Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Mayo de 2011

Exp. Nº 8842.

Interlocutoria/Mercantil

Resolución de Contrato de Arrendamiento/Recurso.

Suspende el Curso de la Causa-Causa Legal/”D”

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Vistos

, con sus antecedentes.

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.-

   PARTE ACTORA-RECONVENIDA: INVERSIONES 12736, C.A., sociedad mercantil de este domicilio e inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de marzo de 1991, bajo el Nº 42, Tomo 102-A-Sgdo.

   APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA-RECONVENIDA: R.R.G., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº 5.406.457, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 24.116.

   PARTE DEMANDADA-RECONVINIENTE: A.J.B.R. y BELKYS X.U.D.B., venezolanos, mayores de edad, cónyuges, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. 4.528.024 y 9.113.875, respectivamente.

   APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA-RECONVINIENTE: A.G.D.C. y J.F.R.R., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 37.456 y 101.670, respectivamente.

   MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y RECONVENCIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Suspensión de la Causa-Causa Legal).

2. ACTUACIONES EN ESTA INSTANCIA.-

   Suben las presentes actuaciones ante esta alzada en razón de la apelación interpuesta en fecha 06 DE ABRIL DE 2005, por el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, en contra de la decisión dictada en FECHA 04 DE ABRIL DE 2005, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoada por la sociedad mercantil INVERSIONES 12736, C.A., en contra de los ciudadanos A.J.B.R. y BELKYS X.U.D.B.; sin lugar la RECONVENCIÓN; RESUELTO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, celebrado entre las partes; y, en consecuencia, condenó a la parte demandada a HACER ENTREGA a la parte demandante el inmueble arrendado; pagar los cánones de arrendamiento insolutos, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2004, a razón de setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,00) mensuales; y setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,00), por concepto del mes de julio de 2004, por haber vencido la prórroga legal el 31 de julio de 2004.

   Cumplida la distribución de ley, correspondió el conocimiento de la causa a esta alzada, que en fecha 13 DE JUNIO DE 2005, dictó decisión resolviendo el recurso de apelación, donde se declaro: 1) Sin lugar la apelación; 2) Sin lugar la reconvención; 3) Resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes; 4) Condenó a la parte demandada a la entrega del inmueble arrendado; 5) Condenó a los demandados-reconviniente a pagar a la parte actora-reconvenida, la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.800.000,00), por concepto de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2004; 6) Condenó a los demandado-reconvinientes a pagar a la parte actora-reconvenida, la cantidad de setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,00), por concepto de cánon de arrendamiento correspondiente al mes de julio de 2007; y, 7) Condenó a los demandados-reconvinientes al pago de las costas procesales.

3. RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS.-

   Se inició el presente juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, mediante libelo de demanda presentado por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 16 DE JULIO DE 2004, por el abogado R.R.G., actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES 12736, C.A., en contra de los ciudadanos A.J.B.R. y BELKYS X.U.D.B..

   Cumplida la distribución de Ley, correspondió su conocimiento al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que por auto de fecha 10 DE AGOSTO DE 2004 (f. 14), la admitió y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, conforme las reglas del procedimiento breve, establecido en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

   En fecha 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004, el ciudadano E.Z., alguacil del tribunal de la causa, dejó constancia de la imposibilidad de practicar la citación de la parte demandada.

   En fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004, el abogado R.R., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó la citación de la parte demandada, por carteles.

   En fecha 07 DE OCTUBRE DE 2004, el juzgado de la causa, acordó citación de la parte demandada por carteles, de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

   En fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2004, los ciudadanos A.J.B.R. y BELKYS X.U.D.B., parte demandada, otorgaron poder apud-acta a los abogados Á.G.D.C. y J.F.R.R..

   En fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2004, el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, consignó escrito en el que opuso cuestiones previas, contesto la demanda y propuso reconvención.

   En fecha 11 DE ENERO DE 2005, el juzgado de la causa admitió la reconvención propuesta y ordenó el emplazamiento de la parte actora-reconvenida.

