Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 30 de Septiembre de 2010

EL DELITO.

Corresponde a continuación determinar si en el presente caso fue cometido el delito imputado por el Ministerio Público en su acusación, es decir, el delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE (EN CANTIDADES MENORES), previsto y sancionado en el aparte tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Esta norma está regulada en la siguiente forma:

Artículo 31. El que ilícitamente trafique, distribuya, oculte o transporte por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicos, será penado con prisión de ocho a diez años.

Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicos, será penado con prisión de quince a veinte años.

Si la cantidad de drogas no excede de mil gramos de marihuana, cien gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, veinte gramos de derivados de la amapola o doscientos gramos de drogas sintéticas, la pena será de seis a ocho años de prisión.

Si fuere un distribuidor de una cantidad menor a las previstas o de aquellos que transportan estas sustancias dentro de su cuerpo, la pena será de cuatro a seis años de prisión.

Estos delitos no gozarán de beneficios procesales

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Con el objeto de determinar si en efecto, en el presente caso quedó acreditado que se cometió este delito, observa el Tribunal que el Ministerio Público ofreció como prueba la Experticia de Comprobación Química Nº 9700-057-151 suscrita por la experta EVIMAR KARLYN O.G., adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare.

Esta experticia fue incorporada al Juicio Oral y Público mediante la declaración de la experta suscribiente, quien bajo juramento explicó la forma como se llevó a cabo el peritaje, los métodos empleados, reactivos y equipos, así como también relató el resultado a que arribó, según el cual las muestras suministradas resultaron ser CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN UNA CANTIDAD NETA DE DOCE GRAMOS CON QUINIENTOS MILIGRAMOS. Así mismo, la experta contestó satisfactoriamente todas las preguntas y repreguntas que le fueron formuladas por las partes, razón por la cual al tratarse de una prueba lícita, legal, pertinente y necesaria, legalmente incorporada al debate y eficaz para generar convicción en el ánimo del juzgador, en consecuencia es una prueba apta para considerar como comprobada la naturaleza de la sustancia incautada. Así se declara.

Como puede apreciarse, el hecho que dio origen al presente proceso ocurrió bajo la vigencia de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Corresponde entonces determinar si bajo el imperio de esta ley resulta ilícita o no, cualquier actividad relacionada con la sustancia antes mencionada. A tal efecto, es de observar, en primer lugar, que la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes dispone lo siguiente:

Artículo 1. Ámbito de la Ley. Esta Ley contiene las disposiciones que deben aplicarse en materia de comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, importación, exportación, prescripción, posesión, suministro, almacenamiento, transporte, corretaje y toda forma de distribución, control, fiscalización y uso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas , así como el tráfico y el cultivo a que se refiere esta Ley ; sus derivados, sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas, tales como cannabis sativa, cocaína y sus derivados, los inhalables y demás sustancias contenidas en las listas de los convenios internacionales suscritos por la República, así como el control de materias primas, insumos, productos químicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza, cuya utilización pudiera desviarse a la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ; el consumo de estas sustancias , su prevención, procedimientos y medidas de seguridad social; la prevención, control, investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada, comunes, militares y contra la administración de justicia, que tipifica esta Ley y sus penas; la imprescriptibilidad; el procedimiento; la confiscación; el procedimiento de la destrucción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ; la prevención integral social; la prevención, control y fiscalización de químicos y el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas; el órgano desconcentrado en la materia; el C.N.E., los partidos políticos y grupos de electores, sin que ello obste para que se observen las que sobre la misma materia establecen las leyes aprobatorias de la "Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ", de fecha 16 de diciembre de 1968; del "Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas ", de fecha 20 de enero de 1972; del Protocolo de Modificación a la Convención Única de 1961, de fecha 20 de junio de 1985; de la "Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas ", de fecha 19 de diciembre de 1988, ratificada por Venezuela, y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, en fecha 21 de junio de 1991, así como la Ley Orgánica de Aduanas, en las leyes especiales respectivas y, en los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República sobre la materia.

Artículo 3. Actividades Lícitas. El comercio, expendio, industrialización, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, importación, exportación, prescripción, posesión, suministro, almacenamiento, distribución, la existencia y uso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas a que ese refiere esta Ley, sus derivados, sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas, quedan limitados estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento médico, la producción legal de medicamentos o investigaciones científicas y sólo las personas legalmente autorizadas, de acuerdo con el cumplimiento de las normas, condiciones y especificaciones de las autoridades competentes, podrán intervenir en todo lo relacionado con ellas. Se declara ilícito cualquier otro destino que se les dé a dicha sustancias. (Subrayados y destacados de este Tribunal).

De la norma transcritas se infiere con toda claridad que en relación con el CLORHIDRATO DE COCAÍNA (independientemente del grado de pureza), su manipulación está limitada por disposición expresa de la ley a las cantidades necesarias para tratamiento médico, la producción legal de medicamentos o investigaciones científicas, actividades que sólo podrán ser desarrolladas por las personas legalmente autorizadas, de acuerdo con el cumplimiento de las normas, condiciones, supervisión y especificaciones de las autoridades competentes (Ministerio del ramo), siendo ilícito cualquier otro destino que se les dé a dichas sustancias.

En otro orden de ideas, en el caso que nos ocupa, ciertamente no resultó acreditado que la cantidad de clorhidrato de cocaína recabada en el procedimiento a que se ha venido haciendo referencia, estuviera predeterminada para un tratamiento médico o para la producción legal de medicamentos o investigaciones científicas por parte de personas legalmente autorizadas, con apego a las normas administrativas y la supervisión correspondiente, razón por la cual es razonable arribar a la conclusión de que tal sustancia tenía un indudable destino o uso ilícito, y, por tanto, corresponde considerar su adecuación típica, como en efecto se hará a continuación.

Con este propósito, observa el Tribunal que el Ministerio Público propuso la calificación de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE (EN CANTIDADES MENORES), previsto y sancionado en el aparte tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

En el texto “La Convención de Viena y el Narcotráfico” de E.S. y R.D.O., Editorial T.S. A, Bogotá, Colombia, 1991, pág. 27 y sigs. se define la figura en los siguientes términos: g) Distribución. Si distribuir es “dividir una cosa entre varios, designando lo que a cada uno corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho”, en el significado que le da nuestro diccionario mayor, es evidente que en relación con la materia que nos interesa, la distribución es la acción realizada por una persona o grupo de personas con el fin de hacer llegar al narcodependiente o al consumidor en general la cantidad de droga que necesita para su consumo; dentro del concepto de distribución debe comprenderse necesariamente la acción que se desenvuelve entre mayoristas, lo mismo que la del menudeo –que fue la que con anterioridad se describió-, pero es obvio comprender la otra acepción, porque la acción de distribución se lleva a cabo por los grandes carteles de la droga en extensas zonas y en cantidades suficientes para garantizar el pleno consumo por inmensas masas de población. Realizada la distribución al por mayor, se contrata todo un ejercito de distribuidores minoristas, generalmente entre los mismos adictos, que lo hacen para garantizarse los fondos para sostener su adicción, quienes son los que finalmente entregan al consumidor la dosis necesaria…”.

En síntesis distribuir sustancias estupefacientes, sea al menudeo o al mayoreo, consiste en la acción de hacer llegar al destinatario, sea éste el consumidor o narcodependiente en el primer caso, o a los estratos menores de distribución, la cantidad de droga que requieren para sus respectivos fines.

Desde este punto de vista, debe a continuación examinarse a través de las pruebas practicadas en el juicio oral y público si en efecto en este caso quedó demostrada la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES (EN CANTIDADES MENORES), de acuerdo a la calificación propuesta por el Ministerio Público.

En tal sentido, las pruebas ofrecidas por el titular de la acción penal son básicamente, la Experticia de Comprobación Química Nº 9700-057-151 suscrita por la experta EVIMAR KARLYN O.G., adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, que demostró en el Juicio Oral y Público que las muestras suministradas resultaron ser CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN UNA CANTIDAD NETA DE DOCE GRAMOS CON QUINIENTOS MILIGRAMOS; así como también las declaraciones de los aprehensores E.B. y R.L., ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quienes en su conjunto bajo juramento rindieron sendas declaraciones en el Juicio Oral y Público, debidamente sometidas al contradictorio, y que en su conjunto fueron contestes para evidenciar que los hechos ocurrieron el día 04 de Junio de 2009; que el procedimiento fue llevado a cabo por los dos funcionarios: R.L. y E.B.; que durante el mismo aprehendieron a un ciudadano a quien identificaron como C.E.R.Á., titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.865.827; que uno de ellos, E.B., sometió a inspección personal a este ciudadano sin presencia de testigos a pesar de la cantidad de personas que había en la calle, ya que según ellos las personas se rehúsan a colaborar en estos procedimientos; que la sustancia presuntamente incautada era un polvo de color blanco distribuida en varios envoltorios.

Luego, la cantidad incautada, que es un total neto de DOCE GRAMOS CON QUINIENTOS MILIGRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA, que según el texto de la experticia, adminiculada al testimonio de los aprehensores antes nombrados, se encontraba distribuida en forma granular de color blanco en DIEZ ENVOLTORIOS PEQUEÑOS ELABORADOS EN MATERIAL SINTÈTICO DE COLOR AMARILLO DE ASPECTO TRANSPARENTE, CERRADOS EN SUS EXTREMOS A MANERA DE NUDO CON EL MISMO MATERIAL, debido precisamente a esta distribución en porciones apropiadas para el consumo individual, permite considerar a quien decide, que en efecto estaba destinada para su venta al menudeo a adictos o consumidores en general, por lo que la adecuación típica correcta es la propuesta por el Ministerio Público, es decir, DISTRIBUCIÓN ILÍCITA (EN CANTIDADES MENORES) DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE, prevista y sancionada en el aparte tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Así se declara.

