Decisión de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Miranda, de 14 de Abril de 2005
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2005 |
| Emisor | Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo |
| Ponente | Carmen Cedre Torres |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Con sede en Guarenas
Años 194° y 145°
EXPEDIENTE N° 361-04.
I
En fecha ocho (03) de diciembre de 2004, fue presentado el expediente signado con el Nº 271, proveniente del Juzgado del Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con Sede en Guarenas, admitida por el Juzgado anteriormente mencionado a los fines de interrumpir la prescripción, en fecha 10 de noviembre de 2004 corre inserta al (folio 110), contentivo de la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoara la ciudadana A.J.R., Venezolana, mayo de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.881.394, representada por la Procuradora de Trabajadores del Estado Miranda de los Municipios Plaza y Z.d.E.M., Abogada L.R., Venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3.987.535, e inscrita en el Inpreabogado Bajo el Nº 41.522, en su carácter de Apoderada Judicial contra SERV-TRUCK, C.A, Sociedad Mercantil, inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial de Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04-10-2.000, bajo el Nº 7, Tomo 55-A-Cto., CORPORACIÓN ARIDOS 1995 C.A. Sociedad Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de julio de 1995, bajo el Nº 65, Tomo 220-A-Pro., O.G.O., Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.976.216 y C.M.G.N., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de cédula de Identidad Nº 6.852.272, Previa distribución realizada en fecha, 03 de diciembre de 2004, se ordenó darle entrada y se deja constancia que este Tribunal conocerá de la presente demanda. En fecha 07 de diciembre de 2004, este Tribunal emplaza mediante Cartel de notificación a las partes demandadas.
La pretensión sustancial del presente caso es el pago de las cantidades siguientes:
La trabajadora A.J.R.G., demanda la cantidad de OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs. 8.158.715,60) reclamados por el demandante por concepto de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES de los siguientes conceptos laborales: antigüedad, vacaciones fraccionadas, utilidades fraccionadas, las indemnizaciones establecidas en el art. 125 de LOT (antigüedad y preaviso) Salarios caídos dejados de percibió desde la fecha del despido irrito 12-02-2003 hasta el 08-11-2004, alegando que comenzó a trabajar en la empresa SERV-TRUCK, C.A, desde el 09 de abril de 2002, hasta el 19 de febrero de 2003 con el cargo de Secretaria, realizando las actividades inherentes a dicho cargo devengando un salario básico DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 225.000,00)
mensuales cumpliendo un horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Reclama esta trabajadora los conceptos laborales siguientes:
TOTAL DEMANDADO: la cantidad de OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs.8.158.715,60).
En fecha 07 de abril de 2005, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar la AUDIENCIA PRELIMINAR, anunciada a las 11:30 a.m., por el Alguacil a las puertas de este Tribunal, se encontraba presente la parte demandante ciudadana A.J.R.G., debidamente representada por la ciudadana Abogada L.A.R.E. ambos suficientemente identificados en autos, sin que la parte demandada SERV-TRUCK, C.A, y CORPORACIÒN ARIDOS 1995 C.A., que se encontraba válida y legalmente notificada y por tanto, a derecho, no compareció en forma alguna ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, habiendo el Tribunal de común acuerdo con la parte actora concedido 15 minutos de espera sin que esta compareciera, procediendo seguidamente la Juez de este Tribunal presumir la admisión de los hechos, reservándose cinco (5) días hábiles para dictar el fallo definitivo, ordenando agregar las pruebas presentadas por la parte actora al presente expediente, en aplicación por analogía los artículos 158, 159 y 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de conformidad con la sentencia Nº 0248 de fecha 12-04-05 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social.
II
MOTIVACIÓN NORMATIVA
Planteada la controversia en los términos que anteceden, observa el tribunal que las normas sustantivas y adjetivas que regulan el derecho del trabajo son de eminente orden público y como consecuencia de ello su aplicación no puede ser relajada por la voluntad de los particulares y, es así como los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los principios rectores y primarios en esta materia, consagrando el texto constitucional la obligación del estado de garantizar la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo y considera el trabajo como un hecho social, protegido por el estado y regido por los principios de intangibilidad, progresividad, primacía de la realidad sobre las formas, irrenunciabilidad, in dubio pro operario, autonomía, imparcialidad, oralidad, uniformidad, brevedad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración y especialidad.