   En fecha 28 DE FEBRERO DE 2005, el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, solicitó el abocamiento de la Dra. M.R.M.C., en su condición de juez temporal del juzgado de la causa.

   En fecha 04 DE MARZO DE 2005, el ciudadano J.F. CENTENO, alguacil del tribunal de la causa, dejó constancia de haber practicado la notificación de la parte actora-reconvenida. En esa misma fecha, la Dra. M.R.M.C., en su carácter de juez temporal del juzgado de la causa, se abocó al conocimiento de la causa.

   En fecha 09 DE MARZO DE 2005, el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, solicitó copias certificadas del expediente y se decretase medida preventiva sobre el capital accionario de la parte actora-reconvenida.

   En fecha 17 DE MARZO DE 2005, el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, consignó escrito de pruebas. En esa misma fecha, el juzgado de la causa, se pronunció en relación a las pruebas promovidas.

   En fecha 22 DE MARZO DE 2005, el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, consignó escrito de promoción de pruebas. En esa misma fecha, el tribunal de la causa se pronunció en relación a las mismas.

   En fecha 28 DE MARZO DE 2005, el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, solicito se dictara auto para mejor proveer.

   En fecha 04 DE ABRIL DE 2005, el juzgado de la causa, dictó decisión en la que declaró sin lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada-reconviniente; parcialmente con lugar la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentara la sociedad mercantil INVERSIONES 12736, C.A., en contra de los ciudadanos A.J.B. y BELKYS X.U.D.B.; sin lugar la reconvención; resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes; y, condenó a los demandados-reconvinientes en hacer entrega a la parte actora-reconvenida el inmueble arrendado constituido por el apartamento distinguido con el Nº AO1, ubicado en el edificio construido sobre la parcela No. 224, Calle Murachi, Urbanización El Márquez, Distrito Sucre del Estado Miranda; en pagar la cantidad de dos millones ochocientos mil bolívares (Bs. 2.800.000,oo) por concepto de los cánones de arrendamiento de los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2004, a razón de setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,oo) mensuales; y setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,oo) por el mes de julio, en virtud de haber vencido la prórroga legal el 31 de julio del señalado año.

   Contra dicha decisión fue ejercido recurso de apelación por el abogado Á.G.D.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente; recurso que correspondió al conocimiento de esta alzada y que fue resuelto en decisión proferida el 13 DE JUNIO DE 2005, mediante la cual, entre otros pronunciamientos, se ordenó la entrega a la parte actora, del bien inmueble distinguido con el Nº A01, situado en la parcela Nº 224, Calle Murachi de la Urbanización El Marqués, Municipio sucre del Estado Miranda.

4. MOTIVACIONES PARA DECIDIR.-

   Relacionado el iter procesal del asunto sometido a consideración de este tribunal, se corrobora que las actuaciones son provenientes de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y la causa trata de una demanda incoada en fecha 16 DE JULIO DE 2004, cuya pretensión radica en la RESOLUCION DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y la consecuente entrega a la parte actora del bien inmueble distinguido con el Nº A01, situado en la parcela Nº 224, Calle Murachi de la Urbanización El Marqués, Municipio sucre del Estado Miranda, acordada por decisión dictada por esta alzada en fecha 13 DE JUNIO DE 2005, ventilada por el procediendo breve previsto en Código de Procedimiento Civil; en razón de ello se considera:

   PUNTO PREVIO:

   I

   DE LA SUSPENSION DEL P.P.C.L.:

   Establecido lo anterior, se advierte que en fecha 06.05.2011, fue publicado en Gaceta Oficial Nº 39.662, de la República Bolivariana de Venezuela, Decreto Nº 8.190, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, dictado por el Ejecutivo Nacional, en donde se dispuso en sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 19º, lo siguiente:

   º OBJETO DE LA LEY.-

   Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene como objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren, o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda

   . (Resaltado y subrayado del tribunal).-

   º SUJETOS OBJETOS DE PROTECCION.-

   Artículo 2º. Serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales y sus grupos familiares, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal.

