Decisión de Juzgado Cuarto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 23 de Octubre de 2012

Fecha de Resolución23 de Octubre de 2012
EmisorJuzgado Cuarto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteCarlos Alberto Rodriguez Rodriguez
ProcedimientoSolicitud De Interdiccion

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 23 de Octubre de 2012

202º y 153º

ASUNTO: AP11-V-2012-000087

SOLICITANTES: ciudadanos E.A.D.M. y G.M.M., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.432.076 y V-3.308.667.

APODERADA JUDICIAL DE LOS SOLICITANTES: ciudadana G.E.G.C., abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 77.569.

PRESUNTA ENTREDICHA: ciudadana M.E.M.A., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 13.686.953.

MOTIVO: SOLICITUD DE INTERDICCION.

SENTENCIA: DEFINITIVA

EXPEDIENTE: AP11-V-2012-000087.

-I-

Se refiere el presente proceso a una solicitud o instancia de INTERDICCION por defecto intelectual presentada por la abogada G.E.G.C., actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos E.A.D.M. y G.M.M., en su condición de Padres a beneficio e interés de la ciudadana M.E.M.A., todos plenamente identificados en el encabezado de la presente solicitud.

DE LOS HECHOS

Señaló expresamente la solicitante lo siguiente: “…nuestros reprensados son personas jubiladas por el Ministerio de Sanidad y por Seguro Social Obligatorio, preocupados por el futuro de su hija M.E.M.A., plenamente arriba identificada y que para el momento de su muerte sea beneficiaria como sobreviviente, de sus derechos y conociendo que para ejercer los trámites en el Seguro expresa caducidad de seis meses para los reclamos, previniendo el resguardo de que su hija no quede desamparada en el caso de nosotros faltar, para cobrar la pensión de sobreviviente que le correspondería, quien se encuentra incapacitada según informe médico; y para el trámite correspondiente les exigen un Tutor y es por ello que acudimos ante su competente autoridad para que se nombre Tutor, para gestionar toda la tramitación necesaria por ante el Ministerio de la Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y otros organismos administrativos, hasta obtener los beneficios estipulados que por ley le corresponden y otros derechos sucesorales que también podrían corresponderle, es por ello que acudimos ante su competente autoridad, para que previo cumplimiento del procedimiento legal establecido para ello, se nombre para la administración de los derechos que le corresponden a mi hija, a sus hermanos identificados con los nombres de G.J.M.A. y MARIZAYBEL MORA ARIAS, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad Nros. V-12.112.447 y V-11.665.233, respectivamente… (Omissis)…”.

Admitida como fue la presente solicitud de interdicción mediante auto proferido el 04 de marzo de 2.010, se ordenó la sustanciación del proceso de conformidad con los trámites determinados en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil, ordenándose la notificación del Fiscal del Ministerio Público competente por la materia y Jurisdicción, a fin de velar por el correcto desenvolvimiento de esta solicitud y oficiándose así mismo lo conducente al Servicio de Psiquiatría Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (C.I.C.P.C.), a objeto que el citado organismo procediera al nombramiento de dos (2) expertos facultativos para la practica del examen respectivo a realizarse en la persona de cuya interdicción se solicita.

Seguidamente, verificándose de autos que fueron cubiertos todos los requisitos legales en cuanto a la sustanciación de este procedimiento y consecuentemente llegada la oportunidad a que se contrae el artículo 734 del texto adjetivo Civil, se logró deducir, conforme a la averiguación sumaria instaurada, obtener resultados suficientes de la demencia imputada a la persona señalada como incapaz, motivo por el cual, mediante decisión dictada el día 14 de noviembre de 2.011, proferida por el Juzgado Noveno de Municipio de esta Circunscripción Judicial, se procedió a decretar la interdicción provisional en este asunto a favor de la ciudadana M.E.M.M., designándose como Tutores interinos a los ciudadanos G.J.M.A. y MARIZAYBEL MORA ARIAS, ambos anteriormente identificados, ordenándose proceder luego por el juicio ordinario conforme al artículo 734 eiusdem.

Ahora bien, cumplidas con todas las etapas procesales a que se contrae la presente y llegada la oportunidad para decidir sobre la incapacitación solicitada, este Tribunal conforme a lo dispuesto en los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, pasa a hacerlo tomando en cuenta para ello el material probatorio consignado a los autos.

-II-

Se inició el presente procedimiento de incapacitación a solicitud de la abogada G.E.G.C., actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos E.A.D.M. y G.M.M., en su condición de Padres a beneficio e interés de la ciudadana M.E.M.A., plenamente identificados, quienes en tal condición procedieron a instaurar la presente solicitud en relación al estado y capacidad que presenta ésta última conforme al diagnóstico médico consignado en autos.

Ahora bien, de acuerdo a los hechos planteados por los solicitantes, corresponde a este Juzgador determinar si es procedente la incapacitación de la ciudadana en mención, a tal efecto, cabe precisar que los que impulsaron este proceso, solicitaron la interdicción de dicha ciudadana, amparándose para ello en lo dispuesto en los artículos 733 y 734 del Código de Procedimiento Civil.

Bajo esta óptica debe así precisar este Juzgador, en base a las probanzas que cursan en autos tanto documentales como testimoniales, siendo que por tratarse de documentales las primeras de ellas que no fueron impugnadas, ni tachadas dentro de la secuela del procedimiento por persona alguna, y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, se les otorga pleno valor probatorio del contenido que de ellas emana. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En el caso bajo análisis, relativos a las características definitorias de este tipo de solicitudes de incapacidades y consecuentemente sobre base a las distintas doctrinas propiamente analizadas y discutidas por los estudiosos de esta materia quienes han llegado a la conclusión de manera unísona a la determinación que la diferencia entre una y otra viene dado por la gravedad de la afección mental del individuo, la cual si es grave hace a la persona incapaz de proveer a sus propios intereses dando lugar a una incapacitación absoluta o interdicción, en tanto que si es leve desencadena en una incapacitación relativa o inhabilitación. El régimen correspondiente a la interdicción es la tutela en tanto que la inhabilitación da lugar a la cúratela.

Ahora bien, en razón que nuestro ordenamiento jurídico ha previsto las dos modalidades de incapacitación según el nivel o grado de afección de enfermedad mental de la persona, está dado al Juzgador declarar una u otra según la gravedad de la situación o defecto intelectual. En consecuencia, aun cuando se haya solicitado una determinada modalidad de incapacitación, ya sea absoluta (interdicción) o relativa (inhabilitación), el Juzgador puede según las pruebas acaecidas en el proceso declarar con lugar el régimen de protección que considere pertinente.

Así lo ha indicado la doctrina al dejar claramente establecido que:

La intensidad de la enfermedad mental finalmente determinará si se está en presencia de un pronunciamiento de interdicción o de inhabilitación. (Domínguez Guillén, M.C.. Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil. Colección Nuevos Autores Nº 1. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001, p. 259). Y así el Juez en la sentencia puede decidir: declarar la interdicción definitiva, declarar que no hay lugar al procedimiento o declarar con lugar la inhabilitación si el procedimiento no ha tenido lugar de oficio. (Art. 740 del CPC). (ibid., p. 284).

De igual modo cabe precisar, lo que ha indicado la doctrina en base a esta materia, donde claramente ha definido que la prueba por excelencia en el procedimiento es la experticia médica. Es por ello que sobre la base de esta definición, debe prevalecer el carácter por parte de este Juzgador en determinar sobre éste punto tan especial y conforme al informe médico psiquiátrico practicado a la presunta notada de demencia emanado de la Dirección de Evaluación y Diagnóstico Mental Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (C.I.C.P.C.), el cual corre inserto a los folios 31 al 34 del expediente, ambos inclusive, en precisar si efectivamente dicha enfermedad mental amerita en declarar con lugar la interdicción o en su defecto la inhabilitación por encontrar motivos suficientes, ello ciertamente encuadrado dentro de los lineamientos y parámetros que a bien fueron utilizados por los médicos tratantes sobre el examen practicado a la ciudadana en mención.

Así el diagnostico del referido examen arrojó, en su conclusión, que (...) se evalúa consultante en compañía de su padre en cubículo de psiquiatra forense, viste ropa de calle acorde a edad, sexo y ocasión, aseada, arreglada, no colaboradora, ni abordable, por enfermedad mental, escaso contacto visual con el entrevistador, edad aparente acorde a la cronología, consciente, vigil, desorientado en lugar, tiempo y persona, niega alucinaciones para el momento de la evaluación, memoria alterada, atención dispersa, afecto pueril, pensamiento no delirante, lenguaje concreto e incoherente con tono y volumen bajo. Inteligencia impresiona por debajo del límite normal, psicomotricidad alterada. Juicio crítico de la realidad inferida, no hay consciencia de su situación actual (…)

(…) posterior a la evaluación psiquiátrica se tiene que la consultante presenta un Retraso Mental Moderado el cual se caracteriza por lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje, con un dominio limitado en esta área. Bajo nivel del rendimiento intelectual, así como también están limitadas la adquisición de la capacidad para realizar trabajos prácticos sencillos, pero solo si se le supervisa de un modo adecuado, por lo que se recomienda la tutoría y constante supervisión por parte de una persona de total confianza...” (Cursivas y negrillas del Tribunal).

En este sentido dada la gravedad que supone a nivel de la esfera individual del sujeto la incapacitación absoluta o interdicción, haciéndole perder el libre gobierno sobre sí e imponiendo la figura de la representación en lo que atañe a la capacidad de obrar, la ley prevé según el grado de la afección, la posibilidad de graduar la protección del presunto incapaz a una incapacitación relativa o inhabilitación si la enfermedad mental del afectado es leve. En este último caso, se mantiene el libre gobierno de la persona y no se queda sometido a un régimen de representación sino de asistencia.

En el caso que nos ocupa y sobre la base del informe médico detallado anteriormente se evidencia que la ciudadana consultada presenta síntomas caracterizados por alteraciones cerebrales de naturaleza progresiva con múltiples déficit en las funciones corticales superiores (memoria, pensamiento, orientación, comprensión y juicio), que afecta de manera grave su adecuada capacidad de juicio y raciocinio sobre sus actos, convirtiéndola en una incapacidad total permanente para realizar cualquier actividad así como sus derechos civiles y administrativos.

Por lo antes expuesto y con base al dictamen pericial realizado por los médicos psiquiatras, considera este Juzgador que el estado que presenta la consultada configura una afección lo suficientemente grave como para someterla a una incapacitación absoluta de interdicción, ello resulta confirmado en consonancia con las otras probanzas que cursan en el expediente, entre ellas la declaración rendida por la misma notada de demencia a través del cual este Juzgador apreció conforme al interrogatorio tomado sobre la base de las preguntas formuladas a la misma, una profunda incoherencia no característica de una persona con una afección intelectual relativa, sino más bien grave, aunado a las declaraciones aportadas por las ciudadanas R.M.A., M.L.A., Z.D.C.N.L. y L.M.L.A., todas venezolanas, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nos. V-5.888.105, V-7.663.367, V-15.832.820 y V-15.153.930, respectivamente, y en ese mismo orden, en su condición de familiares de la presunta notada, donde aseveraron y así se aprecia de sus declaraciones, que la ciudadana M.E.M.A. (presunta notada), padece de una enfermedad diagnosticada como Retardo Mental Moderado, por lo que consideran que necesita ayuda de terceras personas que le faciliten la realización de sus actividades cotidianas al no poderse valer por si misma, testimonios estos que son valoradas conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y que deben tenerse como ciertas al no haber observado contrariedad alguna en sus deposiciones. En cuanto a este último punto vale observar que las respuestas dadas coinciden en la existencia de una afección que precisa de ayuda pero que a criterio de este Juzgador por si mismas no logran denotar la diferencia jurídica entre una incapacidad absoluta o relativa.

De manera pues, que en razón de las probanzas descritas se logra deducir la existencia de una afección intelectual que precisa la necesidad de incapacitación de la ciudadana M.E.M.A., anteriormente identificada, que a criterio de este Juzgador no es suficientemente grave para decretar la Inhabilitación, sino un régimen de protección absoluta, a saber la Interdicción, por lo tanto se declara ésta última.

En consecuencia, sobre la base de las observaciones aquí a.e.f.p. este Juzgador declarar la incapacitación absoluta o interdicción de la referida ciudadana, ampliamente identificada en autos, la cual debe surtir sus efectos desde la misma fecha en que se declaró la interdicción provisional conforme a la disposición contenida en el artículo 403 del Código Civil, y por consecuencia queda sometida la misma a un régimen de representación, tal como efectivamente será decretada en el dispositivo del presente fallo.

En razón de lo anterior corresponde a este Juzgador del mismo modo precisar la persona que se desempeñará como Tutor definitivo de la entredicha. En este sentido, la norma del artículo 397 del Código Civil, indica que el entredicho queda bajo tutela y las disposiciones relativas a la tutela de los menores son comunes a la de los entredichos, en cuanto sean adaptables a la naturaleza de ésta.

En el caso de autos dada la gravedad que supone a nivel de la esfera individual de la ciudadana M.E.M.A., haciéndole perder el libre gobierno sobre sí misma e imponiendo la figura de la representación, considera quien aquí decide designar como en efecto se hace a la ciudadana MARIZAYBEL MORA ARIAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-11.665.233, como Tutor definitivo de la entredicha, con lo cual se le impone proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 401 del Código Civil, el cual dispone: “…La primera obligación del tutor será cuidar de que el incapaz adquiera o recobre su capacidad, y a este objeto se han de aplicar principalmente los productos de los bienes…”.Y ASÍ SE DECIDE.

-III-

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos expuestos este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley dicta los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO

declara CON LUGAR la solicitud de incapacidad y declara la INTERDICCION DEFINITIVA de la ciudadana M.E.M.A., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-13.686.953, quien queda sometida al régimen de representación de la Tutela de entredicho según las previsiones de ley.

SEGUNDO

Se designa como Tutor definitivo a la ciudadana MARIZAYBEL MORA ARIAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-11.665.233.

TERCERO

De conformidad con lo establecido en el artículo 414 del Código Civil, una vez declarada firme la presente decisión se ordena oficiar a la Oficina Principal del Registro Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, a los fines de protocolizar el presente decreto.

CUARTO

Se ordena igualmente una vez quede firme la presente decisión publicar en un diario de mayor circulación a nivel nacional el contenido del dispositivo de este decreto dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la presente fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 415 del Código Civil.

QUINTO

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 324 y 325 del Código Civil, se ordena proceder con la apertura del C.d.T., cuyos miembros fueron propuestos conforme a la diligencia suscrita en fecha 01 de octubre de 2012.

SEXTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Distribuidor Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, a los fines de la consulta de ley.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 23 días del mes de Octubre de 2012. Años 202º y 153º.

El Juez,

Abg. C.A.R.R.

El Secretario Accidental

Abg. J.L.C.P.

En esta misma fecha, siendo las 11:25 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

El Secretario Accidental

Abg. J.L.C.P.

Asunto: AP11-V-2012-000087

CARR/JLCP/cj

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