Decisión nº 72 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 29 de Marzo de 2012

Solicito se declare la Nulidad Absoluta de la Acusación, por inobservancia y violación de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución y en Ley, así como lo establece el artículo 191 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Se reponga la causa a la Fase de Investigación, para que El Ministerio Público dé respuesta a las diligencias de investigación oportunamente planteadas, proceda a efectuar una nueva investigación y dicte un nuevo Acto Conclusivo.

Considerando las negligencias en que incurrió el Ministerio Público, no imputables a mi Defendido, solicito que una vez declarada la Nulidad Absoluta de la Acusación, se acuerde una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, a favor de mi representado: C.J.R.M..

Solicito que se constriña u obligue mediante una orden emanada de este Despacho, tanto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Sub-Delegación Tinaquillo, como al diario Las Noticias de Cojedes, a publicar una F.d.E., o una rectificación pública, en la misma página de sucesos en que salió publicada la información agregada a los autos, en la que se reconozca:

1. - Que no se ha debido mencionar el nombre de nuestro Defendido en la nota de prensa, por vulnerar derechos inherentes a su persona.

2. - Que hasta ahora no existen dentro de la causa, pruebas inequívocas que vinculen a nuestro Defendido como miembro de una banda criminal organizada, denominada “Los Valencianos”.

3. - Que hasta el momento no existe una imputación formal por parte del Ministerio Público, vale decir, el organismo legítimamente encargado de ejercer la acción penal, que indique que nuestro Defendido está siendo investigado por la muerte de los ciudadanos: J.M.T.A. y M.J.S.B..

Capítulo IV

PETICIÓN FINAL

Finalmente, pido que el presente escrito recursivo sea admitido, sustanciado conforme a Derecho y declaradas CON LUGAR las denuncias opuestas; se le conceda una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a mi Defendido: C.J.R.M., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.890.032, civilmente hábil en Derecho, de profesión u oficios docente, con domicilio en el barrio La Floresta, Tinaquillo, Estado Cojedes, mientras sigue el proceso en su contra. Es Justicia que solicito en la ciudad de San Carlos, capital del Estado Cojedes, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil doce (28/2/2012)....”.

IV

DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

La ciudadana Abogada A.Y.V., en su carácter de Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público, dio contestación al escrito de apelación, de la manera siguiente:

(SIC) “...Quien suscribe, abogada A.Y.V., actuando en mi condición de Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 285 numerales 1, 2 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 108 numeral 14 del Código Orgánico Procesal Penal, 37 numeral 16° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, acudo ante su competente autoridad, a los fines de interponer formalmente CONTESTACION DEL RECURSO DE APELACIÓN, impetrado por los Abogados R.C.M.M., actuando en su condición de Defensor Privado del ciudadano C.J.R.M., titular de la cédula de identidad N° V- 17.890.032, hoy acusado de autos, contra la decisión proferida en fecha diecisiete (17) de febrero de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02 de este Circuito Judicial Penal, en la causa signada con el N° 2C-S-2150-11, nomenclatura del citado órgano jurisdiccional, mediante la cual resolvió, entre otras cosas: Acuerda ADMITIR TOTALMENTE LA ACUSACIÓN, formulada por el Ministerio Público, en contra del ciudadano C.J.R.M., a quien se le imputa la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el articulo 406 ORD 1° del Código Penal; en la que figura como víctima el ciudadano W.A.R.A. (occiso) y entre otras cosas, declaro SIN LUGAR la solicitud de nulidad requerida por dicha defensa como punto previo y la petición del mismo de una serie de sanciones a impartir según su criterio por parte del A quo al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. A tal efecto, fundamento esta contestación, en los siguientes términos:

I

RELACION DE LOS HECHOS A QUE SE CONTRAE EL PRESENTE RECURSO DE APELACION.

Es el caso Honorables Magistrados, que el libelo recursivo impetrado, se fundamente en las razones esgrimidas de la siguiente manera:

...En la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar de la causa ya señalada, los Defensores Privados solicitaron la nulidad de la acusación fiscal esgrimiendo para ello que en dicho escrito acusatorio no se cumplía con lo establecido en el artículo 326 Ord. 2° y le solicito al tribunal A quo pronunciamiento respecto a la supuesta información en la cual presuntamente difamaban al acusado de autos, según los defensores esta información fue emitida por el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Tinaquillo le proporciono a la prensa estadal, aunado al hecho que manifestaron el supuesto extravió de un escrito de diligencias consignado por ante el Ministerio Público, hicieron referencia a la declaración de la ciudadana M.I.B.J., quien fue declarada según los mismos en un lapso demasiado largo, y los mismos señalaron que no logaban entender porque a su representado se le atribuía la autoría del delito, esto a grandes rasgos, sin embargo el valor probatorio de dicha declaración y de todos los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público en su escrito Acusatorio y admitidos por el Tribunal de Control, deben ser desarrollados en fase de Juicio Oral y Público, en tal sentido el tribunal A quo, “...como PUNTO PREVIO: De acuerdo a la denuncia formulada por la defensa privada, de que a su representado se le ha violado los derechos fundamentales relativos a que los funcionarios adscritos al CICPC Sub Delegación Tinaquillo, presentaron ante el escarnio público a su defendido a través de los medios de comunicación policial regional, este tribunal considera que como Juez de Control y garante de la justicia dentro de las funciones conferidas por las Leyes no están otorgadas la de realizar un llamado de atención al CICPC ni a los medios impresos locales toda vez que lo conducente en el caso de considerar una posible violación de derecho constitucionales es a través de los organismos competentes por cuanto se trata presuntamente de un hecho ilícito a instancia de parte agraviada, razón por la cual mal puede este Tribunal asumir dicha función en esta audiencia preliminar. En cuanto a la excepciones planteadas por la defensa privada relativa a que no hay una manera clara, detallada y precisa de los hechos, este tribunal considera que de las actas procesales que componen este cuaderno tribunalicio, así como del escrito acusatorio presentado en su oportunidad legal que la misma cuenta con elementos serios, para solicitar el enjuiciamiento del mencionado ciudadano, al realizar de manera circunstancial de modo, tiempo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, razón por la cual se declara sin lugar dicha solicitud. Y así se decide…TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON FUNCIONES DE CONTROL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, ACUERDA: PRIMERO: Respecto del numeral 1°, revisadas como han sido las actuaciones de la presente causa y en relación a la acusación presentada por la ciudadana Fiscal del Ministerio Público en fecha 31/10/2.011, no existe defecto de forma por cuanto cumple con los requisitos de ley articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara. SEGUNDO: Respecto del numeral 2°, se admite totalmente la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del ciudadano ACRLOS J.R.M., a quien el fiscal le imputa la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1° del Código Penal... QUINTO: ... se acuerda Mantener la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD....”

II

CONSIDERACIONES DE ESTA REPRESENTACION FISCAL

Verificado como ha sido el contenido del recurso de apelación interpuesto, aprecia esta Representación Fiscal que, en primer término, arguye la defensa técnica el hecho de que el auto emitido por el Tribunal Ad Quo, mediante el cual se acordó admitir totalmente la acusación formulada por el ministerio público, en contra del ciudadano C.J.R.M., a quien se le imputa la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el articulo 406 ord 1° del código penal; en la que figura como víctima el ciudadano W.A.R.A. y entre otras cosas, declaro sin lugar la solicitud de nulidad requerida por dicha defensa; por razones que solo el argumenta, mas no fundamenta en su escrito de apelación; en este sentido esta representación fiscal considera que presentado y admitido como fue el acto conclusivo emitido por parte del Ministerio Publico, correspondiente al delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el articulo 406 ord 1° del código penal, imputado en la Audiencia de Presentación de Detenido, en virtud de la Orden de Aprehensión solicitada por el Ministerio Público luego del inicio de la investigación puesto que se recabaron las pruebas suficientes para identificar a los autores del hecho punible in comento y la misma fue acordada por el respectivo tribunal para la época; circunstancia que no hace variar los hechos en el presente asunto, por cuanto esta representación fiscal acusó por los mismos delitos que originaron la solicitud de Orden de Aprehensión acordada por el tribunal correspondiente, la cual al hacerse efectiva, es decir al lograr la aprehensión de uno de los ciudadanos implicado en los hechos denunciados, se procedió a la celebración de la audiencia de presentación de aprehendido en la cual de conformidad a lo establecido en nuestro Ordenamiento Jurídico se le impuso al ciudadano C.J.R.M., el motivo de se aprehensión y en virtud de la magnitud del daño causado y el tipo penal atribuido a la acción desplegada por el ciudadano C.J.R.M. en contra de la victima de autos lo ajustado a derecho era solicitar por parte del Ministerio Público la privación judicial de libertad del imputado de autos para la época hoy acusado, la cual fue acordada por el A quo de conformidad con lo previsto en nuestro ordenamiento Jurídico.

