Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 25 de Febrero de 2008
| Fecha de Resolución | 25 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Dora Isabel Riera Cristancho |
| Procedimiento | Medida Cautelar De Privación Judicial Preventiva D |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 25 de Febrero de 2008
197º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : EP01-S-2002-000284
ASUNTO : EP01-S-2002-000284
AUTO NEGANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA
Vista la solicitud de examen y revisión de Medida, solicitada por la defensora privada Abogado Josepth Quintero, a favor de su defendido el ciudadano H.A.V.B., identificado plenamente en las actuaciones, quien solicita la misma con fundamento en que la presunción de peligro de fuga que operó en contra de su defendido ha sido plenamente desvirtuada, por lo que considera han cambiado las circunstancias en base a las cuales se considero necesaria la media de privación de libertad, este Tribunal Segundo de Control para decidir observa: Que las circunstancias y razones que dieron lugar al decreto de la Medida Privación Judicial Preventiva de Libertad, se compaginan con los presupuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es: 1.) La existencia de un hecho punible de acción pública que merezca pena privativa de libertad mayor de tres años en su límite máximo por mandato del artículo 253 del citado Código, cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita como lo es en el caso del imputado ciudadano H.A.V.B., a quien se le atribuye la presunta autoría deL delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el artículo 408 numeral 2° del Código penal venezolano vigente, delito este que de acuerdo a la Ley sustantiva penal, tienen establecida como penalidad de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, observando el tribunal que igualmente se trata de un delito grave, donde fue lesionado el derecho universal de la Vida, así mismo, no es menos cierto que de las actuaciones de investigación se desprenden suficientes elementos como para considerar que presuntamente el imputado manifestó una acción o comportamiento que aparece contenido en la descripción típica del tipo penal imputado.
2).- Por existir fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano fue autor en la presunta comisión del hecho punible objeto de persecución penal, lo cual se desprende de las actuaciones de investigación penal que constan en el expediente, las cuales fueron suficientemente analizadas por éste Tribunal en la oportunidad en la que se decreta tal privación preventiva, y en tercer lugar, por estar acreditada, a criterio de quien aquí decide, Una presunción razonable del peligro de fuga de conformidad con lo previsto en el artículo 251 numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por la pena que podría llegarse a imponer en el presente caso, ya que la pena prevista por el presunto delito por el cual se le sigue el proceso penal a dicho imputado, se prevé una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, y por la magnitud del daño causado, así mismo fue lesionado su derecho a la vida, el cual es tutelados por la legislación penal sustantiva y por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte observa éste tribunal que si bien es cierto que la etapa de investigación ya concluyó no es menos cierto que el acto conclusivo que fue presentado por la Fiscalía del Ministerio Público en el presente caso consistió en una acusación penal por la comisión de un delito grave, razones por las cuales considera quien decide que persiste en los actuales momentos, las circunstancias iniciales que tomó en cuenta éste tribunal para decretar una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 250 en sus tres numerales en concordancia con el peligro de fuga establecido en el artículo 251 del COPP en concordancia con el artículo 253 Ejusdem; En tal sentido considerando éste tribunal lo anteriormente expuesto, no es procedente decretar una Medida Menos gravosa que la Privación Judicial preventiva de libertad, toda vez que el curso del proceso penal se encuentra en el estado de celebración de la Audiencia preliminar la cual se encuentra fijada para el día 11 de Marzo de 2.008, a las 11:00 de la mañana, y tomando en cuenta que la naturaleza y finalidad fundamental de la medida de privación, como medida cautelar en ésta fase del proceso, es precisamente el aseguramiento de las resultas del mismo, conforme a lo establecido en la Ley Adjetiva Penal; En consecuencia, por todo lo antes expuesto se NIEGA la solicitud de sustitución de la medida de privación preventiva de libertad por una menos gravosa. Haciéndose improcedente cualquier medida cautelar sustitutiva, por la entidad del delito, no procediendo beneficio alguno, establecido por la sala constitucional del TSJ, que las medidas cautelares sustitutivas son consideradas beneficios procesales.
Decisión esta que se dicta en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad a los artículos 250, 251 y 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese al solicitante y demás partes.
Diarícese y Publíquese.
En Barinas a los veinticinco días del Mes de marzo de dos mil ocho.
LA JUEZ (E) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N° 02
ABG. C.R.D.
EL SECRETARIO
ABG. HECTOR REVEROL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 25 de Febrero de 2008
197º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : EP01-S-2002-000284
ASUNTO : EP01-S-2002-000284
AUTO NEGANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA
Vista la solicitud de examen y revisión de Medida, solicitada por la defensora privada Abogado Josepth Quintero, a favor de su defendido el ciudadano H.A.V.B., identificado plenamente en las actuaciones, quien solicita la misma con fundamento en que la presunción de peligro de fuga que operó en contra de su defendido ha sido plenamente desvirtuada, por lo que considera han cambiado las circunstancias en base a las cuales se considero necesaria la media de privación de libertad, este Tribunal Segundo de Control para decidir observa: Que las circunstancias y razones que dieron lugar al decreto de la Medida Privación Judicial Preventiva de Libertad, se compaginan con los presupuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es: 1.) La existencia de un hecho punible de acción pública que merezca pena privativa de libertad mayor de tres años en su límite máximo por mandato del artículo 253 del citado Código, cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita como lo es en el caso del imputado ciudadano H.A.V.B., a quien se le atribuye la presunta autoría deL delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el artículo 408 numeral 2° del Código penal venezolano vigente, delito este que de acuerdo a la Ley sustantiva penal, tienen establecida como penalidad de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, observando el tribunal que igualmente se trata de un delito grave, donde fue lesionado el derecho universal de la Vida, así mismo, no es menos cierto que de las actuaciones de investigación se desprenden suficientes elementos como para considerar que presuntamente el imputado manifestó una acción o comportamiento que aparece contenido en la descripción típica del tipo penal imputado.
2).- Por existir fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano fue autor en la presunta comisión del hecho punible objeto de persecución penal, lo cual se desprende de las actuaciones de investigación penal que constan en el expediente, las cuales fueron suficientemente analizadas por éste Tribunal en la oportunidad en la que se decreta tal privación preventiva, y en tercer lugar, por estar acreditada, a criterio de quien aquí decide, Una presunción razonable del peligro de fuga de conformidad con lo previsto en el artículo 251 numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por la pena que podría llegarse a imponer en el presente caso, ya que la pena prevista por el presunto delito por el cual se le sigue el proceso penal a dicho imputado, se prevé una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, y por la magnitud del daño causado, así mismo fue lesionado su derecho a la vida, el cual es tutelados por la legislación penal sustantiva y por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte observa éste tribunal que si bien es cierto que la etapa de investigación ya concluyó no es menos cierto que el acto conclusivo que fue presentado por la Fiscalía del Ministerio Público en el presente caso consistió en una acusación penal por la comisión de un delito grave, razones por las cuales considera quien decide que persiste en los actuales momentos, las circunstancias iniciales que tomó en cuenta éste tribunal para decretar una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 250 en sus tres numerales en concordancia con el peligro de fuga establecido en el artículo 251 del COPP en concordancia con el artículo 253 Ejusdem; En tal sentido considerando éste tribunal lo anteriormente expuesto, no es procedente decretar una Medida Menos gravosa que la Privación Judicial preventiva de libertad, toda vez que el curso del proceso penal se encuentra en el estado de celebración de la Audiencia preliminar la cual se encuentra fijada para el día 11 de Marzo de 2.008, a las 11:00 de la mañana, y tomando en cuenta que la naturaleza y finalidad fundamental de la medida de privación, como medida cautelar en ésta fase del proceso, es precisamente el aseguramiento de las resultas del mismo, conforme a lo establecido en la Ley Adjetiva Penal; En consecuencia, por todo lo antes expuesto se NIEGA la solicitud de sustitución de la medida de privación preventiva de libertad por una menos gravosa. Haciéndose improcedente cualquier medida cautelar sustitutiva, por la entidad del delito, no procediendo beneficio alguno, establecido por la sala constitucional del TSJ, que las medidas cautelares sustitutivas son consideradas beneficios procesales.
Decisión esta que se dicta en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad a los artículos 250, 251 y 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese al solicitante y demás partes.
Diarícese y Publíquese.
En Barinas a los veinticinco días del Mes de marzo de dos mil ocho.
LA JUEZ (E) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N° 02
ABG. C.R.D.
EL SECRETARIO
ABG. HECTOR REVEROL