LA CULPABILIDAD

El Ministerio Público en el escrito de acusación atribuyó el delito cometido al ciudadano C.E.R.Á., quien presuntamente fue aprehendido en flagrancia.

Para demostrar este hecho ofreció como prueba los testimonios de los dos aprehensores, funcionarios E.B. y R.L., ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quienes como se dijo, bajo juramento rindieron sus respectivas declaraciones en el Juicio Oral y Público, debidamente sometidas al contradictorio, y coincidieron en aseverar que habían recibido llamada telefónica anónima en la sede del Cuerpo Policial, donde les informaban que el ciudadano acusado se encontraba vendiendo droga en el Barrio S.d.J., razón por la cual se fueron hasta el lugar y lo hallaron caminando por el lugar; que al verles emprendió la huida siendo alcanzado y sometido a inspección personal; y que como consecuencia de esta inspección le fue hallada dentro de su vestuario la cantidad de estupefaciente descrita en la experticia; así mismo manifestaron los funcionarios que a pesar de haber efectuado el procedimiento durante el día, habiendo en el lugar multiplicidad de personas, no llamaron a ninguna como testigo “porque las personas usualmente no quieren colaborar con este tipo de procedimientos”; que no ingresaron a la casa de habitación del aprehendido y que fue E.B. quien practicó la inspección personal.

Por otra parte, la Defensa Técnica ofreció el testimonio de la ciudadana Y.M.M., quien bajo juramento, declaró en el Juicio Oral y Público que era la vecina del ciudadano C.E.R.Á.; que ese día el acusado estaba limpiando el terreno anexo a su casa con una guadaña; que ella le acababa de ofrecer almuerzo; que en ese momento llegaron funcionarios de “ptj” hasta donde él estaba y se lo llevaron para el interior de la casa de él; que la puerta de la casa permaneció abierta; que hablaron unos minutos con él y después salieron llevándolo detenido esposado; que ella preguntó porqué se lo llevaban y le respondieron que “por problemas”; que en ningún momento vio que le encontraron algún objeto o sustancia. Al ser interrogada por la Defensa Técnica respondió: Que en ningún momento le encontraron algún objeto en su poder; que a ella no la llamaron de testigo para que observara algún procedimiento; que tampoco llamaron de testigo a ninguna persona del lugar. Al ser interrogada por el Ministerio Público respondió: que observó todo porque vivía en la casa que está detrás de la de él; que estaba sentada viendo todo; que eran dos funcionarios; que llegaron en un vehículo marrón; que no le encontraron nada al acusado, excepto la guadaña con la cual estaba trabajando; que el acusado vivía solo. Al ser interrogada por el Tribunal respondió: que tenía posibilidades de ver lo que ocurrió dentro de la casa del acusado porque no cerraron la puerta y porque la casa es pequeña, que ella estaba sentada desde un lugar que le permitía ver prácticamente todo el interior del inmueble.

Como puede apreciarse, la testigo Y.M.M. aporta una versión de los hechos completamente diferente a la suministrada por los funcionarios, en varios aspectos, a saber: en primer lugar, en cuanto a que al acusado lo detuvieron dentro del inmueble o casa de habitación y no en la calle, como aseveran ellos; en cuanto a que los funcionarios no llamaron a ninguna persona para que presenciara la inspección personal del acusado, a diferencia de lo que ellos afirman, de que nadie quiso colaborar como testigo; y en cuanto a que no le hallaron nada en su poder, mientras que ellos afirman haberle encontrado la cantidad de sustancia estupefaciente descrita en la experticia.