   El presente Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley deberá aplicarse además en protección de las adquirientes y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre dichos inmuebles, destinados a vivienda principal se hubiere constituido garantía real, siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la pérdida de la posesión o la tenencia

   . (Resaltado y subrayado del tribunal).

   º AMBITO DE APLICACION.-

   Artículo 3º. El presente Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales, por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, algunos de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley, sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal

   . (Resaltado y subrayado del tribunal).

   º RESTRICCION DE LOS DESALOJOS Y DESOCUPACION FORSOZA DE VIVIENDAS.-

   Artículo 4º. A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimientos contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto-Ley.

   Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso

   . (Resaltado y subrayado del Tribunal).

   º PROCEDIMIENTO PREVIO A LAS DEMANDAS.-

   Artículo 5º. Previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley, deberá tramitarse por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.

   . (Resaltado y subrayado del Tribunal).

   º PREEMINENCIA DEL PRESENTE DECRETO LEY.-

   Artículo 19º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tendrá aplicación preferente respecto de la legislación en materia de arrendamientos inmobiliarios y la legislación procesal vigente, en lo referente a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de desalojos de los sujetos objeto de protección.

   . (Resaltado y subrayado del Tribunal).-

   ^

   De las normas transcritas evidencia este jurisdicente, que el instrumento legal examinado, tiene por objeto proteger a las personas naturales y su grupo familiar, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal, en condición de arrendatarios y arrendatarias, comodatarios y comodatarias, ocupantes o usufructuarios, y de los adquirentes de viviendas nuevas o en el mercado secundario destinados a vivienda principal, cuando sobre dichos inmuebles se hubiere constituido garantía real susceptible de ejecución judicial, así como de aquellas personas que ocupen de manera legitima inmuebles destinados a vivienda principal; de aplicación preferente en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, frente a situaciones en las cuales, por cualquier medio, medida, actuación, decisión judicial o administrativa, se “pretenda interrumpir o cesar” “la posesión u ocupación que ejercieren los sujetos protegidos” o cuya “práctica material, desalojo forzoso o desocupación”, comporte la “pérdida de la misma o tenencia” de un inmueble destinado a vivienda principal; preeminente respecto de la legislación en materia de arrendamientos inmobiliarios y la legislación procesal vigente, en cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos de ejecución de desalojos de los sujetos objeto de protección enunciados, a partir del 06 DE MAYO DE 2011, fecha en la cual fue publicado en Gaceta Oficial Nº 39.668, de la República Bolivariana de Venezuela; de lo que se colige la restricción de los desalojos y desocupación forzosa de viviendas, tal y como lo puntualiza el artículo 4 del referido Decreto-Ley Nº 8.190, al señalar que “no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimientos contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto-Ley”. Así como tampoco, mediante procedimientos judiciales o administrativos en curso en los cuales no se haya agotado el procedimiento especial contenido en los artículos 6, 7, 8 y 9; pues, este ordena en la aludida norma su “suspensión” hasta tanto no se cumpla con dicha previsión legal, al disponer que: “Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso”, en tal sentido se deberá ordenar la suspensión de los procesos en curso, independientemente de su estado o grado hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas continuaría su trámite procesal.

   En sintonía con lo expuesto se señala, que las previsiones legales a que se contrae el Decreto-Ley, tienen su sustento y justificación en el fortalecimiento del ejercicio del derecho a la vivienda por el pueblo venezolano, y del Estado como garante del disfrute pleno de todos los derechos fundamentales inherentes a la existencia humana, entre ellos, el derecho a una vivienda digna, el cual implica un enorme esfuerzo de todos los órganos de Poder Público, en función de la complejidad social y económica de la solución de los problemas habitacionales, dado que no obstante el esfuerzo empeñado persiste un déficit en el número de soluciones habitacionales necesarias para satisfacer la enorme demanda nacional. Aunado a la situación de emergencia que presenta el país por las fuertes lluvias acaecidas durante el último trimestre del año 2010, que ha ocasionado y sigue ocasionando severos daños a la infraestructura habitacional existente, dejando a un sinnúmero de familias damnificadas, que requieren en la actualidad de una solución definitiva para solventar el problema de vivienda, además de la existencia de una enorme cantidad de familias que dependen de la disponibilidad de viviendas en el sector inmobiliario, bien por la vía del arrendamiento y las diversas formas de ocupación o, mediante la compra a crédito, lo que deviene en familias que habitan durante largos periodos una vivienda arrendada o en otra forma de ocupación, frente a la imposibilidad de acceso a políticas adecuadas para la obtención de la titularidad de las mismas, ó de otra vivienda, lo que en muchos casos ha generado que las personas, familias y comunidades víctimas de desalojos forzosos se vean afectados por procedimientos administrativos y judiciales establecidos en Leyes nacionales, anteriores a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y surgidos en escenarios distintos a la situación de emergencia generada por las lluvias.

   En razón de las consideraciones expuestas plasmadas en la exposición de motivos del Decreto Ley, que persiguen garantizar a todos los habitantes, el respeto y la protección del hogar, la familia, la seguridad personal, la salud física y mental, que implican el derecho a no ser desalojados arbitrariamente; y establecer procedimientos especiales para garantizar que los desalojos forzosos se hagan previa garantía del derecho a la defensa y acompañado de una política de protección de las familias y las personas en el acceso a la vivienda, que por mandato Constitucional tal y como lo indica el instrumento legal, el Estado Venezolano tiene el deber de garantizarle, especialmente a las de escasos recursos, para que puedan acceder a las políticas sociales, de conformidad con el espíritu, propósito y razón de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual señala como guardianes de su incolumidad y supremacía a los administradores de justicia, quienes deberán asegurar su integridad en el sentido de:

   1. - Rechazar las demandas incoadas luego de la vigencia del Decreto Nº 8.190, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, que involucren a los sujetos protegidos en el dispositivo legal bajo los supuestos de ley, cuya pretensión pretenda interrumpir o cesar la posesión que ejercieren sobre inmuebles destinados a vivienda principal o cuyo fin comporte la pérdida de la misma o tenencia, en las cuales no se haya agotado el procedimiento especial, por mandato del 5º y del último aparte del artículo 10º;

   2. - Decretar la suspensión de los procesos judiciales en curso en cualquier estado o grado, hasta tanto las partes acrediten en autos haber cumplido el procedimiento especial, conforme al último aparte del artículo 4º, para lo que se prevén los siguientes extremos de Ley:

   1. - La existencia de un proceso judicial en curso, independientemente de su estado o grado, para la entrada en vigencia del Decreto Ley, mediante el cual se ventile relaciones jurídicas sobre inmuebles destinados a vivienda principal, cuyas personas naturales y grupo familiar ostenten la posesión en su carácter de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, usufructuarios, así como de cualquier persona que ostente la ocupación legítima de inmuebles destinados a vivienda principal, en los cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión que ejercieren los sujetos indicados o cuya práctica material comporte la pérdida de la misma o tenencia, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

   2. - De igual forma, en aquellos juicios cuyas pretensiones conlleven o sean susceptibles de:

      * Ejecutar una garantía real, que comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, cuya posesión legítima la ejerzan los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, conforme lo dispone el último aparte del artículo 2º.

      * Del desalojo por ejecución de un crédito inmobiliario como consecuencia del atraso o cesación de pagos que comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, cuya posesión legítima la ejerzan los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, debiendo además el juez competente informar de la ejecución a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), y al Banco Nacional de Vivienda y Habitat (BANAVIH), con la finalidad que evalué la situación del crédito fallido y gestionen lo conducente a efectos coadyuvar a la solución de la situación del beneficiario del crédito, en cuanto sea posible, conforme lo establece el artículo 17º.

   3. - Que no conste en el proceso el agotamiento del procedimiento especial previsto en los artículos 6 al 9, del Decreto Nº 8.190, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, cuyas resultas originen su apertura o continuación.

      ^^

      Establecido los extremos de Ley, y en acatamiento al dispositivo legal que regula con preferencia y preeminencia a cualquier otros casos como el que hoy nos ocupa, se indica lo siguiente:

   1. - Del escrito libelar se constata que la parte actora y ARRENDADORA, sociedad mercantil INVERSIONES 12736, C.A., de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 DE MARZO DE 1991, bajo el Nº 42, Tomo 102-A-Sgdo., demandó en fecha 16 DE JULIO DE 2004, VIA JUDICIAL LA RESOLUCION DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y consecuente LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE ARRENDADO, a los ciudadanos A.J.B.R. y BELKYS X.U.D.B., venezolanos, mayores de edad, cónyuges, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-4.528.024 y V-9.113.875, en su condición de ARRENDATARIOS y OCUPANTES de un INMUEBLE, constituido por un apartamento distinguido con el número A01, ubicado en el edificio construido en la parcela Nº 224, Calle Murachi, Urbanización El M.d.D.S.d.E.M., cuyo uso fue convenido por ambas partes en el contrato para HABITACIÓN de los demandados y SU GRUPO FAMILIAR, ello en razón del contrato autenticado ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Sucre del Distrito Metropolitano de Caracas, el 26 DE AGOSTO DE 2003, anotado bajo el Nº 113, Tomo 29, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría acompañado a los autos marcado con la letra “B”;

   2. - Que la parte accionante pretende como consecuencia de lo señalado LA ENTREGA DEL INMUEBLE ARRENDADO, destinado a habitación, que ocupan los arrendatarios –Personas Naturales- y su grupo familiar, en razón de una relación arrendaticia; lo que fue acordado por decisión de fecha 13 DE JUNIO DE 2005, dictada por este tribunal en segundo grado de conocimiento.

   3. - Que no se verifica en autos el agotamiento del procedimiento indicado en los artículos 6 al 9, del Decreto Nº 8.190, con Rango, Valor y Fuerza de Ley, Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, el presente proceso continuaría su curso.

      ^^^

      De lo expuesto se verifica que en la presente causa se cumplen los extremos de Ley, anteriormente señalados, establecidos en el Decreto Nº 8.190, con Rango, Valor y Fuerza de LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, para su aplicación; pues se trata de un procedimiento judicial incoado, en contra de personas naturales y su grupo familiar, que ocupan un inmueble destinado para habitación en calidad de arrendatarios, cuya posesión deviene de una relación locativa autenticado ante Notario Público, que persigue la entrega del bien inmueble arrendado, decretada por este tribunal por decisión de fecha 13 DE JUNIO DE 2005, lo que de ejecutarse comportaría la pérdida de su posesión o tenencia; y siendo que la causa se encuentra en segundo grado de conocimiento, sin haberse cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto-Ley, es forzoso para este tribunal SUSPENDER, la presente causa, hasta tanto sea acreditado en autos el cumplimiento del procedimiento especial aludido, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, continuará su curso, todo en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 eiusdem. Así se decide.

      Por último, en garantía del derecho a la defensa de las partes involucradas en el presente litigio, que comporta el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 26 eiusdem, la seguridad jurídica y la igualdad ante la Ley, dispuesta en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, que deben procurar los administradores de justicia a los justiciables por mandato constitucional, se ordena su notificación, para que tengan conocimiento de la suspensión acordada, con la advertencia que la causa se reanudará cumplido el trámite especial dispuesto en el Decreto-Ley, y según las resultas obtenidas, en el mismo estado que en se encontraba para el momento de la suspensión, en tal sentido se deja constancia que la presente causa se encuentra en estado de notificar a las partes del fallo dictado por este tribunal en fecha 13 DE JUNIO DE 2005. Así formalmente se decide.-

5. DISPOSITIVA.-

   En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: