Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 7 de Enero de 2011
| Fecha de Resolución | 7 de Enero de 2011 |
| Emisor | Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Carolina Garcia |
| Procedimiento | Cumplimiento De Contrato |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, siete (7) de enero de 2011
200º y 151º
Asunto principal: AP11-V-2010-000196
PARTE ACTORA: Sociedad mercantil ARIANABEL BOUTIQUE C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 17 de abril de 2000, bajo el Nº 56, Tomo 62-A Pro., con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº J-30697968-9.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: P.J.C.R. y T.E.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos: V-1.918.399 y V-6.099.745, respectivamente, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 14.508 y 77.378, en el mismo orden enunciado.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de marzo de 1992, bajo el Nº 77, Tomo 102-Sgdo.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: A.S.M. y J.M.A., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos: V-5.815.777 y V-10.869.280, respectivamente, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 20.316 y 54.453, en el mismo orden enunciado.-
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-
- I -
Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda, presentado en fecha 4 de marzo de 2010, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de este Circuito Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los abogados P.J.C.R. y T.E.S., quienes actuando en su condición de apoderados judiciales de la firma mercantil ARIANABEL BOUTIQUE C.A., proceden a demandar por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a la firma mercantil F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A, en la persona de su Director Principal, ciudadano H.V.S., quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-5.969.628.-
Habiendo correspondido el conocimiento de la presente a causa al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, previa la distribución de ley, fue admitida cuanto ha lugar en derecho por auto de fecha 26 de marzo de 2010, ordenándose la citación de la demandada en la persona de su representante legal, a fin de comparecer dentro del lapso de 20 días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, para dar contestación a la demanda.-
Mediante diligencia presentada en la misma fecha 26 de marzo de 2010, el abogado P.C., apoderado actor, solicitó la inhibición de la Juez del referido Juzgado, con fundamento en la causal contenida en el numeral 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la Dra. A.C., mediante acta levantada en fecha 5 de abril de 2010, se inhibió de conocer la presente causa, ordenando la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial para la respectiva distribución, librando al efecto Oficio Nº 0339 en fecha 14 de abril de 2010.
Así, asignada la presente causa a este Juzgado por sorteo y distribución, se recibió y se le dio entrada al expediente mediante auto fechado 23 de abril de 2010.-
En fecha 18 de mayo de 2010, la representación actora, dejó constancia del pago de los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada (folio 62).-
Posteriormente, en fecha 16 de junio de 2010, el apoderado actor consignó mediante diligencia, copias del libelo de demanda y auto de admisión para la elaboración de la compulsa correspondiente, la cual fue librada en fecha 17 de junio de 2010, tal y como consta al folio 68 del presente asunto.-
En fecha 24 de septiembre de 2010, el ciudadano M.R.P., Alguacil Titular adscrito a la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, consignó la compulsa librada a la parte demandada sin firmar, dada la imposibilidad de lograr la citación personal de la demandada.-
En fecha 19 de octubre del citado año, la representación actora solicitó la citación por correo certificado en atención a lo dispuesto en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, acordado en conformidad por auto fechado 21 de octubre de 2010.-
Consta al folio 79, auto dictado por este Juzgado en fecha 9 de noviembre de 2010, mediante el cual fue agregado Aviso de Recibo de Citaciones y Notificaciones Judiciales proveniente del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).-
Así, mediante escrito presentado en fecha 2 de diciembre de 2010, por los abogados A.S. y J.M.A., en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada opusieron las cuestiones previas contenidas en los numerales 1ro, 6to y 11vo del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que el asunto debe acumularse a otro proceso por razones de conexión; por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78; y la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda, consignando al efecto anexos sustentando sus alegatos. En la misma fecha consignaron instrumento poder que les fuera otorgado por la demandada.-
Finalmente, en fecha 15 de diciembre de 2010, la representación judicial de la parte actora rechazó las cuestiones previas opuestas, consignando en tal sentido escrito de contradicción a las mismas.-
- II -
Luego de una minuciosa revisión a las actas que conforman el presente expediente, considera menester esta Juzgadora, hacer referencia a la norma contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...
(subrayado de este fallo)
Por su parte, la norma contenida en el artículo 269 ejusdem, establece lo que sigue:
Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente
. (subrayado de este fallo).
De las disposiciones precedentemente transcritas, esta Juzgadora observa que la perención se consuma una vez que se dan los supuestos establecidos taxativamente en la norma que prevé el artículo 267 ejusdem, antes citado, sin necesidad que ocurra alguna otra circunstancia o que sea alegada por alguna de las partes.
Por su parte, el tratadista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido en este sentido que un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por la no realización de actos de impulso procesal, y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso; y, por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 211 de fecha 21 de junio del año 2.000, expresó:
...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...
.
Es así como la misma Sala, en la sentencia Nº 156 de fecha 10 de agosto de 2000, estableció que:
...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...
.
En el mismo sentido y más recientemente, la misma Sala en sentencia dictada en fecha 06 de julio del año 2.004, con ponencia del Magistrado Dr. C.O.V. (Caso J.R.B.V.), expresó lo siguiente:
Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención. (… omissis…)
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide
.-
Conforme a la situación planteada en autos, considera oportuno esta Juzgadora citar el contenido del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 93.- Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, …
.
Establecido lo anterior, de una revisión exhaustiva a las actas que integran este expediente, y tal y como se desprende de la narrativa realizada, se evidencia que en fecha 26 de marzo de 2010, fue admitida la demanda; en fecha 18 de mayo del citado año, la representación judicial de la parte actora dejó constancia de haber entregado las expensas necesarias para la práctica de la citación ordenada en el auto de admisión y la consignación de los fotostatos necesarios para la expedición de la compulsa fueron consignadas en fecha 18 de junio de 2010.. Por lo que a la fecha de consignación de la constancia del pago de los emolumentos a la Unidad de Alguacilazgo ya habían transcurrido sobradamente más de treinta (30) días continuos después de la admisión de la presente demanda sin que la parte actora haya impulsado, por sí o por medio de sus apoderados, la citación de la parte demandada dentro de ese lapso; siendo este acto requisito fundamental para la continuación del proceso, es decir, que se consumó sobradamente el término establecido para que la accionante diera cumplimiento a sus obligaciones legales, y de lo cual puede declarar este Juzgadora, que fueron incumplidas las obligaciones legales del demandante. Concluyendo este Juzgado que la perención se verificó en fecha 26 de abril de 2010. Así se establece.-
En este orden de ideas, la parte accionante tiene la carga de impulsar la citación de su contraparte, consignando para ello no solamente los fotostatos para la elaboración de las compulsas, sino también con el deber de cancelar los respectivos emolumentos a fin de interrumpir la denominada perención “breve” a que hace referencia la doctrina, dentro del mencionado lapso. Así se establece.-
Resulta evidente que los hechos supra descritos, se subsumen perfectamente en la norma contenida en el ordinal 1ro del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, arriba citado, al haber transcurrido suficientemente, el lapso legal para que se produzca la perención de la instancia en la presente causa, y así lo declara el Tribunal por imperativo de la norma contenida en el artículo 269 ejusdem. Así se establece.
En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Despacho Judicial declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el articulado arriba citado. ASÍ SE DECIDE.
-III-
DECISIÓN
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoara la sociedad mercantil ARIANABEL BOUTIQUE C.A. contra la sociedad mercantil F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A., ampliamente identificados al inicio, DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los siete (7) días del mes de enero del año dos mil once (2011). AÑOS 200° DE LA INDEPENDENCIA y 151° DE LA FEDERACIÓN.
LA JUEZ TITULAR,
Dra. C.G.C.
EL SECRETARIO TITULAR,
Abog. J.A.H.
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las once y treinta y dos minutos de la mañana (8:32 a.m.), previa las formalidades de Ley.-
EL SECRETARIO TITULAR,
Abog. J.A.H.
ASUNTO: N° AP11-V-2010-000196
INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.-
