Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 16 de Julio de 2007

Suben las presentes actuaciones a esta Superioridad, relacionadas con el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano A.B.M., titular de la cédula de identidad Nº V-4.530.464, debidamente representado por su apoderada judicial ABG. T.P.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.722 , en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 10 de abril de 2007, mediante la cual Declaró Inadmisible la Acción de Tercería intentada por el actor en contra de los ciudadanos M.A.L.R., M.C.V.C.D.L., y J.A.P.W., titulares de las cédulas de identidad Nº V-8.180.644, V-7.254.002, y V-6.918.278 respectivamente.

Dichas actuaciones fueron recibidas en este Despacho en fecha 04 de mayo de 2007, según nota estampada por la Secretaria de este Juzgado que riela al folio treinta y tres (33) de las presentes actuaciones, constante de una (01) pieza, de treinta y dos (32) folios útiles. Posteriormente, mediante auto expreso de fecha 08 de mayo de 2.007, el Tribunal fijó el décimo (10) día de despacho siguiente, a fin de que las partes consignaran sus escritos de Informes y vencido dicho lapso, este Tribunal Superior sentenciaría la causa dentro de los treinta (30) días consecutivos de acuerdo a lo previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

   Hecho el estudio de las actas del actual proceso, encuentra esta Juzgadora que el presente juicio se inicia mediante libelo de demanda de acción de tercería, interpuesto ante el Tribunal A Quo por el ciudadano A.B.M., titular de la cédula de identidad Nº V-4.530.464, debidamente representado por su apoderada judicial ABG. T.P.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.722, en contra de los ciudadanos M.A.L.R., M.C.V.C.D.L., y J.A.P.W., titulares de las cédulas de identidad Nº V-8.180.644, V-7.254.002, y V-6.918.278 respectivamente, en fecha 28 de marzo de 2007 (folios 02 al 08).

   Posteriormente, en fecha 10 de abril de 2007 el Tribunal de la Causa dictó una decisión mediante la cual declaró inadmisible la referida demanda de tercería (folios 27 al 29), por lo que el accionante en tercería interpuso recurso de apelación contra la mencionada decisión en fecha 16 de abril de 2007 (folio 30); siendo oído en ambos efectos dicho recurso de apelación en fecha 20 de abril de 2007 (folio 31).

3. DE LA DECISIÓN RECURRIDA

   El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dictó sentencia en fecha 10 de abril de 2007, mediante el cual señaló lo siguiente:

   …este Tribunal observa:

   El ordinal 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes:…1° Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante, o concurrir con éste en el derecho alegado, fundamentándose en el título; o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derechos a ellos”

   Ahora bien, adminiculando las normas transcritas al caso bajo examen, y de la revisión del expediente principal como de los cuadernos que así lo conforman, se constató que en fecha 28 de marzo de 2007, el accionante, fundamentó su acción conforme al ordinal primero del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, acompañando al escrito libelar, los documentos ut supra señalados, y en lo que basó su pretensión, en copias fotostáticas; asimismo, quien decide observa, que la tercería la interpone en etapa de ejecución del convenimiento, significa entonces, que la demanda de tercería en el caso que nos ocupa, debe estar dirigida a suspender la ejecución del mismo y estar fundada en un documento fehaciente, tal como lo exige la norma contenida en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, de la revisión de las actas procesales, se constató que la acción está sustentada en la norma contenida en el artículo 370 ordinal 1° del mencionado Código, sin mediar documento público fehaciente que la sustente, ni fue ofrecida caución alguna, de allí que la norma adjetiva procesal no se subsume al presente caso, por encontrarse el juicio en la etapa de ejecución del convenimiento, lo que indefectiblemente hace inadmisible la demanda de tercería. Así se decide…

   (sic).