Señala el recurrente que el Ministerio Público fundamento su escrito acusatorio sin fundados elementos de convicción, por cuanto a su criterio considera que esta Representación Fiscal no realizo ningún tipo de diligencia durante el lapso de investigación, aunado al hecho que señala que en el escrito acusatorio el Ministerio Público no realizo una descripción clara de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos; al respecto me permito informarle a los honorables miembros de la Corte de Apelaciones, que esta Representación Fiscal, inicio la presente investigación por existir la comisión de un hecho punible deplorable como lo es quitarle la vida a una persona (se ejecuto el delito de Homicidio) y lo hizo de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en el transcurso de la investigación se colectaron elementos de convicción suficientes para acreditar la participación de los ciudadanos C.J.R.M., quien es conocido como el “profe” y L.A.V., conocido como “el enano” , contra quienes en del transcurso de la investigación se encontraron indicios suficientes que nos indicaron la participación de los mismos en el hecho punible que nos atañe, posteriormente recabamos elementos probatorios suficientes contra los inicialmente investigados hoy uno de ellos C.J.R.M. quien se logro aprehender es el acusado de autos, en el hecho punible atribuido e imputado por esta Representación Fiscal al mismo como lo es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 ord1° del Código Penal, en el grado de COOPERADOR INMEDIATO, lo cual puede ser corroborado en escrito acusatorio inserto al expediente y audiencia de presentación de aprehendido ya que fue presentado ante un Juez de Control para garantizar la Constitucionalidad en el presente asunto penal. En el supuesto que la Defensa tuviere razón al argumentar que existió algún vicio, irregularidad o violación a algún derecho fundamental en el procedimiento in comento, esta era la oportunidad procesal para que el mismo fuere saneado o reestablecido, puesto que estábamos en presencia del Juez idóneo, quien controla y garantiza la constitucionalidad dentro del proceso penal y el mismo si bien es cierto acordó la Medida Privativa de Libertad, no es menos cierto que acordó la prosecución del mismo por la vía ordinaria, en ningún momento desestimo la pretensión Fiscal, es decir el también considero que existían suficientes elementos para continuar con la investigación penal por la comisión del delito imputado por el Ministerio Público al hoy acusado de autos, no debemos dar connotaciones distintas a lo que realmente argumento en su momento el Juzgador.

En tal sentido, presentados como fueron dichos elementos de convicción y apreciados por el Juez Constitucional para el momento, esta Representación Fiscal dentro del lapso de Ley, presento formal acusación en contra del acusado de autos y en dicho escrito acusatorio los medios probatorios con que el Ministerio Público demostrará ante un Juez de Juicio la culpabilidad del acusado de autos en el hecho atribuido e imputado en la oportunidad legal establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Es el caso, que esta Representación Fiscal considera de manera muy respetuosa que la Defensa Privada se confundió un poco en lo que respecta a la fase de investigación y a la intermedia de un proceso penal ordinario, ya que si bien es cierto que durante la fase investigativa el Ministerio Público tenía la carga de probar lo imputado, no es menos cierto que ello se realizó en dicho asunto penal, puesto que consta en autos: experticias, inspecciones y declaraciones de expertos y testigo ofrecidas para el juicio oral y Público, que fueron el resultado de la investigación ordenada por el Ministerio Público y que surgieron en virtud de los elementos de convicción que hoy declara la Defensa Privada que a su criterio no son elementos suficientes para atribuir la comisión del hecho punible ya señalado a su defendido, se entiende el rol que desempeña la Defensa Privada en este proceso penal y el mismo debe justificar de algún modo su trabajo, sin embargo es menester señalarle de manera muy respetuosa a la defensa que si bien es cierto esta en la libertad de esgrimir sus alegatos de defensa y ejercer los recursos pertinentes todos ellos tipificados en nuestro ordenamiento Jurídico, no es menos cierto que debemos mantener una postura acorde con el rol que cada uno de nosotros desempeña dentro del proceso penal venezolano, sin subestimar el conocimiento o criterio jurídico de cada uno de los que conformamos la administración de justicia y peor aun no podemos mediante un lenguaje burlesco obtener pretensiones fuera de contexto y no ajustadas a derecho puesto que nuestro ordenamiento jurídico prevé cada uno de los canales regulares que se deben seguir dependiendo el derecho infringido o lesionado, la ignorancia propia que se tenga de ello no puede ser atribuida a las otras partes dentro del proceso, ni se deben esgrimir argumentos sin fundamentos jurídicos ciertos en el plano real y procesal; verbigracia de ello lo podemos denotar, cuando la Defensa Privada insiste de manera se podría decir absurda e irracional en lograr materializar una sanción por parte del Ministerio Público y el Juez de Control al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, por la presunta fuga de información malsana y tergiversada según la defensa privada de su representado y a un periódico regional por publicar dicha información difamando al mismo, el Ministerio Público no tiene porque dudar de lo argumentado por la defensa, sin embargo el Ministerio Público debe respetar también los canales regulares para cada caso en concreto, como se lo señalo el Fiscal que conocía la causa para el momento quien en fecha 20 de Octubre de 2.011 al dar respuesta a una solicitud presentada por la Defensa Técnica del hoy acusado de autos, entre otras cosas le señalo respecto a lo argumentado por el mismo en cuanto a la sanción del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lo siguiente: “…En relación a la solicitud de que se constriña al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Diario Las Noticias de Cojedes; por comentarios ejercidos en contra de los imputados de autos me permito recordarle a la defensa que las acciones de Difamación se realizan por Acusación Privada ante un Tribunal de juicio y no ante la sede Fiscal por cuanto el mismo es un delito de Acción Privada, de conformidad con lo establecido en el articulo 449 del Código Penal”. No siendo esto suficiente la Defensa Privada insiste en materializar una pretensión descabellada no por su contenido puesto que eso no esta en discusión, sino por la forma como pretende que sea materializada o ejecutada y no logra entender que debe seguir los canales regulares para poder realizar cada una de sus denuncias o demandas o quejas como el prefiera IIamarlas, el tribunal A quo también le dio una respuesta idónea y ajustada a derecho al indicarle: “...De acuerdo a la denuncia formulada por la defensa privada, de que a su representado se le ha violado los derechos fundamentales relativos a que los funcionarios adscritos al CICPC Sub Delegación Tinaquillo, presentaron ante el escarnio público a su defendido a través de los medios de comunicación policial regional, este tribunal considera que como Juez de Control y garante de la justicia dentro de las funciones conferidas por las Leyes no están otorgadas la de realizar un llamado de atención al CICPC ni a los medios impresos locales toda vez que lo conducente en el caso de considerar una posible violación de derecho constitucionales es a través de los organismos competentes por cuanto se trata presuntamente de un hecho ilícito a instancia de parte agraviada, razón por la cual mal puede este Tribunal asumir dicha función en esta audiencia preliminar...”.

