Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión El Vigia), de 26 de Enero de 2010
| Fecha de Resolución | 26 de Enero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio |
| Ponente | Minerva del Carmen Mendoza |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Sede Alterna El Vigía
El Vigía, veintiséis de enero de dos mil diez
199º y 150º
ASUNTO: LP31-L-2009-000132
PARTE ACTORA: P.M.A.
REPRESENTADO PROCESALMENTE POR LOS ABOGADOS: R.A.H.M., E.M.J.C., C.R. CONTRERAS PEÑA, RUTHVERICA G.M..
PARTE ACCIONADA: ALCALDIA MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA Y O.D.E.M..
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
Vistos sus antecedentes y siendo la oportunidad de ley para que este Tribunal reproduzca de manera escrita, la sentencia oral, breve y sucinta, pronunciada en fecha veintiséis de enero de dos mil diez, lo hace con base en las siguientes consideraciones:
- I -
NARRATIVA
En fecha 29 de julio de 2009, se recibió demanda del ciudadano: P.M.A.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 23.238.414, domiciliado en la población de Tucaní, sector Unión, calle 2 Estado Mérida, representado procesalmente por el Procurador de Trabajadores, Abogado R.A.H.M., titular de la Cédula de Identidad V-15.028568, inscrita en el inpreabogado bajo el número 98.326; en la que indicó que el 01 de julio de 2008, fue contratado por la Alcaldía del Municipio Caracciolo Parra y O.d.E.M., para que prestara sus servicios como vigilante nocturno en el Centro Cultural J.M.O.d.M.C.P. y O.d.E.M., indicó que su salario mensual durante la relación laboral, fue de Bs. 642,85, que su horario de trabajo era de lunes a domingo, en un horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.. Señaló que el 31 de enero de 2009, fue injustificadamentedespedido. Que acudió a la Procuraduría de Trabajadores para que le realizaran el cómputo de sus correspondientes prestaciones, y allí le remitieron el reclamo a la Sub-inspectoría del Trabajo de la ciudad de El Vigía, Estado Mérida, dicho órgano fijó oportunidad para agotar la vía administrativa para el día 17 de marzo de 2009, oportunidad en la que por acta se dejó constancia de la no conciliación entre las partea y en consecuencia demanda a la antemencionada Alcaldía por cobro de derechos laborales pormenorizados en el escrito libelar.
En fecha 31 de julio de 2009, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, procedió a admitir la demanda, y siendo que la demandada es una Alcaldía, que goza de las mismas prerrogativas que el ente que los crea, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se acordó la notificación además del Síndico Procurador Municipal; agotados los trámites de la notificación para la celebración de la Audiencia Preliminar, en fecha 26 de noviembre de 2009, como se evidencia de acta inserta a los folios 22 y 23, se dejo constancia de la no comparecencia de la parte demandada, ni por si ni por medio de apoderado judicial, y se dictó decisión en la cual atendiendo a los privilegios y prerrogativas concedidos por ley a la República, se ordenó remitir el expediente al éste Tribunal, previo transcurso de los 5 días hábiles que establece el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo como se dejó constar en auto que obra al folio 26.
Este Tribunal en fecha 07 de enero de 2010, recibió la causa bajo análisis, constando al folio 31, auto de admisión de pruebas de la parte actora y al folio 33 se dejó constancia de la falta de promoción de pruebas de la demandada y de seguidas al folio 34 auto en virtud del cual se fija la oportunidad para celebrar la audiencia oral de juicio.
Celebrada ésta, en fecha 26 de enero de 2010, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte accionada, en consecuencia de seguidas se analiza la procedencia en derecho, de lo peticionado por el actor en su libelo.
- II -
PARTE MOTIVA
Establecen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el principio de la tutela jurídica efectiva, la garantía de una justicia sin formalismos, el principio de que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia; el artículo 89 ejusdem, que prevé que el hecho social trabajo gozará de protección del Estado y que en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias; igualmente el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establecen que los jueces laborales en ejercicio de sus funciones judiciales, tendrán por norte de sus actos la verdad, estando obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance, participando en tal sentido, de forma activa en el proceso laboral (artículo 5 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo), por cuanto el objeto jurídico que regula el derecho del trabajo es el “hecho social trabajo”.
En el presente caso fueron reclamados por el actor, los conceptos de antigüedad, intereses por antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionados, utilidades fraccionadas, indemnización por despido injustificado y sustitutiva del preaviso y salarios retenidos; por su parte la parte demandada, no compareció a la audiencia oral de juicio fijada por este Tribunal oportunamente, ni por si, ni por medio de representante procesal y en consecuencia de conformidad con los principios fundamentales que rige el procedimiento laboral, esta juzgadora de seguidas analiza la procedencia en derecho, de lo reclamado por la parte actora.
En éste sentido debe referirse la decisión N° 810 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Hazz, de fecha 18 de abril de 2006, en la cual se indicó que:
(…). Así recuérdese, como antes se expuso, que la audiencia preliminar tiene una vocación eminentemente conciliatoria, y en ellas las partes se limitan, por intermediario del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a la procura de una autocomposición procesal (artículo 133 Ley Orgánica Procesal del Trabajo). No Obstante, si en dicha audiencia se consignan elementos de juicio relevantes respecto de los hechos que fundamentan la demanda, los mismos podrán valorarse al momento de la decisión (…) . Lo que la presunción iure et de iure de confesión implica, es que la parte contumaz no podrá ya probar nada que le favorezca ni que desvirtúe esa condición, y de allí que se pase directamente a la decisión de fondo, más no implica que los recaudos que hasta el momento consta en autos no puedan valorarse
(subrayado de quien juzga).
A continuación se valorarán las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuáles hechos quedaron demostrados en el proceso.
La parte actora en su oportunidad promovió, las siguientes pruebas:
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- Acta de la Sub-inspectoría del Trabajo de la ciudad de El Vigía, de fecha 17 de marzo de 2009, obra al folio 08; sobre la indicada, quien juzga observa que la misma es un documento público administrativo, que no fue impugnado por la parte contraria, dada su incomparecencia a la audiencia oral de juicio, por lo que merece pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de ésta se evidencia que el actor acudió a dicho órgano administrativo para reclamar el pago de sus prestaciones sociales agotando la vía administrativa y la incomparecencia de la demandada.
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- Exhibición de original de recibos de pago, con la finalidad de probar el salario devengado, los cuales deberían indicar, fecha, monto cancelado, nombre de la empresa, nombre del trabajador. Observa este Tribunal que es la parte accionada, quien tenía la carga de traer a la audiencia de juicio, los documentos solicitados, en este caso, los recibos de pago; sin embargo, dada su incomparecencia no se realizó la exhibición de los documentos promovidos, empero tampoco puede quien juzga aplicar el efecto establecido en el tercer aparte del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir establecer el salario devengado por el trabajador durante el tiempo que duró la relación de trabajo, por cuanto tampoco hizo el reclamante en su escrito de promoción de pruebas, afirmación alguna sobre los salarios devengados por el en el tiempo de duración de su relación laboral, en consonancia además con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, Sentencia No. 652, de fecha 09 de octubre de 2003, Ponencia del magistrado Juan Rafael Perdomo.
-
- La declaración de los testigos: J.L.A.G., J.d.D.H.A., O.B.T., L.O.C.T., Karelys J.R.P., Irmes A.C.F.; quienes no rindieron declaración en razón de la incomparecencia del demandado a la audiencia de juicio y en consecuencia no tiene este Tribunal, declaración alguna susceptible de ser valorada.
Se dejó constancia que la parte accionada en su oportunidad no promovió prueba alguna.
En este sentido y como quiera que la petición del demandante no es contraria a derecho y que la demandada no promovió nada que le favoreciere, este Tribunal consecuencialmente, debe tener por cierta la prestación personal del servicio por parte del trabajador demandante ciudadano P.M.A.P. a favor de la Alcaldía del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo demandada de autos y en consecuencia la existencia de una relación laboral desde el 01 de julio de 2008, que en fecha 31 de enero de 2009, finalizó aquella por causa de despido injustificado, que laboró como vigilante nocturno en el Centro Cultural J.M.O.d.M.C.P. y Olmedo, que durante la existencia de la relación laboral devengó como salario mensual Bs. 642,85; que su horario de trabajo era de lunes a domingo, en un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., no logró demostrar la parte accionada que se hubiere liberado del cumplimiento de la obligación de pago de las prestaciones sociales y otros conceptos laborales adeudadas al trabajador reclamante, o que hubiese honrado el crédito laboral que en este proceso le fue reclamado por el actor.
En consecuencia, este Tribunal considera procedente esta demanda, por cuanto no es contraria a derecho la petición del demandante, con relación a los conceptos de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, la indemnización por despido injustificado e indemnización sustitutiva del preaviso y los salarios retenidos, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo.
Bajo la premisa de los hechos anteriormente determinados, éste tribunal de seguidas procede a realizar el cálculo de las prestaciones sociales y otros conceptos laborales, ha lugar para el demandante:
Fecha de ingreso: 01 de julio de 2008
Fecha de egreso: 31 de enero de 2009
Último salario devengado: Bs. 642,85 mensual
Tiempo de Servicio: 07meses
Motivo de la terminación de la relación laboral: Despido Injustificado.
-
- Con relación al concepto reclamado de conformidad con lo preceptuado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo: Prestación de Antigüedad. Del análisis minucioso y exhaustivo realizado a este concepto, quien decide observa que es un derecho del trabajador después del tercer mes ininterrumpido de servicios, y equivale a cinco (05) días de salario integral por cada mes laborado, y por cuanto la parte actora laboró 07 meses, se declara la procedencia del concepto bajo análisis:
Del 01/07/2008 al 31/01/2009.
5 días x 28,27 Bs. (salario integra diario)
Bs. 565,40
Se declara procedente el concepto de antigüedad establecida en el Parágrafo Primero, literal a) del artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo, que establece: Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediera de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre el indicado monto (15 días) y lo acreditado al actor por el tiempo de servicio (5 días), es de 25 días, calculados con base en el salario integral diario que debió devengar el actor.
25 días x 28,27 (salario diario integral)
Bs.
706,75
Observa esta juzgadora que aún y cuando el actor no reclama el concepto de “intereses sobre antigüedad" que se encuentra establecido en el referido artículo 108 de la reforma parcial de la vigente ley Orgánica del Trabajo, que entró en vigor el 19 de junio de 1997. “…La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones". (Subrayado de este Tribunal); observa quien juzga que debe serle conferido al demandante dadas las prerrogativas del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo vigente ya que el actor, después del tercer (03) mes ininterrumpido de servicio, laboró durante 4 meses, por lo que este concepto debe ser determinado mediante una experticia complementaria de esta decisión a la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, la cual será ordenada en la parte dispositiva de la presente sentencia.
De lo reclamado por concepto de Vacaciones Fraccionadas. Por cuanto el trabajador demandante laboró 07 mese de conformidad con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 225 eiusdem, le corresponde este concepto, calculado con base en el salario normal diario percibido para el momento del término de la relación de trabajo, que según el escrito libelar, éste ascendía a la cantidad de Bs. 642,85 mensuales que a los efectos del presente concepto deben ser estimado a la rata del salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional para la fecha de la prestación de los servicios que se reclaman, es decir, en 799,23 (Criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 0801, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.D.R., de fecha 5 de junio de 2008, caso M.Á.C.L., contra la sociedad mercantil Televisión de Margarita C.A. (TELECARIBE)), por lo que se procede a calcular éste concepto así:
Vacaciones Fraccionadas (7 meses)
Del 01/07/2008 al 31/01/2009
8,75 días x 26,64 Bs.
Bs. 233,10
Con relación al reclamado concepto de Bono Vacacional Fraccionado. Evidencia quien juzga que el trabajador demandante laboró 07 meses, de conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 225 eiusdem, le corresponde este concepto calculado con base en el salario normal diario percibido para el momento del término de la relación de trabajo, que según el escrito libelar, éste ascendía a la cantidad de Bs. 642,85 mensuales que a los efectos del presente concepto deben ser estimado a la rata del salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional para la fecha de la prestación de los servicios que se reclaman, es decir, en 799,23 (Criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 0801, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.D.R., de fecha 5 de junio de 2008, caso M.Á.C.L., contra la sociedad mercantil Televisión de Margarita C.A. (TELECARIBE)), por lo que se procede a calcular éste concepto así:
Bono Vacacional Fraccionado (7 meses)
Del 01/07/2008 al 31/01/2009
4,08 días x 26,64 Bs.
Bs. 108,69
Con relación a lo reclamado por utilidades fraccionadas por los meses completos de servicios prestados, es decir, 07 meses, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo y su parágrafo primero; calculado con base en el salario mínimo normal diario que debió percibir el actor, para el momento en que nació el derecho de cobro del referido beneficio, de conformidad con criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal en Sentencia No. 0417, de fecha 10 de abril de 2008, criterio ratificado en sentencia No. 0801, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.D.R., de fecha 5 de junio de 2008, caso M.Á.C.L., contra la sociedad mercantil Televisión de Margarita C.A. (TELECARIBE), en los siguientes términos: “cálculo que se hará con base al salario normal promedio mensual devengado por el actor en el respectivo ejercicio anual”, por lo que se hace el respectivo cálculo como sigue:
Utilidades Fraccionadas (7 meses)
Del 01/07/2008 al 31/01/2009
8,75 días x 26,64 Bs.
Bs. 233,10
Por cuanto, quedó establecido que el trabajador fue despedido injustificadamente en fecha 31 de enero de 2009, quien juzga, considera procedente en derecho a su favor, lo solicitado por concepto correspondiente a Indemnización por despido injustificado, de conformidad con su antigüedad, en el presente caso laboró por un lapso de 07 meses, en consecuencia, por lo preceptuado en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, numeral 1), y calculado con base en el último salario integral que debió devengar el trabajador demandante, (como lo ha establecido el criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia), le corresponde:
Indemnización por Despido Injustificado
30 días x Bs. 28,27 (salario diario integral)
Bs. 848,10
Igualmente, se estima procedente en derecho a favor del demandante, en razón del referido despido injustificado, la indemnización sustitutiva de preaviso de conformidad con el antes indicado artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, en su literal a), calculado con base en el último salario integral que debió devengar el trabajador demandante, calculado de la siguiente forma:
Indemnización Sustitutiva del Preaviso
30 días x Bs. 28,27(salario diario integral)
Bs. 848,10
Reclama el actor, los salarios retenidos, en virtud de que no le cancelaron los salarios correspondientes desde que ingresó hasta que finalizó su relación laboral, es decir, desde el 01 de julio de 2008, hasta el 31 de enero de 2009, observa quien juzga que el presente concepto reclamado en relación a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2008 y enero 2009 es procedente, y por las siguientes cantidades.
Salario Mínimo vigente 799,23 - Salario devengado 642,85= 156,35 x 7 meses de trabajo ininterrumpido = 1.094,45
Finalmente, considera esta juzgadora que a las cantidades de dinero condenadas, deberá ordenárseles el cálculo tanto de sus intereses moratorios como la corrección monetaria.
Ahora bien, en relación al régimen legal aplicable, el artículo 89 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, establece que el trabajo es un hecho social y gozará en la protección del Estado. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera interés. De igual forma el artículo 12 del convenio de la OIT establece en su cardinal 1, que de conformidad con la legislación y la práctica nacional, todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tendrá derecho a una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones análogas, a prestaciones del seguro de desempleo o de otras formas de seguridad social o a una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones.
En cuanto a los intereses de mora, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el pago de dichos intereses sobre las cantidades condenadas a pagar, los cuales deberán ser cuantificados a través de experticia complementaria del fallo, rigiéndose la misma bajo los siguientes parámetros: 1°) Serán calculados desde la fecha de culminación de la relación laboral, es decir, 31 de enero de 2009, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la decisión; 2) Serán calculados considerando las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo; y 3) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación. Por otra parte, en caso de ejecución forzosa, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, ordenará la realización de una nueva experticia complementaria del fallo para el cálculo de los intereses de mora que se causen a partir de la fecha del decreto de ejecución hasta el pago efectivo, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esto, de conformidad con el criterio asentado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 1668, de fecha 28 de octubre de 2008, (caso M.S.C.F., contra la sociedad mercantil BACANOS MUSIC, C.A.).
Con relación a la corrección monetaria, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008, criterio ratificado en sentencia No. 0128 de fecha 10 de febrero de 2009, con ponencia de la Magistrada Doctora C.P., que establece:
(omisis)
Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.
En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.
En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.
En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales (omisis)
.
(Subrayado de quien juzga)
Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, en la parte dispositiva de la presente sentencia, se declarará parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano P.M.A.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 23.238.414, domiciliado en la población de Tucaní, sector Unión, calle 2 Estado Mérida, representado procesalmente por el Procurador de Trabajadores, Abogado R.A.H.M., titular de la Cédula de Identidad V-15.028568, inscrito en el inpreabogado bajo el número 98.326; en contra de la Alcaldía del Municipio Caracciolo Parra y O.d.E.M., por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales. Sin embargo, por las razones que se dejaron expuestas, en criterio del Tribunal, el monto de tales conceptos no es la suma reclamada por la parte actora, sino la cantidad Total de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 4.637,69) más la cantidad de dinero calculada por concepto de interés sobre prestación de antigüedad y así se establece.
- III -
DISPOSITIVA
En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, éste Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Sede Alterna El Vigía, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en la presente causa en los términos siguientes:
Se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el ciudadano P.M.A.P., en contra de la Alcaldía del Municipio Caracciolo Parra y O.d.E.M. en la persona de su Alcalde L.O.D., y al Síndico Procurador Municipal de Caracciolo Parra y Olmedo, por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.
Se condena a la parte accionada Alcaldía del Municipio Caracciolo Parra y O.d.E.M. en la persona de su Alcalde L.O.D., y al Síndico Procurador Municipal de Caracciolo Parra y Olmedo, a pagar a la parte actora, ciudadano P.M.A.P. por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, la cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 4.637,69) más la cantidad de dinero calculada por concepto de interés sobre prestación de antigüedad y así se establece.
Se condena a la parte demandada antes indicada, a pagar a la demandante en comento, el interés sobre prestación de antigüedad cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se deberá practicar considerando: 1. Será realizada por un único perito designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. 2. El perito considerará las tasas de interés fijados por el Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta, desde el mes de noviembre de 2008, hasta el 31 de enero de 2009; 3. El perito hará los cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período, con base en el salario que la parte actora devengó, indicado en la parte motiva de la presente sentencia. Esta cantidad de dinero deberá ser sumada a la cantidad condenada a pagar por prestación de antigüedad, para obtener así el monto total condenado a pagar por concepto de prestaciones de antigüedad e interés sobre prestación de antigüedad e igualmente sobre éste último monto determinado se ordena de seguidas, calcular interés moratorio e indexación judicial ha lugar.
De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se condena el pago de los intereses de mora, sobre los el monto de las prestaciones sociales y otros conceptos laborales, es decir, sobre la cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 4.637,69), más la cantidad de dinero calculada por concepto de interés sobre prestación de antigüedad. Los mismos serán computados mediante experticia complementaria del fallo rigiéndose para la realización de la misma por los siguientes parámetros: 1) Será realizada por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor; 2) Serán calculados desde la fecha de culminación de la relación laboral, es decir, el 31 de enero de 2009, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la decisión; 3) Dicho cálculo deberá considerar las tasas de interés establecidas por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo; y 4) para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación.
Siendo procedente la corrección monetaria para preservar el valor de lo debido, se condena a la parte demandada su pago, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, se ordena la indexación del concepto de prestación de antigüedad, desde la fecha de terminación del vínculo laboral -31 de enero de 2009- hasta que la sentencia quede definitivamente firme y se ordena la indexación de los otros conceptos derivados de la relación laboral, esto es, vacaciones, utilidades e indemnizaciones por el despido injustificado, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, 28 de septiembre de 2009, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, conforme a los últimos datos publicados por el Banco Central de Venezuela y excluyendo de dichos cálculos los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y vacaciones judiciales.
En caso de ejecución forzosa de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y para ello, ordenará la realización de una nueva experticia complementaria del fallo.
En razón a la naturaleza del presente fallo, no se condena en costas a la demandada, por no haber resultado totalmente perdidosa en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Juez Titular,
Abg. Esp. M.M.P.
La Secretaria,
Abg. I.A.
En la misma fecha, siendo las once y cincuenta y tres minutos de la mañana, se publicó la anterior decisión, lo cual certifico y se dejó copia fotostática certificada en archivo, conforme a la Ley.
La Secretaria,
Abg. I.A.