Ahora bien, el sistema establecido en la Ley, implementa el principio de la oralidad a través de la audiencia, en donde participan directamente los tres sujetos procesales: el demandante, el demandado y el Juez, desarrollándose el proceso en dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de Juicio, de conformidad con los artículos 129 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En este orden de ideas, cabe destacar, la importancia de la Audiencia Preliminar, su realización es fundamental, se cumple en ese momento el principio de la inmediatez con la presencia del Juez, quien la preside, y la comparecencia obligatoria de las partes o sus apoderados, la incomparecencia le acarrea a las partes consecuencias jurídicas como el desistimiento a la actora y la presunción de la admisión de los hechos a la demandada, previstas en los artículos 130 y 131 ejusdem.
En el caso que nos ocupa, la parte demandada, habiendo sido notificada para que compareciera a la Audiencia Preliminar, no compareció ni por si ni por medio de apoderado alguno, procediendo el Tribunal a declarar la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante, de conformidad con el articulo 131 ejusdem. ASI SE DECIDE.-
En este sentido ha quedado establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social, Sentencia No. 115, de fecha 17-02-2004, al considerar necesario precisar el alcance jurídico de la contumacia o incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar ordenada por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:
Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciará, en forma oral conforme a dicha confesión en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día,(…)
Como se desprende de la jurisprudencia in comento, la no comparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar, hace presumir la admisión de los hechos alegados por el actor en su demanda, en virtud de haber quedado confesa al no haber justificado su inasistencia a la Audiencia Preliminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estando compelido el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución a declararla por la rebeldía del demandado. ASÍ SE ESTABLECE.-
En cuanto a la procedencia de los conceptos demandados, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de junio de 2002, ha establecido que el Juzgador está en la obligación de analizar si los hechos esgrimidos por el actor en su libelo, acarrean las consecuencias jurídicas señaladas en el mismo, es decir, “debe exponer el Juez en su fallo los motivos de derecho que le llevan a decidir de determinada manera, ya que lo que debe tenerse por aceptado son los hechos alegados mas no el derecho invocado por la parte actora”.
En concordancia con el anterior criterio, en relación a los conceptos reclamados, observa esta sentenciadora que lo esgrimido por la parte actora en el libelo de demanda y que a continuación se señalan deben tenerse parcialmente como aceptados, sin embargo esta Sentenciadora revisará los cálculos, para determinar la veracidad de los mismos. En primer lugar señala la parte actora que ingresó a la empresa SERV-TRUC, C.A el 9 de abril de 2.002, egresando el día 19-02-2003 alega la trabajadora que fue despedida injustificadamente, ejerciendo el cargo de SECRETARIA, realizando actividades inherentes al mismo, devengando un salario básico de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 225.000,00) mensuales, mas un bono mensual de SENTENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 75.000,00) cumpliendo un horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m a 5:00 p.m. Y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Una vez revisadas las actas que conforman el presente expediente se desprende el libelo de demanda que la accionante invocó la Unidad Económica o solidaridad de Grupo de empresas con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 177 de la Ley Orgánica del Trabajo 21, y 30 del Reglamento de Ley Orgánica del trabajo.
Con respecto a este punto me permito transcribir parte de la Sentencia N° 903 de fecha (14-05-2004) de la Sala Constitucional.
……
En este punto, se hace necesario recordar la doctrina esbozada por esta Sala, mediante sentencia n° 183/2002 (caso: Plásticos Ecoplast), conforme la cual:
(...) (L)a Sala apunta, que no escapa de su conocimiento, el que sobre todo en el campo de las personas jurídicas, se trate de diluir la responsabilidad de las mismas, constituyendo diversas compañías de manera que unas marcarán a las otras y hacen difícil a los futuros accionantes determinar a quién demandar. Se trata de un tipo de fraude que en principio nada tiene que ver con la existencia de los grupos o unidades económicas y su pluralidad de empresas.
Así mismo, apunta la Sala, que por notoriedad judicial conoce cómo en materia laboral, las personas jurídicas patronales utilizan prácticas tendentes a confundir al trabajador sobre quién es su verdadero empleador; o como surgen -a veces hasta por azar- situaciones que enmascaran al verdadero patrón. Esto último puede ocurrir cuando el trabajador presta sus servicios en un fondo de comercio con un nombre comercial definido, recibe el pago y las instrucciones de una persona física, pero desconoce -ya que recibe información insuficiente- quién es el verdadero empleador, por lo general una persona jurídica a quien el trabajador ignora.
Los enmascaramientos y la información insuficiente son actitudes violatorias del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y que contrarían el artículo 1.160 del Código Civil, que pauta que los contratos (entre los que está el de trabajo) se ejecutan de buena fe.
Ante este tipo de maniobra que entorpece al demandante la determinación del demandado, y que se constata casuísticamente ¿qué debe hacer el juez? Por lo regular el demandado trata de dilatar el proceso; opone, si fuere posible, cuestiones previas a fin de deslindarse del insuficientemente identificado en el libelo, o aduce una falta de cualidad, o niega la relación laboral, ya que él no es el demandado.
