Decisión nº 13 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Octubre de 2009

De la perención de la causa.

Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no produce la perención

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…

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Con la perención de la instancia el legislador presume el abandono del procedimiento, determinado por la omisión de todo acto de impulso durante un tiempo concreto. El Estado tiene interés en evitar la pendencia indefinida de los procedimientos, y libera a sus propios órganos de la necesidad de dar respuesta a las demandas y a todo requerimiento procesal.

Se distinguen dos tipos de perención, la genérica, de un lapso anual, y la específica, referida a casos concretos como la citación y la muerte del litigante. Con respecto a la primera de las específicas, ésta tiene lugar cuando transcurridos treinta días desde la fecha de la admisión o de la reforma de la demanda, el actor no cumple con las obligaciones que le impone la ley para la práctica de la citación del demandado.

Ahora bien, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia de fecha 6 de julio de 2004, expediente Nº AA20-C-2001-000436, se pronunció acerca de la perención breve prevista en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

…dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.

Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.

Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide….

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De lo antes transcrito se desprende que la obligación de la demandante dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, es poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, refiriéndose básicamente al medio de transporte y a la dirección en la cual ha de practicarse la citación.

En el caso de autos, la admisión de la demanda tuvo lugar el 11 de junio del 2007, y por diligencia del 29 de junio del 2007 la representación judicial de la parte actora consignó los fotostatos a los fines de la elaboración de las compulsas, manifestó la dirección donde debía citarse a los co-demandados y la secretaria del juzgado dejó constancia de que los emolumentos del alguacil no fueron recibidos. Asimismo, el 10 de julio del 2007, el alguacil del juzgado a quo dejó constancia de haber recibido los emolumentos requeridos para la citación de los codemandados.

Observa este juzgador, que al poner a la orden del alguacil los medios y recursos para lograr la citación, la parte actora satisfizo antes de los treinta días siguientes a la admisión, los requerimientos exigidos por la jurisprudencia vigente.

Alegó la representación judicial de la parte demandada que en fecha 12 de julio del 2007, el tribunal ordenó librar las respectivas compulsas, es decir, después de transcurridos los treinta días previstos por la ley y la jurisprudencia, sin embargo, debe acotarse que es al tribunal a quien compete cumplir con ciertas y determinadas obligaciones, tales como librar la compulsa u orden de comparecencia, cuestiones éstas no achacables a las partes.

Así las cosas, estima este juzgador que la parte interesada realizó las diligencias pertinentes a los fines de procurar la citación de los demandados dentro de la oportunidad correspondiente, por lo que en la presente causa no ha operado la perención de la instancia. Así se decide.-

De la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

La parte demandada alegó la prohibición legal de admitir la acción propuesta por existir en el libelo inepta acumulación de pretensiones, “al aparecer petitorios absolutamente antagónicos en una misma demanda, los cuales no fueron solicitados bien en forma alternativa subsidiaria”, a lo que agrega que la parte actora en su demanda habla de resolución, desalojo, daños y perjuicios, demanda de cuotas de condominio; que con las peticiones se confunde una acción con otra.

Ahora bien, el tribunal de la causa resolvió el alegato de acumulación prohibida y nada dijo acerca del destino de la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, siendo que el a quo consideró que no hubo la acumulación prohibida contenida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, es evidente que desestimó la cuestión previa de prohibición de admitir la acción propuesta por acumulación no permitida. Así se decide.

La inepta acumulación tiene lugar cuando se amontonan en un mismo libelo pretensiones que se excluyen mutuamente o que son contrarias entre sí, o que por razones de la materia corresponden a distintos tribunales o tienen procedimientos incompatibles. De la revisión del escrito libelar se evidencia que la parte actora pretende la resolución del contrato de arrendamiento, con la consecuente entrega del inmueble y el pago de los cánones y cuotas de condominio por concepto de daños y la indexación de tales cantidades.

Por el hecho de la falta de pago de la pensión arrendaticia, nacen en beneficio del arrendador dos pretensiones, la de cobro de pensiones insolutas y la de resolución del contrato. Entonces, la resolución del contrato de arrendamiento y el cobro de pensiones derivan de una misma causa de pedir, a saber, el incumplimiento.

El contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo, en razón de que su cumplimiento se prolonga en el tiempo; asimismo, estamos en presencia de un contrato de cumplimiento periódico.

Señala el autor G.G.Q. en su libro La Resolución del Contrato, que en “el contrato de arrendamiento, como en todo contrato de ejecución continua, no se da el efecto reactivo de la resolución del contrato, puesto que las partes contratantes no están obligadas a devolverse, o repetir, las prestaciones cumplidas y ya disfrutadas, es decir, el arrendador no devuelve los alquileres recibidos en razón de que el arrendatario no puede devolver el uso y disfrute que tuvo de la cosa arrendada por haberse consumido en el terreno de la realidad”.

Dispone el artículo 1.167 del Código Civil, que “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ellos”. A la luz del transcrito artículo, es posible acumular a la pretensión de resolución, la de cobro de las pensiones y otros rubros establecidos en el contrato, por concepto de indemnización de los daños y perjuicios.

Así las cosas, vistos los conceptos reclamados por la parte actora que derivan de una misma causa de pedir (el incumplimiento), cuyas acciones no se excluyen mutuamente ni tienen procedimientos incompatibles, resulta forzoso considerar improcedente el argumento de acumulación prohibida.

El ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, prevé la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales.

En el supuesto de autos, al no existir inepta acumulación, no estamos ante una prohibición de admitir la acción propuesta, toda vez que se trata de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, prevista en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; por lo que resulta obligatorio declarar improcedente la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Del fondo de la controversia.

De acuerdo con la demanda, la actora celebró contrato de arrendamiento con la sociedad mercantil Agencia de Viajes Torres Rojas C.A. sobre el local comercial situado en la planta baja del edificio Torre Oasis, local número 5, ubicado en la avenida F.S., entre las calles El Cristo y Los Manguitos de la urbanización Las Delicias, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital, Distrito Metropolitano de Caracas.

Consta de autos contrato de arrendamiento autenticado ante la Notaría Pública Novena del Municipio Baruta del estado Miranda el 3 de julio del 2006, de donde se evidencia la relación arrendaticia existente entre las partes, lo cual, por lo demás, no es un hecho controvertido.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula TERCERA de la convención, el plazo de duración del contrato fue de un año contado desde el 1 de julio del 2006 hasta el 30 de junio del 2007; lo que permite concluir que estamos en presencia de un contrato de arrendamiento a plazo fijo, y por lo tanto procede la demanda de resolución del contrato. Así se decide.

Según la cláusula CUARTA del contrato, el canon mensual fue fijado en la cantidad TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 3.500.000,00), el cual debía ser pagado en la dirección de la arrendadora por mensualidades adelantadas. Asimismo, se obligó el arrendatario a pagar directamente al administrador del condominio del edificio la Torre Oasis las liquidaciones de las cuotas mensuales correspondientes a las contribuciones para cubrir los gastos causados por la administración, conservación, reparación o reposición de las cosas comunes.

Señala la actora que la causa de resolución del contrato es, por un lado, la falta de pago por parte de la arrendataria de los cánones que van desde diciembre del 2006 hasta mayo del 2007, a razón de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 3.500.000,00) mensuales, lo cual asciende a la cantidad de VEINTIÚN MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 21.000.000,00); y por el otro la falta de pago de las cuotas de condominio correspondientes a los meses de julio del 2006 hasta abril del 2007, por las cantidades de Bs. 295.967,00; Bs. 322.493,00; Bs. 361.411,00; Bs. 470.295,00; Bs. 468.430,00; Bs. 472.813,00; Bs. 509.048,00; Bs. 495.985,00; Bs. 526.593,00 y Bs. 517.213,00 respectivamente, todo lo cual suma la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 4.440.248,00).

A tal alegato se opone la parte demandada, negando la existencia de la deuda por concepto de cánones de arrendamiento y aduciendo la ilegalidad del aumento de los alquileres y de la obligación de pago de las cuotas de condominio de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Para decidir, se observa:

El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquélla, todo ello de conformidad con el artículo 1.579 del Código Civil.

Prevé el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, lo siguiente:

El arrendatario o subarrendatario no está obligado a pagar alquileres superiores a los legalmente fijados, ni primas por la cesión, traspaso o arriendo, o venta de punto, así como condición para la celebración del arrendamiento, la compra de bienes muebles que se encuentren ubicados dentro del área que se pretende arrendar

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Considera este juzgado que el artículo transcrito prohíbe el cobro de alquileres superiores a los legalmente fijados, cuando éstos estén fijados por los organismos competentes, es decir, que hayan sido regulados; por otra parte, la existencia del mencionado artículo en nada perjudica la voluntad de las partes, toda vez que el contrato es ley entre ellas, y esa fuerza obligatoria deriva de la autonomía de la voluntad.

