Aplicación sesgada de Ley del Poder Municipal abre paso al juicio político de alcaldes

La reciente decisión de dos concejos municipales, dominados por el oficialismo, de sustituir a los alcaldes opositores Werner Jiménez Maturín, Monagas y Delson Guarate Mario Briceño Iragorry, Aragua y poner en su lugar a concejales del PSUV, ha encendido, una vez más, las alarmas de abogados, disidentes del chavismo y de la Asociación de Alcaldes por Venezuela.Expertos en Derecho Admi nistrativo, como Luis Alfonso Herrera, advierten que la interpretación que hicieron los concejales oficialistas de Maturín y Mario Briceño Iragorry del articulado de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal -que les sirvió de marco legalpuede abrir las puertas para la instauración del juicio político contra los alcaldes incómodos al poder central.La Loppm habría que revi sarse porque si su redacción permite el juicio político con destitución del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo a nivel de municipio, eso no se puede permitir. Ello se presta para que cada vez que se quiera, desde el consejo legislativo, acusar de mal administrador al alcalde, proceder a separarlo del cargo y designar a uno que sea afín al partido que tiene la mayoría, advirtió Herrera.El diputado Juan Pablo Gua nipa MUD, encargado del proyecto de reforma de la Loppm, advierte que el objetivo político del PSUV es controlar las alcaldías que perdió en las elecciones: Pretenden ir a esos municipios donde gobierna la oposición, pero la Cámara les favorece para crear imputaciones irreales, que se detenga al alcalde y designar a un alcalde sin haber sido elegido para ese cargo.Incluso Jesús Cepeda, ex di putado del PSUV-Guárico, que recientemente rompió con el oficialismo, se opuso a la medida: Rechazo los atropellos de que están siendo víctimas muchos alcaldes y dirigentes en este país. No puedo compartir esa manera de hacer política.¿Golpe de Estado? Otros abo gados administrativistas, como José Ignacio Hernández, afirman que la decisión adoptada por los concejos municipales constituye un golpe de Estado, pues se aplicó un régimen distinto al que correspondía en cada caso, de acuerdo con la ley.En un artículo publicado en Prodavinci, Hernández explica que en el caso de Mario Briceño Iragorry se aplicó un régimen de ausencia absoluta...

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