4. DE LA APELACIÓN

   Cursa al folio treinta (30) de la presente causa, diligencia de fecha 16 de abril de 2007, presentada por el ciudadano A.B.M., titular de la cédula de identidad Nº V-4.530.464, debidamente asistido por la abogada T.P.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 29.722, mediante la cual apeló de la referida decisión, y expuso lo siguiente:

   …Apeló de la decisión dictada en fecha 10 de abril de 2007, mediante la cual este Tribunal declaró inadmisible mi pretensión de tercero…

   (Sic)

5. DEL ESCRITO DE INFORMES

   DE LA PARTE RECURRENTE

   En fecha 24 de mayo de 2007, fue presentado ante este Superioridad escrito de informes (folio 35 al 43), por el ciudadano A.B.M., titular de la cédula de identidad Nº V-4.530.464, representando por su apoderada judicial, la abogada T.P.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 29.722, quien argumentó lo siguiente:

   …con el fallo…la Jueza A Quo, le conculcó a mi representado los siguientes…principios constitucionales:

   1.-PRINCIPIO PRO ACTIONE (a favor de la Acción), el cual ha sido interpretado por la Sala Constitucional, en sentencia N° 97, de fecha 02/03/05, así: “…Ahora bien, la decisión objeto de revisión se apartó de la interpretación que ha hecho esta sala Constitucional sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, según los cuales todo ciudadano tiene el derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales… (omissis).

   De la sentencia de la Sala Constitucional supra parcialmente transcrita, cuya copia para mayor abundamiento y con mucho respeto me permito acompañar a el presente escrito, se evidencia en forma fehaciente que la Juez a quo vulneró mis derechos constitucionales, a saberle derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, en los términos explanados en la citada sentencia…

   2.- Así como vulneró el derecho constitucional del debido proceso y de la defensa, y el de ser oído, ex artículo 49.1° y 3°. En efecto, la Jueza A quo fundamentó su decisión de INADMITIR la demanda en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo en una infeliz redacción que “no media documento público fehaciente que la sustente, ni fue ofrecida caución alguna, de allí que la norma adjetiva procesal no se subsume al presente caso”, pues la redacción correcta sería, en ese caso, que los hechos no pueden ser subsumido dentro de las previsiones contenidas en el artículo 376 ejusdem. Empero, lo transcendental de tal fundamento es que la Jueza A quo, debido a una errónea aplicación del artículo 376 INADMITIO la demanda contentiva de la pretensión de Tercería, cuando es de todos conocido que el Código de Procedimiento Civil, contiene un dispositivo legal que en forma taxativa prevé los supuestos de hecho o hipótesis que permiten al Juez declarar inadmisible la demanda. En efecto, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala…En la norma antes transcrita, el legislador previó como regla general la admisión de la demanda, y los tres únicos supuestos en que el juez puede declarar inadmisible in limine litis la demanda…

   En el caso que nos ocupa, la Jueza A quo ni siquiera fundamentó la inadmisibilidad de la demanda en los supuestos del artículo 341 ejusdem, sino que aplicando e interpretando erróneamente el artículo 376 ibidem, negó la admisión de la demanda so pretexto de la falta de documento público fehaciente, cuando el supuesto de la norma se refiere es a la suspensión de la ejecución, lo cual puede suplirse a tenor del citado artículo con la caución pero para ofrecerla y otorgarla debe obviamente estar admitida la demanda, lo que hace doblemente grotesco e inexcusable el error de la Jueza aquo.

   Ello sin entrar en consideración en que la Jueza adelantó opinión en cuanto a la valoración de las copias fotostáticas, puesto que suplió las defensas de los contrarios llamados a impugnarlas en todo caso, y me cercenó mi derecho a la defensa en el trámite de la impugnación pues tratándose de copias fotostáticas de documentos públicos a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil...

   …. Por lo que pido a este Honorable Tribunal, se sirva ordenar la restitución de mis derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y demás antes analizados, mediante una sentencia que ordene la admisión de la demanda en forma inmediata…

   (sic).

6. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Estando esta Alzada en la oportunidad para resolver la presente incidencia, esta pasa a hacerlo de la siguiente manera:

   Observa esta Juzgadora, que el presente juicio se refiere a una demanda de tercería, interpuesta por el ciudadano A.B.M., titular de la cédula de identidad Nº V-4.530.464, debidamente representado por su apoderada judicial ABG. T.P.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.722, en contra de los ciudadanos M.A.L.R., M.C.V.C.D.L., y J.A.P.W., titulares de las cédulas de identidad Nº V-8.180.644, V-7.254.002, y V-6.918.278 respectivamente, en fecha 28 de marzo de 2007 (folios 02 al 08).

   Posteriormente, el Tribunal de la Causa en fecha 10 de abril de 2007, dictó auto donde negó la admisión de la acción de tercería (folios 27 al 29), antes señalada, basándose en lo dispuesto en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el accionante en tercería interpuso recurso de apelación en contra de dicho auto (folio 30), en fecha 16 de abril de 2007.

   Ahora bien, precisado los motivos que dieron origen al caso bajo estudio, esta Alzada observa que el presente recurso de apelación se refiere puntualmente a que el recurrente sostiene que la Juez de la Causa fundamentó equívocamente la no admisión de la acción de tercería, sin tomar en cuenta los preceptos establecidos en los artículos 340 y 341 ejusdem.

   En efecto, la Juez de la Causa fundamentó la inadmisibilidad de la presente acción de tercería de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, tal como se evidencia en su auto de fecha 10 de abril de 2007, (folios 27 al 29) que señala: “…la tercería la interpone en etapa de ejecución del convenimiento, significa entonces, que la demanda de tercería en el caso que nos ocupa, debe estar dirigida a suspender la ejecución del mismo y estar fundada en un documento fehaciente, tal como lo exige la norma contenida en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, de la revisión de las actas procesales, se constató que la acción está sustentada en la norma contenida en el artículo 370 ordinal 1° del mencionado Código, sin mediar documento público fehaciente que la sustente…”(sic).

   En tal sentido, el recurrente en su escrito de informes (folios 35 al 543) señaló que: “…la Jueza A quo fundamentó su decisión de INADMITIR la demanda en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo en una infeliz redacción que “no media documento público fehaciente que la sustente, ni fue ofrecida caución alguna, de allí que la norma adjetiva procesal no se subsume al presente caso”, pues la redacción correcta sería, en ese caso, que los hechos no pueden ser subsumidos dentro de las previsiones contenidas en el artículo 376 ejusdem…”(sic).

   Como puede observarse, el Tribunal de la causa al fundamentar su inadmisibilidad de la demanda por acción de tercería, sólo se basó en lo contemplado en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, sin tomar en cuenta los artículos 340 y 341 ejusdem a los fines de declarar admisible o no una demanda de tercería.

   Así mismo, debe destacarse que la interposición de una demanda basada en una acción de tercería, al igual que las demandas comúnmente interpuestas en un juicio ordinario, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 340 y 341 de la norma civil adjetiva, y en relación a este particular no debemos confundir, los requisitos para la admisión de la demanda, con los requisitos de procedibilidad de la acción que se está intentando.

   En el caso que nos ocupa, se evidencia que el Tribunal A Quo fundamentó su decisión para declarar inadmisible la demanda de tercería en el hecho de que la parte actora no acompañó el instrumento fehaciente de su pretensión al escrito libelar (02 al 08), requisito este de procedibilidad de la acción intentada, tal como lo exige el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil cuando dispone: “…Si la tercería fuere propuesta antes de haberse ejecutado la sentencia, el tercero podrá oponerse a que la sentencia sea ,ejecutada cuando la tercería apareciere fundada en instrumento público fehaciente…”(sic)

   En este sentido, nuestra norma adjetiva civil señala los requisitos de forma que debe llenar toda demanda, por lo que el Juez tiene como deber inicialmente, la verificación de cada uno de estos requisitos, a los fines de dar cumplimiento a estos extremos de ley para la admisión de la misma, en consecuencia una vez presentada la demanda el Juez debe proveer sobre la admisión o no de la misma interpuesta por la parte accionante, teniendo el demandante el derecho de apelar de la negativa en su admisión, conforme a lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.

