Decisión nº 137 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 14 de Febrero de 2007
| Fecha de Resolución | 14 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito |
| Ponente | Adán Vivas Santaella |
| Procedimiento | Cobro De BolÃvares (Intimación) |
Visto el escrito presentado el día 12 de febrero de 2007, por el abogado H.L.N.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 31.230, apoderado judicial de la ciudadana M.A.A., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.559.208, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, parte demandante en el presente juicio de COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) seguido contra la Sociedad Mercantil VASQUEZ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, C.A. (VASCOMELECA), inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 8 de junio de 1998, bajo el No. 47, Tomo 30-A, y contra el ciudadano J.I.V.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.721.484, mediante el cual solicita se decrete MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes propiedad de los codemandados, muy especialmente sobre los bienes aportados en especie según balance de la última Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22 de mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 12 de septiembre de 2002, bajo el No. 13, Tomo 41 A, balance y acta que se anexa en copias fotostáticas simples.
Este Tribunal para resolver, hace las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil:
Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.
Con respecto a las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en la Obra Medidas Cautelares, ha señalado
a) En el procedimiento por intimación es necesario hacer una doble distinción: la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición y la que se decreta luego de precluida ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intimatorio (artículo 1.930 CC). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preventiva, pues tiene carácter provisional por estar pendiente la eventualidad del juicio de conocimiento, y se refiere por ello el legislador a las tres medidas preventivas típicas en el artículo 646.
Estas medidas varían en sus condiciones de procedibilidad según el documento fundamental que exhiba el intimante: si es un título negociable, es decir, cedible o endosable desde el punto de vista comercial, patrimonial (facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, etc.), o si se trata de instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, el juez decretará la medida preventiva sin que goce de poder discrecional alguno que pueda llevarle a negar el decreto por razones de equidad o cautela…
De la norma trascrita, se evidencia que para acceder a la providencia cautelar, el intimante debe acompañar a las actas cualquiera de los instrumentos mencionados en la referida norma, en razón de la verosimilitud conferida a los nombrados instrumentos, por lo que, debe este Juzgador pasa a revisar el Instrumento de la Pretensión:
Presentó documento de préstamo autenticado por ante la Notaría Pública Séptima de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 3 de febrero de 2005, anotado bajo el No. 15, Tomo 11, en la cual aparecen como deudores solidarios de la ciudadana M.A.A., el ciudadano J.I.V.M. y la Sociedad Mercantil VASQUEZ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, C.A. (VASCOMELECA), por un monto de TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 36.100.000,oo), de los cuales alega la parte actora que los demandados le adeuda la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 28.100.000,oo) según se aprecia de las copias fotostáticas simples del cheque No. 00000536 de fecha abril de 2005, por un monto de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,oo) librado contra el Banco Occidental de Descuento y de la planilla de deposito de la citada entidad bancaria No. 78308449 de fecha 1 de junio de 2005 por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,oo), instrumentos de los cuales se desprende una presunción grave que el instrumento fundamento de la pretensión consta la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible que se reclama. Así se Aprecia.
En consecuencia y por cuanto el instrumento fundamental de la pretensión deviene de un instrumento negociable, y consecuencialmente constituyen uno de los instrumentos previstos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada, es decir, del ciudadano J.I.V.M. y la Sociedad Mercantil VASQUEZ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, C.A. (VASCOMELECA); y muy especialmente sobre los bienes aportados en especie a la referida empresa, según balance de la última Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22 de mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 12 de septiembre de 2002, bajo el No. 13, Tomo 41 A, bienes muebles los cuales deberán ser debidamente indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL BOLIVARES (Bs. 70.812.000,oo) doble de la suma adeudada. En caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero, la ejecución versará sobre TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 35.406.000,oo) suma demandada en el presente juicio, que deberá ser remitida mediante cheque de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto.
Para la ejecución de la medida de embargo decretada, se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, J.E.L., San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, previa distribución de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial, haciéndole saber que las cantidades de dinero embargadas deberán ser remitidas mediante cheques de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito. Líbrese despacho y remítase con oficio.
Publíquese, regístrese. Déjese copia certificada por secretaria de la presente resolución a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de conformidad con lo establecido en los artículos 248 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 del Código Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil siete (2007). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Juez,
Abog. A.V.S.
La Secretaria,
Abog. M.P.d.A.
En la misma fecha anterior, siendo las diez y cincuenta minutos de la mañana (10:50 a.m.), previo el anuncio de la ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior resolución.
La Secretaria,
