Decisión nº 10 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 20 de Abril de 2005

Son causas de exclusión de un asociado las siguientes: a) la realización comprobada de hechos que perjudiquen de modo notable, moral o materialmente a la Asociación; … d) por su renuencia al pago oportuno o la manifiesta imposibilidad de cancelación de las sumas de dinero exigidas a los asociados de conformidad con los Estatutos.

Son atribuciones de la Asamblea las siguientes: … d) decidir sobre la exclusión de algún asociado de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima de estos Estatutos; …

d.- Acta Nº 25, anexo marcado “E” (folios 341 al 346), correspondiente a la Asamblea de asociados celebrada el 17 de noviembre de 1999, protocolizada en la citada Oficina de Registro Público el 3 de diciembre de 1999, bajo el Nº 38, Tomo 14, Protocolo Primero, folios 1 al 5, Cuarto Trimestre, de la cual se evidencia que se autorizó al Presidente para el Registro de varias actas, entre ellas la Nº 19, para lo cual se solicitó una cuota especial.

e.- Acta Nº 26, anexo marcado “F”, correspondiente a la Asamblea de fecha 20 de noviembre de 1999, protocolizada en la misma Oficina de Registro, el día 3 de diciembre de 1999, bajo el Nº 39, Tomo 14, Protocolo Primero, folios 1 al 5, en la cual se informa a los asociados sobre demanda interpuesta por el ciudadano R.S..

f.- Acta Nº 14, anexo marcado “G” (folios 354 al 356), correspondiente a la Asamblea de fecha 16 de enero de 1995, protocolizada el 28 de agosto de 1998, bajo el Nº 27, Tomo 13, Protocolo Primero. De la misma se desprende que en cuanto al informe de los ejercicios desde agosto 1996 y año 1997, se llegó al acuerdo de que las carpetas contentivas de los soportes de gastos se llevarían para Suepet y que se daría un plazo para que fueran revisadas por los socios que no estuvieron de acuerdo con el mismo. Igualmente, se reeligió la Junta Directiva para el período 1998-2000 y se autorizaron gestiones del Presidente ante FONDUR.

g.- Anexos marcados “I” y “K” (folios 364 al 371 y 378 al 385), contentivos de actuaciones con ocasión del sorteo de viviendas realizado con la presencia del Notario Público Segundo de San Cristóbal, del cual se evidencia la adjudicación a los asociados de las 156 casas que componen el desarrollo habitacional, ubicado en el sector “El Páramo”.

3. - A los folios 386 al 397, anexo “L”, copia fotostática de la decisión interlocutoria de fecha 19 de enero del año 2000, que resuelve la oposición formulada en el procedimiento de rendición de cuentas contenido en el Expediente 7.087 del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes; así como de la demanda, escrito de oposición, contradicción a la oposición y apelación a la decisión. A dichas probanzas no se les otorga valor probatorio, por pertenecer a un procedimiento distinto que nada aportan a la solución de la presente litis.

4. - Al folio 398, anexo “M”, acta de inhibición de fecha 24 de marzo de 2000, de la Dra. A.R.O.d.M., Juez Provisorio del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial, en la causa 14.498. A dicha probanza no se le otorga valor probatorio por cuanto nada aporta a la solución del conflicto planteado.

5. - Anexo “N” (folios 404 al 406), contentivo de copia simple de la decisión de fecha 19 de noviembre de 1999, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en la causa Nº 14.167, mediante la cual negó la admisión de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano R.R.S. contra la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACION DEL ESTADO TÁCHIRA, para que se le incluyera en el sorteo de casas a realizarse el 20 de noviembre de 1999, alegando violación al derecho constitucional a la vivienda. A dicha probanza se le otorga valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1359 del Código Civil y de la misma se desprende que en amparo intentado por el ciudadano R.O.R.S., el mencionado Juzgado Segundo de Primera Instancia, niega su admisión, por cuanto no fueron aportados a la solicitud de amparo, suficientes medios de prueba que demuestren actuación violatoria de los derechos constitucionales por parte de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, en contra del solicitante R.R.S..

6. - y 7.- A los folios 407 al 408, (Anexo “Ñ”) y 409 al 413 (Anexo “O”), copia simple de la decisión de fecha 06 de diciembre del año 1999 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial en el Expediente Nº 2047; y de la decisión de fecha 11 de enero de 2000, proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil de esta Circunscripción Judicial, en la causa Nº 4207, relacionadas con otro amparo constitucional incoado por el demandante contra la Asociación, en las mismas circunstancias del amparo antes mencionado. Dichas probanzas se valoran de conformidad con los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1359 del Código Civil; desprendiéndose de la primera decisión que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil en fecha 06 de diciembre de 1999, actuando de oficio y debido a la existencia y tramitación de ese mismo amparo en otro órgano jurisdiccional, declaró la litispendencia, ordenó el archivo del expediente y declaró extinguida la causa. De la segunda decisión, se evidencia que en fecha 11 de enero de 2000 el Juzgado Superior Primero en lo Civil, actuando como Tribunal Constitucional, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en escrito de fecha 7 de diciembre de 1999, por la representación del ciudadano R.O.R.S., contra la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, de fecha 6 de diciembre de 1999, mediante la cual declaró la litispendencia, ordenó el archivo del expediente y declaró extinguida la causa.

8. - A los folios 414 al 428, anexo “P”, copia simple de las actuaciones correspondientes a la notificación judicial efectuada por el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira al ciudadano R.O.R.S., la cual se valora de conformidad con los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1359 del Código Civil. De la misma se desprende que el ciudadano H.A.N.O., actuando con el carácter de Presidente de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, dada la exclusión de la Asociación, del ciudadano R.O.R.S. por la asamblea de fecha 30 de marzo de 1999, realizó depósito en la cuenta del referido Juzgado por la cantidad de Bs. 766.000,00 correspondiente a los aportes efectuados por el mencionado ciudadano y tramitó la notificación judicial respectiva, la cual fue efectuada por dicho Juzgado en fecha 19 de noviembre de 1999, notificándosele también judicialmente de su exclusión de la Asociación.

   9, 10, 11, 12 y 13.- A los folios 429 al 449, anexos “Q” “R”, “S”, “T” Y “U”, fotocopia simple de documentos privados. A los mismos no se les otorga valor probatorio por tratarse de copias simples de documentos privados.

13. - A los folios 450 y 451, anexos “V” y “W”, comunicaciones de fecha 6 de abril de 1999 y 18 de noviembre de 1999, dirigidas al ciudadano R.S. por la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. A las mismas no se les otorga valor probatorio por tratarse de documentos privados emanados de la misma parte promovente.

14. - Al folio 452 anexo “X”, copia simple de comunicación dirigida al ciudadano A.N.O. por el abogado C.L.A.B. en su carácter de representante legal del ciudadano R.S., la cual recibe valoración por provenir de la parte demandante y no haber sido impugnada. De la misma se desprende que el mencionado abogado en fecha 7 de octubre de 1999, solicitó información al Presidente de la Asociación demandada, sobre la situación real de la entrega de la vivienda de su representado, bajo la amenaza de proceder judicialmente en su contra.

    3. TESTIMONIALES:

    Promovió varios testigos de los cuales sólo se examina la declaración del ciudadano E.F.C.R., titular de la cédula de identidad Nº V-8.103.919, domiciliado en Colón, Estado Táchira, (folios 569 al 577), ya que las otras dos declaraciones evacuadas correspondientes a G.G.V. (folios 557 al 561) y L.A.R. (folios 562 al 567), fueron anuladas por la Juez de la causa en el acto de fecha 9 de abril de 2002, en virtud de que dichos testigos no habían sido promovidos en el escrito de pruebas presentado por la parte demandada. El ciudadano E.F.C.R., al ser interrogado contestó: que no forma parte actualmente de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. Que formó parte de la misma desde su fundación. Que se retiró porque consiguió una oportunidad de una casa en la ciudad donde está residenciado, y consiguió un crédito por Política Habitacional. Que conoce de vista, trato y comunicación al señor H.A.N., desde hace aproximadamente cinco años, por ser éste directivo de la Asociación, pero que no lo une a él ningún vínculo familiar o de amistad. Que los socios le dieron al mencionado ciudadano H.A.N.O., el apoyo necesario para que continuara hasta llevar a felíz término el proyecto de la realización de las viviendas, como efectivamente lo hizo. Que gracias a su rectitud y a su trabajo se logró salir adelante con el proyecto. Que conoce al señor R.S. como miembro de la Asociación y a raíz de la actitud agresiva que en el desarrollo de las reuniones siempre asumía este señor, ya que se agarraba las reuniones para él solo, peleaba con los socios, con los directivos y nunca se resolvían los puntos que se estaban tratando, ya que la atención se desviaba hacia él. Que la conducta del señor R.S. siempre fue agresiva, incluso insultó al ingeniero de la obra y le hizo una serie de conjeturas no cónsonas con la actitud que debía tener con los socios de la Asociación, creándoles continuos conflictos e inconvenientes en las reuniones en las que él estaba presente. Que el principal motivo de la exclusión del señor R.S., según tiene conocimiento es que el mismo no estaba al día con los pagos respectivos de la Asociación, además de que ya estaban cansados de su actitud grosera y problemática en las reuniones, la cual consideraban que iba a ser un obstáculo para poder llevar a feliz término el proyecto de las viviendas de la Asociación; que gracias que se pudo sacar a ese señor que era foco de perturbación en la Asociación. Que la exclusión del señor R.S.d. la Asociación fue conforme a los Estatutos de la misma, que éste fue uno de los puntos incluídos dentro del orden del día para tratar en dicha asamblea, el cual se pudo discutir y se leyeron los procedimientos establecidos para tal fin. Que el testigo se encontraba presente en la Asamblea al momento en que uno de los socios tomó la palabra y planteó la exclusión del señor R.S., por todos los motivos anteriormente expuestos. Que para dicha exclusión se contó con la mayoría absoluta de todos los que estaban allí presentes. Que el señor R.S. siempre estuvo presente en casi todas las reuniones con una actitud de amenaza verbal a la Asociación y a la persona del señor H.N.. Que desde que él asumió esa actitud, no había hecho sino crear inconvenientes a la Asociación. Que en base a lo que ocurría en las reuniones, estaba convencido de que todo el mundo opinó que era una persona con problemas de conducta, que actuaba de una manera agresiva, asumiendo siempre una posición defensiva, en contra de los intereses de la Asociación. Que el señor R.S. calificó en todo momento a la Junta Directiva de la Asociación con una serie de irrespetos y catalogándola con una serie de adjetivos que nada tienen que ver con la realidad. A repreguntas, contestó: Que fue llamado a declarar por la abogada de la Asociación; que actualmente trabaja en Colón, en la Dirección de Seguridad y Orden Público; que se retiró hace aproximadamente dos meses de la Asociación. Que sabe y le consta que el señor H.N. presentaba en todo momento la memoria y cuenta con todo lo que se le exigía por parte de los socios y siempre fue aprobado por la mayoría absoluta. Que no tiene conocimiento de expediente disciplinario interno que la Asociación hubiere instruido a R.R.. Que la Asamblea se realizó como en marzo de 1999, porque ese fue el día en que el ingeniero les iba a hablar sobre el tema de la Asociación en el Centro Cívico. La anterior declaración sirve para probar que el señor R.O.R., presentada en el desarrollo de las reuniones asumía una actitud agresiva creando conflictos e incovenientes.

    Respeto a este testigo se observa que el mismo fué objetado por el apoderado actor por haber indicado que la Asamblea en que se excluyó de la Asociación al ciudadano R.O.R., y en la que él manifestó estar presente, se realizó en el Centro Cívico y no en la Casa Sindical como indica la respectiva convocatoria. Ahora bién, al ser revisado el texto de la Acta Nº 19 correspondiente a la Asamblea celebrada el 30 de marzo de 1999 que acordó dicha exclusión, se constata que el declarante efectivamente se encontraba presente, por lo que se toma tal aseveración como un lapsus mentis y así se establece.

    El análisis del anterior material probatorio arroja las siguientes conclusiones:

1. - Que el ciudadano R.O.R.S. fue excluido de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, en la Asamblea celebrada el día 30 de marzo de 1999, por decisión de la mayoría de asociados, por encontrarse incurso en las causales de exclusión establecidas en la cláusula DÉCIMA, literales a) y d) de los Estatutos Sociales.

2. - Que la acta correspondiente a dicha Asamblea, signada con el 19, fue protocolizada ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San C.d.E.T., el 24 de noviembre de 1999, bajo el Nº 8, Tomo 12, Protocolo Primero, folios 1 al 4, Cuarto Trimestre, conforme a lo decidido en Asamblea de fecha 17 de noviembre de 1999, Acta Nº 25.

3. -Que el ciudadano R.O.R.S., se encontraba presente al momento de ser tomada la decisión arriba mencionada y que por consiguiente tenía conocimiento de la misma.

4. - Que el amparo intentado por el ciudadano R.O.R.S., ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con fundamento en presuntas violaciones a su derecho constitucional a la vivienda, no fue admitido según decisión de fecha 19 de noviembre de 1999, por cuanto no fueron aportados a la solicitud de amparo suficientes medios de prueba, que demostraren actuación violatoria de los derechos constitucionales por parte de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, en contra del solicitante R.O.R.S..

5. - Que en fecha 16 de noviembre de 1999 el ciudadano H.A.N.O., en su condición de Presidente de la mencionada Asociación, en vista de la exclusión del asociado R.O.R.S. según Acta Nº 19, antes mencionada, efectuó depósito por la cantidad de Bs. 766.000,00 en la cuenta corriente del Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, correspondiente al reintegro de los pagos hechos por el mencionado ciudadano a la Asociación, lo cual le fue notificado por el Tribunal según acta de fecha 19 de noviembre de 1999.

   Luego de hecho el análisis probatorio de las pruebas aportadas por la parte demandada, es necesario destacar que ésta para cumplir con el elemento de probar algo que le favoreciera, debía desvirtuar los hechos alegados por el demandante. A tal efecto, se observa que de tales hechos revisten vital importancia, por ser aquellos de los cuales dependen sus pretensiones, los siguientes: Que el ciudadano R.O.R.S. fue excluído de la Asociación Civil Provivienda Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Táchira debido a manipulación dolosa del Presidente de la misma, ciudadano H.A.N.O., y que se enteró de ello 229 días después. Que el Presidente forjó y manipuló tal exclusión encargándose de ocultar dicha información para impedirle su defensa, pretendiendo dejarlo sin casa.

   Ahora bien, del análisis realizado al material probatorio aportado por la parte contumaz, se colige que el ciudadano R.O.R.S. fue excluido de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, mediante decisión acordada por la Asamblea General de Asociados sustentada en las cláusulas DECIMA, literales a) y d) y VIGESIMA SEGUNDA de los Estatutos Sociales; y que dicho ciudadano se encontraba presente al momento de ser tomada tal decisión, con lo cual quedan desvirtuados los hechos alegados por la parte actora.

   Por todo lo antes señalado, esta alzada concluye que no se encuentran llenos todos los extremos de la confesión ficta y así se declara.

   En este orden de ideas, dado que no se configuró la confesión ficta de la parte demandada, es necesario, analizar las pretensiones de la parte actora, y efectuar con el correspondiente análisis de las pruebas presentadas por la misma.

   En este sentido, se observa que las pretensiones de la parte actora se dirigen a obtener la declaratoria de la nulidad de la Acta Nº 19 correspondiente a la Asamblea de Asociados celebrada el 30 de marzo de 1999, que acordó la exclusión de la mencionada Asociación Civil, del demandante; así como a obtener la realización por parte de dicha Asociación Civil y del ciudadano H.A.N.O., en su carácter de Presidente de la misma, de ciertas obligaciones de hacer y el pago por parte de éstos, de la indemnización por daños y perjuicios (lucro cesante), provenientes de la presunta demora en ser notificado de tal exclusión.

   Respecto a la nulidad solicitada, se infiere de los alegatos expuestos por la parte demandante, que la misma debe ser tratada como una nulidad relativa, toda vez que pretende obtener la nulidad de una acta aparentemente válida, en protección del interés privado del accionante, quien señala que en la misma hubo manipulación y dolo y que con élla se le violaron derechos particulares.

   Tal acción de nulidad se rige por las normas generales establecidas en los artículos 1346 y siguientes del Código Civil y por las normas que rigen la válidez de los contratos contenidas en el mismo Código, aplicables al caso, tales como la de los artículos 1142 y 1154 eiusdem.

   En cuanto a las obligaciones de hacer, y a la posible indemnización por daños y perjuicios (lucro cesante), derivada de la responsabilidad civil contractual, establecen los artículos 1264 y 1271, lo siguiente:

   Artículo 1.264.- Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.

   Artículo 1.271.- El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe.

   Del análisis de tales normas se infiere que las obligaciones han de cumplirse en la forma en que han sido pactadas y que el deudor debe responder de los daños y perjuicios que ocasione como consecuencia de la inejecución de sus obligaciones o por el retardo en su ejecución, al menos que pruebe que las causas que motivaron tal incumplimiento, no le son imputables.

   En este sentido, la doctrina señala como elementos de la responsabilidad civil, el daño sufrido por una persona, la culpa de la persona que lo causa y la relación de causalidad entre dicha culpa y aquel daño. El incumplimiento de una obligación, conducta o deber jurídico predeterminado, es el elemento desencadenante de la responsabilidad civil, definiendo de una manera general los daños y perjuicios como “toda disminución o pérdida que experimente una persona en su patrimonio o acervo material o en su acervo moral”; y dentro de los daños patrimoniales, el llamado lucro cesante como “la pérdida de una ganancia futura pero que era segura para la víctima”. (Eloy Maduro Luyando y E.P.S., Curso de Obligaciones Derecho Civil III, Tomo I, Universidad Católica A.B., Manuales de Derecho, Caracas 2001, p. 149).

   Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta alzada al análisis de las pruebas promovidas por la parte actora, bajo el principio de la comunidad de la prueba.

   A.- Pruebas presentadas con la demanda:

   - A los folios 5 al 8, copia simple de la notificación judicial solicitada por el ciudadano H.A.N.O. con el carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN CIVIL PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. La misma ya fue valorada en la oportunidad de valoración de las pruebas aportadas por la parte demandada.

   -A los folios 9 al 10, copia simple de comunicaciones dirigidas al ciudadano R.O.R.S. por la mencionada Asociación, las cuales ya fueron valoradas.

   -A los folios 11 al 13, copia simple de recortes de prensa, contentivos de dos (2) participaciones a los socios de los sorteos de las casas a realizarse el 5 de diciembre de 1999 y el 20 de noviembre de 1999, así como de la convocatoria para la Asamblea a realizarse el 30 de marzo de 1999 en la Casa Sindical.

   Dichas instrumentales consistentes en publicaciones de prensa emanadas de la parte demandada, al ser traídas a juicio por la parte contraria y no haber sido impugnadas, deben ser valoradas conforme a los principios de la sana crítica, y de ellas se desprende que para la realización de la asamblea de asociados de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACION DEL ESTADO TÁCHIRA, celebrada el 30 de marzo de 1999, que aprobó la exclusión del asociado R.O.S.R., se publicó por la prensa la correspondiente convocatoria, así como para los actos de sorteo de las casas, de lo cual tuvo conocimiento la parte demandante promovente.

   -A los folios 16 al 26 copia simple de la Acta Constitutiva de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, protocolizada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San C.d.E.T., el 02 de noviembre de 1994, bajo el Nº 4, Tomo 17, Protocolo Primero, correspondiente al Cuarto Trimestre; de la Acta Nº 19 de Asamblea de Asociados celebrada el 30 de marzo de 1999 y registrada ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San Cristóbal, del Estado Táchira, el 24 de noviembre de 1999, bajo el Nº 08, Tomo 012, Protocolo 01, folios 1 al 4, correspondiente al Cuarto Trimestre. Dichas probanzas ya fueron valoradas en la oportunidad de valoración de las pruebas aportadas por la parte demandada.

   -A los folios 24 al 26, copia de la Acta Nº 14 de la Asamblea de asociados realizada el 16 de enero de 1998, protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San C.d.E.T., el 28 de agosto de 1998, bajo el Nº 27, Tomo 013, Protocolo Primero, folios 1 al 4, tercer trimestre, la cual ya fue valorada con las pruebas de la parte demandada.

   -A los folios 27 al 32, copia simple de Acta de la Asamblea Extraordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN CIVIL PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, celebrada el 11 de septiembre de 1998 y registrada bajo el Nº 27, Tomo 017, Protocolo 01, Folios 1/8. A la misma se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1360 del Código Civil, y de ella se desprende que el ciudadano R.O.R.S. formaba parte del listado definitivo de los socios integrantes de la mencionada asociación.

   -Al folio 34, copia simple de comunicación dirigida al ciudadano H.A.N.O. por el representante legal del ciudadano R.O.R.S., abogado C.L.A.B.. A la misma no se le otorga valor probatorio por tratarse de documento emanado de la misma parte promovente.

   - A los folios 35 al 37 certificaciones emanadas de los ciudadanos Isley M.L.M., J.J. y C.S.Q.. A las mismas no se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya que se trata de documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio, los cuales no fueron ratificados mediante la prueba testimonial.

   B.- Pruebas presentadas en la oportunidad probatoria:

   En el CAPITULO PRIMERO de su escrito de promoción de pruebas, señala:

   CAPITULO PRIMERO: PROMUEVO: PRUEBA DE INFORMES:

   Conforme al artículo 429 y 433 del CPC, a las siguientes personas jurídicas para librarles los oficios respectivos con las copias anexas, así:

   -Sindicato de Empleados de la Gobernación del Estado SUEPET, fechada el 20 de noviembre de 1998, en 4 folios, marcada “F”.-

   - Contraloría General del Estado Táchira, fechada el 18 de Enero de 1999, marcada “R” en un folio.

   -INAVI, Dpto de Proyectos, oficio recibido el 24-01-99, de fecha 21-01-99, marcada “T” en 1 folio.-

   -HIDROSUROESTE Táriba-Supervisión, recibida el 03-02-99, fechada el 29 de Enero de 1999, en un folio, marcada “V”.

   -PROVIVIENDA, hoy ubicada en calle 9 esquina carrera 21 Barrio Obrero San Cristóbal, recibida el 01-02-99, y de misma fecha marcada “X” en un folio.-

   -y Dirección Regional del Seniat. La Ermita, recibida el 29-03-99, fechada el 24 de marzo de 1999, en 2 folios marcado “Z”.

   Los correspondientes oficios fueron librados en fecha 8 de mayo de 2002 (fs. 602 al 608), recibiéndose solamente las siguientes respuestas:

   - De PRO-VIVIENDA ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO C.A., según comunicación de fecha 22 de mayo de 2002 corriente a los folios 674 al 676, mediante la cual se informa al Tribunal que en fecha 12 de febrero de 1999 le fue suministrada respuesta a la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, a la solicitud realizada por ésta a la institución como ente fiduciario según comunicación de fecha 1 de febrero de 1999, relacionada con la constancia en la cual dicha entidad refleje y/o aclare la forma de cobro del Impuesto sobre las ventas, si es que la hubiere, dentro de las cuentas a pagar por cada uno de los beneficiarios del crédito a largo plazo, a lo cual se le respondió que esa institución sólo solicitará a la mencionada Asociación el aporte estipulado por FONDUR y que el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor es algo que la misma debe resolver directamente con el constructor. Dicha probanza se valora de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y de la misma se colige que el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor era algo que la Asociación debía resolver directamente con el constructor.

   - De la Contraloría General del Estado Táchira, según oficio Nº OTI-338-02 de fecha 22 de mayo de 2002, inserto a los folios 677 al 680, mediante la cual se informa al Tribunal que en comunicación Nº DTI-059-99 de fecha 03 de febrero de 1999 se le dio respuesta a la mencionada Asociación Civil sobre las contrataciones enviadas por Fundatáchira para su revisión y la forma en que debía ser pagado el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, por parte de la empresa constructora.

2. - Prueba de informes para las siguientes instituciones públicas:

   A.- Registro Subalterno del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal, para que confirme la fecha y datos de protocolización de la mencionada Acta 19, cuya copia riela a los folios 48 y 78 de autos, contenidos así: fecha 24 de noviembre de 1999, bajo el N° 08, tomo 012, protocolo 1, folio 1, cuarto trimestre del 99.

   Dicho informe riela al folio 638, y del mismo se desprende que por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Publico del Municipio San Cristóbal, fue protocolizada en fecha 24 de noviembre de 1999, bajo el Nº 8, Tomo 012, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre, la Acta de Asamblea de Asociados N° 19 correspondiente a la Asociación Civil Provivienda Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Táchira.

   B.- Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, piso 2, Edificio Diario Católico, para certificar: 1.- Que el expediente N° 7087 no ha concluido, no ha sido sentenciado en esa instancia; 2.- Nombre de las partes, fecha de admisión, fecha de citación, lista de recaudos anexos a la demanda; 3.- Sobre el contenido de los puntos uno y dos del Capítulo VII del petitorio de la demanda; 4.- Lista de los recaudos presentados en la promoción de pruebas, 5.- El contenido de los folios Nos. 114, 128 (carta citación extrajudicial), 133 (dictamen jurídico sobre la materia fiscal discutida), 136 (artículo del Reglamento de la Ley de Impuesto al valor Suntuario y Ventas al Mayor), 153 al 176 (recaudos que atañen a la presente controversia) 245 y 261 de los autos de dicho expediente.

   Dicho informe corre inserto a los folios 693 al 727 del presente expediente. Del mismo se evidencia que en el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se encuentra la causa N° 7087-99, referida al juicio de PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, interpuesto por el ciudadano R.O.R.S. contra la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, el cual fue admitido por dicho Juzgado en fecha 16 de noviembre de 1999, anexando el demandante al escrito libelar documentos varios allí relacionados. Igualmente informa que no ha sido dictada sentencia en dicho proceso en virtud de la diligencia suscrita en fecha 15 de noviembre de 2001 por el abogado en ejercicio C.A., apoderado judicial de la parte demandante, mediante la cual expone: “Consta a los folios 194, 195, 196, 201 que recurrimos en apelación formal ante Juzgado Superior (2° Civil y Mercantil exp. N° 14.498) y que dicho Recurso aún no ha sido decidido, por ende, a los fines de economía procesal y de congruencia en las decisiones, solicito a este Despacho se abstenga de sentenciar este proceso hasta tanto no haya decisión en el Juzgado 2° Civil, para evitar, si es el caso, Sentencias (Sic) Contradictorias (Sic)…” . Que en cuanto al contenido de los puntos 1 y 2 del Capítulo VII del petitorio de la demanda, el punto 1, contiene petición a fin de que la demandada rinda cuentas del año 1998 (enero a diciembre); y el punto 2, para que entregue los soportes de la rendición de cuentas del año 1997.

   Al respecto observa esta juzgadora que tal probanza se refiere a un procedimiento distinto del presente, el cual debe ser resuelto por el mencionado Tribunal, por lo que no recibe valoración probatoria.

   C.- Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial (en ese momento Tribunal de la causa), sobre folios del expediente N° 14.498 (apelación), a fin de que se recabe INFORME sobre: - Folio 20, donde la demandada certifica que en la comisión investigadora nombrada en enero de 1999, figura el nombre de su poderdante y que dicha certificación está firmada por el ciudadano H.A.N.O., como su Presidente.- Folio 22 para verificar la fecha del auto de admisión de dicha demanda de Rendición de Cuentas.- Folio 24 sobre la oposición y en su vuelto, renglones 51 y siguientes, para detallar que escriben: …presentar el Acta N° 26…y al folio 25, renglones 24 y siguientes, consta la nota de Secretaria, que no certifica, ni señala como vista o recibida la mencionada Acta Nº 26.- Al folio 30 y siguientes, verificar la existencia del Acta N° 28 en la cual el Presidente de la Asociación afirma que lo han robado, que por ello no puede presentar los soportes del ejercicio económico, … que pide un voto de confianza, etc….-Y finalmente que se verifique que dicho expediente está por sentencia, es decir, que no está terminado.- Opongo en forma legal a la demandada el contenido y firmas de los folios mencionados.-

   Dicha probanza no puede ser valorada por cuanto no consta en el expediente su evacuación.

   D.- Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil y Mercantil jurisdiccional, para que informe sobre la existencia del expediente N° 2047 (Amparo) Legajo 80, sobre los particulares siguientes: nombre de las partes, motivo, fecha de admisión, medida innominada acordada, fecha de citación o notificación tanto de la medida acordada como del amparo en sí, fecha de la diligencia siguiente y nombre del diligenciante y de su asistente y si la decisión judicial posterior ordenó el levantamiento de la medida acordada previamente. Igualmente anexó copia de diligencia del 25-11-99 en la cual se consignan los recaudos en dicho amparo marcado “4”.

   Dicho informe riela al folio 639 y del mismo se desprende que efectivamente se abrió en dicho juzgado en fecha 02 de diciembre de 1999 causa signada bajo el N° 2047 por acción de amparo constitucional, Agraviado: R.O.R.S.. Agraviante: ASOCIACION CIVIL PROVIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACION DEL ESTADO TÁCHIRA, y que por medio de auto de admisión de fecha 2 de diciembre de 1999 dicho tribunal decretó medida innominada consistente en la suspensión de la realización del sorteo de viviendas pautado para el domingo 5 de diciembre de 1999. En cuanto a la fecha de citación y notificación de la medida, la misma fue estampada por el alguacil del mencionado Tribunal en fecha 3 de diciembre de 1999 según oficio N° 757 de esa misma fecha. La citación y la notificación de la acción de amparo, en fecha 6 de diciembre de 1999 y que por decisión judicial de la misma fecha se ordenó levantar la medida preventiva innominada decretada.

   E.- Juzgado Superior Primero en lo Civil de esta Circunscripción, para que certifique que en su Copiador de Sentencias Definitivas del Primer Trimestre del 2000, fechada el 11-01-2000, existe sentencia en la cual entre otros aspectos se revoca el auto judicial dictado por el Juzgado Cuarto Civil jurisdiccional, y que específicamente al folio 100, se afirma que……actuaron al margen de la ley procesal……..tal y como consta en la copia simple de aquella, anexa en 09 folios útiles marcada “E”.

   Dicho informe riela a los folios 616 al 626. Del mismo se desprende que el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó decisión en fecha 11 de enero de 2000, en el procedimiento de amparo constitucional interpuesto por R.O.R.S. contra la Asociación Civil Provivienda Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Táchira, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la representación del quejoso R.O.R.S., contra el auto dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial actuando como Tribunal Constitucional, que declaró la litispendencia, ordenó el archivo del expediente y declaró extinguida la causa, y, en consecuencia revocó el auto de fecha 20 de diciembre de 1999 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que oyó en un solo efecto la apelación interpuesta por la representación del quejoso. De igual forma se desprende de dicha sentencia, que el mencionado Tribunal, señaló que “al establecer la apelada en el dispositivo del fallo, la extinción del proceso, por declaratoria de la litispendencia, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito, el medio de impugnación a ejercerse contra ella, es el establecido en el artículo 69 eiusdem, por lo que al ejercer actividad procesal, la parte solicitante, mediante recurso de apelación y el órgano jurisdiccional, actuando como Tribunal Constitucional, al oírlo, con tal proceder tanto la parte solicitante como el órgano jurisdiccional actuaron al margen de la ley procesal”

   F.- Juzgado Segundo de este Municipio San Cristóbal, para que suministre la información respecto a la notificación judicial cuyas copias rielan insertas a los folios 5 y sgts., 119 a 135, y 7 al 12 (en 14258), específicamente para que informen sobre el depósito de dinero que supuestamente hizo la demandada y cuál ha sido su destino hasta la presente fecha.

   A dicha probanza no se le otorga valor probatorio por cuanto el respectivo informe que riela a los folios 879 al 884, fue recibido con posterioridad a la oportunidad para observaciones a los informes en primera instancia, es decir, vencido el lapso probatorio.

   CAPITULO SEGUNDO: El derecho de repreguntar a todos los testigos que presente la contraparte, de conformidad con el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil.

   Dicha prueba se desestima por no constituir en sí misma medio de prueba establecido en nuestra legislación.

   CAPITULO TERCERO: PRUEBA DE POSICIONES JURADAS de la demandada en las personas de su Presidente, ciudadano H.A.N.O., así como de su Tesorero, ciudadano J.R.D.B., sobre hechos controvertidos y pertinentes al mérito del presente procedimiento.

   A los folios 646 al 652, consta el acto de absolución de posiciones juradas del ciudadano H.A.N.O., titular de la cédula de identidad N° V-5.022.838, celebrado el 21 de mayo de 2000, quien bajo juramento contestó: Que sí era cierto que él como representante de la Asociación demandada, suscribió un convenio verbal con el representante de la contratista de las casas, Ing. P.R., en el sentido de no incluir el pago del I.V.A. en el precio total de las viviendas hechas por la Constructora PROYOIN, tal como consta en acta de asamblea N° 19 de fecha 30 de marzo de 1999. Manifestó que tal acuerdo se hizo llegar a través de comunicación al Despacho del Gobernador, firmada por el Mayor J.R.V.R., Gerente de Tributos Internos de la Región Los Andes, que el convenio se realizó con el objeto de no paralizar la construcción de las viviendas que se estaban ejecutando, debido a que la comisión que se nombró integrada por el ciudadano R.S. se estaba oponiendo y obstaculizando el desenvolvimiento de las obras al no querer pagar lo que se había acordado. Dijo que también se contó con la presencia del representante de FUNDATÁCHIRA. Que sí era cierto que en la asamblea 19 celebrada el 30 de marzo de 1999, se expulsó al ciudadano R.S., porque él no quería pagar las cuotas que fueron aprobadas en las anteriores asambleas, es decir, el pago del I.V.A., etc. Que sí era cierto que hubo un convenio verbal entre la asociación y el Ing. P.R. anterior a la Asamblea 19 y que fue hecho previa consulta a la Asamblea General de Socios y los representantes de FUNDATÁCHIRA. Que no era cierto que el Libro de Asambleas de la Asociación no estaba legalizado, el mismo se notarió, siguiéndose los lineamientos de FUNDATÁCHIRA, quien es la encargada de organizar e informar a las Asociaciones Civiles. Que sí era cierto que el Libro de Actas tiene como primera acta la fechada el día 7 de septiembre de 1993. Que sí era cierto que la primera acta celebrada no era la de la constitución de la Asociación que él la tomó como si lo fuera, ya que en la misma aparecen todos los nombres de los socios que formaron en ese entonces parte de la Asociación. Que era cierto que en la asamblea celebrada el 30 de marzo de 1999, no se presentó ningún tipo de informe o pruebas de hechos dañosos en perjuicio de la asociación por parte del R.S., ya que en dicha Asamblea los socios y específicamente el señor M.O., fue el que propuso todo lo relacionado o expuesto en esa asamblea, con el quoram respectivo y estando presente el señor R.S.. Que es cierto que la firma del señor R.S. no aparece en el Libro de Actas, ya que el mismo abandonó la Asamblea en una discusión que él propinó y el libro se firma al concluir la asamblea. Que sí era cierto que en el Acta N° 19 aparecían dos firmas iguales y con el mismo número de cédula, que identifica al señor J.G.M.R., que

   habría que preguntarle porqué firmó dos veces. Que sí era cierto que después de haber transcurrido más de doscientos días de la expulsión decidida en la acta N° 19, se notificó judicialmente al señor R.S.d. la misma, pero también es cierto que él estaba presente en la referida Asamblea celebrada el 30 de marzo de 1999, y que también se le participó por escrito el día 06 de abril de 1999 de su exclusión, que en reiteradas veces se le mandó la carta, pero no quiso aceptar. Que sí era cierto que el acto de expulsar a R.S.d. la Asociación, significaba que él perdía todo el derecho constitucional a tener vivienda dentro del proyecto que manejaba su representada, pero que sus actuaciones llevaron a la Asamblea de Socios a tomar tal determinación. Que no se le notificó al señor R.S. judicialmente de inmediato de su exclusión, pero sí se le notificó por escrito y verbal, porque él estaba presente en la Asamblea; que después de la expulsión se celebraron varias asambleas y R.S. no volvió a ninguna otra asamblea, por lo que se le notificó judicialmente. Que sí era cierto que la Asociación tenía pruebas de la carta enviada al señor R.S. el día 06 de abril de 1999 que fue la primera notificación, y de la notificación que se hizo judicialmente el día 28 de noviembre de 1999. Que sí era cierto que la fotocopia de la carta del 6 de abril de 1999, no aparecía firmada por R.S., ya que el mismo se negó a firmar, por ello se procedió a notificarlo judicialmente como consta en el expediente. Que sí era cierto que él como representante de la Asociación no ordenó el registro inmediato de la Acta N° 19 celebrada el 13 (sic) de marzo de 1999; primero porque era una asociación sin fines de lucro y para registrar dicha acta se necesitaba realizar una asamblea para pedir el dinero y recolectarlo ya que son 156 familias. Que sí era cierto que el domicilio de la Asociación para ese momento era la Urbanización El Páramo, casa 98 del Municipio Cárdenas, que él vivía ahí desde hacía aproximadamente 16 meses y que dicha vivienda pertenecía a su concubina Anayda Reina. Que sí era cierto que en la Asamblea celebrada el 17 de noviembre de 1999, el contratista le asignó la casa N° 156, pero que dicha asignación fue con el consentimiento de la Asamblea que es la máxima autoridad de la Asociación. Que era cierto que el domicilio de la Asociación en defecto de sede propia era la casa N° 98 y no la 156 que fue la que le asignaron, debido a que la misma se encuentra en obra negra y no está habitable. Que no era cierto que su representada quedó confesa.

   A los folios 656 al 662, riela acta de absolución de posiciones juradas del ciudadano J.R.D.B., titular de la cédula de identidad N° V-9.220.995, celebrada en fecha 21 de mayo de 2000, quién bajo juramento contestó: Que no era cierto que él era tesorero desde el año 1997, que sí era cierto que era tesorero desde el año 1995 hasta la presente fecha. Que sí era cierto según lo establecido en los Estatutos de la Asociación que él como tesorero estaba en la obligación de llevar las cuentas y los soportes contables e igualmente la custodia y mantenimiento del patrimonio de la Asociación, y en forma conjunta con el Presidente, autorizar los gastos y pagos, según la Cláusula Trigésima de dichos Estatutos. Que era cierto que él no tenía ningún título universitario que lo acreditara como contador o administrador, que su título era de técnico universitario en electrónica y que actualmente estaba cursando el último semestre de educación, pero que la Asamblea de Socios aprobó la contratación de los servicios de una Licenciada en Contaduría para llevar todo lo referente a la administración de las cuentas. Que era cierto que no ha entregado cuentas a la Juez Primera de Primera Instancia jurisdiccional, por cuanto él tiene entendido que su responsabilidad es entregar los informes económicos a los integrantes de la Asociación Civil en la asamblea de socios, tal como lo ha hecho conjuntamente con la Junta Directiva en el año 1997 y 1998, aprobado por Asamblea de Socios. Que sí era cierto que él ignoraba la obligación legal de entregar cuentas a la Juez de Primera Instancia jurisdiccional, que él siempre se ha ceñido a lo que establecen los Estatutos de la Asociación. Que sí era cierto que desconocía el dispositivo legal que le ordena cumplir la Ley aún ignorándola. Que sí era la cierto que él no le entregó los recaudos del informe económico del año 1996 a 1997 a los socios en la Asamblea registrada el 28-08- del 98, bajo el Nº 27, Tomo 13, que dicho informe se leyó y se le entregó copia a cada uno de los socios y la Asamblea aprobó que los soportes de ese informe fuesen llevados a las oficina del Sindicato de los Empleados de la Gobernación ya que la Asociación no contaba con una oficina para casos como esos. Que sí era cierto que el Sindicato antes nombrado no era socio de la Asociación Civil, pero que en la Asamblea se aprobó que los recaudos se llevaran allí ya que el 98% de los socios eran empleados de la Gobernación del Estado Táchira. Que sí era cierto que en la Asamblea N° 14 le exigieron algunos asociados la presentación de los recaudos que él estaba obligado a entregar, desde agosto de 1996 hasta el año 1997, porque la agenda establecía entregar el Informe de Cuentas y la Asamblea aprobó que los soportes se llevaran a la sede del Sindicato de Empleados. Que sí es cierto que la Asociación Civil fue demandada por ante el Juzgado de los Municipios jurisdiccional, por no haberse rendido las cuentas de Ley del ejercicio económico y fiscal del año 1998. Que no es cierto que él haya hecho proposición alguna de que se diera un voto de confianza para la presentación y aprobación del informe económico de 1998, que la Asamblea es la que aprueba el voto de confianza así como la aprobación de los informes 98 y 99, en vista de que a la asociación le habían hurtado o robado documentos contables. Que sí era cierto que algunos de los documentos contables tenían que estar bajo su custodia, los tenía el Presidente de la Asociación, según lo establece la cláusula trigésima de los Estatutos aprobados por los socios. Que no era cierto que en los documentos que le hurtaron al Presidente se encontraba el proceso disciplinario interno en contra de R.S., hoy R.R.S.. Que sí es cierto que en la Asamblea N° 19 de fecha 30 de marzo de 1999, se hizo la propuesta de la expulsión del señor R.S., salida del seno de la Asamblea debido a la actitud y comportamiento en contra de los asociados que en reiteradas oportunidades había manifestado dicho ciudadano. Que sí es cierto que existe prueba material en contra de R.S., tal como se refiere en el acta N° 19 celebrada el 30 de marzo de 1999. Que sí es cierto que aparte de la Acta N° 19 no hay pruebas escritas dentro de este proceso judicial, respecto a la exclusión de R.S.d. la Asociación, pero hace referencia a lo establecido en las cláusulas NOVENA y DECIMA de los Estatutos. Que no era cierto que luego de doscientos veintinueve días, el ciudadano R.S. haya sido notificado de su exclusión, pues el mismo se encontraba presente en la Asamblea, cuando se tomó la decisión de excluirlo; que igualmente se le notificó a través de la Junta Directiva, después, debido a que la Asociación no contaba con recursos para sufragar ese tipo de gastos ya que es una Asociación constituida sin fines de lucro. Que sí era cierto que él intervino como observador en la Asamblea Nº 19, pero que la decisión salió del seno de la Asamblea de socios por ser la máxima autoridad. Que era cierto que él aprobó el registro de la Acta Nº 19 celebrada el 30 de marzo de 1999, para el día 24 de noviembre del mismo año en conjunto con el resto de los directivos, ya que en días anteriores no habían recursos económicos para sufragar dichos gastos. Que si es cierto que la Acta Constitutiva de la Asociación registrada en fecha 02 de noviembre de 1994 no se encuentra inscrita en el Libro de Asambleas, ya que la apertura del Libro se hizo aproximadamente dos (2) años después del registro de la misma.

   Al examinar detenidamente dichas posiciones juradas no encuentra esta juzgadora confesión de la parte demandada, que sirva para corroborar los hechos alegados por la parte demandante como fundamento de sus pretensiones, ni que la exclusión del ciudadano R.O.R.S.d. la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACION DEL ESTADO TÁCHIRA, se haya debido a manipulaciones dolosas por parte de ésta y así se declara.

   A los folios 674 al 671, riela el acto de absolución de posiciones juradas del demandante R.O.R.S., titular de la cédula de identidad N° V-9.211.786, celebrada el 23 de mayo de 2000, en reciprocidad de las posiciones juradas absueltas por la parte demandada. El mencionado ciudadano, bajo juramento contestó: Que sí estuvo presente en la asamblea celebrada el 30 de marzo de 1999, pero se retiró “antes de ésta se iniciará”, debido a que el Señor M.O., quien era el Presidente del Sindicato de los Empleados de la Contraloría, llevó personas extrañas que empezaron a insultarlo verbalmente y a amenazarlo. Que no tiene claro en los momentos en que absuelve posiciones, las cláusulas contenidas en los Estatutos de la Asociación que señalan cuáles son las causales para excluir a los socios cuando son infringidas por los mismos, ya que son muchos años que tiene supuestamente botado de la Asociación y en los cuales no ha vuelto a refrescar tales causales. Que él nunca firmó comunicaciones relacionadas con su exclusión porque nunca se las presentaron. Que sí era cierto que se le notificó judicialmente de su exclusión a través de su jefe inmediato, ya que se encontraba en su campo de trabajo específico. Que este hecho lo llevó al Tribunal el Sr. H.N. después que él lo demandó por ante el Tribunal de los Municipios San Cristóbal y Torbes, por rendición de cuentas. Que a él lo notificaron siete meses después de supuestamente haberlo expulsado de la asociación. Que él repudia el acta de exclusión y considera nula la misma, ya que las firmas que aparecen fueron recogidas en diversos sitios. Que la expulsión de él de la Asociación, la ve como una componenda entre los socios, ya que tenían intereses para mantener en tinieblas los movimientos administrativos. Que es cierto que él dejó de percibir una vivienda, la cual es una ganancia, que se le ha retenido un depósito que dio en dinero efectivo por esa vivienda, el cual si hubiese estado en sus manos le hubiese rendido utilidad. Que sí era cierto que el dinero aportado por él a la Asociación, está depositado en el Juzgado Segundo de los Municipios de esta Circunscripción pero luego de siete meses de la supuesta exclusión. Que las comisiones que se formaron para la supervisión de las obras de la Urbanización y para saber si era procedente el pago del IVA fueron motivadas por un grupo considerable de asociados y que él las presidió. Que a él no tuvo noticias de las disculpas que un miembro de la comisión pidió en la asamblea N° 19, hasta que se le entregó el acta, ya que él no estuvo presente, sino momentos antes de su inicio. Que él en ningún momento se dirigió a la Asamblea para manifestarles que estaba asesorado por un Fiscal del Ministerio Público y que además se retiró antes de empezar la misma. Que él tenía entendido que la casa que le obsequiaron al Presidente señor H.A.N., no fue la Asociación, fue el Ingeniero P.R., tal vez por los negocios que tenían en común. Que es cierto que la Directiva de la Asociación debe abrir expedientes disciplinarios pero siguiendo las leyes y los reglamentos internos de la misma. Que él sí asistió como a dos Asambleas después de la supuesta expulsión, pero no lo dejaron firmar el acta ni estar presente hasta el final. Que no tiene certeza de volver a pertenecer a la Asociación actualmente, ya que considera que casa vez que hay una Asamblea se atiza una animosidad contraria a él, donde se aseveran cosas que no dijo, no comentó. Que él nunca ha hecho comentarios públicos ofensivos en contra de la Junta Directiva, sólo comentó en el seno de la comisión para la investigación del paso de los impuestos, que dentro de la asociación se estaban tomando decisiones que no eran las más idóneas. Que es evidente que ha tenido diferencias con el señor H.A.N., ya que lo está demandando, pero que siempre, el agredido fue él y su respuesta es consecuencia de sus agresiones. Que él no tenía influencias políticas para perjudicar al señor H.A.N., en su medio laboral.

   Al examinar las posiciones juradas absueltas por el demandante, teniendo en cuenta los hechos que son pertinentes a la litis planteada y en los que el mismo pudiera quedar confeso, se observa que el deponente entra en contradicción al señalar en la posición PRIMERA que si estuvo presente en la Asamblea celebrada el 30 de marzo de 1999, pero que se tuvo que retirar “antes de que comenzara la Asamblea” porque el ciudadano M.O. llevó a personas extrañas que comenzaron a insultarlo verbalmente; por que lo de acuerdo a lo establecido en el artículo 414 se le tiene por confeso de su asistencia a la Asamblea de Asociados celebrada el 30 de marzo de 1999, que acordó su exclusión de la Asociación y así se declara.

   CAPITULO CUARTO: PRUEBA DE EXHIBICIÓN, dirigida en contra de la demandada para que:

   A)Exhiba el Libro de Asambleas, a fin de corroborar la existencia de los Estatutos Sociales, todo ello orientado a la revisión, análisis y examen en juicio, así como de las Actas Nos. 14, 19 de fecha 30-03-1999, la fechada el 17 de abril del 99, la 26 del 20-12-99, la Nº 28, y acta fechada el 07-12-99 y en general todas las actas desde los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

   2. Que se exhiba el original de la notificación judicial fechada el 18-11-99, del Juzgado Segundo de este Municipio.

   3. Que se exhiban los originales de los instrumentos cuyas copias anexó en orden cronológico: - Del 12 de febrero de 1998, en un folio marcado “F”.- Informe Nº 01 del 22-10-1998, en 2 folios marcado “I”, y recibido por H.N..- Del 22-10-1998, marcada H en 2 folios dirigida por H.N. al SENIAT Regional.- Del 27 de octubre de 1998 Informe Nº 2, en 2 folios marcado “J”, de fecha 13 de noviembre de 1998, en dos folios marcada “N”.- Del 13-11-1998, en 3 folios marcada “N”.- Del 18-11-98, Informe Nº 3 en 4 folios marcado “O”.- Del 03-02-99, oficio de la Contraloría General del Estado Nº DTI-059-99, marcado “S” en 2 folios.- Del 22-05-99, en dos folios marcada “G”.- Del 07-10-99, en un folio marcada “K”.

   A los folios 641 al 645, riela acta de fecha 20 de mayo de 2002, levantada con ocasión del acto de exhibición de los documentos indicados por la parte actora. Tal prueba no recibe valoración por cuanto no constan agregadas a los autos, las instrumentales presentadas en dicho acto por la parte demandada.

   CAPITULO QUINTO: PRUEBA DE EXPERTICIA sobre el Libro de Actas de Asambleas de la demandada, para examinar, analizar y revisar el contenido y firmas de cada una de las actas insertas, conforme al artículo 451 del Código de Procedimiento Civil.

   A la misma no se le otorga valor probatorio por cuanto no consta en las actas del proceso, que la misma se haya sido realizada.

   CAPITULO SEXTO: PRUEBA POR ESCRITO

   - Al folio 529 copia simple de publicción en el Diario La Nación, contentiva de participación de celebración del sorteo de las casas para el 20-11-99. Dicha probanza se desecha por cuanto nada aporta a la solución de los hechos controvertidos en el presente asunto.

   - Copia anexa de la Cláusula DECIMA de los Estatutos, donde claramente se establece que para excluir un socio deben realizarse comprobadamente los hechos perjudiciales a la Asociación. Dicha probanza ya recibió valoración con las pruebas aportadas por la parte demandada.

   - Al folio 531 al 534 copia simple de la Acta Nº 19 de la Asamblea General de Socios de la Asociación Civil Provivienda Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Táchira. La misma ya fue valorada con las pruebas de la demandada.

   - A los folios 535 al 537 copia simple de acta Nº 14 de La Asamblea General de Socios de la Asociación Civil Provivienda Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Táchira, la cual fue valorada anteriormente.

   CAPITULO SÉPTIMO. EL VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE LAS ACTAS PROCESALES especialmente lo referido a la confesión ficta de la parte demandada, punto que ya fue debidamente analizado en el presente fallo.

   El análisis de dicho material probatorio arroja las siguientes conclusiones:

   - Que la participación para el sorteo de las casas efectuado el 5 de diciembre de 1999, así como la convocatoria para la Asamblea celebrada el 30 de marzo de 1999, fueron debidamente publicados por la prensa, de lo cual tuvo conocimiento la parte demandante.

   - Que el ciudadano R.O.R.S. formaba parte del listado definitiva de los socios integrantes de la Asociación demandada.

   - Que lo relacionado al pago del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, correspondía resolverla a la Asociación en acuerdo con el constructor de las viviendas.

   - Que la Acta de Asamblea de Asociados N° 19, de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, fue protocolizada ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Publico del Municipio San C.d.E.T., en fecha 24 de noviembre de 1999, quedando anotada bajo el Nº 05, Tomo 12, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre.

   - Que en el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira se encuentra juicio de RENDICIÓN DE CUENTAS, interpuesto por el ciudadano R.O.R.S. contra la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, admitido por dicho Juzgado en fecha 16 de noviembre de 1999, el cual hasta la fecha del informe respectivo no había sido sentenciado.

   - Que el ciudadano R.O.R.S. interpuso acción de amparo constitucional contra la Asociación Civil Provivienda Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Táchira ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el que se dictó medida innominada consistente en la suspensión del sorteo de viviendas pautado para el 5 de diciembre de 1999, la cual fue levantada posteriormente.

4. - Que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó decisión en fecha 11 de enero de 2000, en la acción de amparo constitucional interpuesta por R.O.R.S., contra la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la representación del quejoso R.O.R.S., contra el auto dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil que declaró la litispendencia, ordenó el archivo del expediente y declaró extinguida la causa y, en consecuencia, revocó el auto de fecha 20 de diciembre de 1999 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que oyó en un solo efecto la apelación interpuesta por la representación del quejoso.

   Por consiguiente, a juicio de quien decide no quedó comprobado en autos que en la Asamblea de Asociados Nº 19 que acordó la exclusión de R.O.R.S.d. la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, hubiere habido manipulaciones dolosas por parte de la misma o de su Presidente, ciudadano H.A.N.O., según lo alegado por la parte actora. Tampoco se comprobó la falta de notificación de tal exclusión en tiempo oportuno, ya que por el contrario, de las actas procesales se desprende que dicha decisión fue tomada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asociación, y que el ciudadano R.O.R.S. se encontraba presente en dicha Asamblea, por lo que es forzoso concluir que la apelación interpuesta por la parte demandada mediante diligencia de fecha 16 de junio de 2004 debe ser declarada con lugar y, en consecuencia, las demandas incoadas por el ciudadano R.O.R.S. contra la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACION DEL ESTADO TÁCHIRA y contra el ciudadano H.A.N.O. en su carácter de Presidente de dicha Asociación, deben ser declaradas sin lugar. Así se decide.

   En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:

DECLARA CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Josè A.M.P., apoderado de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 09 de septiembre de 2003.

DECLARA SIN LUGAR LAS DEMANDAS incoadas por el ciudadano R.O.R.S., en contra de la Asociación Civil PRO-VIVIENDA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA y del ciudadano H.A.N.O. en su carácter de Presidente de la misma, por nulidad de acta de asamblea, obligaciones de hacer e indemnización por daños y perjuicios (lucro cesante).

Se condena en costas a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Queda REVOCADA la sentencia apelada dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, de fecha 9 de septiembre de 2003.

Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, y bájese el expediente en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Juez Temporal,

A.M.O.A.

La Secretaria,

Abog. F.R.S.

En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, previas las formalidades de Ley, siendo la una y treinta minutos de la tarde (1: 30 p.m.) y se dejo copia certificada para el archivo del Tribunal.

Exp. Nº 5107