Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 16 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo |
| Ponente | Sofia Acosta |
| Procedimiento | Transacción |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, dieciséis de junio de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO : BP02-S-2009-000952
Habiendole correspondido a este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui por sorteo realizado, conocer de la presente causa relacionada con la solicitud de Ejecución de la P.A. N° 00315-2008, de fecha 09 de Julio de 2008, dictada por la Inspectoria del Trabajo “ALBERTO LOVERA” Barcelona. Estado Anzoátegui, la cual ordenó el Reenganche y Pago de salarios caídos del accionante. Este Tribunal a los fines de determinar la competencia de este Juzgado para conocer de la presente causa, lo hace bajo las siguientes consideraciones
Se contrae la presente causa a la Solicitud la Ejecución de la P.A. nro 00315-2008, de fecha 09 de Julio de 2008, dictada por la Inspectoria del Trabajo “ALBERTO LOVERA” Barcelona. Estado Anzoátegui, incoada en fecha 09 de marzo de 2009 por el ciudadano A.R.P., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nro. 8.497.789, representado por su apoderado judicial, abogado G.L.L., inscrito en el Inpreabogado bajo el nro. 106.470, según poder que acompaña, la cual ordenó su Reenganche y Pago de Salarios Caídos en la empresa SOLVENTES ECOLÓGICOS C.A., GREENSOL, ante la negativa inexcusable e injustificada del patrono y representante de la empresa de dar cumplimiento.
Admitida la solicitud, por auto de fecha 12 del mismo mes y año de su presentación, acuerda este Juzgado tramitar la presente causa conforme el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es por lo que se ordena la notificación de la empresa accionada concediéndole tres (3) días hábiles para el cumplimiento voluntario de dicha P.A., sin que conste en autos la notificación de la accionada.
Sabemos que la competencia tanto por la materia como por la cuantía, es de carácter absoluto, viciando de nulidad las actuaciones del juez incompetente y por lo tanto el juicio; por lo que el Juez, al ser advertido de su incompetencia por la materia, debe declararla aun de oficio, sin importar el estado y grado en que la causa se encuentre.
Pues bien, al respecto, debe hacer referencia quien aquí decide, a la Sentencia N° 1010 de fecha 11-05-2006 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, que dice:
“…Se observa que, mediante decisión n° 1318 de 02 de agosto de 2001, esta Sala estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, que es la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para que conozca de los juicios de nulidad contra los actos administrativos que emanen de las Inspectorías del Trabajo, así como para la resolución de los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de las referidas providencias que han quedado firmes en sede administrativa y, además, para que decida las demandas de amparo que se incoen contra ellas. En ese sentido la referida decisión señaló:
...como quiera que, la decisión provenía de un órgano de carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdicción contencioso administrativa, siendo consecuente con el principio del juez natural. De lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por la Sala Político Administrativa, debe ser abandonado. En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios.
Así, dado que a la jurisdicción contencioso-administrativa le compete el conocimiento de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas provenientes de los órganos de la Administración del Trabajo; en el ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de ese tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa tal como lo es, se insiste, para conocer de su nulidad...
(Resaltado añadido).
En ese mismo orden, esta Sala Constitucional, cuando precisó la competencia respecto al conocimiento de las pretensiones que sean propuestas contra dichos actos administrativos, estableció:
...Por ello y como las Inspectorías del Trabajo son órganos administrativos dependientes –aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, debe reiterarse en esta oportunidad que es la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado –el patrono o el trabajador- para su ejecución; o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos. De allí que no sólo no existe norma legal expresa que otorgue esta competencia a los tribunales laborales, sino que, de verificarse ésta, sería inconstitucional por violación del artículo 259 del Texto Fundamental. Así se declara.
(...)
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión –distinta de la pretensión de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa.
(ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal.
(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. A falta de los primeros en la localidad en donde se hubiere producido el hecho lesivo, conocerán, con fundamento y de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los tribunales de Primera Instancia en lo Civil –si lo hubiere- o de Municipio –a falta de aquél- de la localidad Así se declara...
(Resaltado añadido, s.S.C. n° 2862/02, del 20.11, exp. 02-2241).
De la parcialmente transcrita Sentencia dictada por la Sala Constitucional de nuestro mas alto Tribunal, que como sabemos es de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, se desprende claramente que no son Competentes los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo para conocer en fase de ejecución de las Providencias Administrativas del Trabajo; sabemos también, que el Operador de Justicia al determinar que no es competente, bien sea por la materia, el territorio o la cuantía, en cualquier estado y grado de la causa debe desprenderse de ella en aras de garantizar al justiciable el debido proceso que preconiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 para así no lesionar el principio del juez natural.
En el caso que nos ocupa, tenemos que la pretensión de la parte actora es la ejecución de una P.A. dictada por una Inspectoria del Trabajo, que en sede administrativa no fue posible su ejecución. Pues bien, acogiendo esta juzgadora íntegramente, la Sentencia parcialmente transcrita, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, correspondiéndole la competencia al Tribunal Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. En consecuencia, DECLINA la competencia al Juzgado Superior antes indicado. Remítase el expediente y líbrese el oficio correspondiente, una vez transcurrido el lapso de cinco (5) dias a que as erefiere el artículo 69 del Código de procedimiento Civil, aplicable al presente caso, por remisión expresa del artículo 11 de la ley Orgánica procesal del Trabajo. Regístrese, Publíquese, déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, sellada y firmada en la sede de este Tribunal.
En Barcelona a los Dieciséis (16) días del mes de junio dos mil nueve.
La Jueza Temporal
Abg. S.A.S.L.S..
Abg. E.Q.G.
2006, AÑO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO F.D.M. Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA Y DEL PODER POPULAR
