Decisión de Juzgado Superior Quinto Agrario de Monagas, de 21 de Mayo de 2008
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto Agrario |
| Ponente | Luis Enrique Simonpietri |
| Procedimiento | Querella Funcionarial (Prestaciones Sociales) |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO AGRARIO, CIVIL BIENES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SUR ORIENTAL.-
197º y 149º
En fecha 14 de Mayo de 2.008, se recibe el presente expediente en este Tribunal proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas por declinatoria de competencia, se le dio entrada y se dispuso el pronunciamiento posterior sobre la competencia y admisión. Este Juzgado a los fines de pronunciarse pasa a realizar algunas consideraciones sobre la competencia que le ha sido declinada.
DEL ASUNTO DEMANDADO
Trata la presente causa de una demanda de cobro de prestaciones sociales intentada por la Ciudadana ANDRIS E.R.L. venezolana, mayor de edad, y titular de la Cédula de identidad número 10,290.200, asistida por EL Abogado R.N.R. inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 59.874, contra La CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MONAGAS, señalando la demandante que se desempeñó como Contralora Municipal de dicho Municipio desde el 31 de Agosto de 1.998 y hasta el 31 de Mayo de 2.007, oportunidad en la que renunció, poniendo fin de manera unilateral a la relación.
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
El Tribunal de la causa consideró que, siendo una demanda de prestaciones sociales contra un ente público y siendo “ la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del estado Monagas, un Ente público del Ejecutivo Regional del estado Monagas y el alegato del trabajador que se desempeñaba como Contralora Municipal, considerando este Juzgador que el accionante en el presente juicio es un Funcionario Público” declinó la competencia en este Juzgado superior Contencioso Administrativo,
DE LOS MOTIVOS DE ESTA DECISIÓN
DE LA COMPETENCIA
Quiere señalar en primer lugar este Tribunal Superior, que el uzgado declinante señala que el órgano en el cual se desempeñó la demandante es un órgano adscrito al Ejecutivo Regional del estado Monagas, cuando lo cierto es que la Contraloría Municipal del Municipio Libertador, es un órgano con autonomía organizativa, funcional y administrativa que forma parte de los órganos que integran el Poder Público Municipal en el Municipio Libertador del estado Monagas.
Aclarado lo anterior, hay que señalar que el demandante afirma haber ejercido de Contralora Municipal y que ingresó el 31 de agosto de 1.998, cesando en sus funciones por renuncia desde el 31 de Mayo de 2.007
Por su parte, la demanda se trata, de un cobro de prestaciones sociales por terminación de la relación funcionarial y por lo tanto trata de un hecho derivado de la relación de empleo público.
Establece la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 que corresponderá a los Tribunales Contencioso Administrativo Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes la Administración Pública.
Así mismo establece dicha Ley en su Disposición Transitoria Primera:
Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competente sen primera instancia para conocer de las controversias a las que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubiere ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.
Estando involucrados en la demanda un derecho reconocido en la Ley del Estatuto la Función Pública y que deriva de la terminación de la relación funcionarial, no cabe duda para este juzgador que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes, de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, por ejercer su competencia territorial en los Estados Monagas y D.A. razón por la cual recibe la competencia que le ha sido declinada y así se decide.
DE LA ADMISIÓN
Se observa que el demandante alega y prueba que su fecha de egresó de la Administración Pública fue el 31 de mayo de 2.007 e intentó la acción de cobro de prestaciones sociales ante la unidad de Recepción de Distribución de Documentos de la Coordinación del trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 23 de Abril de 2.007, es decir a diez (10) meses y veintitrés (23) días de la ruptura de su relación funcionarial.
El artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública Establece:
Todo recurso con fundamento en esta Ley, solo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses, contados a partir del día en se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en que el interesado fue interesado del acto
.
En decisiones anteriores de este Tribunal, e inclusive de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se mantuvo el criterio de que para proceder a demandar el cobro de prestaciones sociales, se debía aplicar lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, articulo 61, es decir, que se tenía un año para intentar tal demanda. Este criterio sostenido reiteradamente en este tribunal, no lo fue así en las C.C.A., que variaron entre este y el de aplicar el lapso de tres meses de caducidad, en conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública.
La razón por la cual este tribunal sostuvo el anterior criterio, fue que consideró que la remisión que hace la Ley del Estatuto de la Función Pública en el artículo 28, sobre las condiciones para la percepción de la prestación de antigüedad, abarcaba inclusive el régimen de ejercicio de la acción, lo cual quedó clarificado por la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 14 de diciembre del 2006, cuando señala que la remisión que hace la Ley del Estatuto de la Función Pública la Ley Orgánica del Trabajo, se refiere a los aspectos sustantivos de tal derecho de antigüedad, como sería la base de cálculo, acreditación, tasas de interés aplicable y supuestos de anticipo, pero que no comportan la ampliación de los aspectos procesales de la Ley Orgánica del Trabajo a los procesos que ventilen controversias, surgidas de una relación de empleo publico y que tal ampliación supone una alteración de normas procesales especiales aplicables al proceso contencioso administrativo funcionarial.
El otro argumento sostenido por este Tribunal para llegar a la conclusión anterior, fue el que el articulo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece el lapso de caducidad de tres meses para el ejercicio de todo recurso, con fundamento a esta Ley y entendió, que como se trata de una norma limitativa del ejercicio de la acción, porque reduce el plazo de tal ejercicio, el concepto de recurso debía ser interpretado en sentido restrictivo, limitando los lapsos a lo que específicamente constituye un recurso y no para toda acción, cuyo concepto puede ser considerado mas amplio que el de recurso, como las reclamaciones sobre el pago de prestaciones sociales que comporta una demanda contra el ente público y las solicitudes de nulidad de las cláusulas de convenios colectivos, petición de jubilaciones, incapacidades etc. cuyo ejercicio no es siempre viable en el lapso de tres meses. Sin embargo, esta situación, igualmente fue interpretada por la antes mencionada sentencia, cuando se señala que la Sala observa que lo que ha existido es una equivocada interpretación de las normas procesales, que regulan unas de las condiciones previas al ejercicio de la “acción contencioso funcionarial”, cual es su caducidad. (Comillas de este tribunal).
Considera el tribunal que en el caso de autos, y ante la aplicación estricta de la norma procesal establecida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, se evidencia la caducidad de la acción ya que el hecho generador de la presente acción, sucedió el 31 de Mayo de 2.007, del cual transcurrieron hasta la interposición de la demanda, como se dijo, diez meses y Veintitrés días, y por ser la misma una norma procesal de orden público, no puede ser relajada entre las partes, ni por el juez.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la aludida sentencia del 14 de Diciembre de 2.006, expresó:
…se insta a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de Alzadas naturales de los Juzgados Superiores con competencia contencioso funcionarial (ex artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), para que en lo sucesivo – tal como lo advirtió acertadamente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a revisión, respecto del plazo legalmente previsto para el ejercicio de la querella funcionarial, cual es el previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública-, velen por la observancia de las normas procesales consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como normas de carácter especial y, por tanto, de aplicación prevalente en materia contencioso administrativo funcionarial, para asegurar la estabilidad de aquellas formas dirigidas a la iniciación, instrucción y decisión del proceso, como forma de garantizar al ciudadano el conocimiento cierto y previo de las reglas que regulan el derecho de acceso a la jurisdicción, predicado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
..
El artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece como causal de inadmisibilidad de las demandas, solicitud o recurso, cuando fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o del recurso intentado y el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que se admitirá la querella, si no estuviese incursa en ninguna de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la C.S.d.J., derogada por la hoy vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Al haberse intentado la acción pasados como fueron los tres meses del hecho generador de la misma, operó la caducidad de la acción.
En virtud de que este Tribunal ha constatado la presencia de la causal de inadmisibilidad por caducidad, prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es por lo que debe proceder a declarar inadmisible la presente querella funcionarial y así la declara.
DECISIÓN
Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
RECIBE LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la circunscripción Judicial del estado Monagas.
SE DECLARA INADMISIBLE LA DEMANDA-.
Remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado declinante
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental. En Maturín a los Veintiún (21) días del mes de M.d.A.D.M.O. (2.008). Año 198º de la Independencia y 149º de la Federación.-
El Juez,
Abg. L.E.S.R.
El Secretario ,
V.E.B.G..
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 09:25 a.m. Conste.- El Secretario
