Decisión nº PJ0132011000111 de Tribunal Superior Segundo del Trabajo de Carabobo, de 16 de Junio de 2011

1. Del folio 1 al 9, escrito de demanda, presentada por el Dr. F.A., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano E.A.R.V., por concepto de Prestaciones sociales, contra la sociedad de comercio COOPERATIVA “EL CAMPEON DE LAS VIAS R.L y solidariamente a la empresa PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A (P.D.V.S.A PETRÓLEO).

2. Folio 58, Acta de audiencia preliminar de fecha 31 de enero de 2011, por ante el Juzgado Cuarto de Primera instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en la cual se deja constancia de la incomparecencia a la misma, por parte de la sociedad de la COOPERATIVA CAMPEON DE LAS VIAS, S.R, ni por sí, ni por apoderado judicial alguno, dándose inicio a la audiencia con la comparecencia del Dr. F.A. en su carácter de apoderado judicial del actor, ciudadano E.A.R.V., y de la Dra. R.P., en representación de la sociedad de comercio PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A, (P.D.V.S.A).

3. Folio 68, Acta de prolongación de la audiencia preliminar de fecha 17 de febrero de 2011, por ante el Juzgado Cuarto de Primera instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en la cual se deja constancia de la incomparecencia a la misma, por parte de la sociedad de la COOPERATIVA CAMPEON DE LAS VIAS, S.R, ni por sí, ni por apoderado judicial alguno, dándose inicio a la audiencia con la comparecencia del Dr. F.A. en su carácter de apoderado judicial del actor, ciudadano E.A.R.V., y de la Dra. R.P., en representación de la sociedad de comercio PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A, (P.D.V.S.A).

4. Folio 74, Acta de prolongación de la audiencia preliminar de fecha 15 de abril de 2011, (de un total de 5 audiencias), por ante el Juzgado Cuarto de Primera instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en la cual se deja constancia de la incomparecencia a la misma, por parte de la sociedad de la COOPERATIVA CAMPEON DE LAS VIAS, S.R, ni por sí, ni por apoderado judicial alguno, dándose inicio a la audiencia con la comparecencia del Dr. F.A. en su carácter de apoderado judicial del actor, ciudadano E.A.R.V., y de la Dra. R.P., en representación de la sociedad de comercio PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A, (P.D.V.S.A), en la cual se da por concluida la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

5. Folio 75, Acta de prolongación de la audiencia preliminar de fecha 15 de abril de 2011, en la cual se deja constancia de la incomparecencia de la sociedad de la COOPERATIVA CAMPEON DE LAS VIAS, S.R, ni por sí, ni por apoderado judicial alguno, dándose inicio a la audiencia con la comparecencia del Dr. F.A. en su carácter de apoderado judicial del actor, ciudadano E.A.R.V., y de la Dra. R.V., en representación de la sociedad de comercio PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A, (P.D.V.S.A), la cual da por concluida la audiencia preliminar conforme al artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

6. Al folio 76, Auto de fecha 18 de abril de 2011, en el que se homologa el desistimiento ya mencionado, da por terminado el juicio y ordena el archivo del expediente en virtud de la consecuencia como efecto de cosa juzgada.