Pero en materia de interés social, como la laboral, el juez tiene que interpretar las normas con mayor amplitud a favor del débil, en beneficio de quien tiene las dificultades, y sin apegarse a lo formal, debe determinar si quien comparece por haber sido citado y niega en alguna forma su condición de demandado, realmente lo es o no, desbaratando la maniobra elusiva fundada en formalismos (...)
.
En el mismo orden de ideas, la Sala también estima conveniente referirse al criterio sentado mediante decisión n° 558/2001 (caso:CADAFE), en la que se argumentó lo siguiente:
(...) (E)l desarrollo de los negocios ha llevado a la existencia de personas (naturales o jurídicas), que dirigen una serie de actividades económicas, o que adelanta una sola mediante diversas compañías o empresas, formalmente distintas a la principal, pero unidas a ella no solo por lazos económicos, sino de dirección, ya que las políticas económicas y gerenciales se las dicta el principal, quien a veces nombra los administradores de estas sociedades o empresas, debido a que tiene en las compañías -por ejemplo- una mayoría accionaría o de otra índole, que le permite nombrarlos.
Jurídicamente no se trata de agencias o sucursales, ya que adquieren una personería jurídica aparte del principal y distinta a la de las agencias o sucursales, y en base a esa autonomía formal, asumen obligaciones y deberes, teóricamente diferenciadas del principal, pero que en el fondo obran como agencias o sucursales.
A estas empresas o sociedades que van surgiendo para desarrollar la actividad del principal, y que pueden o no desenvolverse en lugares distintos al del domicilio de la principal, de acuerdo a su composición interna o al grado de sujeción a la ‘casa matriz’, se las distingue como filiales, relacionadas, etc. Se trata de un ente controlante que impone a otros, con apariencias de sociedades autónomas o empresas diferentes, dicho control para lograr determinados fines, por lo que los controlados se convierten en meras instrumentaciones del controlante.
Diversas leyes vigentes han tomado en cuenta estas conexiones, y a ellas se refieren, para evitar fraudes a la ley, abusos de derecho, la defraudación de acreedores o terceros, la competencia desleal, el monopolio encubierto, etc. Entre otras leyes, se refieren a los grupos, a las empresas vinculadas, etc: la Ley del Mercado de Capitales (artículo 120), la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (artículos 14 y 15); la Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional (artículo 2); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la Ley de Impuesto Sobre la Renta (artículo 5); la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera (artículo 16); la Ley Orgánica del Trabajo (artículo 177) y hasta en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 2) se refieren a los grupos económicos o financieros, empresas controladas, y sociedades vinculadas, que pueden tentativamente dividirse, según la posición relativa que asuman en un determinado momento, en: 1) Controlantes, 2) Interpuestas, 3) Filiales, 4) Subsidiarias y 5) Relacionados, tal como los nombra la Ley General de Bancos y Otros Institutos Financieros, y otras de las leyes mencionadas.
Las filiales, como lo dice la etimología de la voz, no pueden ser sino hijos de las controlantes, si son sociedades fundadas directa o indirectamente por los controlantes, con el objeto que crean conveniente, y que pueden obrar en un momento dado como personas interpuestas, pudiendo ser los administradores los mismos que los de los controlantes, u otras personas que reciben ordenes o instrucciones de aquellos, ya que son quienes los nombran, en vista, de que –si son sociedades de capitales- son los principales dueños del capital social.
Muchas de estas sociedades o empresas creadas por la “casa o dirección matriz” o principal, además se presentan públicamente como filiales o miembros de un grupo o unidad económica, bien por declaraciones que hace el grupo en ese sentido, sin que nadie los desmienta, o porque en sus actos una compañía o empresa se declara filial de otra, o utiliza símbolos, signos, lemas u otras expresiones que son compartidas con el principal, quien así también se identifica y lo permite”.
……..3º) EL CRITERIO DE LA UNIDAD ECONÓMICA, EL CUAL SE ENFOCA DESDE LA UNIDAD PATRIMONIAL O DE NEGOCIOS Y QUE SE PRESUME CUANDO HAY IDENTIDAD ENTRE ACCIONISTAS O PROPIETARIOS QUE EJERZAN LA ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE, AL MENOS, DOS EMPRESAS; O CUANDO UN CONJUNTO DE COMPAÑÍAS O EMPRESAS EN COMUNIDAD REALICEN O EXPLOTEN NEGOCIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS CONEXOS, EN VOLUMEN QUE CONSTITUYA LA FUENTE PRINCIPAL DE SUS INGRESOS. ESTE ES EL CRITERIO ACOGIDO POR LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, EN SU ARTÍCULO 177, DONDE SE TOMA EN CUENTA AL BLOQUE PATRIMONIAL, COMO UN TODO ECONÓMICO, PARA RECONOCER LA EXISTENCIA DEL GRUPO……..