Estas diferencias sobre los aspectos esenciales mencionados arrojan un manto de duda acerca de los hechos relatados por los funcionarios, ya que si bien es cierto, el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal no exige específicamente la presencia de testigos como garantía de la integridad del procedimiento de inspección de personas, las características del presente caso aconsejaban la necesidad de requerir la intervención testimonial de personas ajenas al mismo que dieran fe de la transparencia del acto. En efecto, los funcionarios declararon haber recibido llamada anónima mediante la cual se denunciaba a un ciudadano como presunto expendedor de drogas. Con base en esta presunta llamada –no confirmada por ningún registro documental o testifical de quien la recibió-, emprendieron una pesquisa que les condujo a una aprehensión “en flagrancia”, lo que en sí mismo es un contrasentido, ya que por su propia iniciativa, sin conocimiento ni mucho menos instrucciones del Ministerio Público, dieron inicio a una investigación que luego se transformó en flagrancia, la que a su vez fue contradicha por una testigo presencial que relató un contexto fáctico completamente diferente al relatado por los funcionarios, relato que incluye la intrusión en un inmueble sin previa autorización judicial ni mucho menos testigos que dieran fe de la integridad del acto, lugar de donde se llevaron detenido a un ciudadano por haberle encontrado en su poder presuntamente una cantidad de sustancia estupefaciente. De tal suerte que lo único que incrimina al acusado C.E.R.Á. es el testimonio de los aprehensores, quienes al practicar el procedimiento de aprehensión saltaron la pauta legal establecida en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual SI LA NOTICIA DE LA COMISIÓN DE UN DELITO ES RECIBIDA POR LAS AUTORIDADES DE POLICÍA, ÉSTAS LA COMUNICARÁN AL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE LAS DOCE HORAS SIGUIENTES Y SÓLO PRACTICARÁN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS Y URGENTES DIRIGIDAS A IDENTIFICAR Y UBICAR A LOS AUTORES O AUTORES Y DEMÁS PARTÍCIPES DEL HECHO PUNIBLE, Y AL ASEGURAMIENTO DE LOS OBJETOS ACTIVOS Y PASIVOS RELACIONADOS CON LA PERPETRACIÓN.

En el presente caso observa el Tribunal que ambos funcionarios coincidieron en declarar que recibieron una llamada anónima que les informó que en el Barrio S.d.J. se encontraba un ciudadano que vivía de vender drogas. Se trata entonces de una denuncia anónima, efectuada presuntamente por vía telefónica, sin que fuera demostrado en el debate que en efecto esta denuncia fue recibida en la institución policial. Además, sin dar parte alguno al Ministerio Público, los funcionarios fueron mucho más allá de lo que la ley describe como DILIGENCIAS NECESARIAS Y URGENTES, pues se dirigieron de inmediato al lugar y sin esperar instrucciones ni del titular de la acción penal ni de su superioridad, procedieron a la aprehensión del denunciado, cuando en realidad la ley limita la actuación policial A IDENTIFICAR Y UBICAR AL PRESUNTO AUTOR Y DEMÁS PARTÍCIPES, exponiéndose así a transformar en dudoso lo que debía haber transcurrido en un marco de transparencia tal que resistiera cualquier tipo de contradicción, como la que en este caso está representada por el testimonio de la ciudadana Y.M.M., quien afirma que los funcionarios irrumpieron dentro del domicilio del acusado obviamente sin orden judicial, y de allí lo sacaron detenido sin haber dado motivo a ello, porque según la testigo, no encontraron nada ilegal en su poder, excepto una guadaña, desvirtuando así la presunta flagrancia.

Esta actuación poco clara de los funcionarios condujo al Ministerio Público a solicitar una sentencia absolutoria, opinión que está plenamente compartida por esta Primera Instancia pues la actuación policial, desarrollada al margen de cualquier tipo de previsión que garantizara su transparencia, genera una duda insalvable sobre la culpabilidad del acusado C.E.R.Á. en la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES (EN CANTIDADES MENORES) previsto y sancionado en el aparte tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, duda que debe ser resuelta a su favor, por lo cual el fallo a pronunciar debe ser ABSOLUTORIO. Así se declara.

DISPOSITIVO

Por los razonamientos expuetos, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, RESUELVE:

ÚNICO: A B S U E L V E al acusado C.E.R.Á., de Nacionalidad Venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.865.827, natural de Maturín, Estado Monagas, nacido en fecha 12 de Octubre de 1989, hijo de E.R. y A.Á., de estado civil soltero, de ocupación obrero, residenciado en la Calle Principal del Barrio S.d.J., casa s/n, Guanare, Estado Portuguesa, de la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE (EN CANTIDADES MENORES) previsto y sancionado en el aparte tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cometido en perjuicio de múltiples bienes jurídicos protegidos por la legislación venezolana, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que quedaron reseñadas en esta sentencia.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, a los treinta (30) días del mes de Septiembre de dos mil diez (2010), años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

EL JUEZ (fdo) Abg. E.R.H.. EL SECRETARIO (fdo) Abg. Davinnia Miranda (HAY EL SELLO DEL TRIBUNAL).

LA SUSCRITA, ABG. Davinnia Miranda, SECRETARIA ADSCRITA AL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA, CERTIFICA LA EXACTITUD DE LA ANTERIOR FECHA, POR SER FIEL TRASLADO DE SU ORIGINAL QUE CORRE INSERTO EN EL EXPEDIENTE PENAL Nº 2JM-356-10 CONTRA C.E.R.Á. POR DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES. Guanare, 30 de Septiembre de 2010.

La Secretaria,

Abg. Davinnia Miranda