7. Al folio 79, Revocatoria de poder en el cual el ciudadano E.A.R.V., deja sin efecto el poder otorgado al Dr. F.A..

III

TÉRMINOS DE LA PRETENSION

ACCION SUBROGATORIA

Al folio 82 al 84, cursa escrito presentado ante el Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, de donde se desprende, supuesta acción de subrogación presentada por el Dr. F.A. en las acciones que tenga contra sus acreedores el ciudadano E.A.R.V., para el pago de sus prestaciones sociales, en virtud de los derechos que dice corresponderle por honorarios profesionales, en razón de los servicios profesionales prestados al mencionado ciudadano en la causa que incoó contra la demandada principal Cooperativa “EL CAMPEON DE LAS VÍAS”,R.L, y solidariamente contra PETROLEOS DE VENEZUELA,S.A, (P.D.V.S.A). Alega el recurrente que, el hecho de no habérsele cancelado los honorarios profesionales de las actuaciones que se estiman en el presente escrito, lo convierte en su deudor y a él en su acreedor y que a su entender le permite subrogarse en las acciones que tenga el actor contra sus acreedores para el pago de lo que se le debe, todo lo cual lo fundamenta en el artículo 1.278 del Código Civil, bajo el principio de que “los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que son inherentes a su persona.

Advierte que el ciudadano E.R. con su intervención como su mandatario tiene a su favor una admisión absoluta de hechos contra la demandada principal Cooperativa “EL CAMPEÓN DE LAS VÍAS R.L”, y que como consecuencia de esa admisión absoluta de hechos y conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo tiene carácter exigible por ser las prestaciones sociales irrenunciables de acuerdo al articulo 3 ejusdem.

Que el actor es un trabajador de que labora para la Cooperativa el CAMPEÓN DE LAS VIAS R.L y reclama sus prestaciones sociales todo lo cual a su decir indica que es su deudor en estado de insolvencia, no obstante lo convierte a su entender en acreedor del acreedor de las demandadas,

Señala que el actor E.A.R.V., ha decidido no continuar el juicio, amen de que las ventajas procesales que le asisten y de que le debe los honorarios causados en el juicio.

ESTIMACION

Estima sus honorarios en el referido juicio en la cantidad de Noventa y Cuatro Mil Bolívares (Bs.94.000, 00), correspondiente a:

Redacción de poder: …………………………………….Bs.5.000, 00.

Estudio elaboración de cálculos y redacción de libelo de demanda.…………………………………………………….Bs.55.000,00.

Gestiones en la ciudad de Caracas como Correo Especial para la notificación del procurador General de la República Bs.10.000, 00.

Asistencia a la audiencia preliminar:…………………….. Bs.3.000, 00.

Asistencia a la prolongación de la audiencia preliminar Bs.3.000, 00.

Asistencia a la prolongación de la audiencia preliminar Bs.3.000, 00.

Redacción de escrito de pruebas…………………….....Bs.15.000,00.

Fundamenta su petición en los artículos 10, 108, 119, 223, 225,174 y 104. Convención colectiva de la Industria Petrolera. Ley Orgánica de hidrocarburo. Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículos 128 y 131. Ley de abogados artículos 15, 22,23 y 24.

IV

LIMITES DE LA CONTROVERSIA

Conforme a la pretensión deducida, los límites en los cuales ha quedado planteada la controversia va dirigida a la verificación de la procedencia e improcedencia de la Acción de Subrogación frente a un desistimiento del procedimiento; de igual manera debe este Tribunal entrar a verificar si efectivamente la Juez A-quo dicto sentencia fuera de los limistes de su jurisdicción.

CONSIDERACIONES

De la consideración que precede, pasa esta alzada a examinar ciertos acontecimientos que ameritan ser revisados que fueron concluyentes en el dictamen de fecha 28 de Abril del año 2011, emitido por el Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los fines de considerar la procedencia o improcedencia de la acción planteada por el recurrente y que es motivo de apelación.

Consta en autos que el 15 de abril del 2011, el ciudadano E.A.R.V., desistió del proceso mediante diligencia que consta al folio 75, en la presente causa.

El artículo 265, del Código del Procedimiento Ciil establece lo siguiente:

EL demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.

