Decisión nº 023-M-10-03-06 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 10 de Marzo de 2006
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 2006 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores |
| Ponente | Marcos Rafael Rojas GarcÃa |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, NIÑOS Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON
EN SU NOMBRE
Expediente Nº 3716.
Vista la demanda de amparo promovida por la abogada Z.d.M., en su carácter de apoderado del ciudadano A.J.G.G., contra la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante el cual repuso el juicio que por cumplimiento de contrato de arrendamiento intentara PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., contra el querellante, para admitir dicha demanda por los trámites del procedimiento ordinario civil, al considerar que la pretensión deducida quedaba excluida de las previsiones del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, pero, dejando vigente la media de secuestro practicada sobre el bien objeto de la demanda, lo cual en criterio del querellante es violatoria de los derechos constitucionales de igualdad, tutela judicial efectiva, derecho de defensa, justicia responsable y debido proceso, ya que la medida cautelar era accesoria al juicio, por lo que habiéndose revocado el acto de admisión, la medida de secuestro debió quedar suspendida, por un lado; y por otro lado, porque el proceso debió tramitarse por el procedimiento laboral, dado que el beneficio de la vivienda arrendada derivaba de una relación laboral; este Juzgado Superior, para decidir observa:
Quien suscribe acata la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el día 12 de agosto de 2005, bajo la ponencia de la magistrada Luisa Morales Lamuño, mediante la cual se declaró competente para pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la referida demanda a este Juzgado Superior, con motivo del conflicto de competencia negativo, planteado por el Juzgado Superior Laboral de esta Circunscripción Judicial, en quien había declinado, quien suscribe, dicha competencia; y así se establece.
Ahora bien, observa este Tribunal, que del 07 de febrero de 2006, fecha en la cual se le dio reingreso a la causa, pasando por el auto de admisión de la querella, de esa misma fecha, mediante el cual se ordenó la notificación del querellado, este Tribunal libró notificación al querellante, fijado en la cartelera, imponiéndolo de la admisión de la demanda y de la carga que tenía para producir las copias necesarias para la elaboración de las notificaciones y sus anexos respectivos, de manera de darle impulso al proceso, sin que hasta la presente fecha haya cumplido con dicha carga.
Efectivamente, de conformidad con el cómputo practicado desde la fecha de admisión de la demanda hasta el día de ayer, 09 de marzo de 2006, inclusive, han transcurrido, treinta (30) días, sin que la parte querellante haya manifestado interés en impulsar el proceso de manera de lograr la notificación de las partes y que tenga lugar la audiencia oral y pública que permita resolver el fondo del asunto planteado, tomando en cuenta que la demanda fue introducida ante este Tribunal, el 08 de marzo de 2005, sin que las actas procesales revelen algún interés de la parte querellante en impulsar el proceso, ni ante este Tribunal, ni ante el Juzgado Superior Laboral, ni ante la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, por lo que considera quien suscribe, que muy bien podría operar el abandono del trámite, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sin embargo, para que se configure el abandono del trámite procedimental deben haber transcurrido seis meses desde la admisión de la demanda; por lo que en el presente caso, en realidad debe declararse la perención de la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en acatamiento al precedente judicial establecido en sentencia N° 982, del 06 de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Pedro Rondón Haaz, caso J.V.A.C., expediente 00-0562, publicado en gaceta oficial N° 37252 del 02 de agosto de 2001, que sienta doctrina sobre el abandono del trámite, pero también prevé la posibilidad que se declare la caducidad de la instancia en los juicios de amparo por falta de impulso procesal; y así se declara.
En consecuencia, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA:
ÚNICO: La perención del procedimiento iniciado mediante auto de fecha 07 de febrero de 2006, con motivo de la demanda de amparo intentada por el ciudadano A.J.G.G., contra la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2004, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante el cual revocó el acto de admisión de la demanda que por cumplimiento de contrato de arrendamiento, intentara contra el querellante, PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., para admitir dicha demanda por los trámites del procedimiento ordinario civil, al considerar que la pretensión deducida quedaba excluida de las previsiones del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, pero, dejando vigente la media de secuestro practicada sobre el bien objeto de la demanda, lo cual en criterio del querellante es violatoria de los derechos constitucionales de igualdad, tutela judicial efectiva, derecho de defensa, justicia responsable y debido proceso, ya que la medida cautelar era accesoria al juicio, por lo que habiéndose revocado el acto de admisión, la medida de secuestro debió quedar suspendida, por un lado; y por otro lado, porque el proceso a seguir, debió ser el procedimiento laboral, dado que el beneficio de la vivienda arrendada derivaba de una relación laboral.
No se imponen costas procesales.
Notifíquese a la parte querellante de esta decisión, mediante cartel publicado en la cartelera de este Juzgado, dado que no indicó domicilio en el expediente, otorgándole un plazo de diez (10) días consecutivos para tenerle por notificado, contando a partir que se deje constancia en el expediente de dicha fijación; y precluido este plazo, dejar transcurrir el lapso de apelación respectivo.
Agréguese, regístrese y publíquese.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del T.N. y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C., a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil seis (2006). Años 195 de la Independencia y 147 de la Federación.
EL JUEZ.
Abg. M.R. ROJAS G.
LA SECRETARIA TEMPORAL.
NEREYDA ROJAS H.
Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 10/03/06, a la hora de ___________________________________________( ) Se dejó copia certificada en el libro copiador de sentencias y se libró y fijó el cartel de notificación en la cartelera de este despacho, conforme a lo ordenado. Conste Coro. Fecha Ut- Supra.
LA SECRETARIA
NEREYDA ROJAS H.
Sentencia Nº 023-M-10-03-06.-
MRG/NR/verónica.
Exp. 3716.-