   En relación a este particular, tenemos que los requisitos de forma exigidos en la norma para la admisión de una demanda, se encuentran en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala lo siguiente:

   El libelo de demanda deberá expresar:

   1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.

   2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen.

   3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

   4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratase de derechos u objetos incorporales.

   5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión, con las pertinentes conclusiones.

   6° Los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.

   7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas.

   8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.

   9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174…

   . (negrillas de esta Alzada) (sic).

   En relación a este particular, se observa que el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 6º contempla que: “…El libelo de la demanda deberá expresar: “…Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo…”(sic)

   Ahora bien, establece el artículo 434 del Código de Procedimiento de Civil, algunas excepciones en los casos en que no pueda acompañarse el documento fundamental de la pretensión que contempla el ordinal 6º del artículo 340 de la norma adjetiva civil; en este orden de ideas, la norma es muy clara cuando reza, lo siguiente: “…Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos…”(negrita y subrayado de esta Alzada) (sic)

   Precisada la normativa adjetiva civil antes transcrita, esta Juzgadora debe indicar que en el caso de autos, el ciudadano A.B.M., debidamente representada por su apoderada judicial Abogada T.P., al momento en que presentó la demanda de tercería (Folios 02 al 08), los acompañó con copias simples de Documentos Públicos, indicando en el contenido de la demanda, los datos exactos de donde se encontraban los referidos documentos, los cuales aparecen señalados de la siguiente manera: “…Cursa ante el Tribunal de la Causa seguida bajo el expediente N° 44.912, en el cual el ciudadano J.A.P.W., antes mencionado, demanda a la Sociedad de Comercio “PANELFORM. C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 21 -03-2003, BAJO EL N° 25, TOMO 8-A, compañía que se encuentra representada por los ciudadanos M.A.L.R. Y MERIELA C.V.C.D.L. anteriormente mencionados, en su carácter de PRESIDENTE, y junto con la primera en su carácter de AVALISTA en su orden. Consigno en este acto copia simple del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la mencionada compañía marcados con letra “A”… (Folio 02-03).

   Asimismo, se acompaño junto a la demanda de tercería copia simple del contrato de compra – venta celebrado tanto por la parte actora como por la demandada del juicio principal, en los términos siguientes: “…la parte actora como la parte demandada celebraron una negociación de compra venta, sobre la extensión de terreno, dicha negociación se llevó a cabo ante la Notaria Pública Tercera de Maracay Estado Aragua, en fecha 15-09-2005, quedando anotada bajo el N° 17, tomo 212, en dicha operación o negocio jurídico, los representantes de la compañía “PANELFORM C.A.”, ciudadanos M.A.L.R. y M.C.V.C.D.L., actuando como personas naturales dan en venta pura y simple, perfecta e irrevocable a la sociedad mercantil INVERSIONES 2010, C.A., debidamente inscrita en el Registro Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 04-11-2003, bajo el N° 18, Tomo 36-A, representada por el ciudadano J.A.P.W., antes identificado, un terreno el cual forma parte de una mayor extensión, ubicado en el callejón Cantarrana cruce con calle Cantarrana N° 25, Urbanización Cantarrana de esta ciudad de Maracay Estada Aragua…Como se puede apreciar, ciudadana Juez la referida negociación de compra venta se efectúo el día 15-09-2005, es decir, tres (03) días antes de practicarse la mencionada medida cautelar de embargo preventivo y el referido convenimiento. Acompaño al presente escrito copia fotostática simple de los referido documentales en tres (03) folios marcado “B”…” (Folio 04-05).

   Y por ultimo, consta en copias fotostáticas simples la sentencia definitivamente firme así como auto decretando medida de prohibición de enajenar y gravar dictada en el expediente Nº 38.307 (folios 19 al 22), dictados por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, relacionado con el juicio principal que por Cobro de Bolívares interpuso el ciudadano A.B.M., en contra del ciudadano MIGUIEL A.L.R., señalando lo siguiente: “…Dicho inmueble se encuentra registrado ante la oficina del Registrador Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 31 de agosto de 2005, bajo el N° 23, folios 208 al 203, Protocolo Primero, Tomo Décimo Séptimo del año 2.003. De igual manera, dicho Tribunal libró el oficio N° 6629-06, de fecha 20-10-2006, para el Registrador Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Girardot del Estado Aragua, en donde le participaba el decreto de la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble antes descrito, propiedad de los deudores Cambiarios, tal y como se evidencia de las copias fotostáticas simple del cuaderno de medidas que acompaño marcadas con letra “C”…”

   Ahora bien, con base a los antes trascrito, se evidenció que aún cuando los documentos fundamentales de la pretensión fueron presentados en copias simples, se demostró que en el libelo de la demanda constan los datos del lugar o la oficina donde se encuentran registrados dichos bienes y actos, los cuales son suficientes para identificarlos, consumándose de esta manera con lo contemplado en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil y ordinal 6° del artículo 340 ejusdem. Y así se establece.

   Por otra parte, el legislador le otorgó al Juez la facultad de negar la admisión de la demanda cuando la misma sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, y en relación a estos puntos específicos, el autor H.B.L.M. (1996) en su texto titulado “Las Fases del Procedimiento Ordinario” señala con relación a la inadmisibilidad de la demanda lo siguiente: “…Una demanda es contraria al orden público, cuando la misma de algún modo afecta el interés jurídico colectivo, que no es susceptible de ser derogado por intereses particulares. De igual modo, una demanda es contraria a las buenas costumbres cuando la misma es atentatoria contra las prácticas más aceptadas, usadas, respetadas y generalizadas por la colectividad, y por último cuando la demanda es contraria a alguna disposición contraria de la Ley. Hay casos, en los cuales prohíbe el ejercicio de una demanda, en virtud de que la Ley no concede acción al hecho que la origina…”, así tenemos por ejemplo, que el artículo 1.801 del Código Civil no da acción para reclamar lo proveniente de los juegos ilícitos, es decir, aquellos que no están autorizados, a excepción de las loterías legalmente creadas, las provenientes del juego reglamentado de carreras de caballos, etc., o en el caso por ejemplo del artículo 755 del Código de Procedimiento Civil que señala: “El Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de separación de cuerpos si no esté fundada en alguna de las causales establecidas en el Código Civil”; o en el caso del artículo 271 ejusdem, cuando un actor intenta una demanda que ha sido objeto de declaratoria de perención anterior antes de los noventa días después de la verificación de ésta…”

   En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 03 de Agosto de 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez, en juicio por rendición de cuentas seguido por L.M.L.B., R.A.M.Z. y E.R.H.O., en contra E.M.P., señaló con relación a los supuestos de inadmisibilidad de la demanda, lo siguiente:“…Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a la ley, ello puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para ello, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda…” (Subrayado y negrillas de la Alzada), criterio este que comparte y acoge esta Superioridad, pues en el caso que nos ocupa se observa que el Tribunal A Quo no fundamenta la inadmisibilidad de la demanda declarada, en alguno de estos supuestos expresamente establecidos, tanto en el Código de Procedimiento Civil, como en la Doctrina y en la Jurisprudencia de nuestro m.T., sino en requisitos de procedibilidad de la acción intentada que pueden ser verificados a través del juicio una vez admitida la demanda.

   Ahora bien, encuentra esta Juzgadora pertinente aclarar que en relación a estos supuestos de inadmisibilidad, que el legislador estableció en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil que para admitir una demanda, esta no debe ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, entendiéndose por orden público al interés general de la sociedad, que sirve de garantía de los derechos particulares y sus relaciones recíprocas, determinando este Tribunal Superior que la presente demanda no atenta con el orden público, por lo que este supuesto no aplica al caso bajo estudio. Así se Decide.