Tenemos, que el citado artículo otorga una potestad a la parte actora de renunciar a la instancia, por lo tanto, el desistimiento puede constituirlo el accionante, si así lo desea; al juez no le compete verificar las razones dadas, si no las condiciones formales y sustanciales que la ley impone a este tipo de manifestaciones de voluntad, es decir que no se quebranten derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni violaciones al orden público, por tanto ante un desistimiento del proceso la consecuencia jurídica será la declaratoria de dar por terminado el proceso, definido el desistimiento como el por el cual el actor retira la demanda, es decir, abandona temporalmente la petición de otorgamiento de tutela jurídica, lo cual conlleva a la extinción de su procedimiento por falta de impulso y la omisión de la consiguiente sentencia de fondo.

El fundamento del desistimiento reside en el principio dispositivo del procedimiento civil, que impide la iniciación y continuación de un proceso sin instancia de parte (artículo 11 del Código de Procedimiento Civil) y, contra la voluntad de la parte a quien corresponda su mantenimiento, desde el punto de vista técnico procesal el desistimiento constituye una revocación de la demanda, y por vía de consecuencia, la de todos los actos dependientes y subsiguientes sin que el desistirse del procedimiento implique, la renuncia de la acción, ni mucho menos una declaración de certeza respecto de los hechos debatidos de tal forma que esa acción puede volver a ser intentada posteriormente, entre las mismas personas y los mismos motivos, sin que pueda objetarse en contra de ella (de la acción) la consolidación de la cosa juzgada, ya que el desistimiento solamente extingue la instancia. Sentencia Nro. 7 dictada por la Sala de Casación Civil de fecha 16 de julio de 1987, caso J.A.R.R.V.L.D.A.d.F., criterio este ratificado en Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 06 de diciembre de 1994, caso A.G.V.. Pedro A G.O..

En este sentido cabe destacar, en materia laboral, el desistimiento puede hacerse por voluntad manifiesta de las partes o por imperio de la Ley como consecuencia de la rebeldía de alguna de las partes para cumplir alguna carga procesal o de algún acto procesal. En el primero de los casos, el desistimiento se manifiesta de forma expresa y libre de coacción sobre algún punto de la controversia, bien del proceso, bien del procedimiento, bien de algún medio probatorio que no interese a la parte promovente, etc., y en el segundo de los casos, el desistimiento se impone como una sanción cuando alguna de las partes actúa con rebeldía frente al órgano jurisdiccional, verbigracia: incomparecencia de la parte demandante a la audiencia preliminar (que se traduce en el desistimiento del proceso), conforme el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, pretende el recurrente subrogarse en las acciones que supuestamente tiene su deudor contra sus acreedores, ahora bien dada la naturaleza de esta figura jurídica, es necesario que se cumplan ciertas condiciones por demás taxativas establecidas en el artículo 1278 del Código Civil esto es; 1.- La existencia de una obligación. 2.- Que los derechos y las acciones del deudor, no sean inherentes a la persona del deudor.

Frente a estas condiciones una acción por estimación o intimación de honorarios profesionales por una parte personalísima, considerando una obligación particularmente de quien insta el juicio así como es el procedimiento de Intimación y Estimación de Honorarios Profesionales que genera una controversia entre quien lo requiere y el profesional del derecho, por una parte, en donde el abogado intima el pago de sus honorarios, conforme lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, no hace otra cosa que iniciar un verdadero proceso especial, que conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados, simplifica al abogado la manera de cobrar a su cliente los honorarios correspondientes a su gestión judicial; por ende no se trata de una simple incidencia dependiente del juicio principal, donde se causaron los honorarios sino que constituye un verdadero proceso, con modalidades especiales. Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia de nuestro m.T. de justicia ha sentado que en el proceso de intimación de honorarios existen dos etapas bien diferenciadas, a saber: 1) Etapa declarativa, en la cual el Juez resuelve sobre el derecho o no de cobrar los honorarios intimados, y 2) Etapa ejecutiva, la cual comienza con la sentencia definitivamente firme que declare procedente el derecho de cobrar los honorarios intimados, o bien cuando el intimado acepte la estimación o ejerza el derecho de retasa, de modo que no se puede considerar como un derecho en sí, mientras no sea declarado, de tal modo que se estaría ante una tentativa de derecho, y no ante un derecho en sí mismo: así mismo siendo que el trabajo es un hecho social que conforme a la norma contenida en el artículo 92 de la Constitución vigente, las prestaciones sociales son un derecho social como recompensa al trabajo por los servicios prestados que le corresponde a todo trabajador, sin distingo alguno, al ser retirado o removido del servicio surge al obligación para el patrono de hacer efectivo el pago de las prestaciones sociales, de allí que todo acto o conducta que signifique una negación para cancelarlas es inconstitucional, pues es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, derecho irrenunciable que no puede menoscabarse su cumplimiento, de allí su carácter personalísimo por razones de protección de los derechos legítimamente adquiridos por los trabajadores, máxime que al existir un desistimiento que como ya se indico implica una renuncia a la demanda, y por vía de consecuencia, la de todos los actos dependientes y subsiguientes de manera que no existe una declaración de certeza de los hechos debatidos por lo que mal podría las accionadas en convertirse en acreedor de una obligación que nunca nació por tanto nunca fueron acreedores del actor por ende deudores de su acreedor en virtud de que nunca hubo un fallo cuyo pronunciamiento diera por cierto las pretensiones del demandante ciudadano E.A.R.V. contra las demandadas Cooperativa Campeón de las Vias R.L y Petróleo de Venezuela, S.A, (P.D.V.S.A) razones estas expuestas que imposibilitan a criterio de quien decide, la procedencia de lo pretendido por resultar manifiestamente contraria a derecho. Y así se decide.

Alega el recurrente que la Juez para el momento de dictar sentencia en fecha 28 de abril de 2011, el cual declara improcedente la acción subrogatoria, no tenía jurisdicción en razón de existir una presunción absoluta

por efecto de la incomparecencia a la audiencia preliminar por parte de la demandada principal ,Cooperativa Campeón de las Vias.

DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN

Debe el Tribunal pronunciarse sobre la falta de Jurisdicción alegada por el recurrente, y quien considera que el tribunal de Sustanciación ya referido no tiene jurisdicción para resolver la acción de subrogación o indirecta planteada por el recurrente-

En tal sentido este Tribunal observa: El artículo 59 del Código de Procedimiento Civil establece que la falta de Jurisdicción del Juez respecto a la Administración Pública se declarara de oficio en cualquier grado y estado del proceso, así mismo, ha reiterado la doctrina y la jurisprudencia que la jurisdicción prevista en el ordinal primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, está referida a la actividad del órgano facultado para ejercerla, vale decir, que la Jurisdicción es la facultad que tiene el estado para administrar justicia, o sea, la potestad que tienen ciertos órganos de él para expresar derecho.-

Nuestro sistema judicial está integrado por la Jurisdicción Civil, con competencia relativa a la materia Civil propiamente dicha, la Mercantil, Transito, Menores y Agraria (atribuido a jueces distintos); la Jurisdicción Penal (competencia relativa al penal ordinario), la Penal Militar, con competencia en materia Penal Militar; la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (competencia Administrativa propiamente tal) y la Jurisdicción Laboral de conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pudiendo entonces resumir que nuestra Jurisdicción está integrada por la Jurisdicción Civil, la Jurisdicción Penal, la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Laboral.-

El Doctor P.A.S. en su obra “Cuestiones Previas y otros temas de derecho Procesal” asienta: “la falta de jurisdicción de que tratan los artículos 6, 59, 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil, es la negación de la potestad de actuar o intervenir el Poder Judicial de Venezuela en algún asunto planteado ante cualquiera de sus órganos, es decir, la falta de jurisdicción es la incapacidad o inhabilidad legal o absoluta para que nuestro poder judicial conozca de determinados problemas que ameriten ser resueltos o dirimidos, lo que puede ocurrir solamente en dos supuestos: 1° Cuando el asunto corresponde a un Tribunal Extranjero; 2° Cuando corresponda a otro órgano o ente de la Administración Pública Nacional”.