………Determinar quién es la cabeza o controlante de un grupo, lo que permitirá identificarlo de tal, así como quiénes son sus componentes, es una cuestión de hecho que debe ser alegada y probada cuando se afirma; pero ante la posibilidad de que sea difícil detectar la fuente de control, las leyes crean supuestos objetivos que -al darse- permiten determinar la existencia de la red y sus componentes. Las leyes que regulan los grupos van señalando los criterios legales para definir objetivamente quién controla, como ocurre en materia bancaria, conforme el artículo 161 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras o, en materia de seguros, según lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Empresas Seguros y Reaseguros. Pero quien pretende obtener una decisión que declare la existencia del grupo, tendría la carga de alegar y probar su existencia y quién lo dirige conforme lo pautado en las leyes, según el área de que se trate. (Negrilla y subrayado mío)
La unidad patrimonial y la responsabilidad común se patentizan en la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 177, que también parte del concepto de grupo, para la determinación de los beneficios de una empresa. Como uno de los criterios para distinguir la realidad de un conjunto es la unidad económica, para verificarla no importa que esta unidad aparezca dividida en diferentes explotaciones con personerías jurídicas distintas. Es más, ni siquiera el que se lleven contabilidades separadas rompe la noción de unidad económica del referido artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo (y del artículo 21 de su respectivo reglamento). Si para el cálculo de los beneficios a que tienen derecho los trabajadores, se toman en cuenta los beneficios del grupo, debe considerarse, una vez más, que todo su patrimonio es una unidad. Siendo esto así, el traslado de patrimonios de un elemento del grupo a otro es lícito, y a veces necesario, ya que la responsabilidad de uno de los miembros puede afectar al resto, y una empresa que marche mal, puede proyectar esa responsabilidad sobre otros componentes y hasta sobre el todo. Luego, el traslado de fondos de una sociedad a otra es lícito y común, ya que si se va a responder como un todo, lo justo y equitativo es que se trate que ese todo no falle, pues el evitar cualquier falta es también de la responsabilidad de los controlantes. Tampoco estos traslados de fondos, o retención de fondos en un momento dado, en operaciones ínter grupos, pueden considerarse ilícitas o ilegales, ya que ellos no son sino distribuciones de capital con miras a sus intereses, el cual –como lo ha señalado este fallo- responde como unidad. Es más, así se contabilicen como créditos entre miembros, ellos –técnicamente- no lo son, ya que constituyen un solo patrimonio.
Cada vez que puede calificarse como tal uno de estos «conjuntos sociales», se está ante un capital compacto para responder a los acreedores, y por ello el reparto de capital entre las instrumentalidades es intrascendente para quien actúa contra el grupo.
Debido a las consecuencias jurídicas que se han ido anotando, la decisión judicial o administrativa (prevista esta última en algunas leyes, como el Decreto con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras) que declara la existencia del grupo, tiene que estar precedida de pruebas sobre los hechos que, según las leyes especiales, tipifican a estos entes, o en términos generales, sobre la existencia de sociedades controlantes y controladas y su vinculación en ese sentido. (Negrilla y subrayado mió)
Pero estas pruebas serían mayoritariamente las documentales, ya que sólo de éstas se podrá evidenciar las participaciones en el capital (documentos constitutivos o estatutarios de las sociedades, actas de Asambleas, Libros de Accionistas, etcétera), o la toma de decisiones donde se denota el control o la influencia significativa (actas de Juntas Directivas, por ejemplo), o el estado del capital (Balances). Sólo así se patentizan los criterios que permiten la declaración de existencia de un grupo. Son estos actos escritos, los que muestran los parámetros requeridos en forma indudable. (Negrilla y subrayado mió)
Consecuencia de esto es que la existencia de un grupo es dificultosa de probarse mediante testigos, ya que el ente o empresa multisocietaria, como la llama el autor P.G.P. (La Empresa de Grupo y el Derecho de Sociedades, Granada, 2000) no actúa sino mediante actos y negocios jurídicos y éstos se exteriorizan mediante contratos o actos escritos. Mil testigos pueden deponer que una persona natural dirige a un grupo, o que la compañía «O» es filial de «A», y si en la documentación de las compañías componentes tal persona o accionista no aparece, sino otra, esta documentación desmentirá a los testigos. Máxime, cuando en la prueba documental impera la tarifa legal que los artículos 1360 y 1363 del Código Civil impone a los documentos (públicos y privados) al calificarlos de merecedores de plena fe entre las partes, como respecto a terceros. Esa plena fe es una tarifa legal probatoria que antepone el valor probatorio del documento por encima de los medios valorables por la sana crítica, como el testimonio. Por ello, las deposiciones testimoniales no pueden ni probar, ni enervar el cúmulo de actos jurídicos por medio de los cuales exteriorizan los grupos su actuación y, en materia civil y mercantil, no pueden desvirtuar lo asentado en instrumentos públicos o privados, a tenor de lo previsto por el artículo 1389 del Código Civil. Los testimonios, lo más que pueden demostrar es que los administradores –por ejemplo- conocían de una situación que fue tratada, pero no fue asentada (fuera de los «records»). Los asistentes a la reunión, serían los testigos de esos hechos. (Negrilla y subrayado mío)
