Decisión de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Febrero de 2014
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Luis Ernesto Gomez |
| Procedimiento | Rendición De Cuentas |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 26 de febrero de 2014
203º y 155º
ASUNTO: AH1A-V-2004-000065
PARTE ACTORA: M.G., A.d.P., A.C., L.L.d.M., M.V., Z.G. y R.J., titulares de la cedula de identidad Nros. V-5.116.360, V-4.579.271, V-946.754, V-91.390, V-4.579.677, V-2.083.431 y E-81.989.368, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: J.O.L., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9736.
PARTE DEMANDADA: M.B.H., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.337.560.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: A.B.O., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 16.552.
MOTIVO: RENDICION DE CUENTAS.
SENTENCIA: Interlocutoria Con Fuerza Definitiva (Perención Anual).
-I-
PUNTO PREVIO
En virtud de mi designación por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al oficio Nº CJ-10-0398, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, debidamente juramentado el siete (07) de mayo del año dos mil diez (2010) ante el Juez Rector Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas como Juez Provisorio, me aboco al conocimiento de la presente causa.
-II-
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Se inicio el presente juicio que encabeza estas actuaciones en fecha 8 de Marzo de 2004, por motivo de RENDICION DE CUENTAS, intentada por los ciudadanos M.G., A.d.P., A.C., L.L.d.M., M.V., Z.G. y R.J. contra la ciudadana M.B.H., todos anteriormente identificados en el encabezamiento del presente fallo, y previa distribución del Juzgado Distribuidor de esta Circunscripción Judicial, fue asignada a este Tribunal su conocimiento.
Por auto de fecha 15 de Abril de 2004, este Tribunal admitió la presente demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada. En esa misma fecha se libró la correspondiente boleta de intimación.
Por diligencia de fecha 29 de Abril de 2004, se libró boleta de intimación a fines de que la parte demandada rindiera las cuentas.
En fecha 30 de Agosto de 2004, el Alguacil titular de este Despacho dejó constancia de haberse trasladado a intimar a la parte demandada, no logrando su práctica.
Por diligencia de fecha 6 de Septiembre de 2004, el apoderado judicial de la parte actora solicitó la citación por cartel de la parte demandada, el cual fue acordado por auto de fecha 22 de Septiembre de 2004 y librado en esa misma fecha.
En fecha 25 de Octubre de 2004, el apoderado judicial de la parte actora consignó carteles de citación debidamente publicados en los diarios correspondientes.
En fecha 11 de Noviembre de 2004, la Secretaria de este Despacho para la fecha dejó constancia de haber fijado el cartel de citación en la morada de la parte demandada, cumpliendo así con las formalidades del articulo 223 del Codigo de Procedimiento Civil.
En fecha 16 de Noviembre de 2004, compareció el abogado A.B.O., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 16.552, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada y se dio por citado en nombre de su representada.
En fecha 20 de Diciembre de 2004, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de oposición a la presente demanda con sus anexos.
En fecha 11 de Enero de 2005, el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de promoción de pruebas constante de tres (3) folios útiles.
Por auto de fecha 10 de Junio de 2005, este Tribunal no encontró fundada la oposición realizada por la parte demandada y en virtud de ello ordenó a la demandada a rendir cuentas.
En fecha 4 de agosto de 2005 este Tribunal agregó a los autos el escrito de rendición de cuentas suscrito por el apoderado judicial de la parte demandada.
En fecha 20 de Septiembre de 2005, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 13 de Febrero de 2006, se dictó auto mediante el cual la abogada A.E.G., Juez saliente de este Tribunal se abocó al conocimiento de la presente causa.
Por auto de fecha 1º de Marzo de 2006, se ordenó publicar el escrito de pruebas consignado por la parte actora y la reapertura del lapso probatorio, ordenándose la notificación de la parte demandada. En esa misma fecha se libró boleta.
En fecha 14 de Marzo de 2006, el alguacil titular de este Juzgado consignó boleta de notificación dirigida a la parte demandada, quedando debidamente notificada.
En fecha 23 de Marzo de 2006, este Tribunal dictó auto mediante el cual admitió las pruebas promovidas por los apoderados judiciales de las partes en el presente juicio, ordenando la evacuación de las mismas.
En fecha 3 de Abril de 2006, el apoderado judicial de la parte demandada solicitó sea programado el lapso para evacuar la prueba de exhibición, la cual tuvo lugar mediante acto de fecha 11 de Abril de 2006, acta mediante la cual se agregaron los documentos exhibidos.
En fecha 26 de Junio de 2006, el apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de informes.
En fecha 29 de Junio de 2006, el apoderado judicial de la parte actora consignó las resultas de la evacuación testimonial, evacuadas por el Tribunal comisionado el Juzgado Quinto de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial.
Por diligencia de fecha 4 de Abril de 2011, el apoderado judicial de la parte demandada solicitó se decrete la perención de la instancia.
-III-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
Del análisis realizado en el presente caso se determina que la causa se encuentra paralizada en estado de que sea solicitado el abocamiento necesario para la continuación del proceso.
Así, encontramos que transcurrió un prolongado lapso de tiempo dentro del cual las partes estaban en la obligación de instar al Tribunal para que se abocara al conocimiento de la causa y luego se pronunciara con respecto a la sentencia definitiva, sin que en modo alguno tal impulso se verificara, llegándose al punto de que habiéndose producido la incorporación a este Tribunal, de la Dra. M.C.Z. en sustitución de la Juez Dra. A.E.G.; y por último de quien suscribe este fallo en sustitución de la Dra. M.C.Z., y nunca fue solicitado el abocamiento del nuevo Juez al conocimiento del asunto.
La jurisprudencia y la doctrina mantienen contesticidad absoluta en cuanto a que, cuando se produce la incorporación de un nuevo Juez al Tribunal, se produce la paralización del juicio por una causa legal, porque ese nuevo Juez necesariamente debe abocarse al conocimiento de la causa para poder entrar a decidirla, y para que ello ocurra se requiere el impulso de la parte interesada, quien se encuentra en la obligación de instar tal abocamiento.
En tal virtud, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso dirigida a procurar el pronunciamiento del fallo en forma oportuna, habiéndose producido a lo largo de todo este espacio de tiempo la incorporación de tres jueces distintos, a este Tribunal, sin que se les hubiere pedido a ninguno de ellos el abocamiento respectivo, es evidente que el proceso ha entrado en una paralización absolutamente injustificada, dada la particular situación de que la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia.
Frente al panorama procesal referido, resulta oportuno traer a colación algunas conclusiones emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de Junio de 2001, en relación con el instituto de la perención.
En efecto, nuestro Supremo Tribunal estableció que el principio -enunciado en el artículo 267- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por alguna causa legal y una vez transcurrido dicho término los interesados no gestionan la continuación de la causa, ni cumplen las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que la inactividad procesal ocurrida es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.
Ejemplifica el asunto dicha sentencia con el supuesto contemplado en el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar que dicha norma, en cuanto a ese supuesto de perención no distingue en qué estado se encuentra el juicio, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma.
Textualmente el fallo contiene el siguiente razonamiento:
…Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir, tal como lo evidencia el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil cuando resta del lapso de perención el término de suspensión legal, el cual previniendo que a partir de la terminación del lapso legal de suspensión comience a contarse el de perención, ya que la causa continúa y si no se activa y por ello se paraliza, perimirá.
La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme el expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes.
(Omisis…)
Algo similar ocurría cuando no estaba vigente el principio de gratuidad de la justicia y las partes no consignaban el papel sellado necesario para sentenciar.
Estos son los principios generales sobre perención de la instancia, los cuales son aplicables plenamente al proceso civil y a los procesos que se rijan por el Código de Procedimiento Civil (proceso común).
Las causas en suspenso no se desvinculan del iter procesal. El juicio se detiene y continúa automáticamente en el estado en que se encontraba cuando se detuvo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que la estadía a derecho de las partes no se ha roto. El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, marca los principios al respecto, mientras que el 14 eiusdem, establece que las suspensiones tienen lugar por motivos, pautados en la ley, tal como lo hacen -por ejemplo- los artículos 202, 354, 367, 387, 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil.
(Omisis..)
Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes. Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el Tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen el interés en ejercer su derecho a la defensa (interposición de recursos, aclaratorias, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc.).
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención.
Siendo la perención un “castigo” a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes, como ocurre en los ejemplos antes especificados.
La anterior interpretación tiene plena validez para todos los procesos que se rigen por el Código de Procedimiento Civil.
.- (Negrillas del Tribunal).
En el presente caso, la situación que se plantea es un tanto similar al caso analizado en el fallo de la referencia, pues el proceso una vez iniciado y, tal como está concebido por el legislador, una vez que se produce la incorporación de un nuevo Juez al Tribunal, este debe necesariamente abocarse al conocimiento del asunto para poder sentenciarlo, pero para ello se requiere el impulso de las partes, habida consideración que el proceso ha entrado en un estado de paralización legal que no puede ser imputable al Tribunal.
Ello significa que una vez incorporado el nuevo Juez, las partes tienen la carga de impulsar el juicio hacia su conclusión, solicitando el abocamiento y la ulterior sentencia. De allí que si transcurre un año sin que las partes insten el procedimiento, se habrá verificado una inactividad imputable a las partes sin que pueda alegarse que el proceso se encuentra en estado de sentencia, porque no se reanuda la etapa de sentencia sino hasta tanto se produce el abocamiento del nuevo Juez, quien dispone nuevamente del lapso que le otorga la ley para sentenciar y puede inclusive dictar auto para mejor proveer si a bien tiene acordarlo, pero en todo caso el proceso sólo entra en estado de sentencia una vez que las partes cumpliendo con esa carga, han solicitado ese abocamiento, o el mismo se ha producido de oficio, por tener el juez esa facultad, y en caso contrario se mantiene en un estado de latencia dentro del cual le está vedado al Juez pronunciarse por depender ello de la voluntad de las partes.
En razón de ello, es concluyente para este Tribunal que la prolongada y exagerada paralización en que se encuentra la presente causa, es de la exclusiva incumbencia de las partes, por lo que la perención resulta aplicable y puede operar perfectamente.
En virtud de lo anterior, tenemos que, el presente juicio se paralizó por la necesidad de nuevo abocamiento del juzgador, transcurriendo hasta esta fecha mas de cinco (05) años, manteniéndose la causa en una absoluta e injustificada paralización por falta de impulso, lo cual denota un total abandono del trámite que hace susceptible de aplicación la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al configurar, sin lugar a dudas, el supuesto de perención establecido en su encabezamiento y que no es otro que el transcurso de mas de un año sin haberse ejecutado en el juicio ningún acto de procedimiento.-
-IV-
DECISION
En fuerza de las consideraciones antes expuestas, este JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara EXTINGUIDA la instancia en el presente juicio por RENDICION DE CUENTAS, intentada por los ciudadanos M.G., A.d.P., A.C., L.L.d.M., M.V., Z.G. y R.J. contra la ciudadana M.B.H., ambos anteriormente identificados en el encabezamiento del presente fallo, por haber operado la PERENCION en dicho juicio, en virtud de haber transcurrido mas de cinco (05) años, sin que las partes impulsaran la prosecución del juicio.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
EL JUEZ,
ABG. L.E.G.S.
LA SECRETARIA,
ABG. S.C.O.
En esta misma fecha, siendo las 2:15 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.-
LA SECRETARIA,
LEGS/SCO/Fátima C.-
