Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 6 de Diciembre de 2010

ABSUELVE al acusado S.A.P.E., quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Villa Sucre Norte de Santander, nacido en fecha 09-05-1958, de 51 años de edad, hijo de P.S. (f) y de L.A. (f), titular de la cédula de identidad N° E- 81.893.855, de estado civil soltero, de ocupación Comerciante, residenciado en barrio A.R., carrera 6 calle 13 N° 13-55, San Antonio teléfono 7716590, de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL DE ADOLESCENTES, previsto y sancionado en el artículo 260 de La Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio del adolescente Y.N.R.

CONDENA al acusado S.A.P.E., quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Villa Sucre Norte de Santander, nacido en fecha 09-05-1958, de 51 años de edad, hijo de P.S. (f) y de L.A. (f), titular de la cédula de identidad N° E- 81.893.855, de estado civil soltero, de ocupación Comerciante, residenciado en barrio A.R., carrera 6 calle 13 N° 13-55, San Antonio teléfono 7716590, a cumplir la pena de DIECISÉIS (16) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL DE ADOLESCENTES, previsto y sancionado en el artículo 260 de La Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio del entonces adolescente, ahora mayor de edad F.C..

SE CONDENA al acusado S.A.P.E., a las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal.

SE CONDENA en COSTAS al acusado S.A.P.E..

SE DICTA Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano S.A.P.E.

(Omissis)

En fecha 07 de septiembre de 2010, los abogados J.T.R. y J.G.N.R., en su carácter de defensores privados del ciudadano P.E.S.A., interpusieron recurso de apelación contra esa decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual arguyen en el escrito de apelación, lo siguiente:

(Omissis)

DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Mixto de primera Instancia en Función de Juicio Nro. Uno de la Extensión Judicial de San A.d.T., luego de hacer una trascripción total de todas y cada una de las declaraciones, testimoniales rendidas en juicio, comienza a definir el término abuso, abusar, así como los términos máxima, lógica y conocimiento científicos; términos que se definen correctamente pero que sin embargo no lleva a la práctica para fundamentar su sentencia. Asimismo señala que en cuanto al presunto delito cometido contra el adolescente Y.A.N.R el mismo no pudo ser corroborado al analizar pormenorizadamente las distintas pruebas recepcionadas en la sala de audiencias.

Que en cuanto al presunto delito cometido en contra del adolescente, hoy mayor de edad F.C., se aprecia la declaración del mismo señalando que: “…en ese orden de ideas se ha apreciado la declaración de la victima F.C., quien en ese momento era menor de edad, quien afirma que si bien aceptó el encuentro con el acusado, una vez que éste lo buscó y lo llevó a su casa ubicada en barrio ricaute, fue objeto de una felación anal, mediante el uso de la fuerza, acto que él en ningún momento consintió, por cuanto había asistido a ese lugar solo para participar en una relación en donde él hiciera las veces de hombre, y el acusado iba asumir el rol de mujer, para lo cual el acusado PEBLO E.S.A., le ofreció pagar la cantidad de cuarenta mil bolívares, mismo que en efecto recibió una vez que fue objeto de un acto sodomita por via anal, acto que en ningún momento fue consentido por el adolescente…”. Al respecto y seguidamente el juez aquo señala que: “… apreciando el Tribunal (sic) que su declaración fue rendida bajo juramento, por ser mayor de edad, y sin titubeos, solo con las evidentes manifestaciones de vergüenza por exponer a terceros lo que le ocurrió en dicha oportunidad, pero permitiendo, en conjunto con las demás pruebas, establecer que fue objeto de abuso sexual…”; pero el Tribunal (sic) NO determina ni precisa de manera inequívoca cuales que pruebas constituyen ese conjunto.

Sin embargo hace bien el tribunal al citar la sentencia 179 de la sala de Casación Penal de fecha 10 de mayo de 2005, que expone: “…el testimonio de la víctima o sujeto pasivo del delito tiene pleno valor probatorio considerándose un testigo hábil. Al no existir en el proceso penal el sistema legal o tasado en la valoración de la prueba, no se procede la exclusión del testimonio único, aún procediendo de la víctima, ello en tanto aparezcan razones objetivas que lleven a invalidar las afirmaciones de ésta o susciten en el tribunal una duda que le impida formar su convicción al respecto” (sombreado nuestro).

Es clara la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala Penal al señalar que en tanto no aparezcan razones objetivas que lleven a invalidar las afirmaciones de ésta o susciten en el Tribunal (sic) una duda que le impida formar su convicción al respecto; en el caso en comento SI exciten (sic) estas razones objetivas, cuales son el testimonio del adolescente N. R .Y, (Yordan) fue a casa del señor >Pablo por sus propios medios; que nadie lo llevo; que no conoce a ningún ciudadano con el nombre de Mikin, que no le contó a Sahir lo que pasó en la casa de Pablo, que como entró a esa casa salió, que fue a la casa del ciudadano (refiriéndose a nuestro defendido) a nada. Declaración esta que en nada coincide con la rendida por la presunta víctima F.C. quien en su relato manifiesta, entre otras que,: él (Fray) lo había llevado (a Yordan) en la moto de la mamá a esa casa, que Yordan después lo había llamado para que lo pasara buscando, que cuando él (Fray) llegó, Yordan estaba llorando porque ese Señor lo había abusado.

Aunado a ello existe una prueba contundente que irrefutablemente contraria lo denunciado por el ciudadano F.C., por cuanto si bien es cierto que según el testimonio del Medico Forense R.J.R.L., quien ratificó en todas y cada una de sus partes los informes médicos forenses signados con los números 308 y 309, de fecha 23 de abril de 2008, (aún cuando dichos informes no fueron incorporados mediante su lectura en el debate oral y público, siendo promovidos por la Representación Fiscal de manera genérica en su escrito de Acusación (sic)); determinó que el signado con el número 308, pertenece al examen anorectal practicado al para entonces adolescente F.C. el mismo presentaba laceración en la mucosa y desgarro a nivel de la hora once según los meridianos del reloj; no es menos cierto que, según lo señalado por el mismo experto: “ … por la apariencia de la laceración se pudo determinar que era reciente (subrayado nuestro) ,no es reciente cuando tiene más de 08 días, que por lo general ya se convierte en una cicatriz, en el presente caso tenía aproximadamente como tres o cuatro días de haberse cometido el hecho…”. Esto quiere decir que resultaría imposible materialmente hablando que tal hecho hubiese sido cometido por nuestro representado, tomando en cuenta que según la denuncia efectuada por la victima y su representante legal en fecha 16 de abril de 2008, supuestamente nuestro defendido lo habían abusado sexualmente hacía dos meses atrás aproximadamente (estaríamos hablando entonces de finales de febrero o principios de marzo del año 2008) y que desde esa fecha el , para ese momento adolescente F.C., no había vuelto a ver a nuestro representado. El tribunal para fundar su decisión obvia esta circunstancia fundamental en los hechos y se limita a tomar en cuenta para su sentencia condenatoria el hecho de que efectivamente el ciudadano F.C. fue abusado sexualmente, pero no compara ni concatena las fechas (del posible hecho, de la denuncia, y de la practica del examen médico legal) ni lo señalado por el médico forense al determinar que sin lugar a dudas el abuso en cuestión debió haber sucedido de tres a cuatro días antes de la practicada del respectivo examen forense (23-04-08) y no como denuncia la víctima la cual no volvió a ver a nuestro representado. Se evidencia inequívocamente, estimados jueces que la responsabilidad penal de tales hechos no pueden acreditarse a nuestro Representado.

Asimismo cabe resaltar que las demás declaraciones rendidas en el juicio oral y público pertenecientes a los ciudadano NULFA P.A.D.C., F.C.O., DICSON S.A.P., A.E.D.U., C.S.R.P. Y Y.R.E., quienes son solo testigos referenciales, que conocen de los hechos por terceras personas, o como algunos de ellos mismos señalan “chismes del barrio o por los vecinos” el juez aquo se limitó a transcribir textualmente sus declaraciones sin hacer la respectiva comparación, análisis y descarte de dichas deposiciones.

Como agregado a la sentencia condenatoria, el Tribunal (sic) a quo (sic) en el punto cuatro de la parte dispositiva, agravó aún más la situación jurídica de nuestro defendido en condenarlo al pago de las costas, condena ésta que es inconstitucional, por el principio de la gratuidad de la Justicia Penal.

DEL(sic) DERECHO(sic)

Fundamentamos la presente Apelación de Sentencia definitiva en la causales previstas en los numerales 2 y 3 del Artículo 452 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 364 numeral 2,3 y4, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que el aquo incurrió en los vicios de falta de motivación de la sentencia y en la omisión de forma sustanciales de los actos que causan indefensión, con silencio de pruebas.

Artículo 452.- Motivos. El recurso solo podrá fundarse en:

…2. falta… en la motivación de la sentencia…”.

3. Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión…”.

   La intima convicción del prejuiciado sentenciador para desvirtuar el Principio de Inocencia de nuestro representado estuvo fundado en las declaraciones de testigos referenciales, ninguno presencial, declaración de la victima quien se contradice en sus declaraciones y tomando solo la parte que le convino para su decisión, de la declaración en calidad de experto del ciudadano R.J.R.L., llegando al extremo el tribunal a utilizar las pruebas exclusivamente en cuanto a que acreditan los hechos acusados y no en la dimensión de exculpación de nuestro defendido; visto además que el aquo omitió una de las formas sustanciales de los actos que causa indefensión a nuestro representado.

   PRIMERA(sic) DEUNUCIA(sic): Falta de motivación de la sentencia por Violación del Artículo 452,, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal en relación al Artículo 364 ordinal 4° ejusdem.

   En cuanto a la falta de motivación de la sentencia, en el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Mixto Primero de juicio de la Extensión de San A.d.T., realizo una valoración parcial de las pruebas al citar en su parte motiva solo aquellos elementos probatorios que le convenían para fundamentar su condenatoria, sin entrar a realizar la respectiva comparación, análisis y descarte de las pruebas llevadas a l debate oral: obligación que le impone los artículos 22 y 364 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   De la deposición dada por la presunta víctima F.S.C.D.D., cuya declaración integra rendida ante la Fiscalía del Ministerio Publico, corre agregada la primera al folio dos en fecha 16 de Abril (sic) de 2008, y la rendida en el debate oral y público, se evidencia claramente que transcurrieron siete días desde la interposición de la denuncia hasta la práctica del examen médico forense, realizado el día 23 de Abril (sic) de 2008, detectando una ILOGICIDAD CRONOLOGICA en lo atinente al desarrollo de los hechos, donde el experto Médico Forense R.J.R.L., con una reconocida experiencia de 19 años de servicio, de manera clara, sencilla y entendible explicó y ratificó certeramente que el hecho se produjo de tres a cuatro días antes de practicarse el examen, lo que nos indica de manera contundente y específica, que si la valoración del médico fue el día 23 de Abril (sic) de 2008, el hecho debió haber ocurrido en los días 19 ó 20 de Abril (sic), y consta en las actuaciones y de las declaraciones rendidas en juicio por los ciudadanos A.D.C.N.P. Y DE LA VICTIMA F.S.C.D.A., quien además señala que desde ese día, según él mismo “aproximadamente dos meses antes de la denuncia” no volvió a ver a ese señor, refiriéndose a nuestro representado; que la denuncia fue interpuesta el día 16 de Abril de 2008, es decir, ¿antes de haber ocurrido el hecho denunciado?, pues conforme al testimonio del experto Médico Forense R.J.R.L. el abuso sexual debió haber ocurrido entre el 19 ó 20 de abril de 2008, por cuanto cuando pasan de tres o cuatro días, las heridas empiezan a cicatrizar, y las mismas eran recientes para el momento de practicar el respectivo examen medico en fecha 23 de abril de 2008; concatenando las pruebas testimoniales señaladas supra y la deposición del experto R.J.R.L. conjuntamente con el resultado de la experticia para esa fecha materialmente fue imposible que el menor FRAIR (sic) SAIR (sic) CASTELLANOS AVILA (sic) hubiese sido abusado por nuestro defendido P.E.S.A..

   Asimismo y de manera irresponsable, el mismo día 16 de abril de 2008, el para ese momento también adolescente YORDANANTONIO NIETO RAMIREZ quien era o es aún amigo del ciudadano FRAIR (sic) SAIR (sic) CASTELLANOS AVILA (sic) también denuncio haber sido victima de tal abuso sexual por parte de nuestro defendido, quedando tales afirmaciones totalmente descartadas y desvirtuadas posteriormente, en virtud del examen físico medico forense que le fue practicado en fecha 23 de abril de 2008, por el medico forense R.J.R.L., mediante el cual quedo demostrado que el ciudadano Y. A. N. R, no fue victima de ningún abuso sexual, por lo que se evidencia una clara intención perversa y de mala fe de perjudicar el honor de nuestro representado.

   El Tribunal Mixto Primero de Primera Instancia en Funciones de juicio, Extensión San A.d.T., quebrantó la ineludible exigencia del Artículo 22 de la N.P.A. al prescindir de la sana crítica, la observación de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, para determinar si existieron o no verdaderas pruebas de cargo y si éstas resultaron suficientes para acreditar la culpabilidad penal o no, de nuestro defendido. Esta exigencia obliga al juez a explicar suficientemente, cómo ha valorado las pruebas, tanto las que acrediten la culpabilidad del reo, como las que les exculpen (que fueron las que no realizó); las cuales debe a.u.p.u.e.l. parte demostrativa de la misma, para luego hacer una valoración en conjunto que permitan determinar en que coinciden y en que se excluyen, y así llegar a una conclusión en cuanto a la responsabilidad penal del o los acusados. Si bien es cierto, que en nuestro sistema de valoraciones de pruebas, el juez tiene la libertad de apreciación; no obstante, tiene las limitaciones del apego a la lógica y a la razón, por lo tanto cuando el juzgador en la parte referida a la DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS, el juzgador debe circunscribirse a lo demostrado en sala, y apegarse a lo establecido en el tercer requisito del artículo 364 de la norma adjetiva penal.

   DE(sic) LA(sic) SOLUCION(sic) QUE(sic) SE(sic) PRETENDE(sic) A(sic) LA(sic) PRIMERA(sic) DENUNCIA(sic):

   Esta defensa técnica solicita que esta denuncia sea admitida y consecuencia y en base a lo expresado en su argumentación, sea declarada CON LUGAR por esa Corte de Apelaciones en observancia a lo establecido por el artículo 457 de (sic) Código Orgánico Procesal Penal y por lo tanto ANULE la sentencia por esta vía recurrida y ordene la celebración de un Nuevo Juicio Oral y Público, ante un juez de Juicio distinto al que dictó la decisión anulada para que de manera transparente, objetiva y apegado a la Ley, dicte la decisión que corresponda.

   DE (sic) LA (sic) SEGUNDA (sic) DENUNCIA (sic): El Quebrantamiento u Omisión de formas sustanciales de los actos que causan Indefensión. Con fundamento a lo establecido en el artículo 452, numeral3 del Código Orgánico Procesal Penal.

   En lo que respecta a la recepción de las pruebas, el Tribunal (sic) de Juicio (sic) tiene el deber procesal y constitucional de evacuar todos aquellos medios probatorios que hayan sido admitidos en la audiencia preliminar o antes del inicio del debate, en los casos del procedimiento abreviado; ahora bien, los Testigos (sic) referidos a las ciudadanas BELKYS C.S.A. y S.S.D.C., quienes efectuaron sus deposiciones ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), promovidas por la defensa en la audiencia preliminar, efectuada en fecha primero de marzo de 2008 (folios del 100 al 109), aun cuando fueron legalmente incorporados y admitidos por el tribunal(sic) Tercero (sic) de Control (sic), por considerarlas lícitas, legales y pertinentes, nunca fueron oídas en el Juicio Oral y Público, por parte del Tribunal (sic) aquo, de igual manera, fueron ignorados por el Tribunal (sic), los medios de pruebas documentales como son el Acta de inspección ocular que riela al folio 33,de fecha 23-05-08 y el informe psicológico practicado a la presunta víctima, agregado a los folios 40, 41 y 42, de fecha 08-07-08, las cuales fueron promovidos por la Representación (sic) Fiscal (sic), pero que en virtud de habernos acogido al principio de la comunidad de la prueba, también nos apropiamos de las mismas, y admitidas como fueron en la audiencia preliminar por el Tribunal Tercero de Control de la Extensión de San A.d.T.; tampoco fueron evacuadas en la audiencia oral y pública, es por lo que esta defensa técnica considera que estamos en presencia de una snet6encia que ha lesionado gravemente el derecho a nuestro representado de contar con los medios de defensa oportunamente promovidos y admitidos en la fase correspondiente, QUEBRANTANDO EL DEBIDO PROCESO.

   El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, opera cuando al acusado o el justiciable, se le priva o limita en el ejercicio de algún derecho o garantía constitucional que le cause indefensión, constituyendo envicio in procedendo que afecta la actividad procesal, generando indefensión al procesado, por cuanto de no haberse producido tal vicio posiblemente la decisión habría sido distinta.

   Ciudadanos Jueces, como todos los estudiosos del derecho sabemos, el proceso es el único instrumento fundamental para la realización de la justicia, donde no se le podrá sacrificar por la omisión de formalidades no esenciales, conforme al artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 3, del 11 de enero de 2002, sostuvo:

   …El proceso se presenta en consecuencia, como una garantía para todos los sujetos procesales y no tan sólo para el imputado, sino también para todos aquellos que intervienen en el conflicto penal planteado como consecuencia del hecho punible, en el cual pueden intervenir el imputado, la víctima, la sociedad y el mismo estado representado a través de cualquiera de sus órganos procesales.

   Por ello en toda clase de investigación y proceso, se observaran las mínimas garantías que permitan a los justiciables, el ejercicio efectivo de sus derechos sustanciales y procesales inherentes al ser humano, a fin que, en el marco de un proceso debido, se instrumentalice la realización de la justicia, mediante una decisión de mérito, oportuna y fundada en derecho, independientemente de la pretensión de las partes, pero con toda posibilidad de actuación procesal, lo que en suma caracteriza la tutela judicial efectiva…

   .

   Por consiguiente, se establecen principios y reglas técnicas tendentes a resguardar los derechos y garantías constitucionales de los justiciables. Sentencia N° 94 de la Sala de Casación Social, Expediente N° 00-500 de fecha 17/05/2001:

   (…) se considera que hay menoscabo del derecho a la defensa cuando el Juez priva o limita el ejercicio por las partes de los medios y recursos que la ley procesal concede para la defensa de sus derechos…

   Por otro lado, y en lo(sic) respecta a la denuncia de violación al debido proceso alegado por la parte solicitante, nuestro M.T. se ha pronunciado al respecto y ha establecido que se denomina debido proceso a aquel que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones administrativas y judiciales, al mismo tiempo que ha establecido como puede manifestarse la violación del debido proceso, y ha establecido que existe violación al debido proceso cuando se prive o coarte a alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio en que se ventilen cuestiones que les afecten…”.

   Quebrantamiento y omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión; alegando que le fueron quebrantado o vulnerado a su defendido, los derechos constitucionales, relativos al derecho a la defensa, notificación, al derecho a la inocencia y finalmente el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus numerales 1° y 2°, respectivamente. De igual manera y como consecuencia de la violación flagrante por parte del Ciudadano Juez de Juicio a lo contenido en los artículos 190 y 191 respectivamente, del Código Orgánico Procesal penal venezolano vigente, solicitamos a esta Corte de Apelaciones declare la “…NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA CONTRA LA CUAL SE RECURRE, EN CONSIDERACIÓN A QUE SI BIEN ES CIERTO, QUE SEGÚN LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 196 EJUSDEM. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD NO PODRA RETROTRAER EL PROCESO A ETAPAS ANTERIORES…, SALVO CUANDO LA NULIDAD SE FUNDE EN LA VIOLACIÓN DE UNA GARANTÍA ESTABLECIDA A SU FAVOR… “.

   En el presente caso se ha violado la garantía del debido proceso a la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le ha dado el resguardo y relevancia debida como corresponde a un Tribunal Constitucional, Entre (sic) otras en la sentencia 3005 de fecha 14-10-2005, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero en los siguientes términos:

   …la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo deben cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley: de forma tal, que la controversia sea resuelta, conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva…

   .

   …la finalidad del proceso penal establecido en el artículo 13 eiusdem, cual no es otro que el esclarecimiento de la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho…”.

   Asimismo en sentencia 3021 de fecha 14 de octubre de 2005 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Francisco Carrasqueño López, dejó establecido que:

   …En tal sentido, el artículo 190 de la mencionada ley adjetiva penal, dispone que los acto9s cumplidos en contradicción o inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley procesal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado. Es el caso que la regla contenida en la referida norma irradia sus efectos en todas las fases del proceso penal, incluso más allá de la sentencia definitivamente firme, debiéndose también resaltar, que la mencionada regla constituye un mecanismo para salvaguardar la vigencia del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…

   (sombreado nuestro).

   El criterio que dejaron asentado las sentencias de la sala Constitucional, citadas supra ha sido reiterado, entre otras en las sentencias 811 del 11-05-05; 2907 del 07-10-05; Este (sic) principio debe regir durante todas las etapas del proceso, incluso mas allá de la sentencia definitivamente firme y guarda estrecha relación con el contenido en el artículo 49.8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela formando parte de las reglas mínimas que sustentan el debido proceso.

   Aunado a ello cabe resaltar que el debate oral es una de las fases con mayor importancia en el proceso penal acusatorio, ya que en la misma se prueba la veracidad y correcta fundamentación de la acusación formulada por el Ministerio Público, constituyendo esta la oportunidad esencial donde se esgrimirán las defensas y oposiciones contra dicha imputación, de allí que esta sea la fase con mayor relevancia en todo el proceso, en donde debe predominar la salvaguarda y garantía de todos los derechos que le asisten a las personas sometidas a proceso penal.

   DE(sic) LA (sic) SOLUCIÓN (sic) QUE (sic) SE (sic) PRETENDE(sic) A(sic) LA(sic) SEGUNDA (sic) DENUNCIA (sic)

   Esta defensa técnica solicita que esta denuncia sea igualmente admitida y declarada CON LUGAR por esa corte de Apelaciones en observancia a lo establecido por el artículo 457 de (sic) Código Orgánico Procesal Penal y consecuencialmente se proceda a ANULAR la sentencia impugnada y se ordene la celebración de un Nuevo Juicio Oral y Público ante un juez de juicio distinto al que dictó la decisión anulada, por cuanto no cabe duda que están en juego formalidades esenciales que pertenecen tanto a la esfera jurídica del órgano de prueba, como a la libertad personal de nuestro defendido garantizada en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también el derecho a la prueba garantizado en el artículo 49.1 ejusdem, integrantes del Principio Universal del debido Proceso.

   PETITORIO

   Con fundamento en todos los argumentos de hecho y de derecho, ampliamente expuestos en el presente RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA, solicitamos muy respetuosamente a la honorable Corte de Apelaciones del Estado Táchira:

1. - Se ADMITAN (sic) las denuncias de vicio de Inmotivación (sic) de la Sentencia (sic) Condenatoria (sic) en la causa penal signada con el número SP11-P-2009-003419, dictada por el Tribunal Mixto Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio.

2. - Y consecuentemente, solicitamos que las Dos Denuncias que constituyen el presente Recurso de Apelación , SE DECLAREN CON LUGAR, en virtud de lo cual y de conformidad con los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículo 13, 190, 191 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, se ANULE la cuestionada sentencia y SE ORDENE LA REALIZACIÓN DE UN NUEVO JUICIO en un tribunal distinto al que la dictó.

3. - En virtud de lo establecido por el Artículo 458 de la n.p.a. esa Corte de Apelaciones ORDENE LA LIBERTAD de nuestro defendido, por cuanto su privación de libertad se produjo en la audiencia de fecha 03 de agosto de 2010 como consecuencia de la sentencia condenatoria dictada ese día en su contra y se sustituya su situación jurídica de Libertad de la cual venía gozando hasta la conclusión del debate oral y público o en su defecto, decida una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Por su parte, los abogados C.F.H. y J.A.S., adscritos a la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público, mediante escrito, dieron contestación al recurso de apelación interpuesto, en donde expresan en su escrito lo siguiente:

   FALTA (sic) DE (sic) MOTIVACIÓN (sic) DE (sic) LA (sic) SENTENCIA (sic) SEGÚN EL (sic) RECURRENTE (sic)

   Al efecto DENUNCIA el Recurrente Falta de Motivación De La Sentencia por el Tribunal Mixto quien realizo una valoración parcial de las pruebas al citar en su parte motiva solo aquellos elementos probatorios que le convenían para fundamentar su condenatoria, sin entrar la respectiva comparación, análisis, y descarte de las pruebas llevadas al debate oral, al señalar que él al analiza (sic) la sentencia en comento, estima la Ilogicidad (sic) Cronológica (sic) en cuanto al desarrollo de los hechos situación que no existe. Esta representación Fiscal (sic) considera que el sentenciador al momento de valorar cada una de las pruebas evacuadas en la audiencia de Juicio Oral y Reservado, hace el análisis y comparación de las pruebas, concatenando y relacionando cada una de las pruebas evacuadas, motivando así su sentencia y desvirtuando por completo lo alegado por la defensa ya que el juzgador en su sentencia mantiene una lógica y concordancia con debatido en todas y cada una de las audiencias de juicio.

   Considera esta representación Fiscal que la mayor parte de lo (sic) alegatos de la defensa son hechos que ocurridos en las diferentes etapas del proceso, pues la defensa hace mención a lo alegado por la victima en la denuncia, circunstancia esta que pertenece al inicio de la fase de Investigación penal y que fue corroborada por la victima en el debate de la audiencia de Juicio Oral y Reservado, el cual es el momento en que el Juez de Juicio tiene conocimiento de los hechos planteados y las partes tienen la oportunidad procesal para la deliberación y evacuación de los medios de prueba que llevarán al Juez a la convicción de declarar inocente o culpable al acusado, garantizando con esto los principios de Finalidad del Proceso, Oralidad, Inmediación concentración, Contradicción, todos consagrados en el Código Procesal Penal. Honorables Magistrados por lo anterior expuesto considero muy respetuosamente que La Corte no debe valorar lo alegado por la defensa y declarar improcedente la denuncia de Ilogisidad Cronológica de la sentencia.

   En el presente caso, el tipo penal prevé un tipo penal que refiere una acción especifica, es decir el abuso sexual, definido como aquel acto consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, pudiendo ejercerse violencia o no en dicha criminosa ejecución. Ocurriendo que a pesar de los argumentos expuestos por la sentencia mencionada ut supra, a la fecha no se han corregido las falencias del tipo en análisis contenido en la ley.

   Que en cuanto al presunto delito cometido en contra del entonces adolescente hoy mayor de edad, F.C. (sic), se aprecia la declaración del mismo señalando que “ En tal sentido, en ese orden de ideas se ha apreciado la declaración de la victima F.C., quien en ese momento era menor de edad, quién afirma que si bien aceptó el encuentro con el acusado, una vez que este lo buscó y lo llevó a su casa ubicada en el Barrio (sic) Ricaute, fue objeto de una felación por vía anal, mediante el uso de la fuerza, acto que él en ningún momento consintió, por cuanto había asistido a ese lugar sólo para participar en una relación donde el hiciera las veces de hombre, y el acusado, iba a asumir el rol de mujer, para lo cual el acusado P.E.S.A., le ofreció pagar la cantidad de cuarenta mil bolívares, mismos que en efecto recibió una vez que fue objeto de un acto sodomita por vía anal, acto que en ningún momento fue consentido por parte del adolescente”…

   Así las cosas la doctrina a señalado que tratándose de un sujeto calificado en cuanto a la mayoría de edad del sujeto activo, y de sujeto pasivo calificado en cuanto a que se trate de menor de edad expresamente que para que exista el tipo se haya realizado el abuso sexual sin consentimiento de la víctima ,lo cual es un contrasentido semántico, debido a que si es abuso, esto de por sí implica algo contrario a la voluntad.

   El tratadista a.S.S., afirma que este tipo de actos constituyen, en su género, un atent6ado a la libertad sexual, por cuanto el género de violencia, real o presunta, es capaz de forzar la voluntad de la victima reprimiendo su consciente rechazo a la acción del sujeto agente.

   En tal sentido, la moderna doctrina internacional define la tesis de que cuando la persona dice NO a la Intención sexual de acercamiento de la otra, se compromete el respeto a su dignidad y su derecho especifico a la libertad sexual, la cual le permite elegir con quien establecer dicha relación, en los términos en que su conciencia lo defina y determine, sin que pueda soslayarse tal volición libre.

   Ello viene a reforzar la posición concreta de la libertad del individuo a elegir con quien establecer vínculos de naturaleza e índole sexual, en los modos que considere su sana conciencia.

   En este sentido, el atentado a la libertad sexual puede ejercerse por diversos medios, sea a través de la violencia física o sea a través de la violencia Psicológica o moral, las cuales suponen en todo caso, la posición de dominio que ejerce el sujeto activo sobre la voluntad o resistencia de la victima, con el objeto de someterse a sus deseos carnales, reprimiendo el rechazo al mismo. Es decir, que la victima no haya consentido el acto sexual o la definición del modo en que dicho acto se realice, y en el presente caso la victima señalo de manera inequívoca que el nunca presto el consentimiento para que el acusado el ciudadano P.S. lo penetrara analmente con su miembro sexual cometiéndose un hecho contranatural.

   …Ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que respecto a la declaratoria de responsabilidad del acusado, es necesario expresar en la sentencia los hechos demostrativos de la vinculación entre el delito enjuiciado y la persona a quien se le imputa. Así se puede apreciar si el procesado es inocente o culpable y en este último caso, en atención a los hechos establecidos, se puede determinar el grado de participación…

   .”

   No quedando al sentenciador ninguna duda la culpabilidad del acusado tal y como deja constancia en la motivación de la sentencia.

   Al respecto me permito señalar honorables magistrados, que en el capítulo V de la sentencia Apelada, el Honorable Juez de Juicio consideró que los hechos señalados por esta representación fiscal, quedaron suficientemente demostrados al establecer las circunstancias de tiempo, lugar, modo y daño ocasionado, con todos los medios de prueba recepcionados, al establecerse la conducta desarrollada por el Acusado, todo lo cual fue explanado de una u otra manera por los expertos, testigos y la propia victima.

   VII

   OMISIÓN (sic) DE (sic) FORMAS (sic) SUSTANCIALES (sic) DE (sic) LOS (sic) ACTOS (sic) QUE (sic) ACUSEN (sic) INDEFENSIÓN (sic)

   En relación alo señalado sobre OMISIÓN DE FORMAS SUSTANCIALES DE LOS ACTOS QUE ACUSEN INDEFENSIÓN, por parte de la Honorable Juez de juicio, observa esta representación Fiscal que lo alegado por la defensa es infundado en razón de que el Tribunal de Control 3 en la Audiencia Preliminar solo admitió las pruebas promovidas por el Ministerio Público tal como se evidencia del Dispositivo de la Sentencia de la resolución de Apertura de Juicio Oral y Reservado; en donde me permitió copiar un extracto del mismo señala lo siguiente: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Público contra el ciudadano S.A.P.E., quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Villa Sucre Norte De Santander, nacido en fecha 09-05-1958, de 52 años de edad, hijo de P.S. (f) y de L.A. (f), titular de la cédula de identidad N° E- 81.893.855, de estado civil soltero, de ocupación comerciante, residenciado en barrio A.R., carrera 6 calle 13 n° 13-55, San Antonio teléfono 7716590, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES, previsto y sancionado en el artículo 260 de La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio de adolescente, de conformidad a lo establecido en el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE LAS PRUEBAS ofrecidas por el representante del Ministerio Público, por considerarlas Ilícitas pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales se refieren a: 1.- Declaración de funcionario DR. R.J. ROJO LOBO, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación, San A.d.T.. 2.- Declaración de ciudadana DE AVILA DE CASTELLANOS NULFA PATRICISA.3.- Declaración de la ciudadana R.E.Y.. 4.- CASTELLANOS O.F.. 5.- A.E.D.U.. 6.- DICSON S.A.P.. 7.- C.S.R.P.. 8.- DECLARACION DE LAS ADOLESCENTES VICTIMAS F.C y Y.N. TERCERO: ACUERDA IMPONER MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al imputado S.A.P.E., por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica Para la Protección del niño, niña y Adolescente, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 ordinales 3° y 4° con la obligación de: 1.- Presentarse una vez cada 30 días por ante la oficina de alguacilazgo de esta extensión judicial. 2.- Mantener el domicilio, en caso de cambio del domicilio debe notificarlo al tribunal; 3.- La obligación de presentarse a todos los actos del proceso y 4.- La prohibición de verse inmiscuido en otros hechos punibles. Presente el imputado manifestó: “Me comprometo a cumplir fielmente con la obligación impuesta, es todo “. Acto seguido la Juez le hace saber que el incumplimiento injustificado de las condiciones impuestas por el Tribunal y asumidas por ella o si incurriese en la comisión de otro hecho delictivo, traerá como consecuencia la revocatoria de la medida. CUARTO: SE DECRETA LA APERTURA A JUICIO ORAL Y RESERVADO, de la presente causa al acusado S.A.P.E., por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio de adolescente de conformidad a lo establecido en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal. Con lo que se evidencia una vez mas que lo señalado por la defensa en cuanto a los testimonios de las ciudadanas B.C.S.A. y S.S.d.C., en ningu7n momento solicito que fueran admitidos ni en la audiencia Preliminar ni en el Juicio Oral y Reservado solicitaron a el Tribunal Mixto que se oyera el testimonio de dichas ciudadanas quienes son las hermanas como nueva prueba del sentenciado, o bien haber interpuesto una excepción de las contempladas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal penal.

   Es importante resaltar honorables Magistrados, si revisamos exhaustivamente el asunto, no se evidencia en ningún momento, que la defensa haya solicitado en la Audiencia Preliminar, ni en las repetidas Audiencias de juicio que se admitiera el esscrito de fecha 22 de enero de 2010 introdujo en donde en el petitorio solicitaba se desestimara la acusación del Ministerio público, se decreta el Sobreseimiento a favor del ciudadano P.E.S.A. y en caso contrario de que el Tribunal ordenara la apertura del Juicio oral y reservado se le concediera una medida cautelar ; escrito este que no fue admitido en la Audiencia Preliminar porque fue presentado extemporáneamente, tal como se evidencia al folio 84 de la causa puesto, en razón que la Audiencia Preliminar fue convocada para el día 27 de enero de 2010 y dicho escrito lo introdujo la defensa fuera del lapso establecido en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal penal.

   SOLUCION QUE SE PRETENDE:

   Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, es por lo que solicito a la honorable Corte de Apelación del Circuito judicial Penal del estado Táchira, una vez estudiada la situación planteada, procede a declarar sin lugar el presente Recurso de apelación de sentencia por MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, por no cumplir la defensa con lo señalado en el primer aparte del artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por los Abogados J.T.R. y J.G.N.R. bajo los números 66.587 y 78331 respectivamente en su carácter de Defensores Privados del Sentenciado P.E.S.A.A. mismo solicito muy respetuosamente se confirme la sentencia dictada por el Tribunal Mixto de Juicio N° 01 en Fecha 17 de Agosto de 2010 de septiembre por estar la misma ajustada a Derecho.

   PROMOCIÓN DE PRUEBAS

   De conformidad con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal penal, me permito muy respetuosamente promover a la (sic) adolescente CASTELLANO (sic) DE Á.F.S. como victima y testigo en el presente asunto.

   Promuevo las actas de la audiencia Preliminar y del Juicio Oral y Reservado que cursan en el asunto principal de las Actuaciones de la causa Nro. SP11-P-2009-003419 del Juzgado de Juicio Nro.01 de este Circuito Penal (sic) Judicial Penal, Extensión San Antonio, las cuales considero útiles, necesarias y pertinentes, a los efectos de una mayor certeza y claridad de lo contestado.

   IV

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Analizada como han sido tanto la sentencia recurrida, como la apelación, esta Corte de Apelaciones en su única Sala, para decidir, previamente hace las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia actuando como tribunal mixto, al proferir la sentencia al final del debate donde condenó al acusado por la comisión de uno sólo, de los hechos imputados, el cual califico como abuso sexual de adolescente tipificándolo en el articulo 260 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna). En el texto publicado de la sentencia proferida por la instancia, dicho juzgado mixto por boca del juez presidente en el capitulo seis, que se trata cerca de los fundamentos de hechos y de derecho, citó la doctrina que aplicó para calificar el hecho y para examinar las pruebas. El sentenciador separa cada uno de los delitos o hechos punibles que fueron juzgados, y analiza por qué no esta demostrado la existencia material del hecho punible a uno de los menores, y cómo si esta demostrado la existencia material del hecho con respecto al otro menor. Así establece que la victima F.C. fue objeto de abuso sexual “al presentar lesión en la mucosa anal”, en el momento en que fue objeto por reconocimiento por parte del medico. Apoya el análisis de la experticia forense en jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual cita. Igualmente, utiliza el método de la sana critica al analizar el contenido de las declaraciones de los testigos, y confrontarlas con el dicho de las víctimas, para luego valorarlas y concluir la demostración de la existencia material del hecho.

El sentenciador de la recurrida, también utiliza máximas de experiencias para establecer que en ese tipo de hechos no hay testigos; que la víctima por ser un adolescente (para ese momento) afectado, puede tener una evasión conciente acerca de la fecha en que ocurrió el hecho; y que la propia familia movida por la vergüenza de “un acto sodomita impúdico” también puede tener inconsistencia en la precisión de la fecha, por la afectación de tan “deleznable hecho”.

Asimismo, la recurrida señala que el tribunal mixto realizó una deliberación de lo ocurrido en el juicio, y que la decisión se tomó por unanimidad. Que la declaratoria de culpabilidad luego del discurso jurídico en el que utiliza las reglas de la lógica, se apoya en la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para establecer la responsabilidad del acusado como hombre mayor frente al menor de edad.

Los abogados defensores que recurren en alzada, realizan en su escrito un recuento de los hechos de lo ocurrido en el juicio, haciendo una especie de narrativa. Luego comentan el contenido de la sentencia recurrida y finalmente proceden a fundamentar su apelación invocando los motivos segundo y tercero del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, por falta de motivación de la sentencia y quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión.

Los recurrentes fundamentan la primera denuncia, en la supuesta infracción del ordinal 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 26 y 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Señalando que no fue posible que su defendido hubiera abusado del adolescente F.C., debido a que la experticia se efectúo en una fecha lejana a la de la denuncia, siendo imposible que de haberse ocurrido en la fecha denunciada no hubiese cicatrizado. Con lo cual los apelantes alegan ilogicidad de la sentencia proferida por el Juez a quo.

Igualmente, señalan que el tribunal mixto, violó el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal al prescindir de la sana crítica, de la observación de las reglas de lógica, de los conocimientos científicos y de las máximas de experiencia. Por lo que solicitan la anulación de la sentencia y que se ordene la realización de un nuevo juicio oral.

Los recurrentes fundamentan la segunda denuncia, en la omisión de pruebas promovidas y admitidas para ser debatidas en juicio oral, ofrecidas por la defensa, como fueron el informe psicológico practicado a la presunta victima y las testimoniales de los ciudadanos B.C.S.A. y S.S.D.C.. Señalan los defensores que se violó el debido proceso y citan Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia para fundamentar el quebrantamiento y omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión. Finalmente, solicitan que se anule la sentencia impugnada y se decrete la celebración de un nuevo juicio oral.

En cuanto a la contestación por parte de la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de esta Circunscripción, en su carácter de acusadora solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, por considerarlo manifiestamente infundado alegando que las pruebas que señala la defensa como omitidas no fueron admitidas en la audiencia preliminar ni en el juicio oral.

Alega además, que en cuanto a la inmotivacion señalada por la defensa como vicio, lo que arguye la defensa son los hechos que ocurrieron; y que no existía duda en cuanto a la culpabilidad del acusado.

Realizada la confrontación entre los alegatos de las partes y el contenido de la sentencia, así como del acta del debate, esta Corte de Apelaciones en su Única Sala procede a analizar las denuncias de la apelación en los siguientes términos:

1. Primera denuncia: Se refiere a la supuesta falta de motivación alegada por los apelantes, al considerar los mismos que la recurrida realizó una valoración parcial de las pruebas; se es necesario recordar que la falta de motivación de un fallo, es un vicio que se traduce en la violación del derecho que tiene todo acusado de saber por qué se le condena o absuelve, lo que acarrea para el Juez, la explicación clara y lógica de su decisión.

   Ahora bien, el fallo carece de motivación cuando el juez no determina en forma clara, precisa y circunstanciada los hechos por los cuales considera el tribunal acreditada la culpabilidad. La motivación de una sentencia no debe circunscribirse sólo a la enumeración material e incoherente de pruebas, ni de hechos, razones y leyes, sino que debe estar conformado por diversos elementos que se concatenan de manera armónica y lógica entre si, para concluir en una base segura. De modo que la motivación del fallo hecha por el juez, debe obligatoriamente exponer de manera concisa los fundamentos de hecho y de derecho que el tribunal estime acreditados.

   Nuestro M.T. de la República en Sala Penal, sentencia N° 323 de fecha 27 de junio de 2002, ha manifestado en reiterada jurisprudencia que:

   …Motivar un fallo implica explicar la razón en virtud de la cual se adopta una determinada resolución y es necesario discriminar el contenido de cada prueba, confrontándola con las demás existentes en autos, además en cada caso concreto las exigencias de la motivación es particular. Así, será más rigurosa en algunos juicios cuyas complejidades y actividad probatoria obligan al juez efectuar un análisis más meticuloso…

   Asimismo, la misma Sala Penal en sentencia N° 0080 de fecha 13 de febrero de 2001, expreso que la motivación del fallo se logra:

   ...a través del análisis concatenado de todos los elementos concurrentes en el proceso, a fin de que las decisiones que se adopten no aparezcan como producto del descuido, arbitrariedad o capricho del sentenciador

   Por lo cual podemos afirmar que la motivación del fallo consiste en el resumen, análisis y comparación de las pruebas entre sí, de manera que se valla estableciendo los hechos derivados de ella, y una vez estos hechos establecidos, subsumidos en las respectivas normas legales, serán las razones de hecho y derecho en las cuales se funda la convicción del juzgador.

   En este sentido, observa esta Corte de Apelaciones que el Juez q quo, examinó cada uno de los medios de pruebas evacuados en juicio; valoró las testimoniales confrontándolas con el dicho de la víctima, así como el dictamen forense y el testimonio del forense. Razón por la cual considera esta alzada que la sentencia apelada resuelve el caso juzgado, y contiene los fundamentos de hecho y de derecho con los cuales se dio por demostrado la existencia del hecho punible y la culpabilidad, lo cual con ello constituyó su motivación para decidir.

   Con respecto a lo que constituye el vicio de inmotivación, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones recuerda lo sostenido por la Sala de Casación Penal, en setencia N° 571, Expediente N° C06-0060 de fecha 18 de diciembre de 2010, la cual expreso:

   Ha sido criterio de la Sala que la motivación de la sentencia …no es más que la exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, eso si, una solución racional, clara y entendible que no deje lugar a dudas en la mente de los justiciables, y que la inmotivación del fallo existe cuando las razones de hecho y de derecho, en las que se han basado, conforme a lo probado por las partes, para establecer una decisión, no han sido expresadas.

   Aducen los recurrentes, que en la misma denuncia por inmotivación de la sentencia, la supuesta ilogicidad del fallo en cuanto la conclusión emitida por el Juzgador con respecto a haber establecido que quedó demostrado el abuso sexual al adolescente, y que no utilizó máximas de experiencia ni reglas de la lógica para producir su fallo.

   Al respecto observa esta alzada, de la lectura de la sentencia recurrida que en el folio 354 y 355 señala cuales máximas de experiencia utilizó, y cuales reglas de la lógica aplicó en su valoración, con lo cual se evidencia que el juez de juicio no violó las formas propias de la sentencia, pues su redacción contienen el desarrollo de todos los requisitos establecidos en le Artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone:

   Artículo 364. Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:

   1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal;

   2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio;

   3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditada.

   4. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;

   5. La decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado, especificándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan;

   6. La firma de los jueces, pero si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar y aquella valdrá sin esa firma.

   Así pues, los apelantes consideran que se infringió el numera 4 del citado artículo, es decir, que la sentencia no contiene una determinación precisa de los hechos y circunstancias debatidas en el juicio oral.

   Todo pronunciamiento judicial debe estar revestido de un razonamiento lógico y explícito de todo lo alegado y probado en autos, originado del debate y de las pruebas, a.d.h.y. subsumiéndolos en normas y principios jurídicos, garantizándose a las partes intervinientes en el proceso una defensa adecuada. Sobre el particular, esta Corte de Apelaciones acoge el criterio expresado del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia N° 241 de fecha 25 de abril de 2000, lo siguiente:

   El objeto principal de este requisito de motivación, es el control frente a la arbitrariedad de los jueces, por cuanto el dispositivo de sus sentencias debe ser el producto de un razonamiento lógico de todo lo probado y alegado en autos, ya que solo a través de este razonamiento podrán establecer los verdaderos elementos que le sirvieron de fundamento para decidir, así como el derecho aplicable al caso en concreto, verificándose de esta manera la legalidad de lo decidido. Por otra parte, la motivación de la sentencia, garantiza el derecho a la defensa de las partes, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer –y eventualmente atacar- las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones

   .

   Así, como también se acoge lo establecido por la misma Sala Constitucional, en criterio vinculante, en sentencia N° 150 de fecha 24 de marzo de 2000, lo siguiente:

   “…Es criterio vinculante de esta Sala que, aún cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, requerimiento este que atañe al orden público, puesto que, de lo contrario, no tendría aplicación el sistema de responsabilidad de los jueces que la propia norma preceptúa, además que se desconocería cómo se obtuvo la cosa juzgada, al tiempo que “principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social”

   En este mismo orden de ideas, dicha Sala en sentencia N° 891, de fecha 13 de mayo de 2005, con Ponencia del Magistrado P.R.H., asentó lo siguiente:

   La obligación de motivación de los fallos es uno de esos requisitos y constituye una garantía contra el atropello y el abuso, precisamente porque, a través de aquella, es posible la distinción entre lo que es una imposición arbitraria de una decisión y lo que es una sentencia imparcial…

   Como colofón de lo anterior, se puede inferir que la motivación de la sentencia se encuentra íntimamente ligada con la noción de seguridad jurídica y el derecho a la defensa, pues una sentencia debidamente motivada permite su impugnación o en su caso, la conformidad con la decisión judicial.

   En el caso concreto, considera esta Alzada que el fallo apelado si establece con precisión como se da por demostrado el delito de Abuso Sexual al menor que resultó ser la víctima, y además contienen los fundamentos por los cuales decretó la culpabilidad del acusado. Además, la sentencia contiene una parte expositiva o narrativa de lo debatido en el juicio, como una parte motiva en la cual se expone los fundamentos de hecho y derecho. En efecto, la sentencia contiene una motivación que consistió en la valoración de todos y cada uno de los medios de prueba, y la confrontación y concatenación de los mismos. Luego contiene la dispositiva que resultó ser condenatoria por un hecho y absolutoria por el otro. De manera que no le asiste la razón a los apelantes, al señalar la falta de motivación, ni tampoco por la falta de determinación del hecho con su circunstancias. Y Así se declara.

   Por otra parte, en relación al supuesto vicio de ilogicidad también invocado por los apelantes, debe entenderse tal como se ha venido diciendo, que la motivación de la sentencia, consiste en un ejercicio intelectual que habrá de ser llevado a cabo por el juez, manifestando de esta manera los fundamentos del fallo proferido, para lo cual debe cumplir con las exigencias de suficiencia, claridad, consistencia y coherencia.

   Según la doctrina del m.T. de la República, el mismo ha establecido en cuanto a la ilogicidad en la motivación del fallo, según sentencia N° 0154, de fecha 13 de marzo de 2001, en Sala Penal, lo siguiente:

   se configura la ilogicidad cuando la motivación de la sentencia

   carece de lógica o se discurre sin acierto por la falta de los modos propios de expresar el conocimiento

   .

   Por todo lo anterior, considera al respecto esta alzada que el juez al analizar las pruebas, estableció las premisas y las conclusiones a las que llegó el tribunal mixto, utilizando para ello el silogismo como aplicación de la lógica, arribando a la declaratoria del culpabilidad del acusado. En consecuencia, no se incurrió en ilogicidad, ni falta de motivación. Y Así se declara.

2. Segunda denuncia: Considera esta Alzada, que al no escucharse en juicio testimonios ni leerse el informe del psicólogo, pruebas estas que fueron admitidos por el juez de control en el auto de apertura a juicio, se violó el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece el derecho a la defensa e igualdad entre las partes en el proceso. Dicho artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

   "Defensa e igualdad entre las partes. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso”.

   Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias ni desigualdades.

   Los jueces profesionales, escabinos, jurados y demás funcionarios judiciales no podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de comunicación con alguna de las partes o sus abogados, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas”.

   En efecto, el derecho a la igualdad procesal de trato a ambas partes quedó claramente cercenado, pues en juicio sólo se debatieron las pruebas promovidas por la fiscalía y nada se dijo con respecto a las pruebas de la defensa; tal violación se dio cuando los testigos por ella promovidos no fueron citados ni escuchados, a pesar de que podrían aportar elementos a favor del acusado, y no se incorporó por lectura el informe psicológico mencionado.

   Observa la Sala, que la omisión de citación a los testigos B.S. Y S.S.D.C., (folio 79, pieza I) y la no incorporación por lectura del informe psicológico practicado a la víctima en la fase preparatoria (folios 40, 41 y 42, pieza I), quienes fueron presentados en el escrito de contestación por la defensa en ocasión del escrito acusatorio en tiempo útil, para el acto de la Audiencia Preliminar, examinándose que se vulneró el derecho a la defensa de su patrocinado ya que podrían aportar elementos a su favor. Si bien es cierto que el Juez de Control en la apertura a juicio, decretó la admisión de la acusación fiscal y las pruebas en su totalidad (tanto las fiscales, como las de la defensa), sin embargo, también es cierto que al enumerarlas omitió incluir los nombres de los testigos ofrecidos por la defensa, y fue por dicha omisión que el tribunal de juicio no se percató que dichas pruebas habían sido ofrecidas oportunamente y admitidas. En efecto, el Juez de Control en la audiencia preliminar, según acta de los folios 102 y 103, nada dijo sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por la defensa. Pero al publicar el auto de apertura a juicio, en el folio 108, en el capitulo referente a las pruebas estableció textualmente “admite totalmente las pruebas ofrecidas por el representante del Ministerio Público y las de las defensa, por considerarlas licitas, legales y pertinentes”. (Subrayado de la Corte de Apelaciones).

   De manera que en el mismo auto el Juez de Control se limitó a enumerar los testigos de la Fiscalía, y no enumeró los de la defensa, ni el informe psicológico, que debía ser leído en juicio.

   Asimismo, debe entenderse que las pruebas testimoniales mencionadas y el informe psicológico aludido, quedaron admitidas. Y que el juez de juicio debió ordenar su evacuación y no lo hizo. En efecto, al finalizar el debate el Juez Presidente del Tribunal mixto, consultó con la secretaria si estaban evacuados la totalidad de los órganos de prueba y creyendo erradamente que sí, cerró el debate y se procedió a escuchar al acusado y a las conclusiones de las partes, quedando en consecuencia la defensa sin oportunidad de que sus testigos fueran escuchados.

   En consecuencia, al no ser evacuadas las pruebas de la defensa, es decir, al no haberse escuchado en juicio tales testimonios, y al no haberse incorporado por lectura el informe psicológico practicado a la víctima en la fase preparatoria ( folios 40, 41 y 42, pieza I) se produjo un vicio en el proceso que efectivamente causa indefensión, no sólo por colocar a una de las partes en desigualdad frente a la otra, sino porque la defensa no tuvo la oportunidad de demostrar con sus testigos un alegato que podría resultar a favor del acusado.

   Este vicio del procedimiento, es lo que en la doctrina se denomina error in procedendo, pues fue una omisión ocurrida durante la celebración del juicio, tratándose de una forma sustancial que fue quebrantada y que ciertamente causó indefensión. Y la única manera de restituir ese daño al derecho a la defensa es anular el juicio y celebrar otro nuevo con jueces diferentes, en cuya oportunidad sean escuchados los testigos B.S. Y S.S.D.C., e incorporado por lectura el informe psicológico practicado a la víctima en la fase preparatoria (folios 40, 41 y 42. pieza I), evacuando de nuevo todas las pruebas, y celebrándose un nuevo juicio oral, y así se declara. Siendo por la cual la consecuencia inmediata de lo anterior, es la nulidad de la sentencia de acuerdo al mandato legal establecido en el articulo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:

   Artículo 457. Decisión. Si la decisión de la corte de apelaciones declara con lugar el recurso, por alguna de las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452, anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un Juez en el mismo circuito judicial, distinto del que la pronunció. Omissis….

   Asimismo, el artículo 452 del Código Orgánico Procesal penal que establece:

   Artículo 452. Motivos. El recurso sólo podrá fundarse en:

   …omisis…

   3. Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión;

   …omisis…

   Con base al análisis que precede esta Alzada, considera que le asiste la razón al apelante por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, y así se declara.

   Por cuanto, el ciudadano P.E.S.A., se encuentra recluido en la Comandancia de la Policía del Estado Táchira, y privado por la sentencia aquí anulada, es por lo que se acuerda mantener en todos sus efectos la medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, dictada en fecha 01 de marzo de 2009, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio, durante la celebración de la Audiencia Preliminar. Y así decide.

   DECISION

   Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.

Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados J.T.R. y J.G.N.R., en su carácter de defensores privados del ciudadano P.E.S.A., contra la sentencia publicada en fecha 17 de agosto de 2010, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1 de este Circuito Judicial, extensión San Antonio, mediante la cual absolvió al acusado P.E.S.A., del delito de Abuso Sexual de Adolescente, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio del adolescente Y.N.R (Identificación omitida por disposición de la ley), condenó al acusado a cumplir la pena de dieciséis (16) años de prisión, POR EL DELITO DE Abuso Sexual de Adolescente, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio del entonces adolescente mayor de edad F.C., condenó a las accesorias de ley, condenó en costas y dictó medida de privación judicial preventiva de libertad.

Se ANULA la sentencia indicada en el punto anterior

Se ORDENA la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un Juez de Primera Instancia de este Circuito Judicial Penal, distinto del que la pronunció, para que dicte nueva sentencia, prescindiendo del vicio que originó la nulidad del fallo recurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud que el ciudadano P.E.S.A., fue privado de libertad por la sentencia que ha sido anulada en la presente causa, se acuerda su inmediata libertad y mantener en todos sus efectos la medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, dictada en fecha 01 de marzo de 2009, por el Tribunal Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio, durante la celebración de la Audiencia Preliminar

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, San Cristóbal, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2010. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

LOS JUECES DE LA CORTE,

,E.F.D.L.T.

PRESIDENTE

LADYSABEL P.R.L.H.C.

JUEZ JUEZ PONENTE

MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ

SECRETARIO

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

Milton Eloy Granados Fernández

Secretario

1-As-1473-2010/LAHC/yraidis