………….El reconocimiento por diversas leyes de los grupos económicos como sujetos de derechos, deberes y obligaciones, no encuentra en el Código de Procedimiento Civil, ni en otras leyes especiales adjetivas, una normativa procesal que les sea en concreto aplicable, y ello genera varias preguntas: 1) Quien acciona contra el grupo ¿tiene que demandar a todos sus miembros?; 2) De no ser necesario demandar a todos ¿a quién entre ellos debe demandar y citar?; 3) ¿Puede hacerse extensiva la ejecución de un fallo contra uno de los miembros que no fue demandado ni citado en el proceso principal?; 4) ¿Qué puede hacer la persona que fue incluida en el fallo como miembro del grupo y no lo es?; 5) ¿Puede el juez incluir en la sentencia a un componente del grupo que no fue demandado, pero que consta en autos su existencia, membresía y solvencia?.
A juicio de esta Sala, quien pretende obtener un fallo contra un grupo económico y obtener la ejecución contra cualquiera de sus componentes, haciéndole perder a éstos su condición de persona jurídica distinta (individualidad), debe alegar y probar la existencia del grupo, el incumplimiento de las obligaciones por uno de sus miembros, quien debido a su insolvencia o actitud perjudicial pretende burlar al demandante, a fin que la decisión abarque a todos los que lo componen. Sin embargo, tratándose de una unidad, no es necesario citar a todos los componentes, sino que –conforme el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía al caso- basta citar al señalado como controlante, que es quien tiene la dirección del resto del conjunto, sin perjuicio de que cualquiera de las partes, pida la intervención de otro de los componentes del grupo (ordinal 4º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil), ya que a pesar que como miembro del conjunto se confunde con la parte principal, hasta que no se declare judicialmente la existencia del grupo, su situación se asimila a la de un tercero, a los efectos del artículo 370 de la ley adjetiva civil.
Siendo la principal fuente de convencimiento en esta materia la prueba documental, es en base a documentos públicos, que se demostrará la existencia del grupo y sus miembros, administradores, etcétera, si dichos documentos (originales y copias certificadas) son de la época en que se incoa la acción y reflejan para esa fecha la situación. Siendo de fecha coetánea a la demanda, no parecen existir riesgos probatorios que perjudiquen al resto de los miembros, que no fueron traídos individualmente a juicio. Igual ocurre con las declaraciones públicas donde se confiesa la existencia del grupo y sus elementos. La prueba documental contemporánea con la interposición de la demanda, será la clave para evidenciar la unidad de gestión, de dirección o simplemente económica. La contemporaneidad que señala la Sala es fundamental, ya que algunas empresas podrían ya no ser parte del grupo para esa fecha, y si no se les emplaza, no podrían alegar tal situación, ya que al no comparecer a juicio no la podrían exponer. (Negrilla y subrayado mío)
De ser incluida en el grupo y sentenciada como tal, una persona no citada y que no pertenece a él, la vía de la invalidación la tiene abierta, en base al ordinal 1º del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, ya que fraudulentamente fue citada en otra persona, como lo sería el o los representantes del grupo.
Igualmente, la invalidación fundada en el ordinal 3º del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, procedería si los instrumentos que se usaron para probar la inclusión del condenado como parte del grupo, eran falsos o fueron manejados falsamente.
Lo anterior, sin perjuicio que esté ejecutado, se defienda conforme a los artículos 533 y 546 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando no se ha demandado al grupo económico como tal ¿puede condenarse a alguno de sus miembros, no demandado ni citado? Conforme a los principios contenidos en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y que rige a los procesos dominados por el principio dispositivo, es necesario alegar la existencia del grupo, su conformación, e inexorablemente señalar cuál de sus componentes ha incumplido, motivo por el cual en la sentencia definitiva se levanta el velo de la personalidad jurídica al grupo y se determina la responsabilidad del otro u otros miembros que, teniendo una personalidad jurídica propia, no mantuvo o mantuvieron una relación jurídica con el demandante……………..
