Al Gobierno le aterra la libre circulación de información
Internet dejará de ser la única ventana informativa y de entretenimiento fuera del control oficial: este martes la Asamblea Nacional iniciará la revisión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para meterla, junto a los medios electrónicos, en el saco de las regulaciones.
Si la presión de la opinión pública y el rechazo generado hasta en la comunidad virtual chavista no son suficientes para frenar la iniciativa presentada por el vicepresidente Elías Jaua, antes de fin de año se aprobará el texto.
El comunicólogo y profesor universitario Antonio Pasquali atribuyó la medida a la incapacidad del Gobierno para calar su mensaje en la población pese a controlar un número importante de medios de comunicación: "La sintonía y lectoría de los medios del régimen no pasa de 4%; tal incapacidad de comunicar es suplida con más represión a la comunicación de la disidencia, la cual transita hoy de manera creciente por la red y la telefonía celular".
La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett agregó que el Gobierno trata de ampliar su hegemonía comunicacional: "Internet no podía quedar por fuera. El problema es que ahora no afectarán los intereses del dueño de un periódico, ni a los periodistas sino que van contra la ciudadanía que recurre a Internet para decir lo que piensa, para informar lo que sabe y enterarse de lo que pasa. Esta medida va a acallar la voz del ciudadano".
Para el bloguero venezolano Luis Carlos Díaz, el verdadero poder popular no está en la ley recién aprobada por el Parlamento sino en la red: "En la radio y la TV el espacio está copado por un mensaje único lo que viola el derecho ciudadano de acceder a otro tipo de información. En cambio en Internet, más que un derecho es una facultad inherente a su espíritu: la gente tiene libertad de elección para producir y consumir contenidos".
¿Por los niños? El punto de cuenta que presentó el director de Conatel Pedro Maldonado a la Vicepresidencia Ejecutiva, para reclamar la necesidad de la reforma, sostiene que la gran cantidad de mensajes que se transmiten vía Internet sin regulación requiere la intervención del Estado para que garantice que estos sea aptos para los niños, "pues en la actualidad se difunden contenidos con apología del delito que atentan contra la paz, la seguridad y la formación del ciudadano".
Díaz fustigó el argumento: "Lo que quieren es proteger a los niños de la sociedad del conocimiento y el mundo libre que significa Internet...
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