por el Juzgado Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego, en fecha 21 de junio de 2004, del escrito dirigido por su representado ante ese Tribunal, a fin de manifestar expresamente su voluntad de ejercer el derecho de retracto y rescatar el inmueble objeto del presente litigio, todo con la finalidad de demostrar que su representado ejerció el derecho de rescatar el inmueble, y a cuyos efectos hizo saber a la ciudadana A.B.C., su voluntad de ejercer el derecho de rescate. El Tribunal aprecia la referida probanza, con base al principio de la comunidad de la prueba, y la tiene para ser adminiculada con las restantes probanzas de autos.

Consignó marcado “H”, recibo N° 0454 emitido por la Presidente del Condominio del Edificio Los Jabillos, en fecha 18 de octubre de 2005, por la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00) por concepto de pago de condominio, con la finalidad de demostrar que su representado reside en el apartamento de su propiedad objeto de la venta con pacto de retracto. El Tribunal recibe la referida probanza mas no le acuerda ningún valor probatorio, en virtud de que consta del mismo documento público que contiene la venta, que los vendedores en pacto de retracto continuarían ocupando el inmueble con el encargo de no arrendar el inmueble hasta el mismo no fuera liberado.

Consignó marcados “I” y “J”, ejemplares del Diario el Carabobeño, cuerpo C, Página C-7, aviso clasificado N° 35 “Inversiones, Hipotecas y Préstamos”, en el cual la ciudadana A.B.C., con la finalidad de demostrar la cualidad de prestamista de la demandante. El Tribunal no le acredita valor probatorio a la referida probanza en virtud, de que el hecho de que una persona se dedique a la actividad comercial de préstamo de dinero, no indica en manera alguna que tal actividad sea ilícita, toda vez que lo ilícito lo constituyen los intereses usurarios que se cobran por los préstamos otorgados, mas ello no fue materia de controversia en la presente litis y ASÍ DECLARA.

Por un capitulo V, EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: Solicitó al Tribunal la intimación de la demandante A.B.C., ya identificada, para que exhiba las letras de cambio identificadas como 6/6 por la cantidad de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) con vencimiento 03 de enero del 2004, y la identificada como única por el valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.400.000,00) con el mismo vencimiento, a los fines de demostrar la Mala Fe de la ciudadana demandante, quien no ejerció el cobro de las dos letras de cambio restantes con la intención de quedarse con el inmueble de su mandante. La presente probanza, fue admitida mas no fue evacuada por falta de impulso procesal de la parte promovente.

Por un capitulo VI, EXPERTICIA: Solicitó el nombramiento de experto a fin de determinar el valor del inmueble objeto del presente litigio, para demostrar que la cantidad estipulada en el Contrato de Venta con Pacto de Retracto es un precio vil, una cantidad irrisoria para este apartamento, pudiendo de esta forma demostrar que el contrato de venta con pacto de retracto constituye una garantía del préstamo de dinero que realizó la demandante A.B.C.. La presente probanza no fue evacuada por falta de impulso procesal de su promovente.

IV

DEL FRAUDE PROCESAL DENUNCIADO

El Apoderado Judicial de la parte demandada, interpuso escrito de FRAUDE PROCESAL, cuyo tenor es el siguiente:

En fecha 02 de febrero de 2006, el abogado F.E.E.P., actuando en su carácter de apoderado de A.A.T.G., procedió a denunciar formalmente Fraude Procesal y colusión en la presente causa, hechos que aduce ocurrieron en el proceso. Alega la venta con pacto de retracto que suscribió con la parte Actora en esta causa ciudadana A.B.C.T., que esta ciudadana sin ser parte en la causa, se hizo asistir por el Abogado R.R. por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y solicitaron se declarara la Perención de la Instancia en el expediente número 17.123, pedimento que fue escuchado en el sentido de que el mencionado Tribunal decretó la perención solicitada en fecha 12 de diciembre de 2005. **Agrega que, una vez que la demandante tuvo conocimiento de la anterior decisión, en fecha 09-01-2006, solicitó la ejecutoria, y con ello que se suspendiera la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesa sobre el inmueble señalándole al Tribunal que el inmueble era de su propiedad conforme al documento autenticado que corría a los autos, juro la urgencia del caso y solicitó se le nombrara correo especial para trasladar el oficio, dichos pedimentos fueron acordados por el Tribunal quien suspendió la medida oficiando lo conducente a la Oficina de Registro.

Continúa afirmando que el fraude procesal denunciado en este proceso se consuma entre otras circunstancias y requisitos que posteriormente señalará con más precisión, ya que las maquinaciones y artificios usados en el curso de este proceso, o por medio de éste, destinados mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de su representado como uno de los sujetos procesales, a fin de impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio y en perjuicio del ciudadano A.A.T.G.. Es entonces al momento de su perfeccionamiento, es decir, a través de la protocolización del documento fraudulento de venta con pacto de retracto que la ciudadana A.B.C.T., registra ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio V.d.E.C., en fecha 23 de Enero del año 2006, anotado bajo el N° 01, Folio del 1 al 5, Protocolo 1°, Tomo 12, y que en el contenido de dicho documento, específicamente en la hoja que se reserva para hacer las anotaciones correspondientes a las ventas, cesiones, medidas cautelares e hipotecas, se observa la nota en la cual se especifica la venta pura y simple que la ciudadana A.B.C.T., hace a favor de su abogado de confianza R.R.D., en fecha 23-01-2006, se autoriza la inserción anticipada y queda registrado en esta oficina baje el N° 2, folio 1 al 2, Protocolo 1°, Tomo 12. Vulnerando flagrantemente la normativa vigente que regula la cesión de derechos litigiosos de unas de las partes hacia su apoderado el cual se conoce como cuota-litis, dejando en forma clara y precisa las maquinaciones dolosas de dos o más sujetos procesales, caso en que surgen la Colusión; como ocurre en la presente demanda intentada en jurisdicción voluntaria tal como es la acción meramente declarativa, cuando en realidad lo que se persigue con esta acción es la utilización del proceso como instrumento ajena a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas para lograr un efecto determinado o perjudicar concretamente a mi representado dentro del proceso, impidiéndole con esto se administre justicia correctamente.

Dice que, a los fines de que surjan los efectos legales correspondientes, reproduzco a todo evento, en su contenido y alcance el documento de venta con pacto de retracto y su debida nota de venta pura y simple....

FUNDAMENTOS LEGALES. Tres normas del Código de Procedimiento Civil, principalmente contiene lo referido a Fraude Procesal, éstas a su vez fueron creadas para impedir que dicho fraude se cometa. A los efectos citó y transcribió los Artículos 17 (Principio de Moralidad y probidad en el proceso), 11 (Principio de nemo iudex sino actore) y 12 (Principio Dispositivo y de verdad procesal), todos del Código de Procedimiento Civil. DE LA INTERPRETACIÓN PARA SU APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS. La Sala Constitucional en su fallo del 09 de Marzo de 2000 (Caso: J.A.Z.Q.), maneja fundamentalmente dos conceptos: 1°) El levantamiento del velo judicial y 2°) el fraude procesal. El primero busca escudriñar en la interioridad del proceso para así encontrar la verdad material. En el segundo, el elemento doloso es esencial. En el caso la declaratoria de fraude procesal sirvió de fundamento para declarar nulo el proceso simulado. La doctrina señala que la noción de fraude procesal el cual se refiere el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil no está definida y que junto con la colusión son dos figuras o conciertos dolosos para perjudicar a una de las partes o a un tercero. La figura del Juez aparecería como cómplice si se le puede comprobar que tuvo conocimiento de los hechos fraudulentos y no ejerció la facultad prevista en el Artículo 11 ibidem. La actuación de las partes que incurran en fraude tiene que ser dolosa, la del Juez basta que sea culposa pues éste tiene el deber de actuar para resguardar el orden público y las buenas costumbres (Vid Escobar León Ramón. Estudios sobre la Casación Civil. Colección Estudios Jurídicos. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas. Venezuela 2000. pags 331 y subsiguientes). Jurisprudencia del 2003, Tomo 6, P.T..

DE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO Y DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DENUNCIA. En la actual denuncia incoada, debo señalar lo siguiente: A los fines de que se demuestre efectivamente la conducta dolosa y la mala fe, conductas ésta que atentan contra las buenas costumbres y el orden público, y de esta manera tener éxito en la denuncia que por fraude procesal intento y quiera demostrar los presuntos actos ilícitos practicados con la mala fe por la ciudadana A.B.C.T., tendientes a impedir el ejercicio de los derechos que tiene mi representado sobre el bien inmueble tipo apartamento objeto del contrato de venta con pacto de retracto, señalado específicamente en esta causa con N° de expediente 51107, perteneciente a este d.T.. El análisis cronológicos de los hechos aquí señalados, no conlleva a lo siguiente: Siendo como fue un juicio por intimación, el que se llevó en mi contra ante el Tribunal Tercero de primera Instancia de esta Circunscripción Judicial resulta doloso que la ciudadana A.B.C.T. y sus abogado de confianza R.R.D., fueron extremadamente diligentes a los fines de que el Tribunal Tercero de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, suspendiera la medida de enajenar y gravar sobre el inmueble tipo apartamento distinguido con el N° 4-B, situado en el cuarto piso, torre este del edificio Los Jabillos del Parque Residencial La Arboleda, Urbanización Parque Valencia, Parroquia R.U., Municipio V.d.E.C.. El descrito inmueble pertenece a mi representado según se evidencia de documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público Inmobiliario Segundo Circuito, en fecha 12 de noviembre de 1998, anotado bajo el N° 30, Protocolo Primero, Tomo 15, folios del 1 al 3. A mi parecer, la conducta dolosa se manifiesta en esta intervención por parte de la ciudadana A.B.C.T., en la causa llevada por ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia, ya que ella no fue parte principal en el juicio que por intimación demandare el ciudadano W.L.. De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que efectivamente su interés fue que el Tribunal Tercero de Primera Instancia suspendiere la medida de enajenar y gravar que pesaba sobre el apartamento para que ella conjuntamente con su abogado R.R.D., acudieran al Registro Inmobiliario respectivo, a objeto de registrar como en efecto lo hicieron el día 23 de Enero de 2006, dos (2) documentos pertenecientes al mismo inmueble; el documento de pacto con retracto estando este documento incurso en una acción meramente declarativa incoada por A.B.C.T. y no sentenciada a la fecha actual. Igualmente registraron en la misma fecha la venta pura y simple de la ciudadana A.B.C.T. hiciera a su abogado de confianza R.R.D., violentando así las normas que regulan la cesión de derechos litigiosos en juicio, además de lo estipulado como honorarios profesionales los cuales no pueden superar en valor económico, el treinta por ciento (30%) de lo recuperado en juicio, ya que la venta pura y simple a favor del abogado R.R.D. fue por un monto de VEINTICINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 25.000.000,00), monto éste que demuestra el delito económico de usura consagrado en el artículo 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (de los delitos).... Solicitó medidas Preventivas muy particularmente la de prohibición de enajenar y gravar que le fue acordada por este Tribunal. DEL PETITORIO. De conformidad con los artículos 11, 12 y 17 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 126 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, solicito se declare el fraude procesal configurado y plenamente demostrado en la presente acción meramente declarativa y como efecto de dicho fraude procesal se declare la nulidad del documento de venta con pacto de retracto fundamental en esta acción meramente declarativa, intentada por la ciudadana A.B.C.T..

DOCUMENTO QUE SE ANEXAN CON LA PRESENTE DENUNCIA.

1. ) Copia certificada del documento de venta con pacto de retracto a favor de A.B.C.T., en cuyos folios y en la hoja correspondiente a las notas de venta se evidencia la venta pura y simple realizada a favor del Abogado R.R.D., en fecha 23-01-06. 2°) Copia simple del documento de venta pura y simple a favor del Abogado R.R.D., el cual quedó registrado bajo el N° 2, Protocolo Primero, folios 1 al 2, Tomo 12 3°) Copia fotostática de una tarjeta de presentación de la ciudadana A.B.C.T., que le entregó a mi representado al momento de suscribir el documento de venta con pacto de retracto y donde se identifica su condición de “Prestamista”. 4°) Copia simple del expediente N° 17123 que corresponde al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, donde se incluye el Oficio N° 055 el cual se hace mención en el contenido de esta denuncia.

   Ante la denuncia efectuada, el Tribunal por auto de fecha 03 de febrero de 2006, dada la gravedad de la denuncia lo cual atañe al orden público procesal, y los fines de determinar la conducta dolosa, ordenó la apertura de la incidencia prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Decretó la medida solicitada

   Pruebas en la incidencia aperturada con motivo de la denuncia de fraude procesal:

1. ) Reprodujeron a todo evento el contenido y alcance de lo alegado en el escrito de la Denuncia que por fraude procesal formularon por ante este Juzgado en fecha 02 de febrero de 2006. El Tribunal tendrá en cuenta en la motiva que se dicte el contenido de tales alegatos por cuanto es su obligación ceñirse a lo estatuido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, pero advierte a las partes que los escritos de demandas y/o de denuncias como en este caso, no constituyen en si mismos medios probatorios, toda vez que ellos son contentivos de las afirmaciones de hecho que deben probarse en el iter procesal.

2. ) Reprodujeron a todo evento y solicitaron el mérito favorable de las pruebas que acompañaron con el escrito de interposición de la denuncia de Fraude Procesal, pruebas que constan de documentos Públicos que en copia certificada acompañaron. Incurre en error el denunciante del fraude quien en lugar de ratificar las pruebas aportadas, las reproduce e invoca el mérito favorable que arrojen siendo impropia la manera de ofrecer el medio; no obstante, dado que pudiera entenderse como un formalismo, este Tribunal recibe los medios ofrecidos en virtud del principio de adquisición probatoria que informa todo el sistema probatorio venezolano. Y por tratarse de documentos públicos, se valoran conforme a lo establecido en el artículo 1.360 del Código Civil.

3. ) A los fines de que se compruebe la condición de prestamista Consuetudinario y de Oficio de la ciudadana A.B.C.T., promovieron que se le tome el debido juramento y se le declare en relación a la existencia del Préstamo de dinero con intereses elevados que le hicieron al ciudadano A.T., con la ciudadana A.B.C.T.. El Tribunal estima la improcedencia de lo señalado, en virtud de que no está definido la naturaleza del medio probatorio ofrecido, ya que no se trata de una prueba de testigos ni tampoco de posesiones juradas. ASÍ SE DECLARA.

   Promovieron las testimoniales de los ciudadanos W.E.M.V., IRSI HURTAO y P.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-5.043.174, V-10.227.515 y V-16.152.392, respectivamente, todos de este domicilio, los cuales concurrieron en la oportunidad que les fue fijada a rendir su testimonio. Con relación a los referidos testigos se dejan constancia de fueron tachados por los denunciados en la comisión del fraude, aduciendo como causa de la tacha su calificación personal desde luego subjetiva de que la prueba es impertinente, calificación solo que corresponde hacerla el juzgador; no obstante por imperativo de ley, los testigos tachados rindieron su testimonio, todo en conformidad con el artículo 499 del Código Adjetivo. Por cuanto no se comprueba la tacha propuesta, la misma se estima improcedente, y ASI SE DECLARA.

   Seguidamente se procede al análisis de los testimonios rendidos; Con relación al testimonio rendido por un ciudadano quien al ser juramentado e identificado dijo llamarse W.E.M.V. titular de la cédula de identidad número V-7.141.457 se observa y así se deja constancia, que fue suficientemente repreguntado y no fue contradicho, a pesar de las preguntas formuladas por la contraparte tendientes a conducirlo a la calificación de sus dichos; en este orden de ideas dejó constancia; *que conoce suficientemente de vista trato y comunicación al ciudadano A.A.T.; * que es propietario de un negocio de venta de comida; * que observó varias veces la presencia de la ciudadana A.B.C.T. en el negocio propiedad del demandado de autos; * que la relación que mantuvo A.B.C.T. con el ciudadano A.A.T. fue por un préstamo de dinero; *afirmó una vez mas que existió entre ambos un préstamo de dinero; * que los hechos le constan porque tiene varios años conociéndolos, porque frecuenta el negocio, y porque lo vio en la Notaría Pública Segunda firmando un documento por un préstamo y dando como garantía el inmueble. Respecto al testimonio rendido por la ciudadana que juramentada dijo llamarse YRSI M.H.R., titular de la cédula de identidad número V-10.227.515, comerciante y transcriptora de datos, analizados sus dichos el Tribunal no los valora en virtud de que la testigo dio opinión respecto a los hechos que les fueron repreguntados quedando los mismos invalidados y así se declara. Con relación al testimonio rendido por un ciudadano el cual juramentado dijo llamarse P.A.R.G., titular de la cédula de identidad número V-7.141.457, el Tribunal observa que los dichos de este testigo quedaron firmes , que no fue repreguntado suficientemente por la parte contraria, se observa que se le formuló al testigo una única repregunta, y no aparece que haya dado respuesta; tampoco las partes nada observaron al respecto, muy particularmente la contraria, como contralor de las pruebas de su adversario; de manera que, todos los dichos de éste testigos se estiman firmes, y desde luego son apreciados por esta juzgadora. En este orden de ideas, el testigo afirmó *que conoce suficientemente de vista trato y comunicación al ciudadano A.A.T. * que el mencionado ciudadano tiene un negocio de venta de comida, Un restaurante *que siempre veía a la ciudadana A.B.C.T. en el negocio propiedad del ciudadano A.A.T.. * que observaba que la señora le había prestado un dinero, y luego iba y le cobraba.* que afirma que entre ambas personas existía un préstamo * que le constan los hechos por cuanto para ese tiempo ayuda al señor Alexis y escuchaba las conversaciones.

   V

   MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

   En la emblemática Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proferida el 04 de agosto de 2000, se estableció que “… Cuando el fraude ocurre dentro de un solo proceso, puede detectarse y hasta probarse en él, ya que allí pueden estar todos los elementos que lo demuestren…”. Posteriormente a esta decisión las distintas salas del m.T. han venido ratificando reiterado y pacífico criterio conforme al cual en los casos en que se denuncian actuaciones de dudosa probidad producidas en juicios en los cuales no exista decisión con autoridad de cosa juzgada, corresponde al juez de la causa, en el ejercicio de la función jurisdiccional y en resguardo del orden público constitucional, pronunciarse y resolver con respecto a la existencia del fraude procesal. Este orden procederemos a resolver sobre la denuncia de fraude en primer lugar y como punto previo a la controversia de mérito.

   Denunció la parte demandada Fraude Procesal en el presente proceso cometido por la parte actora en este juicio cuando procedió, una vez que obtuvo el levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesaba sobre el inmueble, a venderlo al propio abogado que la representa en este juicio; levantamiento de de la cautelar que realiza valiéndose de medios no idóneos, toda vez que no siendo parte en un juicio que por cobro de bolívares se llevaba por ante un Tribunal distinto se presentó como tercero solicitando la perención de la instancia en la causa, y luego que la misma fue decretada solicitó inmediatamente la suspensión del decreto cautelar: A los fines de demostrar los extremos de la denuncia acompañó copia certificada de la venta registrada, así como también copia de las actuaciones realizadas por ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de ésta circunscripción judicial. Se procedió a la revisión del referido instrumento público, y encontramos que la fecha del otorgamiento de la venta denunciada es el 23 de enero del año 2006, que la fecha de la introducción de la demanda fue el 21 de febrero del año 2005, que el objeto de la pretensión en esta causa la formula la ciudadana A.B.C. definiéndola como una Acción Merodeclarativa a través de la cual persigue ser reconocida como única propietaria del inmueble, y que dicho reconociendo provenga del ciudadano A.A.T.G. quien le vendió bajo la figura jurídica de Pacto de Retracto; lo señalado indica que la venta se produce realmente en el curso del proceso y sin justificación legal que lo sustente, por cuanto si la ciudadana Accionante, instó a la tutela Judicial con fines y propósitos transparentes con un juicio tan bien llevado como el presente hasta el momento de la denuncia, no tenía porque recurrir a tales artimañas, como la de deshacerse del bien mucho antes de que el Tribunal declarara en definitiva sobre la procedencia o nó de la pretensión incoada; y no es cierto como arguye la representación de la actora en el sentido de que liberado el Bien inmueble de la medida cautelar tenía la ciudadana demandante libertad de venderlo a quien estimara conveniente, toda vez que los principios probidad y lealtad dentro del proceso lo obligaban a esperar las resultas de la tutela solicitada, y no utilizar el proceso con fines distintos a su propia naturaleza. No existe duda, que en la presente causa se sorprende la buena fe de uno de los litigantes, que dicha actuación es dolosa, que se ha tratado de impedir la eficaz administración de justicia, y de paso se le utiliza con fines propios no transparentes; se coloca la propia actora en el tapete del reconocimiento de que realmente eludió al vendedor con pacto de retracto para no recibirle el pago, de las dos últimas letras de cambio que saldaban en definitiva la deuda; igualmente su conducta permite inferir adminiculado con la prueba de testigos que fueron emitidas letras de cambio como recibos pero con el insano propósito de mantener una doble garantía mercantil con documentos cambiarios que bien pudieron ser utilizados en forma autónoma en contra del vendedor; infiere también tal conducta que el vendedor pagó una parte del precio del rescate quedando como ya se expuso, pendiente por pagar las dos letras últimas, y tal conducta, es dolosa, es fraudulenta, y ASI SE DECLARA.

   Ahora bien, si ya nos referimos a la conducta fraudulenta de la parte Accionante, también debemos referirnos a la también no menos dolosa conducta de la parte accionada, con ocasión al juicio inventado, de la cambial por la que se hizo demandar a los fines de asegurar el bien inmueble, cuyos propósitos también resultan innobles, toda vez que si realmente tenía el dinero a disposición de la compradora del inmueble que le permitiría el rescate, ante la conducta evasiva de esta de recibir el pago, tenía de manera expedita recursos que le otorgaba la ley a los fines de hacer valer sus derechos como retrayente, muy concretamente pudo haber hecho una uso de una Oferta Real, mas no lo hizo muy por el contrario, también recurrió a utilizar a los Tribunales de justicia con fines inconfesables. No debe pasar por alto quien decide, que tales conducta son de los Abogados asistentes y/o representantes en cada caso por cuanto sus patrocinados no conocen de derecho, sino que mas bien confían y creen ciegamente en lo que hacen sus mandatarios, por manera que, de ellos es la responsabilidad y no de sus patrocinados. En este último supuesto de fraude, que fue a su vez esgrimido como defensa por la representación de la compradora Accionante, se fingió por el vendedor demandado un juicio en otro Tribunal con el fin de crear un proceso dirigido a obtener una medida cautelar en detrimento de un tercero, que es quien lo demanda en este juicio.

   Ahora bien, ¿Por que Hablar de una Acción Merodeclarativa? si la Accionante, realmente no necesitó que se le declarara el derecho para disponer del Bien Inmueble en litigio.

   De la mano con la sentencia emblemática ya referida, nos permitimos transcribir el siguiente párrafo: “Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las formas procesales que ella crea, como artificio, dando una apariencia de legalidad a las maquinaciones; pero además, tales artificios son formas de simular lo que se esconde, de allí, que autores como W.Z. ( El Dolo Procesal. EJEA. Buenos Aires 1979), lo denominen “simulación procesal”; el ilustre profesor de la universidad de Strasburg, Heidelberg, Basilea y Zurich ANREAS VON TUHR (Derecho Civil Vol.III) nos enseña que: ”según la terminología del derecho común, las partes operan in fraudem legis, cuando intentan evitar la ley o una prohibición legal…persiguiendo el efecto prohibido mediante instrumentos jurídicos que no entran en la letra de la ley, o valiéndose de instrumentos permitidos en la ley para evitar las consecuencias previstas en ella misma…” En el caso de marras, no le cabe la menor duda a esta Sentenciadora que nos encontramos frente a un fraude a la ley. En las pruebas que aportaron en la articulación probatoria ambas partes desnudaron con las pruebas sus mutuas acusaciones, sus conductas dolosas al recurrir a la ley y la justicia, para darle apariencia de legalidad a sus reales intenciones contra legis, por manera que se concluye en que las partes han utilizado con fines fraudulentos el presente proceso, el cual al estar infectado de tales ilicitudes debe por imperio de la ley declarase nulo, y ASÍ SE DECIDE.

   En la decisión anterior resalta la obviedad de la inutilidad de referirse a otros supuestos dentro de esta causa, advirtiendo que cualquier derecho que estimen las partes tengan con relación a la Venta que con Pacto de Retracto se dieron deben ventilarlo por un procedimiento ordinario libre de actos que trasgredan la majestad del proceso y de la justicia, y ASÍ SE DECIDE.

   Conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, quedan apercibidos los abogados actuantes en este proceso de su conducta maliciosa, y se les advierte que de repetirse la falta serán objeto de las sanciones previstas en la Ley, y ASI SE DECIDE.

   Sustentándose en la Doctrina transcrita y por mandato de la Constitución esta Sentenciadora, actuando en plena convicción de sus facultades, con base a las pruebas y los hechos alegados, declara la existencia de un Fraude a la Ley en la presente causa; y por cuanto su existencia de una vez califica la pretensión como contraria al orden Público, concluye que el Proceso donde se ventila la Pretensión incoada por la ciudadana A.B.C., contra el ciudadano A.A.T.G., es NULO, y ASÍ SE DECIDE.

   V

   DISPOSITIVO DEL FALLO

   En fuerza de los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara FRAUDE A LA LEY en la pretensión incoada; en consecuencia, se declara NULIDAD del proceso contentivo de ACCION MERO DECLARATIVA, intentada por la ciudadana A.B.C., contra el ciudadano A.A.T.G., ambos plenamente identificados en autos, por ser contraria a la Ley, y ASÍ SE DECIDE.

   No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo.

   Notifíquese a las partes de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

   Publíquese y déjese copia.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil seis (2.006). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

   LA JUEZ TITULAR,

   ABOG. R.M.V.

   LA SECRETARIA,

   ABOG. LEDYS A.H.

   En la misma fecha se Publicó la anterior Decisión, siendo las 11:55 de la tarde.

   LA SECRETARIA,

   ABOG. LEDYS A.H.

   Expediente Nro. 51.107

   RMV/Labr.