……………En estos casos, al sentenciarse al grupo, podría condenarse a sus miembros identificados en el fallo, que fueron mencionados en la demanda, así no fueran emplazados. Las pruebas sobre la existencia del grupo, su controlante, etcétera, permiten al juez condenar –si fuere el caso- a la unidad formada por todos los miembros y que quedó representada por el controlante.
El principio anterior, a juicio de esta Sala, sufre una excepción en materia de orden público, cuando la ley señala una obligación -o una actividad- que debe corresponder en conjunto al grupo. En la materia exclusiva donde esa obligación o actividad en conjunto existe, así la demanda no se incoe contra el grupo como tal, sino contra uno de sus componentes, debido a que por la ley todos los miembros tienen una responsabilidad o deben contribuir a resolver una situación, por lo que conocen de la demanda así no sea contra ellos, si de autos quedan identificados quiénes conforman al grupo y sus características, la sentencia podrá abarcar a los miembros de éste no mencionados en el libelo. No se trata exclusivamente de una cuestión de solidaridad entre los diversos miembros del grupo económico, como la denomina el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo o el artículo 323 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y como fuese planteado por el fallo sometido a consulta, sino de una obligación indivisible que nace por la existencia de los grupos; y este criterio funciona exclusivamente en materia de orden público e interés social, donde es necesario proteger al débil o a la sociedad, en aras de una justicia eficaz, contraria a la multiplicidad de juicios, para dar cumplimiento a los artículos 2 y 26 constitucionales, y es en estas materias donde se puede dictar el fallo contra personas determinadas que surgen de autos como elementos del grupo, así no fueran mencionados en la demanda. Claro está que ello sólo podría suceder, si hay pruebas inequívocas del grupo, de sus componentes y del ente o sujeto controlante, con las modalidades que esta figura asume en cada caso…………
…….Considera esta Sala que, si las leyes citadas en esta sentencia, reconocen –para los fines de cada una de ellas- la existencia de grupos económicos, tal reconocimiento legal, que les genera obligaciones y derechos, presupone que fuera de esas leyes y sus puntuales normas, los grupos también existen, ya que no puede ser que se les reconozca para determinados supuestos y para otros no, y que como tales pueden ser objetos de juicios y todos sus componentes mencionados en la demanda sufrir los efectos del fallo, así no se les haya citado, sino al controlante y al miembro a quien se atribuya el incumplimiento (excepto en los casos donde está interesado el orden público y el interés social)……………
En virtud del criterio jurisprudencial anteriormente trascrito compartido ampliamente por esta sentenciadora forzosamente debe declarar la no procedencia de la UNIDAD ECONOMICA solicitada por la parte demandante por cuanto las pruebas serían mayoritariamente las documentales, ya que sólo de éstas se podrá evidenciar las participaciones en el capital (documentos constitutivos o estatutarios de las sociedades, actas de Asambleas, Libros de Accionistas, etcétera), o la toma de decisiones donde se denota el control o la influencia significativa (actas de Juntas Directivas, por ejemplo), o el estado del capital (Balances). Es por lo que la parte demandante no demostró con pruebas fehaciente que existiera unidad económica entre ambas empresas anteriormente señaladas. ASÍ SE ESTABLECE.
Además alega la accionante en el libelo de demanda cursante al folio 136 del respectivo expediente en fecha 07 de abril de 2004, …”desiste del procedimiento y de la acción en contra de las personas naturales O.G.O. y C.M.G.N.”…, anteriormente identificados HOMOLOGANDO este Tribunal dicho desistiendo en la misma oportunidad. ASI SE ESTABLECE.
De lo anteriormente expuesto y de la revisión de las actas que conforman el presente expediente quedo evidenciado que la actora, para quien prestaba sus servicios fue para la Empresa SERV-TRUC,C.A y es esta, quien debe responder por los conceptos laborales demandados en el presente libelo. ASI SE ESTABLECE.
Ahora bien en cuanto al salario devengado, tiempo de servicio tanto de ingreso como de egreso, horario y cargo que desempeñaba no fueron controvertidos por la demandada por lo tanto se toman como cierto. Los cuales se encuentran establecidos en el presente libelo y no contradichos por la demandada ….” quien en definitiva es quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía la trabajadora, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las utilidades vacaciones etc.,…” …”es el que tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor en el proceso laboral….” (Sentencia de fecha 19 de junio de 2003, Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social.
Es por lo que esta sentenciadora estima necesario ordenar una Experticia Complementaria del fallo a los fines de cuantificar los conceptos y montos que deben ser cancelados a la ciudadana A.J.R.G., la cual será practicada por un solo experto contable designado por el Tribunal a costa de la parte demandada, para que cuantifique los conceptos demandados en el presente juicio, la cual se realizará tomando en cuenta que la trabajadora inició la relación laboral en fecha 09 de abril de 2002 hasta el 19 de febrero de 2003, en base al último salario de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 225.000,00), dicho salario se tomará en cuenta para el cálculo de los siguientes conceptos laborales: vacaciones, bono vacacional, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, los cuales deben ser calculados conforme al salario normal devengado por la trabajadora, en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior al día en que nació del derecho a la vacación conforme a los artículos 223, 219 y 145 ambos de la Ley Orgánica del trabajo, la utilidades fraccionadas se calculará conforme a lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica del trabajo, además alega la trabajadora que recibía un bono de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.75.000)mensuales dando un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00) mensuales el cual se tomará para el computo de la PRESTACIÓN DE ANTIGUEDAD establecida en el artículo 108 de Ley Orgánica del Trabajo, estableciendo dicho artículo que después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes completo laborado, que la parte demandada debió depositar en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa o en un fideicomiso a petición del trabajadora.
Ahora bien, los cálculos correspondientes al concepto Prestación de Antigüedad, se realizarán, como ya se dijo, sobre la base del salario indicado por la trabajadora en su libelo el cual no sufrió ninguna variabilidad desde el momento de inicio de la relación de trabajo hasta su terminación,tenemos que el mismo debe ser calculado con su respectivo salario integral para la fecha en que se generó, para el cálculo del salario integral se debe tomar en cuenta las alícuotas de utilidades y del bono vacacional, conforme a lo establecido en los artículo 175 y 225 ambos de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez determinado el mismo, se deberá determinar la Prestación de antigüedad, no obstante, toda vez que siendo la antigüedad de la accionante de diez (10) meses y diez (10) días, lo cual se enmarca dentro del supuesto del numeral “C” del Parágrafo Primero del artículo 108 ejusdem.
Las indemnizaciones establecidas en el art. 125 de LOT (antigüedad y preaviso) se tomará el salario base de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 225.000,00), que le corresponda a la trabajadora a consecuencia de la terminación de la relación laboral, el cual será el devengado en el mes de labores inmediatas anterior, según lo establecido en el artículo 146 de LOT., más las alícuotas de bono vacacional y utilidades.
SALARIOS CAIDOS
Manifestó la Trabajadora en el libelo de demanda que a pesar de estar amparada por la inamovilidad laboral prevista en el Decreto Presidencial Nº 1.752, publicado en gaceta Nº 5. en la extensión correspondiente del 585, de fecha 28 de abril de 2.002 en concordancia con lo dispuesto Decreto Nº 2.271, de fecha 16 de Enero de 2003, publicado en gaceta Oficial Nº 37.608, fue despedido sin la autorización previa establecida en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que solicitó su reenganche y pago de salarios caídos ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio plaza del Estado Miranda, que declaró con lugar la solicitud; siendo infructuosa la materialización de su reenganche y pago de salarios caídos.
Los salarios caídos se tomará en cuenta el salario que estaba devengando para el momento que sucedió el despido irrito desde el 19 de febrero de 2003 hasta el 10 de noviembre de 2004, fecha esta en que fue introducida y admitida la demanda por ante el Juzgado Municipio Plaza de esta misma Circunscripción Judicial a los fines de interrumpir la prescripción. El experto deberá calcular todos los conceptos laborales demandados, suficientemente indicados en la parte narrativa del fallo. Así mismo, se ordena el pago de intereses sobre prestaciones sociales generados durante el desarrollo de la relación de trabajo. Tales intereses deberán ser calculados a través de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASI SE ESTABLECE
Es el caso que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 185 establece que los intereses moratorios corren desde el decreto de ejecución, lo que evidentemente se contrapone a la voluntad del Constituyente recogida en el citado artículo 92 de la Carta Magna.
En consecuencia, esta Juzgadora en cumplimiento de la obligación consagrada en el artículo 334 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela desaplica el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en lo que al tiempo a considerar para los intereses moratorios se refiere y acuerda éstos en conformidad con el artículo desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la fecha de ejecución del fallo, entendiéndose por esto como prevé el artículo 185 de la varias veces mencionada Ley Orgánica Procesal del Trabajo, “la oportunidad del pago efectivo” y no como la misma disposición citada establece: “desde la fecha del decreto de ejecución”; lo que ya la Sala de Casación Social señaló en fallo de fecha 04 de junio de 2004 (DORA M.G. contra SLEIMAN RAFIC A.K. y HAISAN RAFIC A.K.), con ponencia del Magistrado Dr. A.V.C..- Así se establece.
Por último el actor reclama la aplicación de la Corrección Monetaria, sobre las cantidades adeudadas; las que conforme al citado artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, solo procede a partir del decreto de ejecución de la sentencia; y como quiera que este concepto no aparece consagrado en el Texto Fundamental, su procedencia está directamente vinculada con la falta de cumplimiento voluntario de la sentencia. En consecuencia, queda establecido que, en caso de incumplir el demandado con esta decisión, una vez quede definitivamente firme, el Tribunal la establecerá, tomando en consideración el índice inflacionario establecido por el Banco Central de Venezuela. Así se establece.
De lo anteriormente expuesto, considera esta sentenciadora que la demandada canceló un adelanto de DOSCIENTOS DOS MIL BOLIVARES (Bs.202.000,00) debiéndose deducir esta cantidad al monto definitivo que resultare y no consta en autos hubiese demostrado al Tribunal la totalidad de tales obligaciones, revisada la causa petendi, en cuanto a las prestaciones sociales que le corresponden al trabajadora por los conceptos laborales que no le fueron cancelados, encontrando que dicha petición no es contraria a derecho, esta Sentenciadora, conforme a la confesión ope legis, forzosamente debe concluir que la SERV-TRUCK, C.A debe cancelar a la ciudadana A.J.R.G. las Prestaciones Sociales y los conceptos laborales siguientes: prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, las indemnizaciones establecidas en el art. 125 LOT (antigüedad, preaviso) salarios caídos, todo de conformidad con los artículos 3, 108,125 129, 133, 145, 219, 223, 184 de la Ley Orgánica del Trabajo, y los intereses sobre prestaciones e intereses moratorios previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASÍ SE ESTABLECE.
Estando cumplidos los extremos de los artículos 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, considera esta sentenciadora que en la presente delación existen motivos de derecho suficientes que la llevan forzosamente a concluir que la procedencia de la demanda incoada por la parte actora, deberá ser declarada parcialmente con lugar en la parte dispositiva de este fallo. ASI SE DECIDE.-
III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Quinto de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, DECLARA:
PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por EL COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES interpuesta por la ciudadana A.J.R. contra la “SERV-TRUCK” C.A., ambas partes suficientemente identificadas en autos, quien deberá cancelar a la trabajadora, las cantidades que determine la experticia complementaria del fallo, por los siguientes conceptos laborales: prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, las indemnizaciones establecidas en el art. 125 de LOT (antigüedad y Preaviso), Salarios caídos desde 19 de febrero de 2003 hasta la introducción de la demanda 10 de noviembre de 2004., e intereses sobre Prestaciones Sociales acumuladas.
SE ORDENA, una EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, a objeto de que sean calculadas las cantidades correspondientes a los conceptos laborales demandados, indicados en la parte motiva del presente fallo, los intereses sobre las prestaciones sociales desde la fecha de inicio de la relación laboral 09-abril-2002 hasta la terminación de la relación laboral el 19-02-2003.
SE ORDENA, la INDEXACION ó CORRECCION MONETARIA de las cantidades que en definitiva su pago ha resultado a cargo de la parte demandada, que determinará el experto contable, aplicándoles el índice inflacionario ocurrido en el país desde la fecha de la admisión de la demanda el día 10 de noviembre de 2004 hasta su ejecución, lo que hará sobre los montos a cancelar por los conceptos condenados a pagar en este fallo, según la tasa inflacionaria determinada por el Banco Central de Venezuela.
SE ORDENA, a la parte demandada cancelar a la parte demandante las cantidades que arroje la Indexación o Corrección Monetaria, efectuada según la tasa determinada por el Banco Central de Venezuela, así como la cantidad que determine la Experticia Complementaria del fallo ordenada.
NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS a la parte demandada por haber resultado parcialmente con lugar el presente fallo.
Dada, firmada y señalada en la sala de Despacho del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
En Guarenas, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil cinco (2005).
Años 194° de la Independencia y 146° de la Federación.
Publíquese, Regístrese y déjese Copia Certificada.
LA JUEZ
DRA. CARMEN VIOLETA CEDRÉ TORRES
LA SECRETARIA
DRA. FABIOLA GÓMEZ.-
NOTA: En esta misma fecha, siendo las 3:00 p.m., se publicó y registró la anterior Sentencia.
LA SECRETARIA
DRA. FABIOLA GÓMEZ.-
Expediente N° 361-04.
CVC/FG