   En cuanto al segundo supuesto de inadmisibilidad referido a las buenas costumbres, esta Alzada precisa que el mencionado libelo no se evidencia en la pretensión realizada por el actor que exista alguna violación o trasgresión de las reglas tradicionalmente establecidas por la colectividad conforme a la decencia, honestidad y moral, por lo que esta Juzgadora considera que tampoco es aplicable este supuesto en el presente caso. Así se Decide.

   Por último, con relación al tercer supuesto de inadmisibilidad de la demanda, esta Superioridad determinó que no existe en modo alguno una amenaza o quebrantamiento de la normativa legal por parte de la actora en su pretensión, pues esta ha dado cumplimiento a los parámetros exigidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, así como no ha desobedecido alguna disposición expresa de la ley. Así se Decide.

   Como puede observarse, es facultativo del Juez analizar si en los casos que se le presenten para su resolución, lo pretendido por el accionante en su demanda no se encuentra subsumido en los supuestos expresamente señalados para inadmitir una demanda, por lo que fuera de esto no debería haber por parte del Juez un pronunciamiento negativo a la admisibilidad de una demanda, ya que como se ha mencionado con anterioridad, no se trata de si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción intentada, sino de verificar los requisitos de admisión de la misma, y en el caso bajo estudio, observa esta Alzada que la parte accionante, dio cumplimiento a los requisitos elementales establecidos en los artículos 340 y 341 de la norma civil adjetiva, así como se evidenció de la revisión del libelo de la demanda que la misma no es contraria al orden público, ni a las buenas costumbre, ni a una disposición expresa de la ley. Así se declara.

   Ahora bien, esta Juzgadora considera, al hacer un estudio exhaustivo de la decisión recurrida, que la Juez A Quo esta atentando contra los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26, 49 y 257, pues toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus intereses y en razón de que la justicia no puede sacrificarse por la omisión de formalidades no esenciales, es por lo que en el caso de marras se le esta coartando a la accionante, el acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer su pretensión al inadmitirse su demanda, así como a una tutela judicial efectiva, pues es obligación del Juzgador admitir toda demanda a menos que se encuentre incursa en algunas de las causales ya estudiadas de inadmisibilidad. En consecuencia, como perfectamente lo señala la jurisprudencia antes mencionada, fuera de los casos establecidos por el legislador el Juez no puede negar la admisión de la demanda, y es por lo que este Juzgado Superior, dando cumplimiento estricto a los principios anteriormente señalados como garante en la administración de justicia, no acoge la parte motiva, así como tampoco la parte dispositiva de la decisión recurrida. Así se Decide.

   En razón de lo anteriormente, le resulta forzoso a esta Superioridad Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano A.B.M., titular de la cédula de identidad Nº V-4.530.464, debidamente representado por su apoderada judicial ABG. T.P.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.722 , en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 10 de abril de 2007 (folios 27 al 29), mediante la cual declaro inadmisible la acción de tercería intentada por el actor en contra de los ciudadanos M.A.L.R., M.C.V.C.D.L., y J.A.P.W., titulares de las cédulas de identidad Nº V-8.180.644, V-7.254.002, y V-6.918.278 respectivamente, por lo que en consecuencia, esta Juzgadora REVOCA, la decisión antes señalada, de acuerdo al criterio jurisprudencial antes expuesto, donde el Juez tiene la facultad de negar la admisión de la demanda solo cuando la misma sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición prevista en la ley, y en consecuencia al no configurarse ninguno de los supuestos señalados, ORDENA, una vez distribuido el presente expediente, al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial que sea competente para conocer de la presente causa, a admitir la presente demanda de tercería conforme a los términos expuestos por esta Alzada. Así se Decide.

6. DISPOSITIVA

   Con fundamento en las consideraciones de hecho, de derecho y jurisprudencial ut supra, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: