Aponte Aponte y la inmoralidad

¿Por qué las instituciones jurídicas, políticas y legislativas de un Estado que se procla ma democrático y que fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz en la Constitución bolivariana de 1999 artículo 1º se niega obstinadamente a investigar las imputaciones que en calidad de confesión, más que de denuncia, ha hecho públicamente un ex fiscal militar y ex magistrado del máximo tribunal de la nación que ponen en tela de juicio la moralidad, la legalidad y la legitimidad del Gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General de la nación, de la Contraloría General de la República y del Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional? El Gobierno y los otros órga nos del poder público no han refutado en forma convincente las acusaciones del ex magistrado, no han demostrado la falsedad de sus imputaciones, ni han desvirtuado con razones y pruebas contundentes el contenido acusador de su dramático mea culpa. Se han limitado a infamarlo y a descalificarlo, lo han tildado de pillo, traidor y vendido. Pero tales adjetivos no invalidan ni debilitan en nada las graves implicaciones que en relación con el desempeño de la función pública se derivan del testimonio de quien fuera por muchos años un fiel camarada y un decidido compañero de ruta. Más bien, creo, las reafirman. Porque, véase bien: ¿quién, sino un pillo, puede cometer felonías en cumplimiento de un papel compartido con otros funcionarios con anuencia de la jerarquía superior? ¿Quién, sino un traidor, puede exponer con tanto detalle los hechos dolosos cometidos en función de un fin político que contraviene el espíritu de la Constitución? ¿Quién, sino un vendido, puede cambiar o vender la información valiosa que posee en relación con esos hechos para salvar sus posesiones, su libertad y su vida? El Estado bolivariano no pue de investigar ni éste, ni ninguno de los otros casos denunciados con anterioridad los muertos del 11 de abril de 2002 y la renuncia del Presidente, Antonini Wilson y la maleta con los 800.000 dólares para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, Geovanny Vásquez y el asesinato del fiscal...

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