Así las cosas, visto que las partes de común acuerdo establecieron el pago de los cánones de arrendamiento a razón de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 3.500.000,00) mensuales, y la obligación de la arrendataria de pagar las cuotas de condominio, la misma resulta perfectamente viable y legal.

Una vez acreditada la relación arrendaticia existente entre las partes y las obligaciones asumidas para la arrendataria; a ésta tocaba probar, de acuerdo con las reglas de distribución de la carga probatoria (artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil), que había pagado, o, de ser el caso, cualquier otra circunstancia liberatoria.

A los fines de demostrar la solvencia para el 30 de junio del 2006, la parte demandada consignó marcado “A”, recibo por la cantidad de Bs. 3.500.000,00, el cual es desechado por impertinente toda vez que no se refiere al período demandado.

Por otro lado, la parte demandada, a los fines de probar la solvencia de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de enero a junio del 2007, consignó marcada “B”, copia de recibo suscrito por el ciudadano B.S.C., y solicitó su ratificación de conformidad con el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, tal ratificación no tuvo lugar, razón por la cual se desecha como medio de prueba capaz de probar la solvencia alegada.

Desde otro ángulo, aprecia el sentenciador que la parte actora consignó junto con el libelo de demanda, sendos estados de cuenta informativos de Administradora Terranova C.A. y del Escritorio Jurídico Alpe y Asociados. En la oportunidad probatoria, Administradora Terranova C.A. remitió estado de cuenta de las cuotas de condominio causadas y no pagadas del local 5 de Residencias Torre Oasis, donde refleja una deuda desde el mes 7 del 2006 al mes 4 del 2008, por la cantidad de BS. 11.750,66; lo cual pone de relieve, con meridiana claridad, la existencia de la deuda por concepto de condominio, de donde forzosamente se sigue que la demandada tampoco cumplió con su obligación de pagar oportunamente la cuota condominial durante dicho período. Con relación al estado de cuenta informativo del Escritorio Jurídico Alpe y Asociados, el mismo al tratarse de un documento privado que emanó de un tercero, debe necesariamente ser desechado al no haber sido ratificado en juicio.

Ahora bien, la parte demandada en la oportunidad de contestar la demanda hizo valer la compensación de deudas, alegando que ha cancelado las cuotas de condominio hasta ascender a la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES (BS. 4.440.248,00), lo que catalogó como ilegal y contrario a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Sin embargo, este tribunal ya fijó criterio al respecto y consideró válida la estipulación contractual que prevé la obligación de la arrendataria de cancelar el monto correspondiente a las cuotas de condominio, aunado al hecho de que el pago de la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES (BS. 4.440.248,00), no quedó acreditado en autos; por lo que es forzoso desestimar el argumento de compensación de deudas. Así se decide.

Por otra parte, observa este juzgador que la demandante solicitó en su petitum, que se le pagaran las cuotas de condominio causadas y no pagadas, montantes a CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES (BS. 4.440.248,00) y por concepto de honorarios profesionales la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 666.037,00), “y así sucesivamente la cantidad de bolívares equivalente a la suma de las cuotas de condominio y honorarios profesionales que se vayan causando hasta la entrega del inmueble arrendado”.

Esta última petición, referida a las “cuotas de condominio y honorarios profesionales que se vayan causando hasta la entrega del inmueble arrendado”, deviene en improcedente, toda vez que no se trata de una deuda líquida ni liquidable por experticia complementaria del fallo, al desconocerse el importe de cada mensualidad de condominio ni de los honorarios “profesionales que se vayan causando”, por tanto, de mediar reparo al respecto por parte de los querellados, la controversia que entorno a ello se suscite debe ser resuelta mediante el correspondiente contradictorio; por lo que en este específico punto debe apreciarse el recurso de apelación. Así se decide.

Finalmente, la parte actora demandó junto con la arrendataria a los fiadores solidarios, ciudadanos G.A.R.M. y J.C.T.. Se evidencia de la cláusula DÉCIMA TERCERA del contrato de arrendamiento que la parte arrendadora estaba obligada a dar y mantener una fianza auténtica, solidaria e indefinida, y que a tal efecto el 10 de julio del 2006, los ciudadanos G.A.R.M. y J.C.T., mediante documento notariado (cursante a los folios 33 al 35) se constituyeron en fiadores solidarios e indefinidos o ilimitados y principales pagadores de todas y cada una de las obligaciones contraídas por la sociedad mercantil Agencia de Viajes Torres Rojas C.A. en el contrato de arrendamiento celebrado con la ciudadana A.N.N., por lo que éstos resultan igualmente responsables de las obligaciones pecuniarias.

En conclusión, estando probada la relación arrendaticia y no habiendo sido probada la liberación de la obligación de pago, es menester declarar parcialmente con lugar la demanda y así se dispondrá en la sección resolutiva de esta sentencia. Así se decide.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, este tribunal superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- Sin lugar la perención alegada por la parte demandada. SEGUNDO.- Sin lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referente a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta. TERCERO.- Parcialmente Con Lugar la acción de resolución de contrato de arrendamiento y cobro de daños y perjuicios incoada por la ciudadana A.N.N. contra la sociedad mercantil AGENCIA DE VIAJES TORRES ROJAS C.A. en su carácter de arrendataria, y contra los ciudadanos G.A.R.M. y J.C.T. en su condición de fiadores solidarios, todos identificados al inicio de este fallo. En consecuencia, se declara resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes según documento autenticado el 3 de julio 2006 ante la Notaría Pública Novena del Municipio Baruta del estado Miranda, bajo el Nº 57, Tomo 40, de los libros de autenticaciones respectivos. Se condena a la parte co-demandada sociedad mercantil Agencia de Viajes Torres Rojas C.A., a entregar a la demandante, libre de bienes y personas, el inmueble constituido por el local Nº 5 (Propiedad Horizontal), identificado con el Código de Catastro 05-21/19-08, situado en la Planta Baja del edificio TORRE OASIS, ubicado en la avenida F.S.L., entre las calles El Cristo y Los Manguitos, urbanización Las Delicias, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital, Distrito Metropolitano de Caracas. El precitado Local N° 5 tiene una superficie de noventa y seis metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (96,58 M2) aproximadamente, distribuidos así: cuarenta y cinco metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados (45,65 M2) aproximadamente, en la Planta Baja, y cincuenta metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados (50,93 M2) aproximadamente en Mezzanina, y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: en la Planta Baja, NORTE, local distinguido con el N° 4; SUR, local distinguido con el N° 6; ESTE, lindero Este del edificio; y OESTE, circulación general de la Planta. En la Mezzanina, NORTE, local distinguido con el N° 4; SUR, depósito del local distinguido con el N° 6; ESTE, lindero Este del edificio y depósito del local distinguido con el N° 6; y OESTE, depósito del local distinguido con el N° 4 y vacío sobre plaza interna. Asimismo, se condena a la parte demandada, sociedad mercantil Agencia de Viajes Torres Rojas C.A. y los ciudadanos G.A.R.M. y J.C.T., a pagar solidariamente a la actora, lo siguiente: 1) La cantidad de VEINTIÚN MIL BOLÍVARES (Bs. 21.000,00) por concepto de cánones de arrendamiento de los meses que van desde diciembre del 2006 hasta mayo del 2007, a razón de TRES MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 3.500,00) mensuales. 2) La suma de TRES MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 3.500,00) por cada mes transcurrido desde junio de 2007 (inclusive), hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo. 3) La suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 4.440,25) por concepto de cuotas de condominio de los meses que van desde julio del año 2006 hasta abril del año 2007, ambos inclusive. CUARTO.- Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación incoado por la representación judicial de la parte demandada contra la sentencia dictada el 3 de noviembre del 2008 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Queda MODIFICADA la apelada.

No hay especial condenatoria en costas, dada la naturaleza de esta decisión.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del dos mil nueve (2009). Años: 199° y 150°.-

EL JUEZ,

J.D.P.M.

LA SECRETARIA,

E.R.G.

En la misma fecha, 28/10/2009, se registró y publicó la anterior decisión constante de diecinueve (19) páginas, siendo las 10:09 a.m.

LA SECRETARIA,

E.R.G.

Exp. N° 5.873

JDPM/ERG.