Sorprende a quien aquí suscribe que no exista manera de hacerle entender a la defensa privada, que no ha seguido los canales regulares para formular sus respectivas incomodidades en cada uno de los organismos pertinentes respecto a los sucesos que el manifiesta en los cuales según el mismo fue ofendido y difamado su representado.

Recapitulando y haciendo referencia al punto central de este escrito de contestación ya que la defensa en reiteradas oportunidades en su escrito de apelación pretende que se pierda el sentido real en la presente causa, debo señalar que los medios de prueba, admitidos por el Juez de Control, en el presente asunto penal cumplieron los lapsos procesales de tiempo, modo y lugar para ser efectivamente validos, llenando así los requisitos de pertinencia, idoneidad y legalidad, exigidos en nuestra Ley Procesal Penal vigente, evidenciándose de esta manera que la investigación llevada por el Ministerio Público si arrojo elementos suficientes que permitieron la presentación del acto conclusivo al que hubo lugar y con la calificación jurídica que se le atribuyo para el momento al acusado de autos y hoy se mantiene ya que fue admitido por el Tribunal de Control en la Audiencia Preliminar, en la cual el Juez recurrido no admitió una calificación jurídica distinta, ni admitió la acusación parcialmente; sino en su totalidad, con los medios probatorios ofrecidos por esta Representación Fiscal, el Juez A Quo actuó con probidad, en virtud de que lo alegado por la defensa no es materia de discusión en la fase intermedia y donde el Juez debe controlar las pruebas y no darles un valor probatorio a las mismas, ya que esto es materia a tratar netamente en la fase de juicio, como lo establece la Sentencia 1898, de fecha 19 de Octubre de 2.007, de la sala Constitucional con ponencia de la Dra. L.E.M., aunado al hecho que el defensor no puede pretender que el Tribunal A quo incurra en ultra petita y peor aun que utilice su investidura de Juez Constitucional para transgredir los canales regulares establecidos en nuestro propio ordenamiento jurídico para las diversas situaciones que se presenten en el desarrollo de una investigación penal o en cualquier otro para ello existen los reglamentos, Leyes especiales, procedimientos administrativos y pare usted contar las diversas formas que establece nuestro legislador para mantener el Orden y el estado ideal de las cosas y los derechos de cada ciudadano, si la defensa considera que su defendido le fueron violentados algunos derechos, siga los canales regulares para cada caso en concreto por los argumentos ya indicados considera quien aquí suscribe que lo apelado por el recurrente debe ser declarado sin lugar.

Aunado al hecho, que es menester recordar a la Defensa que en nuestro Ordenamiento Jurídico existe participación activa de la Defensa, desde el momento mismo de la imputación, es decir que la misma pudo no solo desarrollar el control de la prueba criminalistica de cargos, sino que pudo ejercer su contradicción a través de contra experticias e incluso pudo pasar a la ofensiva promoviendo peritajes con fines exculpatorios, no argumentando sin fundamentos ciertos, es fácil justificar nuestra propia torpeza atribuyéndosela a los demás cuando nosotros no hemos hecho lo conducente, con todo respeto la defensa debe reflexionar al respecto a los fines de que logre mejorar sus tácticas de defensa técnica.

En relación a la Nulidad Absoluta solicitada por la Defensa, esta Representación fiscal se pregunta en cuanto a este particular y los argumentos señalados por el recurrente, toda vez que tal y como se acredita en las respectivas Actas de Audiencia de Presentación y Audiencia Preliminar la Defensa ha estado presente y si bien es cierto se opuso a la admisión de la misma, no es menos cierto que su presencia ha sido activa más no ha sido lo suficientemente asertiva, en virtud de que sus argumentos no tienen un fundamento jurídico cierto, alega la Defensa ,en relación a lo manifestado del gravamen irreparable ocasionado a sus defendidos, por cuanto el Tribunal no admitió un cambio de calificación solicitado; esta Representación Fiscal pasa por el asombro de que la mencionada defensa desconozca el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante el cual señala entre otras cosas que la naturaleza del auto de apertura a juicio, es la de ser una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase a juicio oral y publico, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto se da apertura, a la fase mas garantista del proceso penal, a saber, la fase de juicio, en la cual, tal como se señalo supra, aquel podrá debatir los medios de prueba admitidos al final de la audiencia preliminar y reflejados en el mencionado auto. Se entiende entonces que el anterior planteamiento constituye la ratio legis del artículo 331, del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer expresamente la prohibición de apelar del auto de apertura a juicio, por lo que aceptar lo contrario, atentaría tanto contra el espíritu de esta norma, así como también contra el principio de impugnabilidad objetiva recogido en el articulo 432 ejusdem, el cual es un principio general que informa a todo el sistema de los recursos en el proceso penal venezolano, y cuyo contenido se traduce en que las dediciones judiciales recurribles únicamente por los medios y en los supuestos expresamente establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Lo anterior debe concatenarse con lo dispuesto en el literal “c” del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece como causal de inadmisibilidad de los recursos, que la decisión recurrida sea inimpugnable o irrecurrible por disposición expresa de la mencionada ley adjetiva penal.

Entonces partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del articulo 330 del COPP, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado articulo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro esta, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catalogo que establece el articulo 447 ejusdem.

Siendo ello así considera esta Representación Fiscal que la calificación jurídica es materia que puede ser desvirtuada en la fase garantista del juicio oral y publico, por tanto argumentar que la misma causa gravamen irreparable atenta contra el propósito del debate jurídico que es el descargo y evacuación de pruebas para argumentar el acto conclusivo en el caso de esta representación fiscal y para desvirtuar lo acusado para el caso de la defensa; en consecuencia el Recurso ejercido por la defensa privada debe ser declarado sin lugar por los motivos ya explicados.

Por consiguiente quien aquí suscribe es del criterio, que las afirmaciones expuestas en el libelo recursivo, al ser verificadas no cuentan con ningún asidero jurídico que las fundamente, siendo los mismos inaplicables en el caso in examine, en el cual lo único que se pretende es el logro de la Justicia mediante la aplicación del derecho.

Asimismo, se verifica que en caso de ser declarada con lugar la nulidad alegada, solo produciría como consecuencia el retrotraer el proceso al estado en el cual otro juzgado de primera instancia resolviera en cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se observa que dicha situación constituiría una REPOSICIÓN INUTIL, que solo perjudicaría al imputado de autos, quien se encuentra bajo la medida de privación judicial preventiva de libertad, por cuanto se retrasaría ostensiblemente la celebración del juicio oral y público en el cual se debata su presunta participación en los hechos que les fueron endilgados, tomando la defensa argumentos tan débiles como lo son una falta de motivación que no es cierta, un cambio en las circunstancias que dieron origen a la privación preventiva de libertad, que en la realidad no han variado puesto que solo por la pena de los delitos atribuidos existe un inminente peligro de fuga que no basta consignar una carta de residencia y otros documentos que en nada garantizan que dicho ciudadano permanezca en el país para acogerse al proceso, y mas allá de ello se encuentran llenos de manera concurrente los extremos de ley previstos en los artículos 250, 251 y 252 del código orgánico procesal penal vigente, razones por las cuales, mal puede pretender la defensa que sobre la base de esta situación se le atribuya una omisión al ministerio público que devenga en la sustitución de la medida de coerción personal que le fue impuesta a su representado.

En segundo término, denuncia el apelante que el juzgado a quo incurrió en un vicio y en denegación de justicia, toda vez que el mismo, en su criterio, no explano las razones por la cuales admitió la calificación jurídica atribuida al hecho punible cometido por su defendido y porque decreto la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de su defendido y dejo de pronunciarse sobre tópicos que a lo largo de todo este proceso se le ha explicado a la defensa de todas las formas posibles.

CAPITULO III

PETITORIO

En consecuencia, en virtud de todos y cada uno de los razonamientos anteriormente expresados, solicito muy respetuosamente a la Honorable Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, se sirva RATIFICAR en todas sus partes y contenido, a la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, en fecha diecisiete de Febrero de 2012 y se declare SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado R.C.M.M., en su condición de defensor Privado del imputado C.J.R.M., hoy acusado de autos....

.

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto, es menester realizar las siguientes consideraciones al respecto:

El apelante de autos, impugna la decisión dictada por el Juez de la recurrida, de fecha 17 de Febrero del año 2012, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar, mediante la cual niega la solicitud de la Defensa Privada en relación a la Nulidad de la Acusación ofrecidas por el Ministerio Público. Así mismo se acordó admitir totalmente la acusación formulada por el Ministerio Publico, así como se admite todos los medios de pruebas ofrecidos por la Representación Fiscal, en la causa seguida en contra del ciudadano C.J.R.M., plenamente identificado en autos; fundamentando el referido recurso judicial en el Ordinal 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

En primer lugar, esta Alzada observa, al respecto de las actas procesales que la conforman, que ciertamente el recurrente posee legitimación para recurrir; de igual manera, el presente recurso fue interpuesto en tiempo oportuno y legal, es decir, dentro del lapso que a tal efecto consagra el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero en lo que respecta a la decisión Impugnada, observan estos decidores, que el recurrente de autos manifiesta: “…que se declare CON LUGAR las denuncias interpuestas…y se le conceda una Medida cautelar Sustitutiva de Libertad a su defendido…”.

Sobre la denuncia planteada por el recurrente, en relación al cambio de la Precalificación Jurídica dada por la recurrida, en este particular, es necesario aclarar, que una vez admitida la acusación por parte del Juez de Control y la pre-calificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público, dichos pronunciamiento es INAPELABLE, a tenor del criterio sostenido por la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20-06-2005, Expediente N° 1303, con Ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero, que señala lo siguiente:

…Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.

Los anteriores planteamientos son susceptibles de ser aplicados, mutatis mutandi, con relación al Ministerio Público y a la víctima querellante, según sea el caso, quienes tampoco podrán apelar del auto de apertura a juicio ni de la declaratoria de admisibilidad de pruebas ofrecidas por la otra parte; pero si pueden apelar de cualquier otro pronunciamiento que el Juez de Control emita con base en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre que tal pronunciamiento pueda ser considerado como alguna de las decisiones descritas en el artículo 447 de la Ley adjetiva penal. Así se declara…

De la misma forma, la Sala de Casación Penal, ha señalado al respecto, mediante Expediente N° 2006-0155, de fecha 30/05/2006, con ponencia del Magistrado Doctor H.M.C.F., lo siguiente:

…En el presente caso una vez analizada la decisión recurrida a la luz de los planteamientos expuestos, esta Sala observa que la misma infringió el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, al admitir el recurso de apelación propuesto contra el auto de apertura a juicio, el cual es inapelable de conformidad con dicha disposición y que tal carácter, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional, no atenta contra el derecho fundamental consagrado en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En relación al cambio que puede hacer el juez de control de la calificación jurídica provisional atribuida a los hechos por el fiscal del Ministerio Público, esta Sala ha expresado lo siguiente: “…La Sala de Casación Penal considera, que el artículo 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, es claro y directo y, por medio de esta disposición jurídica se faculta al juez para modificar la calificación jurídica de los hecho objeto del proceso, cuando lo considere y en razón y a la vista de los hechos y el derecho que aparecen en el proceso y esta calificación es provisional en razón de que puede variar en el juicio oral. Todo esto va acorde con el principio de control jurisdiccional que inviste al juez, quien es el rector en el proceso penal y por ende actúa como regulador del ejercicio de la acción penal…”. (Sent. N° 086 del 13-04-2006, ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte).

De tal manera que en el presente caso el Juez de Control conforme a lo dispuesto en el artículo 330, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, tenía la potestad de atribuirle a los hechos un calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación fiscal, y ello no causó un gravamen irreparable para las otras partes (Ministerio Público y víctima), pues durante el debate el juez de juicio podrá advertir al imputado sobre un cambio en la calificación jurídica de los hechos (artículo 350 eiusdem)…

En cuanto al cambio o no de la calificación Jurídica en la Audiencia de Fase Intermedia, la misma es de carácter provisional y ha señalado la Sala que puede ser modificada incluso en el debate oral y público, por lo que dicho argumento o denuncia planteada en el recurso debe ser declarada Sin Lugar por este motivo.

En total comprensión, con la precitada decisión, esta Corte de Apelaciones determina del caso en estudio, que el auto o resolución judicial que se pretende impugnar no pone fin al proceso, ni impide su continuación dado la naturaleza del mismo, por lo tanto el agravio como presupuesto objetivo de impugnación resulta en a claras luces inexistente, y para el cual el Legislador Patrio previo el contradictorio en el Juicio Oral y Público para que fuere debatido el pretendido punto de reclamación o apelación. No obstante a esto, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que si son recurrible algunas decisiones dictadas en Audiencia Preliminar, pero no propiamente la admisión de la Acusación.

No obstante a lo anterior considera importante esta alzada recordarle al recurrente, que en caso de que considere que la acusación incumple algunos de los requisitos del Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, cuenta con unas herramientas idóneas, como es el de las excepciones que puede oponer durante la fase intermedia y en la fase de juicio ante el Tribunal de la causa, quién con la inmediación correspondiente analizaría sus alegatos, verificaría su certeza o no, y a su vez la posibilidad o no de ordenar una subsanación en caso de considerarlo necesario o en su defecto los efectos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, pero en ningún momento la nulidad de la acusación tal como lo plantea el hoy recurrente, por lo que debe declararse finalmente Sin Lugar el Recurso.

Si bien es cierto que el Tribunal no señaló de manera específica la necesidad o no de la validez de un escrito presentado en fase preparatoria presuntamente extraviado, donde ofrecía la testimonial de la ciudadana M.I.B.J., no es menos cierto que al momento de dictar el auto de apertura a juicio y dando respuesta a la petición de la defensa, admite las referidas testimoniales para que sean evacuadas en el contradictorio, no limitándole por tanto el acceso a esos medios de prueba como mecanismo de defensa, apreciándose por tanto que si hubo respuesta a su petición, por lo que este Tribunal debe declarar sin lugar el Recurso de Apelación por este motivo. Así se decide.

En cuanto a la denuncia planteada por el recurrente de Denegación de Justicia por parte del A quo, al desconocer las competencias legales que posee, sobre la denuncia efectuada por la Ilícita Presentación del procesado de autos a los medios de Comunicación Social de la Región, y solicita que se constriña u obligue mediante una orden emanada de este Despacho, tanto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Sub-Delegación Tinaquillo, como al diario Las Noticias de Cojedes, a publicar una F.d.E., o una rectificación pública, en la misma página de sucesos en que salió publicada la información agregada a los autos; en relación a que se le ha violado a su representado los derechos fundamentales relativos a que los funcionarios adscritos al CICPC Sub Delegación Tinaquillo, presentaron ante el escarnio público a su defendido a través de los medios de comunicación regional, a tal efecto se observa que el tribunal de Control respondió lo siguiente: “…este Tribunal considera que como Juez de Control y garante de la justicia dentro de las funciones conferidas por las Leyes no están otorgadas la de realizar un llamado de atención al CICPC ni a los medios impresos locales toda vez que lo conducente en el caso de considerar una posible violación de derecho constitucionales es a través de los organismos competentes por cuanto se trata presuntamente de un hecho ilícito a instancia de parte agraviada, razón por la cual mal puede este Tribunal asumir dicha función en esta audiencia preliminar…”.

En cuanto a esta denuncia fundamenta el recurrente en la denegación de justicia, es decir, no hubo pronunciamiento o se le limitó el acceso a la misma, y observa esta recurrida del fallo impugnado que tal aseveración no se corresponde con la verdad, pues el tribunal si se pronunció en cuanto a su petición, e incluso le informa que tiene otras vías por donde puede resolver el conflicto, si hay un atentado o lesión del derecho al honor o la moral, pero que todos los hechos que puedan ocurrir donde incluso puedan atribuirse acciones ajenas a este proceso, no necesariamente deben resolverse en este proceso, sino en otros, claro, ello no impide que tales acciones puedan ser motivo para invalidar algún elemento de prueba, que no es lo que ocurre en el presente caso, ni es lo que esta denunciando el recurrente, pero tampoco puede apreciarse como un hecho que configura dentro de la denegación de justicia, razones por las cuales debe declararse Sin Lugar esta denuncia, sobre la denegación relacionada a su primera y segunda denuncia, sobre la cual además es importante señalarle al recurrente que en el desarrollo de su exposición o denuncia, no precisa de manera clara el porque llega a su petición de una supuesta denegación de justicia, cuando el juez si le esta dando respuesta a su petición y más aún cuando en su exposición menciona hechos que considera que puedan violentar el honor de su representado y que no se han repetido, como para considerar que está latente la violación de algún derecho fundamental, y que por su parte a pesar de que la recurrida le ha explicado e informado cuales son las vías judiciales con las que cuenta como consecuencia ulterior de la publicación del referido artículo en los diarios de circulación nacional, y aún así persiste en afirmar que este proceso donde se encuentra como imputado su representado, manifieste que hay denegación de justicia, pues en esta causa se ventila un hecho cuyo delito es de Homicidio Calificado y no es de una eventual Difamación o injuria, por lo que finalmente debe declararse Sin Lugar la presente denuncia. Así se decide.

En lo que respecta a la solicitud de una Medida Cautelar de Presentación Periódica, se observa de la decisión Impugnada, estos decisores, que la decisión dictada por el Juzgado A-quo, en fecha 17 de Febrero de 2012, es de las señaladas expresamente como IRRECURRIBLE por la Ley, por tratarse de la resolución judicial que acordó mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano C.J.R.m., ello a tenor de lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del siguiente tenor:

…Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación…

. (Negrillas de esta Corte de Apelaciones).

De igual manera, debemos destacar que al efecto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 03-05-2005, Expediente N° 158, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, expresó lo siguiente:

…De lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal …se evidencia que el legislador le concede al imputado el derecho a solicitar la sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad, las veces que lo considere pertinente, tanto es así que el precepto le impone al juez la obligación de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime conveniente la sustituirá por otras menos gravosas, es decir, que el juez decidirá, de acuerdo con su prudente arbitrio. También dispone esta norma que no es susceptible de ser apelada aquella decisión del juez mediante la cual niegue la revocación o sustitución de la medida privativa de libertad, es decir que aquel dispositivo sin lugar respecto a la solicitud de la revocatoria de la medida de privación judicial preventiva de libertad, no es apelable, y por ende, no puede ser recurrida en casación…

. (Negrillas de esta Corte de Apelaciones).

Bajo el entendido, de que la impugnabilidad del fallo que niegue el Examen o la revisión de la Medida de Privación Judicial de Libertad, se origina pues dicha resolución no produce agravio (Presupuesto Objetivo de los recursos judiciales), pues el justiciable podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad, cuantas veces lo considere pertinente, por lo tanto el gravamen procesalmente hablando no se le produce al imputado.

En este orden de ideas, el numeral 7° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que son recurribles las decisiones expresamente señaladas por la Ley, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto en el caso de especie en lo que respecta a la revisión de la medida, resulta Inadmisible por irrecurrible por expresa disposición de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el literal “c” del Artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal y al criterio jurisprudencial supra trascrito.

Finalmente ha denunciado el recurrente, que no existe el acto de imputación formal a su representado; ahora bien se desprende de los autos que el recurrente en la celebración de la Audiencia Preliminar no denunció que en la presente causa se haya omitido el acto de imputación formal, pero no obstante a esto es importante señalarle al recurrente, que en la Audiencia de Presentación de Imputados, una vez que es detenido por presunta flagrancia u orden de aprehensión, el Ministerio Público efectúa el acto de imputación formal, y ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es un absurdo pensar que el acto de imputación formal sea única y exclusivamente en sede fiscal y en el presente caso señala el propio recurrente al referirse a las denuncias relacionadas con la publicación de un artículo que a su representado se le ha realizado la audiencia de Presentación de Imputado en fecha 21-09-2011, por lo que mal puede denunciar que no hubo acto de imputación formal porque efectivamente el reconoce que si lo hubo.

En razón a los argumentos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones, considera que lo procedente es DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por el Abogado R.M.M., en el carácter de Defensor Privado, y CONFIRMA la decisión dictada en fecha 17 de Febrero de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, Niega la solicitud de la Defensa Privada, en relación a la Nulidad de las actuaciones ofrecidos por el Ministerio Público en su escrito Acusatorio en la presente causa, seguida en contra del ciudadano C.J.R.M., por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES. ASÍ SE DECLARA.-

No obstante lo anterior, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, en atención a lo dispuesto en los artículos 13 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha revisado el fallo impugnado para saber si se vulneraron los derechos del imputado o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio concretamente en provecho del ciudadano C.J.R.M., y en aras de la Justicia y ha constatado que el fallo satisface la aplicación del Derecho. ASÍ SE DECLARA.

VI

DISPOSITIVA

En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por el Abogado R.M.M., en el carácter de Defensor Privado. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión dictada en fecha 17 de Febrero de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, Niega la solicitud de la Defensa Privada, en relación a la Nulidad de las actuaciones ofrecidos por el Ministerio Público en su escrito Acusatorio en la presente causa, seguida en contra del ciudadano C.J.R.M., por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES. ASÍ SE DECLARA.

No obstante lo anterior, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en atención a lo dispuesto en los artículos 13 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha revisado el fallo impugnado para saber si se vulneraron los derechos del imputado o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio concretamente en provecho del ciudadano C.J.R.M., y en aras de la Justicia, ha constatado que el fallo satisface la aplicación del Derecho. ASÍ SE DECLARA.

Regístrese, notifíquese, déjese copia autorizada. CÚMPLASE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, a los Veintinueve (29) días del mes de M.d.D. mil Doce (2012). Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación.

G.E.G.

PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES

JUEZ PONENTE

LUIS RAÚL SALAZAR OMAIRA HENRIQUEZ

JUEZ JUEZA

M.R.

SECRETARIA

En la misma fecha que antecede se publicó la presente decisión, siendo las _________ horas de la _________.-

M.R.

SECRETARIA

CAUSA N° 3175-12

GEG/LRS/OH/MR/Nh.-