Decisión nº 01847 de Juzgado Segundo del Municipio Simon Bolivar de Anzoategui, de 18 de Julio de 2011
| Fecha de Resolución | 18 de Julio de 2011 |
| Emisor | Juzgado Segundo del Municipio Simon Bolivar |
| Ponente | María Eugenia Pérez |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares (Intimación) |
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DE DEFINITIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo del Municipio S.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, dieciocho de julio de dos mil once
201º y 152º
ASUNTO: BP02-V-2011-000909
Consta en estas actuaciones que por distribución de la Unidad de recepción y Distribución de documentos Civiles, correspondió el conocimiento del presente Asunto a este Tribunal, a fin de emitir pronunciamiento sobre su admisibilidad o no, observa:
I
El ciudadano P.J.A., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº. 5.483.433, asistido por el abogado en ejercicio C.E.R.C., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 84. 562, procedió a demanda por COBRO DE BOLIVARES, por el procedimiento intimatorio a la ASOCIACION COOPERATIVA VENEZOLANA DE PROYECTOS SOCIALES R.L, En el petitorio del libelo de la demanda, la parte demandante, alega “ Ciudadano Juez, exigible el pago del título valor aquí mencionado e identificado, y dada la imposibilidad de que por la vía extrajudicial se logre el pago del mismo, no obstante, haberse agotado sin éxito alguna toda gestión, es por lo que siguiente instrucciones de mi mandante acudo ante su competente autoridad para demandar como en efecto demando por el PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN a la ASOCIACIÓN COOPETATIVA VENEZOLANA DE PROYECTO SOCIALES R.L., plenamente identificada, para que convenga en pagar a mi mandante o en su defecto sea condenado por ello por este Tribunal al pago de la cantidad de VEINTE Y SIETE MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES (Vs. 27.170), ES DECIR EQUIVALENTE 357,5 UNIDADES TRIBUTARIA. PRIMERO: La cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00) correspondiente al capital reflejado en el cheque número 78203660 objeto de la demanda. SEGUNDO: La cantidad de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs., 200,00) correspondientes a los intereses legales generados sobre el monto del cheque calculados a la tasa del doce por ciento (12%) anual. TERCERO: La cantidad de SETECIENTOS BOLIVARES (Bs.700,00), por gastos de protesto del cheque. TERCERO. Costos, costas y honorarios de abogados calculados en la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA BOLIVARES (Bs. 6.270,oo)…”
Observa este Tribunal que la parte demanda, además de demandar el Cobro de Bolívares, por el Procedimiento Intimatorio, demanda el pago por concepto de honorarios profesionales, los cuales estimo en la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA BOLIVARES (Bs.,6.270,oo)
En este sentido, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, establece:
...No podrá acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre si; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre si.
Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí...
La doctrina expresa, al respecto que:
...Finalmente, no son acumulables las acciones o pretensiones que tengan procedimientos legales incompatibles entre sí. La unidad de procedimiento es una característica de la acumulación en general, y cuando a cada pretensión corresponde un procedimiento incompatible con el de la otra, aquella unidad no puede lograrse y la acumulación por tanto no es posible. Así, v. gr., una pretensión de reivindicación de un inmueble, no puede acumularse con otra de ejecución de hipoteca, porque la primera tiene un procedimiento ordinario y la segunda se sigue por uno especial. No pueden acumularse una pretensión de cobro de una letra de cambio y una de rendición de cuentas, porque aunque ambas corresponden a la competencia mercantil, la primera debe seguirse por el procedimiento ordinario y la segunda por uno especial.
Es indiferente que ambas pretensiones tengan procedimiento especial si éstos no son incompatibles.
Así pueden acumularse dos pretensiones de divorcio, porque ambas se siguen por el mismo procedimiento especial; pero no pueden acumularse una de privación de la patria potestad con una de divorcio, porque cada una tiene su procedimiento especial incompatible con el da la otra.
La exigencia de la unidad del procedimiento es de tal entidad en esta materia, que si bien se permite la acumulación subsidiaria de dos o más pretensiones incompatibles entre sí, esta acumulación tampoco es posible cuando no hay unidad de procedimientos (Art. 78 C.P.C.)....
(Arístides Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II, pág. 110).-
Por otra parte, la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido que, la acumulación de acciones es de eminente orden público:
...La doctrina pacífica y constante de la Sala ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, entendido el proceso civil, como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen, preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales. Esto, como lo enseña Chiovenda, que no hay un proceso convencional sino, al contrario, un proceso cuya estructura y secuencia se encuentra preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos.
Es por lo expresado que la Sala ha considerado tradicionalmente que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las parte, que es el interés primario en todo juicio....
(Sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de octubre de 1997).
Es de antigua data la siguiente doctrina de la Sala:
...Aun cuando las partes litigantes manifiesten su acuerdo, no es potestativo de los Tribunales subvertir las reglas con que el legislados ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia intimante litigada al orden público....
(S. De 24-12-15)
En fallo Nº. 3.045, de 02 de diciembre de 2002, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decidió lo siguiente:
(…) solo es posible la acumulación de pretensiones incompatibles, en una misma demanda, cuando el demandante las propone de forma subsidiaria, sin embargo, el mismo artículo coarta dicha posibilidad cuando se trata de pretensiones con procedimientos incompatibles. Entiende entonces esta Sala que la acumulaciones de pretensiones con procedimientos incompatibles no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria (…)”.
Del mismo modo, la Sala de casación Civil, estableció en decisión N° 46 de fecha 27 de febrero de 2007, lo siguiente:
…El procedimiento por intimación previsto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, es un procedimiento especial mediante el cual se busca obtener prontamente la creación del título ejecutivo, mediante la inversión del contradictorio, la cual se produce si el demandado se opone y formaliza la misma, dando con ello origen a la apertura al conocimiento del juicio a través del procedimiento ordinario.
Así pues, una vez que el juez de la cognición verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, decretará la intimación del demandado, consistente de una orden de pago dirigida al accionado, la cual debe contener todos los elementos necesarios para convertirse en su oportunidad en un título ejecutivo, de esta manera, una vez notificado el referido decreto se abre un lapso de diez días en el cual se pueden presentar dos situaciones referidas a la oposición, conforme a lo establecido en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil:
Una en la que el deudor puede hacer oposición dentro del plazo de diez días, caso en el cual, se deja sin efecto el decreto de intimación y se procede a continuar el juicio por los trámites del procedimiento ordinario.
Otra, cuando el deudor no hiciere oposición al decreto de intimación, con lo cual el decreto intimatorio adquiere fuerza ejecutiva, pasando a ser definitivo e irrevocable, precediéndose como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que se llevará a cabo su inmediata ejecución…
.
Conforme a los criterios jurisprudenciales precedentemente transcritos, esta Sala evidencia que las pretensiones invocadas por el demandante no podían ser acumuladas en una misma demanda, por cuanto, en el procedimiento por cobro de bolívares (vía intimación), se suprime la fase cognoscitiva y se acude a una ejecución anticipada del fallo por la presencia de un título calificado previamente por la ley; mientras que el procedimiento previsto para el cobro de los honorarios profesionales se tramitará conforme a la naturaleza de las actividades realizadas por el abogado bien sea judiciales o extrajudiciales.
De tal modo, en el caso in comento al haberse permitido la acumulación de dos pretensiones que tienen procedimientos incompatibles, la sentencia recurrida infringió el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, por disposición de dicha normativa no podían acumularse en el mismo escrito liberar las referidas pretensiones, por lo que la Sala estima que la demanda es inadmisible. Así se decide”.
En el sub iudice la parte demandante acumuló en un mismo libelo dos pretensiones, la de Cobro de Bolívares, por el Procedimiento Intimatorio y la de cobro de costas y honorarios de Abogados, los cuales calculo en Bs. 6. 270,00, cuyos procedimientos son incompatibles entre si. La primera se tramita por el procedimiento por intimación establecido en el Código de Procedimiento Civil, artículo 640 y siguientes; las costas procesales y los honorarios profesionales, que comprenden los gastos del proceso y honorarios del abogado, es un derecho inherente del profesional de Derecho, que se tramita a través de un procedimiento especial, contemplado en el articulo 22 de la Ley de Abogados, el cual tiene cabida, cuando una de las partes resulte vencida, luego de terminado el juicio.
En consecuencia, habiéndose acumulado en un mismo libelo de demanda, dos pretensiones que son incompatibles, por tener procedimientos distintos, contenidos en el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Abogados ,este Tribunal decide que en el presente Asunto se está en presencia de lo que la doctrina ha llamado “inepta acumulación de acciones”, y siendo esta materia de orden público es imperioso para este Juzgado declarar, de conformidad con lo establecido en el artículo 341, en armonía con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, INADMISIBLE las acciones contenidas en un mismo libelo de demanda, interpuestas por el ciudadano P.J.A., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº. 5.483.433, asistido por el abogado en ejercicio C.E.R.C., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 84. 562, procedió a demanda por COBRO DE BOLIVARES, por el procedimiento intimatorio a la ASOCIACION COOPERATIVA VENEZOLANA DE PROYECTOS SOCIALES R.L.,
Así se decide, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
Publíquese, regístrese, agréguese a los autos.
A los fines establecidos en el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil, certifíquese por secretaría copia de esta decisión.
La Juez Provisorio,
Abg. M.E.P.
La Secretaria,
Abg. C.C.