De conformidad con lo expuesto debemos entender que la ausencia de jurisdicción solo puede originarse, o bien, porque el órgano jurisdiccional sea incompetente con relación a otro órgano de la República de carácter no jurisdiccional, o bien, por la ausencia de jurisdicción del Juez Venezolano a un Juez Extranjero.-

En este sentido, quien sentencia cita extracto de sentencia Nro.935, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20/05/2044, caso YOLEIDE BAPTISTA MUCHACHO contra C.E.C.V. y R.H.L..

….” la Sala de Casación Civil, tiene sentado en pacífica y reiterada jurisprudencia, lo siguiente:

La estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales de abogado debe ser tramitada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cual dispone: Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias

.

A partir del procedimiento previsto en el referido artículo, ha sido jurisprudencia reiterada que cuando se pretende el cobro de honorarios profesionales generados por actos realizados en sede judicial, deviene una competencia funcional, según la cual, será competente para conocer, en principio, de este tipo de pretensiones, aquel tribunal donde cursen las actuaciones que hayan generado el derecho al cobro de los honorarios reclamados, salvo los supuestos que esta Sala ha determinado al respecto en su doctrina. (Subrayado del Tribunal).

En ese sentido, se pronunció esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 20 de diciembre de 2002, bajo ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, (caso: Y.P.M. y otra c/ Comercial Los Tres Golpes S.R.L.,) expediente n° 2001-731, sentencia n° 64, en la cual señaló:

...cuando se pretende el cobro de honorarios profesionales, generados por actos realizados en sede judicial deviene una competencia funcional, según la cual será competente para conocer en principio de este tipo de pretensiones, aquel tribunal donde cursen las actuaciones que hayan generado el derecho al cobro de los honorarios reclamados...

. (Negrillas de la Sala).( Ver Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, del 28 de febrero 2003 Exp. nº: 2001-000518).

En orden a lo expuesto el Tribunal observa: en el presente caso se convierte como punto controvertido esencial y a los fines de decidir la falta de jurisdicción alegada por el recurrente, determinar con claridad la competencia en materia de la acción por Intimación y Estimación de Honorarios profesionales, en relación a lo anteriormente transcrito se observa a los autos que en el día y hora fijada para la celebración de la audiencia primigenia, no asistió a la misma la demandada Cooperativa Campeón de las Vias, R.L, demandada principal, compareciendo a la misma y a la continuación de la misma la parte actora y la demandada solidariamente Petróleo de Venezuela, S.A, (P.D.V.S.A), por lo que ante una solidaridad planteada el Juez debe continuar la audiencia, la cual se extenderá sin solución de continuidad hasta un máximo de cuatro (4) meses, concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación, ni el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda, vencido el cual el Juez remitirá de inmediato el expediente al Tribunal de juicio, tal cual lo prevé el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de apreciar y valorar las pruebas producidas por la demandada a los efectos de pronunciarse sobre el alcance de la presunción, en orden a lo trascrito se evidencia que entre la oportunidad en que se declaró desistido el procedimiento en fecha 18 de abril de 2011, y la oportunidad en que se declaró improcedente la acción subrogatoria (25/04/2011) en la presente causa la Juez Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución tenía poder de jurisdicción en virtud de la competencia funcional por otra parte la causa se encontraba bajo su orden ya que solo había transcurrido un día del lapso establecido para la contestación tomando en consideración que los días 19 al 22 de abril de 2011 fueron declarados días no laborales en el Circuito, en consecuencia es forzoso declarar SIN LUGAR la falta de jurisdicción alegada y en consecuencia se declara que el Tribunal A-quo si tiene jurisdicción para conocer de la presente acción.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de conformidad con lo señalado en los artículos 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el 242 del Código de Procedimiento Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: