Decisión nº 179-INT-CONST de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Septiembre de 2006
| Fecha de Resolución | 26 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Frank Petit Da Costa |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, actuando en sede constitucional.-
Caracas, 26 de septiembre de 2.006
196° y 147°
Por recibida la presente acción de a.c., junto con los recaudos acompañados, interpuesto por el ciudadano A.E.M.J. actuando en su propio nombre y en su carácter de Co-heredero de la Sucesión de B.M.M., asistido de abogada. Dada la entrada y formado expediente. Y por cuanto se observa que se solicita la protección del derecho constitucional a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que considera amenazado y/o vulnerado por la conducta asumida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, al dictar decisión el 23.05.2006 (f. 40 al 47), en el juicio que por Desalojo incoara la ciudadana M.U.A. contra la ciudadana A.M.d.M., mediante la cual declaró sin lugar la apelación de la demandada y se declaró con lugar la demanda de Desalojo, confirmándose en todas sus partes el fallo apelado.
ESTE TRIBUNAL PARA PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN OBSERVA:
-
De la admisión
Se denuncia como agraviante del derecho a la defensa, la conducta asumida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, al dictar decisión de fecha 23.05.2006 (f.40), en el expediente N° 05-8453 (nomenclatura de dicho Juzgado), ya que éste supuestamente es consecuencia de un proceso jurisdiccional simulado, en el cual se demandó por el procedimiento breve, el Desalojo del inmueble que ocuparon con su causante y siguen ocupando en la actualidad, como Sucesores de B.M.M. maquinación que se materializó en el hecho de la arrendadora del inmueble, al accionar en contra de la ciudadana A.M. de MARÍN, simulando que se trataba de la actual inquilina, con el objeto de lograr un Desalojo sorpresivo en contra de los coherederos, que habitan el inmueble en su condición de legítimos inquilinos.
Luego, tratándose de una causa constitucional contra unas decisiones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia con las mismas competencias que este Juzgado Superior y del cual este tribunal constituye su Alzada; y tratándose que el derecho reclamado a la defensa, supuestamente violado por la decisión de fecha 23.05.2006 (f.40 al 47), dictada por el presunto agraviante quien conociendo en segunda instancia, en el juicio que por Desalojo sigue la ciudadana M.U.A. contra la ciudadana A.M.d.M., fueron afectados por la simulación en el referido juicio, ya que la demandada no es inquilina legítima del inmueble arrendado por ellos, entonces resulta evidente que la naturaleza de lo reclamado es civil, afín con la competencia de este tribunal. ASI SE DECLARA.
De conformidad con los artículos 27 de la Constitución Nacional y 4 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ADMITE A SUSTANCIACIÓN la presente acción, por cuanto ha sido denunciada la violación del artículo 49 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, notifíquese por oficio al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en la persona de su Juez, Dr. L.R.H.G., mayor de edad y domiciliado en Caracas, o de quien se encuentre a su cargo, o en su defecto, en la persona del Secretario o Secretaria del Tribunal, quien tiene el deber de imponer al juez, de inmediato, de la notificación que se le hace, a fin de que tenga conocimiento de que, una vez que consten en autos todas las notificaciones que se ordenen hacer y de la constancia que la copia de la solicitud fue agregada al expediente 05-8453, se fijará la audiencia constitucional, dentro del lapso de las 96 horas siguientes, en la que podrá exponer todo lo que cree conducente. NOTIFÍQUESE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de su Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en el oficio número DGAJ-DCCA-D-2002-47280, de fecha 22 de octubre de 2002. Líbrese oficio y boleta de notificación, y compúlsese la solicitud de amparo y del presente auto de admisión, autorizando a la Secretaria de este Tribunal, conforme lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1 de la Ley de Timbres Fiscales, para que elabore y certifique las copias.
Se ORDENA al Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial, o a quien haga sus veces, que deje constancia en el expediente donde se dictó la sentencia recurrida, de la mencionada notificación y copia de la solicitud del amparo y del auto que la admite.
Y asimismo, en acatamiento al criterio de la Sala Constitucional de fecha 24 de abril de 2003, se ordena la notificación de: 1) la ciudadana M.U.A., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 2.682.824, parte actora en el juicio principal, por medio de uno cualquiera de sus apoderados judiciales; y 2) la ciudadana A.M.d.M., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 6.176.922, parte demandada en el juicio principal, por medio uno cualquiera de sus apoderados judiciales. Y visto que no cursan en autos la constancia de quienes son los representantes legales y apoderados de los mencionados terceros, así como sus domicilios procesales, este Tribunal ordena oficiar al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, con el objeto de que informe quienes son los apoderados, así como los domicilios procesales de las ciudadanas M.U.A. y A.M.d.M.. Cúmplase.
-
De la medida cautelar
En cuanto a la solicitud hecha en el escrito de la acción de a.c. de que este Tribunal dicte medida preventiva cautelar innominada, de suspensión de los efectos de la sentencia dictada en fecha 23.05.2006 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:
La decisión cuestionada como generadora de violaciones de derechos constitucionales es la proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, en fecha 23.05.2006, en la cual se declaró: (i) sin lugar la apelación de la demandada; (ii) con lugar la demanda que por Desalojo incoara la ciudadana M.U.A. contra la ciudadana A.M.D.M..
El Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia de fecha 09.04.2002, al referirse al decreto de medidas innominadas en materia de amparo, señaló:
En sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 (caso Corporación L’Hotels C.A.) dejó sentado esta Sala que el peticionante no está obligado a probar la existencia del fumus boni iuris ni del periculum in mora, sino que debido a la celeridad y brevedad que caracterizan al procedimiento de a.c., depende únicamente del sano criterio del Juez acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias del caso sometido a su consideración y de los alegatos en que se fundamentan. En el caso de autos, esta Sala observa que los hechos descritos por el actor hacen presumir la existencia de una situación que amerita la utilización de sus amplios poderes cautelares.
Ahora bien, dada la naturaleza de la aludida decisión cuestionada, esto es, que es susceptible de ejecutarse la decisión impugnada sobre los presuntos agraviados, cuando éstos no son parte en el juicio de Desalojo Arrendaticio, pone de manifiesto que, para el caso de que los solicitantes del amparo les asista algún derecho, si no se suspenden los efectos de la decisión recurrida mientras se dilucida la pretensión constitucional ejercida, podrían generarse daños de difícil o imposible reparación para los querellantes, por lo que, para quien aquí decide, tales circunstancias hacen presumir la existencia de una situación que amerita la utilización del poder cautelar, por lo que en atención a la sentencia anteriormente transcrita, así como los hechos descritos por la accionante, hasta tanto se decida la presente acción, se considera procedente decretar medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada.
A mayor abundamiento cabe señalar, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuya doctrina es vinculante para este Juzgador, ha considerado que en casos como el de autos:
Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no pueden exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado, mientras que por otra parte el periculum in mora está consustanciado con la naturaleza de la acción de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere urgentemente se le restablezca o repare la situación (…) quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida
solicitada es o no procedente. (Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de marzo de 2000, Corporación L’Hotels C.A. contra la sentencia dictada en fecha 30 de abril de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui)
Hechas las consideraciones anteriores y revisadas las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado Superior Primero, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA la medida innominada solicitada en los siguientes términos:
Se ordena la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, hasta tanto se decida el presente A.C., de los efectos de la sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2.006 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaró: (i) sin lugar la apelación de la demandada; (ii) con lugar la demanda que por Desalojo incoara la ciudadana M.U.A. contra la ciudadana A.M.D.M..
Con fundamento en el anterior pronunciamiento, se ordena librar oficio con copia del presente decreto cautelar, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de que sea incorporado en el expediente Nº 05-8453, de la nomenclatura llevada por ese Juzgado, y se abstenga de continuar el juicio de Desalojo sentenciado y de ejecutar lo allí decidido, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente p.d.a. constitucional. Cúmplase de inmediato.
EL JUEZ
DR. FRANK PETIT DA COSTA
LA SECRETARIA
ABOG. FLOR CARREÑO A.
Exp. N° 06. 9702
Admisión Amparo y Medida Cautelar Innominada/Int.
Materia: Civil
FPD/fca/cf
